- La Intervención subraya las diferencias retributivas entre el personal laboral de la Junta y la plantilla de Invercaria
- Laura Gómiz fue fichada con un sueldo de 105.000 euros anuales
¿Y para que sirve y se crea la Administración paralela y demás chiringuitos junteros, con personal de selección digital y al servicio del "Regímen andaluz"
¿Todo es un monumental fraude; sufragado con dinero de todos...?
CASO INVERCARIA
La gestión de la empresa pública de la Junta,
bajo sospecha
Desvíos del 105%
en los salarios de una empresa pública andaluza
- La Intervención subraya las diferencias retributivas entre el personal laboral de la Junta y la plantilla de Invercaria
- Laura Gómiz fue fichada con un sueldo de 105.000 euros anuales
Suma y sigue en las irregularidades de los elevados y privilegiados
salarios que ha permitido la Junta de Andalucía en su empresa de capital
riesgo, Invercaria, que está
investigando desde hace tres años el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla por
presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y
falsedad.
El demoledor informe de la Intervención General de la
Junta, que podría marcar un punto de inflexión en las pesquisas judiciales
porque advierte de varios incumplimientos legales en Invercaria y de una
posible financiación irregular, como viene informando EL MUNDO, cuestiona
también la política de retribuciones a la plantilla de la empresa de capital
riesgo pública, mucho mejor pagada que el personal laboral de la Junta, y con
complementos que no se recogen en el Estatuto de los Trabajadores ni en
ningún documento interno de la sociedad pública andaluza.
El informe definitivo de control financiero en
Invercaria, fechado el 8 de julio pasado, alerta sobre desviaciones de hasta un
105% en los salarios percibidos por trabajadores de Invercaria, en comparación
con el personal laboral de la Junta.
«Los límites salariales superiores en todas las
categorías profesionales superarían significativamente las retribuciones a
percibir por personal laboral de similar categoría en la Junta de Andalucía,
con desviaciones de entre un 13% y un 105%, según la categoría», recoge la
auditoría en poder de este diario.
Como ejemplo de los salarios privilegiados en la empresa
de capital riesgo, la Intervención destaca la «sobrevaloración resultante en el
cálculo del salario de la categoría denominada 'apoyo A3', cuyas retribuciones son superiores entre un 42% y un 66% respecto a las asimilables
para el personal laboral».
Asimismo, para la categoría 'técnico superior T2 alto'
las retribuciones establecidas serían superiores, entre un 84% y un 105%,
respecto a la categoría equiparable del personal laboral de la Junta.
El ejercicio analizado por la Intervención es el año
2012, cuando ya se habían aplicado importantes recortes y limitaciones
salariales en Invercaria, ordenadas por el Gobierno andaluz para todas las
empresas y fundaciones de su sector público instrumental.
De hecho, las diferencias salariales entre el personal
laboral de la Junta y la plantilla de Invercaria eran aún más acusadas tan sólo
unos años antes. El presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, disfrutaba
de un salario de 117.042,48 euros brutos anuales en el año 2009, como se supo
por un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Además, el máximo responsable de Invercaria no era el
único con un sueldo superior a los 100.000 euros, ya que la empresa de capital
riesgo pública fichó como técnica de alto nivel a Laura Gómiz el 16 de marzo de
2009, durante la etapa de Pérez-Sauquillo como presidente, con un contrato
inicial de 105.000 euros brutos anuales, según detalla el citado informe de la
Intervención General.
Laura
Gómiz, investigada
en las pesquisas que sigue el Juzgado de Instrucción 16, al igual que Pérez-
Sauquillo, es la directiva de la empresa de capital riesgo que fue grabada
mientras ordenaba, supuestamente, a un subordinado que falseara expedientes de
empresas que habían recibido ayudas.
Actualmente, ningún alto cargo o directivo de empresas
públicas de la Junta puede cobrar más que la presidenta del Gobierno andaluz,
Susana Díaz, que percibe 63.808,20 brutos anuales. Sin embargo, un grupo de
directivos de Canal Sur sigue percibiendo salarios superiores al de la
presidenta andaluza.
Tomás Pérez-Sauquillo ocupó la presidencia de Invercaria
desde que se fundó la compañía en 2005 hasta 2010. Le sucedió en el puesto Juan
María González Mejías, el sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe
González, que desempeñó el cargo tan sólo unos meses, entre marzo de 2010 y
julio de ese año.
Tomó el relevo Laura Gómiz, que fue nombrada presidenta
del consejo de administración el 29 de julio de 2010. El 24 de noviembre de
2010 tomó posesión como consejera delegada de Inversión, Gestión y Desarrollo
de Capital Riesgo de Andalucía S.G.E.C.R., mientras que el 26 de septiembre de
2011 fue nombrada consejera delegada de Inversión y Gestión de Capital Semilla
de Andalucía S.C.R.
Entre los meses de febrero y marzo de 2012, después de
que llegaran al juzgado las cintas de sonido que la incriminan, Laura Gómiz
dimitió de todos los puestos de dirección citados, si bien siguió trabajando en
Invercaria como directora de inversiones, con un salario anual de 67.000 euros.
A Laura Gómiz la sucede el actual máximo responsable de
Invercaria, Francisco Álvaro Julio.
En el periodo analizado por la Intervención (2012), el
salario más alto en Invercaria es el del consejero delegado, con una
retribución de 68.500 euros. Su equivalente en la Junta sería un director
general, que percibía 53.442,56 euros en 2012. La desviación es, por tanto, del
28,17%, destaca el informe.
El siguiente en el escalafón es el técnico superior, con
una retribución máxima de 67.000 euros, frente a los 32.560,78 euros que cobra
en la Junta el grupo 1 de más nivel. En esta categoría es donde se produce la
desviación del 105%.
El técnico medio de Invercaria puede cobrar hasta 57.000
euros, frente a los 31.241,70 euros del grupo 1 equivalente en la Junta. La desviación en este casopuede llegar al 82%. En
el nivel más bajo en Invercaria está el personal de apoyo, al que sólo se le
exige formación de administrativo base, con un salario de 20.000 euros, frente
a los 17.564,82 euros que recibe su equivalente (grupo 4) en la Junta.
La Intervención critica que Invercaria no haya informado
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de las retribuciones de su
personal. «Debería hacerse extensible la necesidad de autorización por parte de
la Consejería» porque son fondos públicos, avisa.
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