Hay siete cargos y funcionarios autonómicos imputados por prevaricación.
- El Gobierno andaluz dice que la juez le avala al no paralizar la adjudicación.
- Quiere reactivar el proceso después de las declaraciones de septiembre
La Andalucía imposible; la del "Régimen"; la de la ¿corrupción institucionalizada?
Hay siete cargos y funcionarios autonómicos imputados por prevaricación
La Junta desdeña la investigación y planea abrir Aznalcóllar en un mes
- El Gobierno andaluz dice que la juez le avala al no paralizar la adjudicación
- Quiere reactivar el proceso después de las declaraciones de septiembre
La Junta de Andalucía da por amortizado el escándalo y finiquitada la investigación judicial por el concurso de adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar. Y ello a pesar de que hace apenas unas semanas, la juez imputó a la que ex directora general de Minas,María José Asensio, y a varios funcionarios y cargos intermedios por prevaricación.
Haciendo una lectura muy personal del último auto -dictado por el Juzgado de Instrucción 3 el pasado día 10-, el Gobierno de Susana Díaz anunció ayer más o menos oficiosamente que sus planes inmediatos pasan por reactivar la adjudicación para que en septiembre los adjudicatarios puedan comenzar los trabajos en la mina.
El Ejecutivo de Díaz filtró a la agencia Efe y a la Cadena Ser su intención de que la actividad vuelva a Aznalcóllar el próximo mes, una vez que la magistrada que investiga el procedimiento tome declaración a los imputados, algo previsto entre los días 17 y 25.
Fuentes de la Junta -que no se identificaron- destacaron que el auto de la juez Fernández conocido la semana pasada no es sino un aval a la actuación de la Administración andaluza en el concurso minero, en el que tanto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional como la propia magistrada ven irregularidades gravísimas y una «absoluta falta de rigor» para beneficiar a la empresa que resultó finalmente adjudicataria, Minorbis, del grupo cordobés Magtel.
De acuerdo con la información difundida ayer por estas fuentes, el Gobierno andaluz usará a su gabinete jurídico para tratar de asegurar la legalidad de la reactivación de la adjudicación, que teóricamente permanece en suspenso desde que la presidenta, Susana Díaz, lo ordenase a los pocos días de estallar el escándalo, aunque incluso la magistrada lo pone en duda.
La Junta ya recurrió a sus abogados para defenderse de las sospechas de amaño que expresaron meses atrás tanto la UDEF como la Policía. Encargó entonces un informe a su gabinete jurídico que defendía la legalidad del procedimiento de adjudicación. El informe, curiosamente, lo firmaba Pastora Sánchez de la Cuesta, letrada de la Junta que formó parte del 'jurado' del concurso minero y que ha acabado imputada por su participación en el proceso.
El hecho de que la magistrada no acordase la semana pasada la suspensión cautelar de la adjudicación es interpretado desde la Junta como un respaldo a su defensa. Obvia así el Gobierno andaluz el grueso del auto, en el que la magistrada no descarta la suspensión solicitada por la denunciante, la empresa Emerita Resources, aunque afirma que no corresponde en este momento. Sobre todo porque, afirma la juez Fernández, no tiene claro si el concurso está ya o no paralizado de oficio.
La juez reclama más información
Antes de decidir sobre la petición para que suspenda cautelarmente con carácter provisional la adjudicación a Minorbis y la aceptación por Minera Los Frailes, la juez Fernández ha pedido que la Junta aclare definitivamente si la orden de paralización dada por la presidenta, Susana Díaz, afecta a esta fase del proceso burocrático en suspenso, lo que puede ser determinante para justificar una hipotética intervención judicial de enorme calado. Y ha preguntado por la aceptación de México-Minorbis, avalando las dudas de Emerita sobre la participación de otra empresa en esta fase embrionaria del proceso de adjudicación de los derechos mineros.
En ese mismo auto, cita a declarar el 14 de septiembre en calidad de testigos a J.A.A.G. y M.E.S., encargado y operario de la depuradora de la mina, respectivamente, que estuvieron el 9 de julio con los agentes de la UDEF y la Policía Científica en la visita tras la que se denunció un vertido de agua «altamente contaminada» al río Agrio. Ambos trabajadores -ex empleados de la empresa pública Egmasa integrados ahora en la Amaya, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía- habrían reconocido que la depuradora no estaban funcionando.
Patricia Fernández también reclama a la empresa que documente la liquidación del IVA correspondiente a la factura de 1,2 millones de euros con la que compensó el pago de las 13.049 participaciones de Los Frailes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...