- El escándalo silencioso del Bajo Guadalquivir.
La gestión de la mancomunidad, bajo sospecha judicial
El gerente del Bajo Guadalquivir gastó 2.500 € en un viaje a Cuba sin justificar.
- La Cámara de Cuentas detectó ya en 2011 gastos irregulares de algunos responsables de la entidad que agrupaba a nueve municipios de Sevilla y Cádiz
- Pidió, además, explicaciones por el pago de extras salariales al interventor
El entonces consejero de Gobernación, Francisco Menacho, con los responsables de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir en una reunión en la sede en el año 2012
La gestión de la mancomunidad, liquidada en 2014, bajo sospecha. Bajo Guadalquivir desvió fondos de los colegios y las playas para pagar sueldos
- Un informe del secretario general alerta de la 'desaparición' de dinero para proyectos en una práctica que, asegura, no era ninguna excepción
- Califica de «disparate» la gestión económica de los responsables
La gestión de la mancomunidad, bajo sospecha judicial
El gerente del Bajo Guadalquivir gastó 2.500 € en un viaje a Cuba sin justificar
- La Cámara de Cuentas detectó ya en 2011 gastos irregulares de algunos responsables de la entidad que agrupaba a nueve municipios de Sevilla y Cádiz
- Pidió, además, explicaciones por el pago de extras salariales al interventor
El gerente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir durante la mayor parte de la existencia de ésta, José Antonio Navarro, se fue a Cuba a costa de la institución en el verano de 2006 en un viaje que no justificó. Se gastó 2.500 euros que se auto concedió como anticipo y que debería haber justificado con facturas y recibos a su vuelta del Caribe. Pero no lo hizo, según la investigación que en el año 2011 llevó a cabo la Cámara de Cuentas de Andalucía.
El órgano fiscalizador andaluz detectó estos gastos injustificados cuando revisaba la contabilidad de la mancomunidad relativa al ejercicio 2006 en la que, por cierto, encontró muchas otras irregularidades incluyendo incumplimiento de la legislación por la que debía regirse la entidad supramunicipal.
Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía -y que forma parte del sumario que investigan los juzgados 1 y 2 de Lebrija tras una denuncia del PP ante la Fiscalía-, Navarro realizó un viaje a Cuba el 31 de agosto de 2006 con cargo a la mancomunidad, para lo que recibió una provisión de fondos que ascendía a 2.500 euros. A la hora de fiscalizar estos gastos, la Cámara de Cuentas no encontró ni un solo documento acreditativo de los gastos, únicamente la anotación del anticipo en concepto de «viaje a Cuba».
Según fuentes de la mancomunidad, los viajes -tanto del gerente como de otros responsables- al país caribeño eran relativamente habituales. Por aquel entonces, Bajo Guadalquivir tenía en marcha un proyecto de cooperación con el municipio cubano de Pinar del Río, al que enviaba periódicamente ayudas y vehículos que ya no eran utilizados aquí.
En ocasiones, señalaron estas fuentes, Navarro iba acompañado por concejales de alguno de los ayuntamientos que formaban parte de la mancomunidad y lo habitual era que, para los gastos, emplease la fórmula de la provisión de fondos o, lo que es lo mismo, anticipos que luego debía justificar, aunque no siempre, como advirtió la Cámara, lo hizo así.
Además de los viajes al Caribe, el órgano de fiscalización de la comunidad autónoma detectó otras cuestiones extrañas en la contabilidad. Como el pago de complementos salariales discreciones a determinados trabajadores, entre ellos el que fuera interventor de la mancomunidad, Mariano Rodríguez Sánchez.
La instructora de las actuaciones que en 2011 siguió la Cámara de Cuentas contra la mancomunidad constató que al menos tres trabajadores -el interventor incluido- percibieron complementos que no estaban previstos en el convenio colectivo o que estaban por encima de los que les correspondían por grupo o categoría profesional.
Estas irregularidades se extendían asimismo al pago del concepto salarial de los trienios, en concreto en relación con el cálculo de este complemento.
EXPLICACIONES
La fiscalizadora llegó a pedir explicaciones a Bajo Guadalquivir por todas estas cuestiones y reclamó al presidente en una carta datada en septiembre de 2011 que justificase tanto el viaje a Cuba del gerente como los pagos salariales por encima del convenio.
En las conclusiones del informe que realizó tras su fiscalización -y que fue publicado en su momento- destacó el caos contable y de control interno de la mancomunidad. De hecho, detalló que la documentación de cada trabajador no se encontraba recogida en un único expediente y que en cada uno de ellos faltaba documentación, incluido el DNI.
Igualmente, la documentación de los expedientes de contratación tampoco estaba recogida en un solo expediente.
Entre las ilegalidades, la Cámara de Cuentas de Andalucía destacó la no confección de liquidación de ninguno de los presupuestos que, sucesivamente, se fueron prorrogando. La mancomunidad tampoco rendía cuentas a los órganos de control externo ni cerró la contabilidad.
Por otro lado, tampoco inscribió los convenios colectivos en el registro, ni los depositó en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y, mucho menos, los publicó en los boletines oficiales.
Procedimientos de contratación no justificados, lo mismo que contratos de servicio y consultoría completaban el desastroso panorama de la mancomunidadque se encontró la Cámara.
Viajes a Cuba y acoso sexual a una empleada
El director gerente de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, José Antonio Navarro Ortiz, fue condenado por acosar sexualmente a una joven ex empleada de la institución que le denunció en 2007, un año después del viaje a Cuba puesto en entredicho por la Cámara de Cuentas. Fue en abril de 2012 cuando el Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla consideró probado que Navarro acosó sexualmente de su subordinada entre septiembre de 2005, cuando le consiguió un trabajo en la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz, y julio de 2007, cuando la víctima lo denunció tras más de un año trabajando en la Mancomunidad. Tras analizar los hechos denunciados, la magistrada condenó en firme a Navarro Ortiz a la pena «de seis meses de multa con cuota diaria de seis euros», lo que suponía un total de 1.096 euros, y al pago de las costas procesales. Sin embargo, pese a considerarle culpable de acoso sexual, la juez consideró atenuante que la víctima se retirara como acusación tras haber recibir una indemnización previa.
La gestión de la mancomunidad, liquidada en 2014, bajo sospecha
Bajo Guadalquivir desvió fondos de los colegios y las playas para pagar sueldos
- Un informe del secretario general alerta de la 'desaparición' de dinero para proyectos en una práctica que, asegura, no era ninguna excepción
- Califica de «disparate» la gestión económica de los responsables
Así lo recoge en un informe previo a la liquidación de 2014 el último secretario general de la mancomunidad, Cristóbal Sánchez, quien advierte de numerosas irregularidades en la gestión contable entre las que destaca el desvío regular de fondos que, a su vez, recibía de otras administraciones para fines concretos como la construcción de centros educativos o el mantenimiento de playas.
En el informe del secretario general -que forma parte de las actuaciones que llevan a cabo los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2 de Lebrija- se pone de relieve, y se critica, el modus operandi de los responsables de Bajo Guadalquivir, que gestionaban todos los fondos que recibían, subvenciones incluidas, desde una misma caja, sin hacer distinciones y con la que hacían frente a sus obligaciones y hasta al pago de las nóminas de su personal.
Esta práctica, expone el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, provocó que fondos que debían haber sido destinados, por ejemplo, a obras de colegios se desviasen para afrontar gastos de la mancomunidad.
El secretario expone en el informe, fechado el 7 de junio de 2013, un caso concreto, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, en el que la Junta de Andalucía puso a disposición de la mancomunidad el cien por cien del dinero necesario para levantar un nuevo colegio que, sin embargo, nunca llegó a construirse.
También alude a los programas de playas de los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona, en los que la institución actuaba como gestora de subvenciones que recibían los ayuntamientos. Pese a ello, los contratistas de las tareas de mantenimiento de estas playas no recibieron el dinero para la maquinaria.
Cristóbal Sánchez pone en cuestión el sistema de caja única y reprocha que «la forma de gestionar la mancomunidad ha sido la de no distinguir el origen de los fondos, haciendo uso de los mismos según las necesidades de la tesorería».
"Un auténtico disparate"
Esta forma de actuar, añade el secretario de la institución poco antes de su disolución, «que en el caso de los programas subvencionados ya me parece un error, cuando de la gestión de un servicio público se trata me parece un auténtico disparate».
De las irregularidades ya advirtió un mes antes la interventora en un informe en el que hablaba de una «dejación de funciones» por parte de los responsables de controlar las subvenciones de la mancomunidad que habría ocasionado, dice, un perjuicio a la entidad que cifra en 6.008.324,17 euros, exactamente el montante de las ayudas públicas que no se destinaron a los fines a los que estaban previstas y que centran ahora las investigaciones de la Guardia Civil.
Recomendaba ya en mayo de 2013 la interventora que se depurasen responsabilidades por el desvío de estas subvenciones.
Claro que no era ésta la única irregularidad que constató y reflejó en el documento.
En el mismo informe, de seis páginas, se incluyen las deudas que a esa fecha mantenía la mancomunidad del Bajo Guadalquivir con su personal -7,3 millones de euros- o con Hacienda por impago de IRPF y reintegro de subvenciones -1,3 millones de euros-, facturas no pagadas a proveedores -15,2 millones de euros- o créditos pendientes con entidades bancarias como el Banco Santander o La Caixa por más de ocho millones de euros.
A estas cantidades hay que sumar otras, como los algo más de siete millones que dejó de pagar la entidad a la Seguridad Social.
Pero además de deudas y desvío de subvenciones, la interventora advirtió delcaos contable con el que se había topado. Hasta el punto de que las cuentas del ejercicio 2011 no se habían cerrado y las de 2012 ni siquiera se habían llegado a abrir.
Esta situación, señalaba Sandra Antón, acentuaba «la dificultad de recabar datos» y ponían de manifiesto, añadía, la «dejadez de funciones» que, en esta ocasión, atribuyó al anterior interventor y al tesorero.
Antonio Maestre, en el foco de los investigadores.
Las investigaciones del instituto armado se centran en la gestión que llevó a cabo uno de los últimos presidentes de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir antes de su liquidación, el ex alcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre. Él era el máximo responsable de la mancomunidad en el período en el que se recibieron y gestionaron las ayudas que se están examinando y suyas serían las presumibles responsabilidades penales por el presunto fraude de subvenciones si se acaban confirmando. Junto a Maestre, el otro señalado por la Guardia Civil sería el interventor en este período, Mariano Rodríguez. Ambos estaban incluidos en la denuncia que en julio de 2013 trasladaron al Ministerio Público los portavoces municipales del PP en los municipios integrados en la mancomunidad y que dio lugar a una investigación previa por parte de la Fiscalía de Dos Hermanas que derivó en once denuncias en los juzgados de Lebrija. A resultas de las mismas, los juzgados 1 y 2 de Lebrija mantienen abiertas investigaciones sobre un presunto fraude en la gestión de subvenciones públicas recibidas por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, una entidad supramunicipal que agrupaba a localidades de Sevilla y Cádiz y que fue disuelto el año pasado con un agujero superior a los 40 millones de euros. Desde los juzgados de Lebrija se han solicitado informes a la Intervención de la Junta de Andalucía acerca de las subvenciones otorgadas a Bajo Guadalquivir y se ha encargado a la Guardia Civil que examine la gestión de estos fondos.
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