Investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla
- La empresa pública investigada por un juzgado arremetió contra la funcionaria que alertó sobre financiación irregular, comisiones del 73% y créditos 'a dedo'
Sin palabras, ¿amenazas por hacer una auditoría y cumplir con tu trabajo y tu obligación como funcionaria pública? ¿Que mundo es el que han creado los junteros?
Investigación abierta en el Juzgado de Instrucción
número 16 de Sevilla
Invercaria amenazó con 'acciones legales' a la
Intervención de la Junta
- La empresa pública investigada por un juzgado arremetió contra la funcionaria que alertó sobre financiación irregular, comisiones del 73% y créditos 'a dedo'
La empresa de capital riesgo de la Junta de
Andalucía, Invercaria, cuyas inversiones más ruinosas está investigando
un juez de Sevilla por presuntos delitos de malversación, tráfico de
influencias y falsedad, amenazó a la Intervención General del
Gobierno andaluz con iniciar «acciones legales» contra ella, después de que una
funcionaria elaborase una exhaustiva y demoledora auditoría que deja en muy mal
lugar a Invercaria.
El informe definitivo de control financiero de la
Intervención General, que ya está en el despacho del titular del Juzgado de
Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, instructor del caso
Invercaria, cuestiona
la financiación irregular de la que se nutre la empresa de capital
riesgo, las comisiones de hasta el 73% que se llegó a embolsar y que concediera
créditos a dedo que luego dio por perdidos, como viene informando EL
MUNDO.
Las alegaciones de Invercaria a este
informe, a las que tuvo acceso este diario, califican de «simples especulaciones sin ningún sustento jurídico»
las conclusiones de la
Intervención, a la que
acusan de «falta de rigor técnico» en
un documento de 49 páginas que firma Francisco Álvaro Julio, como máximo
responsable de la empresa de capital riesgo.
A raíz de que la Intervención General planteara «si
realmente nos encontramos ante préstamos concedidos por Invercaria o más bien
podría tratarse de ayudas», al constatar que en el año 2012 había
diez préstamos vivos por un importe de 2.235.468 euros y todos excepto uno se
encuentran «deteriorados al 100%», es decir, perdidos.
Invercaria es una sociedad
mercantil del sector público andaluz, «por lo que no puede conceder
subvenciones», recuerda el informe de la Intervención.
Para la empresa de capital
riesgo, estas afirmaciones de la Intervención «ponen de
manifiesto una profunda falta de rigor técnico y una carga de subjetividad
cuanto menos inapropiada y ante la cual, además de reiterar nuestra sorpresa y
rechazo enérgico ante la afirmación vertida, por la presente alegación nos
reservamos el ejercicio de las actuaciones legales que estén a nuestro alcance
para que se nos restituyan los potenciales daños que se nos pudiera ocasionar
con las mismas», recogen las
alegaciones de Invercaria enviadas a la Intervención.
No es el único dardo que lanza
Invercaria a la Intervención. «Mostramos nuestro más enérgico rechazo a las
manifestaciones que se contienen» en el informe porque se trata de «simples
especulaciones sin ningún sustento jurídico mínimamente aceptable y que
pudieran incluso ser calificadas como temerarias, dado el importantísimo
perjuicio que pudieran causar a la imagen y el prestigio de esta entidad,
atendiendo al concreto contexto judicial en el que nos encontramos y las
continuas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo».
«Desde este mismo momento nos
reservamos las acciones que pudieran correspondernos», advierte Invercaria a la
Intervención.
En otro pasaje de las alegaciones, Invercaria
afirma que, si se extrapolara lo planteado por la Intervención -sobre los
créditos concedidos a beneficiarios que nunca los abonaron- a la actividad de las entidades
financieras privadas, constituiría un
«completo absurdo jurídico entender que las
operaciones financieras provisionadas o fallidas de tales entidades pudieran
ser consideradas como ayudas o subvenciones por el mero hecho de haber sido
provisionadas o incluso por el hecho de resultar finalmente incobrables o
fallidas de modo definitivo».
La
Intervención alerta sobre el reparto a dedo y sin control
de préstamos por parte de Invercaria. «No consta que haya preestablecido ni publicado
ningún criterio para determinar los requisitos que deben reunir los
beneficiarios, las condiciones de los préstamos, importes máximos o mínimos a
conceder o los factores que determinan cuándo el préstamo será participativo u
ordinario, y en este último caso a qué tipo de interés se otorgará»,
señala.
Con ello «no se está incumpliendo ningún precepto»,
pero «teniendo en cuenta que se trata de
préstamos financiados con fondos públicos, sería recomendable que se estableciera un procedimiento y
unos criterios, con
el fin de evitar que pudiera producirse discrecionalidad en su concesión», afirma la Intervención.
Invercaria replica que «no procede el
preestablecimiento ni la publicación de unos requisitos que deben reunir los
beneficiarios, las condiciones de los préstamos, importes máximos o mínimos o
los factores que determinan cuándo el préstamo será participativo u ordinario,
y en este último caso a qué tipo de interés se otorgará».
Para llegar a esta conclusión, Invercaria se basa en informes
de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre
la Entidad SEPI Desarrollo Empresarial S.A. (Sepides), un organismo público
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Invercaria alega que es «práctica en
el sector» del capital riesgo que no haya «criterios homogéneos ni uniformes» para
invertir en empresas porque depende de las «necesidades» del proyecto, en contra de lo que plantea la Intervención.
La interventora declara hoy
La funcionaria de la Intervención General de la
Junta que elaboró el informe que cuestiona toda la operativa de
funcionamiento de la empresa pública de capital riesgo, Invercaria, está citada hoy lunes como testigo ante el Juzgado de
Instrucción 16 de Sevilla, que investiga si hubo malversación y tráfico de
influencias en la gestión de la sociedad pública andaluza.
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