La
estrategia judicial de la Junta en el 'caso ERE' Susana
Díaz sopesa no ejercer la acusación contra Chaves y Griñán
- El Gobierno andaluz recuerda que "hemos planteado desde el principio que el procedimiento de concesión de los ERE era legal"
Caso
ERE: tras Alaya, la Junta va a por el PP
- Los letrados autonómicos se oponen a que el PP-A releve en el caso a Antonio Sanz, actual delegado del Gobierno, y avisan de posibles nulidades
Así es la UNTA de Andalucía; "gogernada por los junteros" ¿con el apoyo de ciudadanos?.....
Conclusión: ¿Buscando la impunidad; y "aquí no ha pasado, "na de de na" ?
La
estrategia judicial de la Junta en el 'caso ERE'
Susana
Díaz sopesa no ejercer la acusación contra Chaves y Griñán
- El Gobierno andaluz recuerda que "hemos planteado desde el principio que el procedimiento de concesión de los ERE era legal"
El Gobierno andaluz que preside
la socialista Susana Díaz sopesa no ejercer la acusación contra
los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y contra el
resto de ex altos cargos que han perdido el aforamiento y van a ser citados
para declarar por la nueva titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla,
María Núñez Bolaños, dentro de la pieza política del 'caso ERE' sobre el
procedimiento administrativo de concesión de ayudas sociolaborales con cargo al
'fondo de reptiles'.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de
Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, el portavoz del
Ejecutivo autonómico, el socialista Miguel Ángel Vázquez, no ha querido aclarar cuál será
la posición final del gabinete jurídico de la Junta, pero ha
recordado que la Administración regional ha planteado "desde el
principio" que el mecanismo de concesión de los ERE "era legal", por lo que difícilmente se justificaría
su papel como acusación en la rama política del caso pese a la presencia de
imputados tan significativos como el ex director general del Trabajo Francisco
Javier Guerrero.
Por lo demás, Vázquez ha quitado hierro al auto de
imputación de Chaves y Griñán por parte de la juez Núñez Bolaños. "Entra
dentro de la normalidad respecto a personas que por su fuero político estaban
siendo investigadas por el Tribunal Supremo y una vez que la causa vuelve al
tribunal ordinario", ha subrayado el portavoz del Gobierno de Díaz,
mostrando su esperanza en que "la causa siga adelante y que cuanto antes
se llegue al final y paguen los verdaderamente culpables".
Finalmente, y ante el aluvión de críticas a la forma
de instruir de la sucesora de Mercedes Alaya por parte del Ministerio Fiscal,
las defensas y las acusaciones del 'caso ERE', que alertan del riesgo de
nulidad y prescripción de delitos, Vázquez ha evitado valorar el trabajo de
María Núñez y se ha limitado a rememorar "el archivo de los casos en los
que el gabinete jurídico de la Junta alertó hace muchos años de la posibilidad
de prescripción".
Caso ERE: tras Alaya, la Junta va a por el PP
- Los letrados autonómicos se oponen a que el PP-A releve en el caso a Antonio Sanz, actual delegado del Gobierno, y avisan de posibles nulidades
Con Mercedes Alaya fuera del
juzgado que examina la corrupción instalada durante veinte años de gestión
socialista en Andalucía, la Junta ha puesto ahora en su punto de mira al PP. Su objetivo es
desactivarlo como acusación en las diligencias que pueden acabar sentando en el banquillo a los
expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a 50 ex altos
cargos más entre los que se encuentran nueve consejeros autonómicos.
La guerra abierta en el Parlamento andaluz, en una
de las legislaturas más crispadas que se recuerdan, ha llegado en forma de
escrito a la mesa de la juez María Núñez Bolaños. En un gesto insólito, la Junta,
que ejerce como acusación, ha elevado un escrito al juzgado de instrucción seis
de Sevilla contra otra acusación, la que ejerce el Partido Popular de
Andalucía.
Se opone a que pueda personarse en la causa sustituyendo a Antonio Sanz, actual
delegado del Gobierno en esta Comunidad. Los letrados de la Junta sostienen que
«quien ha ejercitado la acción penal ha sido Antonio Sanz y no el PP de
Andalucía». En un escrito de cuatro páginas, al que ha tenido acceso ABC, los abogados
argumentan que «en lo sucesivo, la intervención de la representación procesal
de Antonio Sanz en nombre del PP-A podría viciar de nulidad los actos
procesales en los que dicha intervención se produzca por no
estar debidamente constituida la relación jurídico-procesal».
Cuando se inició la investigación, a principios de
2011, Sanz era secretario general de la formación y en virtud de un cargo que
dejó en julio de 2012 figuraba en la acusación. El 5 de octubre pasado, el PP,
a través de sus abogados, decidió normalizar esta situación. En este simple
trámite la Junta de Andalucía ha visto una oportunidad para apear de la causa
al PP, cuyos abogados se han mostrado implacables durante las diligencias con
los desmanes cometidos por la Junta. De esta forma tratan de evitar
susceptibilidades y acallar las críticas que empezaron a arreciar desde las
sedes del PSOE y del Gobierno andaluz. Las hostilidades se intensificaron en
septiembre, cuando la sustituta de Alaya acordó revisar el papel del Gobierno
central en la crisis del anillo minero de la faja pirítica de Huelva, basándose
en un informe de la Guardia Civil onubense que alertaba de posibles
irregularidades. El portavoz del Ejecutivo
regional, Miguel Ángel Vázquez, cargó contra Sanz asegurando que «no se puede
ser juez y parte». El mismo día, en una acción coordinada, el secretario de
Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, exigía su dimisión como delegado.
El 29
de octubre, las palabras se traducen en hechos. Los letrados de la Junta
enmiendan al PP-A esgrimiendo que pretenden «provocar un supuesto de sucesión
procesal y que dicha sucesión se produzca no sólo pro futuro sino también
retroactivamente», algo que hace «partiendo de un error de hecho, pues la
afirmación de que la actuación de Sanz como acusación popular lo ha sido en su
condición de secretario general del PP-A no se compadece con la realidad».
Faja Pirítica
El
Ejecutivo central y el Gobierno andaluz firmaron en 2002 un acuerdo marco para
cofinanciar pólizas de prejubilación de 1.169 trabajadores de la minería. En
abril, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había defendido que la
intervención del Estado, entonces representado por el exdelegado del Gobierno y
exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, fue legal.
Abogados personados en la causa dudan de la utilidad del
escrito de la Junta y lo enmarcan en «una guerra política». La agencia autonómica IDEA probó sin
éxito la misma operación para anular al PP en el juzgado que analiza la gestión
de los fondos públicos por parte de la empresa de capital riesgo de la Junta,
Invercaria.
Cuando
el caso ERE llegó al Supremo, también la defensa del expresidente José Antonio
Griñán pretendió que el PP andaluz fuera sustituido por el PP de Madrid.
Tampoco lo logró. La juez instructora ha dado traslado del escrito de
alegaciones de la Junta a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas
en el proceso para que, en cinco días aleguen. Fuentes populares afirman que el
escrito de la Junta se presentó fuera de plazo.
Núñez asumió en junio el caso ERE con el apoyo del Poder
Judicial y el TSJA, lo que supuso revocar la comisión de servicios concedida a
Alaya para culminar la instrucción tras su marcha a la Audiencia de Sevilla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...