El expediente en la minería de Huelva
La sustituta de Alaya apunta al Gobierno del PP en el 'caso ERE'
- Pide a la Seguridad Social un informe sobre el papel del Ministerio de Trabajo
- El objeto de la investigación son las prejubilaciones falsas en la minería de Huelva
- La Guardia Civil ve indicios de prevaricación en la gestión del Gobierno
Lo que faltaba: la juez Bolaños pide un informe sobre el gobierno del PP el caso de los ERE mineros. El tráfico de coincidencias va creciendo hasta el punto que ya no lo parecen. Ahora esto. Los coló como intrusos el PSOE pero el PP y su gobierno deberían haber vigilado. Ole. O sea, la culpa va a ser del PP ahora.
http://www.porandalucialibre.com/informativa/noticias-propias/informacion/item/6556-lo-que-faltaba-la-juez-bolanos-pide-un-informe-del-gobierno-del-pp-sobre-los-ere-mineros
El expediente en la minería de Huelva
La sustituta de Alaya apunta al Gobierno del PP en el 'caso ERE'
- Pide a la Seguridad Social un informe sobre el papel del Ministerio de Trabajo
- El objeto de la investigación son las prejubilaciones falsas en la minería de Huelva
- La Guardia Civil ve indicios de prevaricación en la gestión del Gobierno
El ERE de la minería de Huelva, uno de los más cuantiosos sufragados por el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía, podría acabar implicando al Gobierno central, del PP y del PSOE, en los años 2003 y 2004. La juez María Ángeles Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, ha ordenado a la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Huelva que «entregue en mano en el menor plazo posible» a la Guardia Civil un informe explicativo sobre el papel de vigilancia que debió ejercer el Ministerio de Trabajo para evitar el fraude.
La magistrada, que ha paralizado las dos nuevas macrocausas que inició Alaya contra la gestión de la Junta de Andalucía, la de los cursos de formación y la de los avales millonarios fallidos de la Agencia IDEA, cursó el pasado viernes sobre la marcha la petición de la Guardia Civil para investigar al Ministerio de Trabajo. Los agentes aprecian indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos por alguien del Gobierno central, pero sin precisar por parte de quién.
'Edades químicas' falsas
En un oficio remitido a la juez Núñez Bolaños el mismo viernes 4 de septiembre, éstos advierten de que la Administración central del Estado pudo haber consentido el falseamiento de los coeficientes reductores aplicados, lo que habría permitido a algunos mineros haberse prejubilado a edades que no les correspondían.
La legislación permite a los mineros jubilarse y prejubilarse a edades más tempranas de las que marca la ley para el común de los trabajadores, ya que a su edad real se le aplica una reducción por la penosidad a la que han estado sometidos durante su vida laboral, expuestos a condiciones extremas bajo tierra o en contacto con sustancias químicas que pueden provocar transtornos de salud y disminuir la calidad de vida. Por ello, un trabajador de la minería de 55 años reales puede tener una 'edad química' de 65 y acceder así a la jubilación.
EL MUNDO ya publicó que un alcalde socialista de La Zarza-Perrunal, una pedanía del municipio oubense de Calañas, se prejubiló en 2005 dentro de uno de los ERE de la minería a los 44 años sin que tuviera derecho a ello. Como informó entonces este diario, Juan Manuel Serrano se benefició de una bonificación de 2.029 días, a pesar de que su trabajo en la mina de Insersa no estuvo sometido a penosidad alguna.
De hecho, como también desveló EL MUNDO en aquella información,existe un oficio del INSS, en concreto de la Subdirección Provincialde Información Administrativa, Informes de Cotización y Subsidios, que señalaba en octubre de 2005 que, «una vez comprobados nuestros antecedentes y la documentación aportada, le corresponde una bonificación de cero días». El documento está firmado por el subdirector provincial de dicho departamento del INSS en aquellos momentos, José María Heredia Larios.
El alcalde se benefició de una bonificación de más de cinco años y medio que en realidad no le correspondía fingiendo así tener 50 años de 'edad química' y ser incluido entre los prejubilados.
La Guardia Civil sostiene en su oficio que la Administración central del Estado «presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa». Y ello se habría hecho, presuntamente, según la Guardia Civil, para evitar «nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos».
Cambio de opinión
Llama la atención el cambio de opinión de la Guardia Civil de Huelva en este oficio con respecto a lo manifestado en su atestado del mes de marzo, en el que se endosaba toda la responsabilidad del fraude a la Junta de Andalucía y se eximía a la Administración central del Estado, que, según decían entonces, actuó escrupulosamente.
En aquel atestado, los agentes señalaron que el Estado aportó a los planes de prejubilaciones justo el dinero pactado en los acuerdos, mientras que fue la Junta de Andalucía la que, con cargo al fondo de reptiles, corrió con el sobrecoste de la operación por el presunto falseamiento de las 'edades químicas'.
La actuación del Gobierno central se habría producido, según la Guardia Civil, en los años 2003 y 2004, cuando gobernaron el PP, principalmente, y el PSOE, con gobiernos de José María Aznar, primero, y de José Luis Rodríguez Zapatero, después.
Lo que faltaba: la juez Bolaños pide un informe sobre el gobierno del PP el caso de los ERE mineros
El tráfico de coincidencias va creciendo hasta el punto que ya no lo parecen. Ahora esto. Los coló como intrusos el PSOE pero el PP y su gobierno deberían haber vigilado. Ole. O sea, la culpa va a ser del PP ahora. El País ya lo da por implicado. El Mundo lo ve así: "El ERE de la minería de Huelva, uno de los más cuantiosos sufragados por el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía, podría acabar implicando al Gobierno central, a PP y a PSOE, en los años 2003 y 2004. La juez María Ángeles Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha ordenado a la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Huelva que «entregue en mano en el menor plazo posible» a la Guardia Civil un informe explicativo sobre el papel de vigilancia que debió ejercer el Ministerio de Trabajo para evitar fraudes.
La magistrada, que ha paralizado las dos nuevas macrocausas que inició Alaya contra la gestión de la Junta de Andalucía, la de los cursos de formación y la de los avales millonarios fallidos de la Agencia Idea, cursó el pasado viernes sobre la marcha la petición de la Guardia Civil para investigar al Ministerio de Trabajo. Los agentes aprecian indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos por alguien del Gobierno central, pero sin precisar por parte de quién.
En un oficio remitido a la juez Núñez Bolaños el mismo viernes 4 de septiembre, éstos advierten de que la Administración central del Estado pudo haber consentido el falseamiento de los coeficientes reductores aplicados, lo que habría permitido a algunos mineros haberse prejubilado a edades que no les correspondían.
La legislación permite a los mineros jubilarse y, por consiguiente, prejubilarse a edades más tempranas, ya que a su edad real se le aplica una reducción por la penosidad a la que han estado sometidos durante su vida laboral, expuestos a condiciones extremas bajo tierra o en contacto con sustancias químicas que pueden disminuir la calidad de vida. Por ello, un trabajador de la minería de 55 años reales puede tener una edad química de 65 y poder jubilarse legalmente.
La Guardia Civil sostiene en su oficio que la Administración central del Estado «presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa». Y ello se habría hecho, presuntamente, según la Guardia Civil, para evitar «nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos».
Llama la atención el cambio de opinión de la Guardia Civil de Huelva en este oficio con respecto a lo manifestado en su atestado del mes de marzo, en el que se endosaba toda la responsabilidad del fraude a la Junta de Andalucía y se eximía a la Administración central del Estado, que, según decían entonces, actuó escrupulosamente.
En aquel atestado, los agentes señalaron que el Estado aportó a los planes de prejubilaciones justo el dinero pactado en los acuerdos, mientras que fue la Junta de Andalucía la que, con cargo al fondo de reptiles, corrió con el sobrecoste de la operación por el presunto falseamiento de las edades químicas.
La actuación del Ejecutivo central se habría producido, según la Guardia Civil, en los años 2003 y 2004, cuando gobernaron el PP, principalmente, y el PSOE, con gobiernos de José María Aznar, primero, y de José Luis Rodríguez Zapatero, después."
ABC lo cuenta así:
La investigación de los ERE tiene una nueva juez instructora, una forma distinta de entender y abordar esta macrocausa de corrupción y ahora también un nuevo y radical enfoque. A petición de la Guardia Civil, Núñez Bolaños ha solicitado a la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social ( INSS) de Huelva que entregue en mano a los funcionarios policiales información relativa a la actuación del Ministerio de Trabajo en las ayudas concedidas a los mineros afectados por el ERE de la Faja Pirítica en 2003 y 2004.
La providencia de la juez, fechada el 4 de septiembre, da respuesta a un oficio de la Policía Judicial de Huelva que tiene abierta una línea de investigación sobre las subvenciones que se emplearon para el pago de las pólizas de prejubilación de los trabajadores mayores de 55 años. Los investigadores sospechan que se pudo cometer un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación.
En concreto, la juez ha solicitado al INSS que confirme si el Ministerio de Trabajo le solicitó los coeficientes reductores de los mineros afectados por el expediente. Los agentes creen que la Administración central manejó de «manera voluntaria y arbitraria» los listados de edades bonificadas con ayudas. Una información que habían aportado los comités de empresa y que había sido inflada con la incorporación de trabajadores que no superaban los 55 años.
Y El País como sigue: La Guardia Civil implica a excargos del PP en los ERE fraudulentos(que ya lo explicaron en la Comisión de Investigación, Zaplana, Aremas y Zoido)
La Guardia Civil ha implicado por primera vez al Gobierno central en el caso de los ERE fraudulentos. Los investigadores achacan al Ministerio de Trabajo pagos ilegales en 2003 a prejubilados cuando dio 34 millones al ERE de la minería de Huelva. El ministro entonces era Eduardo Zaplana. El giro es llamativo porque hasta ahora solo responsables de la Junta de Andalucía y de pequeños Ayuntamientos habían sido señalados por las ayudas de 855 millones entre 2001 y 2010.Los agentes subrayan el “reproche penal” que afrontan excargos del PP.
Si prospera la tesis de la Guardia Civil de esta “nueva línea de investigación”, puesta por escrito el 4 de septiembre, los responsables políticos imputados en el caso ERE incluirán también a excargos del PP y no solo del PSOE, como hasta ahora ha ocurrido, a excepción de algún concejal popular de pequeños municipios.
El expediente más caro del fondo de los ERE ascendió a 172 millones y benefició a 802 mineros de la Faja Pirítica onubense en 2003. La Junta andaluza abonó 138 millones y el ministerio 34 millones destinados a las pólizas de 332 extrabajadores. La pasada primavera los investigadores analizaron cada póliza pagada por el Ejecutivo autónomo y pidieron a la juez que imputara al exconsejero y diputado socialista en el Congreso José Antonio Viera, dos ex directores generales, siete sindicalistas de UGT y CC OO, un abogado y un empresario.
Ahora los agentes examinan las pólizas que pagó el Gobierno central y ha encontrado irregularidades en 39 trabajadores con menos de 55 años, la edad mínima para acogerse al ERE. En su informe la Guardia Civil ha detectado “cómo la Administración central presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa”. Es decir, el ministerio eludió comprobar que algunos mineros propuestos por los sindicatos incumplían los requisitos legales para prejubilarse. La Guardia Civil ha constatado que esos listados de trabajadores eran “erróneos al alza” y que la delegación en Huelva de la Seguridad Social debía haber concretado en 2003 los beneficiarios reales para prejubilarse.
¿Utilizaron los responsables de Trabajo entre 2003 y 2004 los cálculos de la Seguridad Social para confirmar quién debía prejubilarse en dicho ERE? Para responder a este interrogante el 19 de agosto los investigadores preguntaron a la directora en Huelva de la Seguridad Social, Rosario Delgado. Y la sorprendente respuesta de Delgado a los agentes fue una negativa. “No tiene intención de contestar al requerimiento”, detalla la Guardia Civil a la juez del caso, María Núñez. Ante esto, la magistrada ha emitido una providencia para obligar a Delgado a que entregue “en mano en el menor plazo posible” la documentación requerida por los agentes y que estos depuren responsabilidades por malversación y prevaricación en estas pesquisas. Delgado rechazó ayer explicar su decisión.
Sin embargo, antes de obtener la información de la jefa de la Seguridad Social en Huelva, los agentes adelantan que solo caben dos hipótesis, “ambas con posible reproche penal” para antiguos cargos del Gobierno del PP: La primera, que desde el ministerio no se pidieron los coeficientes sobre la edad de los mineros para evitar “nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos”, al saber Trabajo que había “importantes desfases y su inclusión iba a producir una rebaja de los beneficiarios”. Y la segunda tesis es que los listados se pidieron “y, al comprobar caso por caso que había numerosos desfases, se decidió no incluirlos para evitar” las protestas de los sindicatos. En cualquier caso, los responsables del Ministerio de Trabajo eludieron sus funciones de vigilancia para determinar los trabajadores que conforme a la ley debían ser beneficiarios de las pólizas, según la Guardia Civil.
A pesar de las irregularidades halladas ahora, en un atestado de abril pasado la Guardia Civil defendió el papel del Ejecutivo central, representado en 2003 por el exdelegado del Gobierno y expresidente del PP andaluz Juan Ignacio Zoido, que siguió “el procedimiento administrativo reglado” tras firmar con la Junta el acuerdo marco en 2002. Zaplana declaró en 2012 ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz: “El Gobierno en las pólizas no tiene nada que ver. Es una misión de técnicos”.
Por su parte, esta mañana el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha evitado entrar al fondo del asunto mientras defendía la transparencia del Ejecutivo central: “El Gobierno no tiene nada que ocultar” y proporcionará a la Justicia toda la documentación que le requiera.
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