- El PP denuncia el fichaje de Antonio Jesús Ruiz tras el pacto de Irene García con el PA.
- También contrata a un ex asesor de Sanlúcar cesado en 2014 por PSOE y C's
OJO AL DATO ¿¿El precio del silencio....???
Contratan a un ex asesor municipal destituido en 2014 por el PSOE y Ciudadanos tras un escándalo de presunta corrupción en Sanlúcar de Barrameda, el municipio donde cogobernaba con los socialistas el líder regional de C's, Juan Marín....¿Raro, muy raro; y habrá algo que ocultar o estaban todos en el ajo...?
- Los asilos políticos.
Casilleros para los partidos.
El Gobierno de la nación decidió en
tiempos de Zapatero suprimir la partida presupuestaria destinada a la Iglesia
Católica, institución que desempeña en España funciones educacionales, sociales
y asistenciales de gran importancia, aparte la atención religiosa. Se dispuso
en la declaración de la renta que cada contribuyente que así lo quisiera
destinara voluntariamente un 0,7% con destino a la Iglesia. Los que arbitraron
la fórmula se frotaban las manos pensando que casi nadie rellenaría ese
casillero porque los templos en España, según ellos, están vacíos. Se
equivocaron de forma rotunda. El casillero de la declaración de la renta ha
proporcionado a la Iglesia, por decisión de los contribuyentes, más dinero del que
recibía con anterioridad en la partida presupuestaria.
Parece a muchos obligado que, en
un sistema democrático como el consagrado en nuestra Constitución, se haga lo
mismo con los partidos políticos y los sindicatos para que sea el contribuyente
quien decida a qué partido o a qué sindicato -o a nadie, quizá- otorga un 0,7%
de sus impuestos. Resulta a muchos escandaloso que partidos políticos y
sindicatos reciban suculentas cantidades del dinero público sin que los paganos
puedan decir a quién destinan su contribución, conforme a sus preferencias. En
el año 2011, por ejemplo, el PP ingresó a través de las cuotas de sus afiliados
12.303.879 euros y gastó 133.398.210 euros. Es decir, el 90% del dinero
derrochado fue público. Y eso mismo se puede decir del resto de los grandes
partidos y de los sindicatos adalides.
La fórmula más lógica sería
establecer por ley que "ningún partido político, ninguna central sindical
podrán gastar un euro más de lo que ingresen a través de las cuotas de sus
afiliados". Pero teniendo en cuenta la situación creada por la voracidad
de la clase política y de la casta sindical, que gastan de forma desmesurada y
han creado gigantescas estructuras para repartirse las hogazas del dinero
público, sería razonable que al menos, en lugar de subvenciones directas, se
incluyeran en las hojas de declaración de la renta sendos casilleros, como se
hace con la Iglesia, para que cada contribuyente destine o no un 0,7% al
partido político y al sindicato de sus preferencias.
¿Hay alguna probabilidad de que
esta fórmula establecida para la Iglesia sea aceptada por los partidos y
sindicatos? Me temo que no. Me temo que seguirán chupando glotonamente de la
teta del Estado, y con el mayor cinismo. Me temo que aquello que los políticos
han impuesto para la Iglesia no lo acepten para ellos. Sería reveladora la
cifra resultante del relleno voluntario de los casilleros ad hoc de la
declaración de la renta. Un periodista sagaz, Eulogio López, ha propuesto que
"a partidos y sindicatos, ni un euro del erario público que no decidan los
contribuyentes". Contribuyentes que están al cabo de la calle de la
voracidad de políticos y sindicalistas y que en las últimas elecciones
exhibieron una pancarta que decía: "Ciudadanos y Podemos, bonitos motes,
nuevos grupos que intentan chupar del bote". Tras los resultados
electorales del 24-M, las nuevas agrupaciones no han perdido el tiempo y ya
están chupando del bote con fruición. Partidos políticos y centrales
sindicales, en fin, se han convertido en España en un colosal negocio y en
agencias de colocación para enchufar en puestos públicos a parientes, amiguetes
y paniaguados.
Luis María Anson, de la Real Academia Española.
Luis María Anson, de la Real Academia Española.
El PSOE-A también recoloca en la Diputación de Cádiz al líder del PA
- El PP denuncia el fichaje de Antonio Jesús Ruiz tras el pacto de Irene García con el PA
- También contrata a un ex asesor de Sanlúcar cesado en 2014 por PSOE y C's
Nuevo escándalo en la Diputación de Cádiz a cuenta de los asesores contratados en mitad de verano por la presidenta de la institución y líder del PSOE provincial, Irene García. Si primero fichó al hijo del secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, ahora el PP revela que García ha recolocado en el Ayuntamiento de los ayuntamientos tanto al secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz -apenas un mes después de que los andalucistas firmaran un acuerdo para garantizar a la líder del PSOE gaditano la presidencia de la institución- y a un ex asesor municipal destituido en 2014 por el PSOE y Ciudadanos tras un escándalo de presunta corrupción en Sanlúcar de Barrameda, el municipio donde cogobernaba con los socialistas el líder regional de C's, Juan Marín.
El portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, lamentó que Irene García aún no haya «dado la cara» por la contratación como asesor del hijo de Juan Cornejo, número 2 del PSOE andaluz, e instó a la presidenta de la Diputación a dar explicaciones por el fichaje del secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz.
García se convirtió en presidenta de la institución gracias a un pacto con el PA. Su única diputada, Maribel Peinado, le daba la mayoría absoluta al PSOE y se convertía en vicepresidenta segunda y responsable del Área de Desarrollo Sostenible. A partir de ahora, el secretario general del PA será su asesor.
«El PA se está cobrando el pacto de gobierno con el PSOE», denunció ayer Loaiza, que lamentó «puesta en escena del acuerdo». «Dijeron que PSOE y PA se entendían para beneficiar a los gaditanos, pero por el momento sólo han beneficiado a uno, con sueldo a cargo de todos», denunció.
Asimismo, aseguró que este fichaje deja a las claras «la credibilidad que tiene el PA y su líder», inmerso en un debate sobre la permanencia o liquidación del partido. «Entiendo perfectamente que la formación aborde su futuro en septiembre, porque quien tiene que dar ejemplo, no lo hace», aseguró.
Por su parte, Antonio Jesús Ruiz mostró ayer su «perplejidad» por la denuncia del PP, ya que «cuando Loaiza era presidente todos los asesores de la Diputación fueron cargos del PP». «Y no sólo esos, sino otros miembros de los gobiernos de instituciones como la Institución Ferial de Cádiz (Ifeca). Loaiza piensa que todos son de su condición», añadió en declaraciones a EL MUNDO.
El dirigente andalucista recordó que el PA «forma parte del gobierno de la Diputación» en su conjunto, por lo que no se limitará a gestionar el área de Desarrollo Sostenible. «Vamos a impulsar políticas en la Diputación modificando asuntos importantes y atendiendo carencias que el PPno solucionó, como la creación de un plan de empleo provincial de verdad y prestando un mejor servicio a los pequeños municipios», explicó.
También destacó que su sueldo se ha reducido en 10.000 euros respecto al que cobraba el anterior asesor del PP en ese cargo.
Por otro lado, el PP cargó las tintas especialmente contra la contratación de Francisco Collado, nuevo asesor técnico económico de Presidencia.
Collado fue asesor del Ayuntamiento de Sanlúcar en la etapa conIrene García era alcaldesa. Fue destituido en octubre de 2014 después de que el Consistorio le adjudicara a una empresa suya un contrato de 18.000 euros para la realización de las 'Escuelas municipales de verano y otras vacaciones'.
El Ayuntamiento de Sanlúcar invitó a cuatro empresas a un procedimiento negociado sin publicidad para un contratar las actividades extraescolares durante las vacaciones de Semana Santa, verano y Navidad en las instalaciones de dos colegios públicos de Sanlúcar.
El contrato se adjudicó por 18.000 euros más IVA a la empresa Action Cat Consulting, propiedad de Francisco Collado, entonces funcionario de empleo del Ayuntamiento de Sanlúcar, a pesar de que presentó la oferta más cara.
En ese mandato, Ciudadanos era socio de gobierno del PSOE en elAyuntamiento, bajo el liderazgo de Juan Marín, hoy en día su presidente regional. La concejala responsable de la contratación pertenecía a su formación,Elena Sumariva, que sustituyó a Marín como candidata a la Alcaldía en las elecciones de marzo.
Tras la denuncia pública de toda la oposición de Sanlúcar, el gobierno municipal anuló el contrato argumentando la existencia de una incompatibilidad sobrevenida desconocida por las partes.
El caso también se cobró la destitución de Collado, que ahora entra en la Diputación. El PSOE defendió ayer su «altísimo nivel profesional», instando al popular Loaiza a decir «el nombre de uno solo de los asesores que nombró en su etapa como presidente que pueda mostrar la mitad de capacidad, experiencia, conocimientos y currículo que el señor Collado».
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