ADJUDICACIONES BAJO SOSPECHA. Investigación del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla. Un jefe de Contratación de la Junta imputado por amaño de contratos.
- La juez ve indicios de irregularidades en la adjudicación de helicópteros del Plan Infoca
- El contrato, de 70 millones de euros, se lo pudieron haber repartido las empresas adjudicatarias, según la Policía
A CORRUPCIÓN POLÍTICA. .Amaño de contratos. La Junta retuvo cuatro meses el expediente del concurso del Infoca
- El juzgado tuvo que enviar a la Policía Nacional a la sede de la Consejería de Medio Ambiente
- La Policía dice que estas adjudicaciones «no parecían responder a los criterios de libre competencia»
La Policía apunta a «trato de favor» en contratos del Infoca
- Un juzgado investiga si se amañó el concurso para adquirir aeronaves y los agentes vinculan a Faasa con un ex vicesecretario general del PSOE-
Conclusión:
¿La Junta "colabora" con quien "colabora"?.¿Deber constitucional de la Administración de colaborar con la justicia, para perseguir delitos....? como que no.
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/02/04/56b260b0ca474101698b45af.html
A CORRUPCIÓN POLÍTICA. Amaño de contratos
La Junta retuvo cuatro meses el expediente del concurso del Infoca
La Junta retuvo cuatro meses el expediente del concurso del Infoca
- El juzgado tuvo que enviar a la Policía Nacional a la sede de la Consejería de Medio Ambiente
- La Policía dice que estas adjudicaciones «no parecían responder a los criterios de libre competencia»
La adjudicación, el
pasado marzo, del suministro de medios aéreos para el Plan
Infoca -un contrato por un importe que ronda los 70 millones de euros- tiene
visos de irregularidades e, incluso, de un posible delito según la juez de
Instrucción 8 de Sevilla, que ha imputado al jefe del Servicio de Contratación
de la Consejería de Medio Ambiente por el presunto amaño del
procedimiento.
La magistrada María de
los Reyes Flores citó ayer a Antonio M.L. en calidad de investigado (el nuevo
término legal para referirse al imputado) al apreciar en su actuación indicios
de prevaricación. Este funcionario, que ocupa un puesto de confianza dentro
del organigrama de la Consejería, tuvo una participación activa en el concurso
por el que la Administración andaluza adjudicó el suministro de medios aéreos
para el operativo de lucha contra el fuego, que se dividió en cinco lotes que
fueron a parar a cuatro empresas (Saeta, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo e
Inaer), algunas de las cuales asociadas por medio de uniones temporales.
Las sospechas se basan en
la posibilidad de que estas empresas -así lo afirma la Policía Nacional en sus
atestados- pudiesen haber pactado el reparto de los lotes, así
como en el hecho de que la Consejería de Medio Ambiente hiciese la vista gorda
ante lo que aparentaba ser una colusión de empresas.
De hecho, el
funcionario que destapó el caso -que también participó en el concurso
administrativo- aseguró en su denuncia y luego ante los investigadores
policiales que el jefe de Contratación le forzó a asistir a la mesa de
adjudicación y que fue quien dio la orden de que no se pusiese en conocimiento
de la Agencia Andaluza de la Competencia la posible colusión de empresas, tal y
como era preceptivo.
Antonio M.L., señalaron
fuentes próximas al caso, se ratificó ayer en el juzgado en la declaración que
prestó ante la Policía, en la que admitió que se comentó la posible colusión de
empresas, pero que no consideró necesario reflejarlo en el acta ni consultar a
la Agencia de la Competencia.
En esa misma declaración,
descargó la responsabilidad en los funcionarios que formaron
parte de la mesa.
Cuatro
adjudicatarias
La empresa Faasa, a la
que apunta la Policía Nacional como la principal beneficiaria de
estas irregularidades -se adjudicó la mayor parte de los 70 millones del
contrato- remarcó ayer que no fue, ni mucho menos, la única compañía que
resultó adjudicataria en el procedimiento abierto por la Consejería de Medio
Ambiente y rechazó de plano cualquier irregularidad por su parte.
Fuentes de la empresa
consultadas por este periódico negaron que entre las empresas que acudieron al
concurso se llegase a pacto alguno, así como que Faasa se haya visto
beneficiada en ningún momento por un supuesto trato de favor que,
añadieron, no ha existido nunca «en sus 50 años de existencia».
Igualmente, rechazaron
otra de las tesis policiales, las conexiones entre las empresas y recalcaron
que las propias características del mercado en el que trabajan impone de por sí
limitaciones a la competencia.
Para poder optar a un
contrato como éste hacen falta capacidades técnicas y licencias que no abundan,
dijeron las fuentes.
A CORRUPCIÓN POLÍTICA. Amaño de contratos
La Junta retuvo cuatro meses el expediente del concurso del Infoca
A CORRUPCIÓN POLÍTICA. Amaño de contratos
La Junta retuvo cuatro meses el expediente del concurso del Infoca
- El juzgado tuvo que enviar a la Policía Nacional a la sede de la Consejería de Medio Ambiente
- La Policía dice que estas adjudicaciones «no parecían responder a los criterios de libre competencia»
La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ignoró durante más de
cuatro meses los requerimientos del juzgado para que le entregase el expediente
complejo del concurso de helicópteros del Plan Infoca,
del que se sospecha que pudo haber sido amañado.
La juez María de los Reyes
Flores requirió una y otra vez la documentación original del procedimiento
administrativo por el que se adjudicó el suministro de medios aéreos al
operativo de lucha contra el fuego de la Junta de Andalucía sin que el gobierno de Susana Díaz atiendese sus requerimientos.
En el sumario abierto por el
Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, al que ha tenido acceso EL MUNDO, constan
hasta cuatro escritos dirigidos a la cúpula de la Consejería de
Medio Ambiente y, en especial, al secretario general técnico, reclamando el
expediente del concurso en el que la Policía Nacional ha encontrado numerosas irregularidades, la más grave un
supuesto pacto entre las empresas adjudicatarias para repartirse un contrato de
más de 70 millones de euros.
La resistencia del
departamento que dirige José Fiscal a entregar lo que se le pedía llegó hasta
tal extremo que la magistrada tuvo que dar orden a la Policíapara
que se personase en la sede de la consejería y exigiese directamente el
expediente del concurso.
La primera petición a Medio
Ambiente se la envió el juzgado el 20 de agosto pasado.
Entonces, se requirió a la Junta para que enviase la documentación e informase
si había producido colusión de empresas (pacto) en el concurso y se había dado
cuenta a la Agencia Andaluza de la Competencia.
El 7 de octubre, la
magistrada De los Reyes reiteró la petición y ya estableció un plazo de diez días para
que Medio Ambiente respondiese y aportase los «expedientes completos» con la
advertencia expresa de «apercibimientos legales».
La Junta dejó pasar el doble
del plazo sin dar respuesta a la magistrada, que volvió a requerir los
documentos dando un ultimátum de 24 horas.
Tampoco esto tuvo efecto y
el 29 de octubre el juzgado envió a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados a la sede de
la consejería, pero Medio Ambiente sólo cumplió la orden en parte y entregó
únicamente copias de los documentos.
Ante ello, la juez rechazó
la documentación y volvió a enviar a la Policía para que la consejería le
entregase de forma inmediata y «sin más dilación» el expediente.
A raíz del análisis de este
procedimiento, y de las investigaciones derivadas, la Policía ha llegado a la
conclusión de que las adjudicaciones en estos concursos «no parecían responder
a los criterios de libre competencia que
debieran imperar».
Las principales sospechas se
dirigen hacia la empresa cordobesa Faasa,
aunque fueron cuatro las compañías que resultaron adjudicatarias de los cinco
lotes en los que se dividió el contrato.
El caso -en el que
Ecologistas en Acción se ha personado como acusación- tiene su origen en la
denuncia de un funcionario de la
propia Consejería de Medio Ambiente que participó en la mesa de contratación y
que en mayo pasado puso en conocimiento de los tribunales sus sospechas de que
el concurso pudo haberse alterado para favorecer a las adjudicatarias.
El jefe de Contratación de esta
consejería, de hecho, ya ha sido citado en calidad de investigado, el nuevo término para imputado.
La Policía apunta a «trato de favor» en contratos del Infoca
Un juzgado investiga si se amañó el concurso para adquirir aeronaves y los agentes vinculan a Faasa con un ex vicesecretario general del PSOE-A
La Policía apunta a «trato de favor» en contratos del Infoca
Todo comenzó por la denuncia el pasado agosto de un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la que alertaba de ciertas irregularidades que, a su juicio, podrían haberse cometido en un concurso de la Junta que tenía como finalidad la adquisición de medios aéreos para el Plan Infoca de 2015 a 2018 por un importe superior a los 62,8 millones. Escanciadas las acusaciones, la maquinaria legal se puso en marcha. El juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla abrió diligencias para determinar si existía responsabilidad penal en lo relatado por el denunciante sobre un presunto «amaño» de la Mesa de contratación. La Policía Judicial ha llevado a cabo ya, de hecho, varios informes en el marco de esas diligencias. LA RAZÓN ha tenido acceso a varios de ellos en los que los investigadores aseveran que «efectivamente existen indicios sólidos de colusión de empresas –pacto a dos para perjudicar a un tercero–» y que «efectivamente se omitió» la preceptiva por ley «comunicación» a la Agencia Andaluza de la Competencia, pese a que el abogado que participó en el proceso lo propuso.
La Policía señala en sus trabajos documentales que la «empresa que supuestamente viene siendo beneficiada en los concursos públicos» de la Administración autonómica es la cordobesa Faasa Aviación SA. Un presunto «trato de favor» que, aclaran los investigadores «se dio con mayor intensidad con anterioridad a 2009», según dedujeron del rastreo y el análisis de expedientes anteriores al correspondiente al contrato señalado por el funcionario. Se trata de una empresa presidida por Miguel Ángel Tamarit Campuzano, a quien los agentes vinculan al ex vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco. Es más, aseveran que debido a sus «relaciones impropias», el socialista «se vio obligado a dimitir». ¿A qué se refieren? En este punto, el proceso enlaza con otro presunto fraude que analizan varios juzgados de la comunidad: el de los cursos de formación. Velasco se apartó de la política en octubre de 2010 tras destaparse que la academia de su mujer, Aulacen Cinco, había recibido 726.209 euros en cuatro años para cursos de formación para desempleados, según admitió la Junta. En los informes policiales consultados por este periódico se asevera además que Tamarit «desvió la mitad de los ingresos de una subvención de fondos de formación» a la empresa de la esposa del socialista.
Tras meses de pesquisas, para la Policía Judicial lo «relevante» ya no es que en el expediente en el punto de mira, se presentara una sola empresa por los cinco lotes en los que se dividió el contrato y que siempre el más cuantioso fuera a parar a Faasa; «el nudo gordiano» se encuentra, a su juicio, «en la posible situación de favoritismo que viene dándose» a Faasa «durante los últimos diez años». Un periodo en el que supuestamente habría podido «recibir numerosas subvenciones y créditos» cuya legalidad, sostienen, «sea lo que verdaderamente quepa investigar», para descartar que haya exisistido prevaricación. Con el fin de avanzar, pidieron al juzgado que solicite documentos al Gobierno andaluz sobre ayudas y créditos concedidos a la firma cordobesa.
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