jueves, 17 de septiembre de 2015

Cinismo juntero y creativo ¿culpa al Gobierno del lío en los consorcios? ¿el concurso de Aznalcollar fue "exquisito" +C¨s Báculo del PSOE: Ciudadanos, el incorruptible, el implacables, el que está haciendo de báculo de un "régimen" hundido en el cenegal de las corrupciones y fracasado como proyecto político

La Andalucía imposible; cinismo creativo y  juntero = Historia enciclopédica del mundo al revés.





Los consorcios de la Junta, en el punto de mira La Junta pasa por alto el fraude de la formación y culpa al Gobierno del lío en los consorcios
  • La oposición echa en cara a la Junta las "promesas incumplidas"
  • Exigen que el CIO de Mijas también entre en el plan de la Junta




Declaración ante el juez.  La ex directora de Minas dice que el concurso de Aznalcóllar fue 'exquisito'
  • María José Asensio Coto está acusada de un presunto delito de prevaricación por la concesión de la explotación minera
  • Ecologistas piden la imputación de otros tres responsables de la Junta 



Tras la ex directora general, ha entrado a declarar como acusada la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta, y después de ella un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta.

C¨s Báculo del PSOE



Sonrisa naranja, imprescindible.







Los consorcios de la Junta, en el punto de mira

La Junta pasa por alto el fraude de la formación y culpa al Gobierno del lío en los consorcios

  • La oposición echa en cara a la Junta las "promesas incumplidas"
  • Exigen que el CIO de Mijas también entre en el plan de la Junta

La Junta de Andalucía ha pasado por alto el presunto fraude de la formación y ha culpado al Gobierno del lío en el que está la red de consorcios escuela públicos, con 167 trabajadores sin cobrar, algunos desde hace más de un año, y con loscursos totalmente paralizados, a pesar de las inversiones y las subvenciones millonarias que han recibido estos centros.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha responsabilizado al Gobierno central, pero no ha hecho ninguna alusión a la investigación por el presunto fraude de la formación que tramita el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y que tiene en su punto de mira a los consorcios porsupuestos desvíos de ayudas para la formación a actividades tan variopintas como una cabalgata de Reyes Magos, una fiesta o la compra de jamones.

Durante su intervención en la comisión de Empleo, Empresa y Comercio que se ha celebrado este jueves en el Parlamento andaluz, Sánchez Maldonado no ha hecho tampoco ninguna alusión a que la normativa europea ha tumbado los gastos en los consorcios.

Como viene informando EL MUNDO, los gastos de las subvenciones para los consorcios "no pueden ser certificadas ante el Fondo Social Europeo". "En todos los expedientes el equipo de verificación devuelve la documentación con un anexo, en el que manifiesta que de los expedientes analizados que se rigen por dicha normativa se detectan con carácter general incidencias que no permiten garantizar ni la elegibilidad del gasto, ni una correcta pista de auditoría, conforme a lo establecido en la normativa comunitaria, por lo que se propone la no certificación del gasto", explica un informe interno al que tampoco se ha referido el consejero.

Otro demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que cuestiona toda la gestión implantada por la Junta en sus consorcios escuela tampoco ha sido mencionado por el consejero.

Sánchez Maldonado sí ha aludido a dos leyes aprobadas por el Gobierno central, que preside el 'popular' Mariano Rajoy, como el "origen" de los problemas en los consorcios escuela controlados por la Junta. En concreto, se ha referido a las leyes 15/2014 de racionalización del sector público y la 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que introdujeron "modificaciones de calado" en estos entes, en los que "las administraciones locales no han colaborado con ni un solo euro", se ha quejado el consejero.

La oposición ha reaccionado con dureza. La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha recordado al consejero que los trabajadores de los consorcios no cobran porque "la Junta no les paga" y el problema en estas entidades persiste porque "hace un año" el Gobierno andaluz "planteó una solución que ha fracasado".

El diputado de IU José Antonio Castro ha subrayado que buena parte de los problemas en los consorcios deriva de los reparos que han puesto los verificadores europeos al modelo implantado en estos entes, que se financiaban con subvenciones anuales para la formación y que se destinaron a fines que no estaban previstos en las ayudas.

Para la parlamentaria de Podemos Carmen Lizárraga, el Gobierno andaluz acumula una lista de "promesas incumplidas" con los consorcios, como cuando el ex consejero Luciano Alonso dijo en el Parlamento andaluz que se estaba trabajando de forma coordinada. "¿Esto es coordinación?", se ha preguntado Lizárraga.

Los diputados de la oposición han coincidido en reclamar a la Junta la continuidad del Centro de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de la localidad malagueña de Mijas, también conocido como el 'resort' de la formación por las magníficas instalaciones con las que cuenta, con hotel-escuela, piscina, dos gimnasios y residencia para estudiantes en plena Costa del Sol.

Como viene informando EL MUNDO, el CIO de Mijas se ha quedado fuera del decreto ley aprobado por la Junta, que prevé la integración de diez consorcios en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El centro de Mijas está gestionado ahora por una UTE, cuyo contrato con la Administración andaluza concluye el próximo mes de diciembre.

"El CIO de Mijas también merece una solución y un plan de futuro", ha reclamado el diputado de Ciudadanos Carlos Hernández.

Ruiz-Sillero ha preguntado por qué no se ha incluido el CIO Mijas en el decreto aprobado por la Junta y qué va a pasar con sus instalaciones, que se construyeron con una subvención de 21 millones de euros que salieron de las arcas de la Unión Europea y la Junta.

"¿Qué pasa con el CIO Mijas? En el decreto hay diez consorcios, pero son once. No queremos que se quede fuera", ha planteado el diputado de IU Castro, quien ha recordado que en la obra y el equipamiento de este centro se han gastado 30 millones de euros.

Sánchez Maldonado ha evitado responder a todas las incógnitas que se le han planteado y se ha limitado a decir que hasta que no concluya la concesión administrativa que la Junta le otorgó a una UTE no podrán comenzar el proceso iniciado ya en el resto de consorcios.

Cuando finalice la concesión administrativa en el centro de Mijas, se revisará y se adoptará una nueva fórmula de gestión para esta escuela, según ha señalado el consejero, sin dar ningún detalle sobre si habrá o no integración en el SAE.

La Junta sí garantiza que no habrá despidos entre los cinco empleados de este consorcio, a los que la Administración andaluza debe doce meses de salario.


Declaración ante el juez

La ex directora de Minas dice que el concurso de Aznalcóllar fue 'exquisito'


  • María José Asensio Coto está acusada de un presunto delito de prevaricación por la concesión de la explotación minera
  • Ecologistas piden la imputación de otros tres responsables de la Junta

La ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de AndalucíaMaría José Asensio ha defendido hoy, tras declarar como imputada por unpresunto delito de prevaricación, la legalidad y la exquisitez en el proceso de concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

Después de dos horas declarando ante la juez que investiga la concesión de la mina, Asensio ha dicho a los periodistas que en este proceso han cumplido "absolutamente" la legalidad y han sido "especialmente exquisitos".

"Por fin he podido contestar a todas las dudas que me ha planteado la juez y la fiscal", ha enfatizado la ex directora general, que fue cesada de su cargo en agosto pasado.

Asensio, que no ha contestado a las acusaciones particulares representadas por los ecologistas y la empresa denunciante, Emerita Resources, ha señalado que ante la juez han "quedado claras" las posibles dudas sobre la solvencia económica de la empresa que ganó el concurso, Minorbis Grupo México.

Preguntada si confía en volver a su cargo en la dirección general de Industria, ha contestado que confía "absolutamente" en la instrucción del caso.

Su abogado, José María González, ha mostrado su esperanza en que se levante la imputación de Asensio "porque no ha habido ninguna irregularidad" en su actuación, y ha enmarcado este procedimiento en que "el que no ha ganado está protestando", en alusión Emerita Resources, que fue finalista del concurso y denunció la concesión a Minorbis Grupo México.

El letrado ha afirmado que este caso debería dirimirse en el ámbito contencioso administrativo y no en el penal, y ha avanzado que la mayoría de las preguntas de la fiscalía han versado sobre la solvencia económica de la empresa ganadora.

La declaración de Asensio es la primera de las siete personas que ha imputado la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga la concesión de la mina tras la denuncia presentada por la empresa finalista que no logró el concurso, Emerita Resources.

La juez ha citado a la ex directora general como responsable del procedimiento seguido por la Junta en la resolución de la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros, donde en 1998 se produjo un vertido tóxico, y como firmante del decreto por el que, el 20 de febrero pasado, se resolvió el concurso de la concesión de la mina a favor de Minorbis Grupo México.

Tras la ex directora general, ha entrado a declarar como acusada la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta, y después de ella un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta.

Una vez culminadas las tres declaraciones, los abogados defensores han subrayado que los imputados han resuelto todas las dudas que les han planteado la juez y la fiscal, que se "han vaciado" en sus interrogatorios, y han dicho que para ello han citado numerosas jurisprudencia, sentencias y directivas de la UE.

También han explicado que los imputados no han respondido a las acusaciones porque las preguntas suponían una "falta de respeto" hacia ellos, demuestran "ignorancia jurídica", eran ajenas al proceso que se dilucida y estaban hechas con "absoluta falta de rigor".

La próxima semana están citados como imputados tres miembros de las comisiones técnicas y de la mesa de contratación y una funcionaria del cuerpo superior de Ingenieros de Minas.

Por otra parte, Ecologistas en Acción ha pedido hoy a la juez que lleva el caso que se cite como imputados a otros tres responsables de la Junta de Andalucía como miembros de la mesa de contratación que adjudicó la reapertura de esta explotación minera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...