- La Intervención emite informe de actuación por menoscabo de fondos públicos en las ayudas para cursos
- Pero el Gobierno de Susana Díaz evita exigir responsabilidades a altos cargos y funcionarios
El Gobierno de Susana Díaz ha acatado las recomendaciones formuladas por la Intervención General de la Junta tras detectar graves irregularidades en la adjudicación y gestión de las subvenciones para cursos de formación, pero elude por el momento exigir responsabilidades a los funcionarios y altos cargos que con su actitud negligente o dolosa han ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública andaluza.
¿La corrupción institucional es el sistema ....?
FORMACIÓN
La Junta elude
reclamar el daño que el interventor constató en la formación
- La Intervención emite informe de actuación por menoscabo de fondos públicos en las ayudas para cursos
- Pero el Gobierno de Susana Díaz evita exigir responsabilidades a altos cargos y funcionarios
El Gobierno de
Susana Díaz ha acatado las recomendaciones formuladas por la Intervención
General de la Junta tras detectar graves irregularidades en la adjudicación y
gestión de las subvenciones para cursos de formación, pero elude por el momento
exigir responsabilidades a los funcionarios y altos cargos que con su actitud
negligente o dolosa han ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública
andaluza.
EL MUNDO ha
confirmado en fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que
la Intervención General emitió «hace dos semanas» un informe de actuación a
raíz de que, en una auditoría especial a la gestión realizada por la dirección
provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la tramitación de las ayudas
de formación profesional para el empleo concedidas en Huelva, el interventor
provincial concluyera que se había ocasionado un «menoscabo de los fondos
públicos».
El plan de
auditorías de 2013 incluyó un control financiero especial sobre la
justificación de las ayudas concedidas en materia de formación profesional para
el empleo entre 2009 y 2012 -gestionadas en cada una de las delegaciones
provinciales del SAE- debido a «las numerosas e importantes irregularidades
detectadas en esta materia» en los informes provinciales de control financiero
permanente del SAE correspondientes al año 2012.
De los ocho
informes emitidos, uno por provincia, el más contundente es el que firma el
interventor provincial en Huelva, el único que alerta de menoscabo de fondos
públicos por la concesión y justificación de subvenciones sin cumplir los
requisitos legales y no exigirse los reintegros correspondientes.
La voz de alarma se
ha traducido en un informe de actuación, un mecanismo que prevé el decreto
9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las
empresas de la Junta de Andalucía en aquellos casos «en que los responsables de
la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las
deficiencias observadas» o si se apreciaran «circunstancias que, por su
importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos». Éste es el
supuesto que concurre en este caso.
Entre las prácticas
irregulares que puso de manifiesto el interventor destacan la concesión y
justificación de subvenciones «sin cumplir los requisitos establecidos en la
normativa reguladora», «la falta de cumplimiento del deber de exigir el
reintegro a las entidades beneficiarias por las cantidades percibidas y no
justificadas adecuadamente», así como «no establecer sanciones por las
infracciones cometidas».
Las fuentes de la
Consejería de Hacienda dijeron que el órgano gestor -la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio, a la que nuevamente vuelven a estar adcritas las
competencias en materia de formación profesional para el empleo- ha asumido «a
rajatabla» todas las recomendaciones formuladas por el órgano de fiscalización.
Este periódico ha podido conocer que, de momento, ha eludido exigir
responsabilidades pese a la gravedad de las deficiencias detectadas.
En su informe
especial sobre las subvenciones para formación profesional para el empleo
(2009-2012), fechado el 3 de junio de 2014 y que obra ya en el sumario del
fraude de la formación que instruye el juzgado del que era titular hasta ahora
Mercedes Alaya, el interventor provincial en Huelva incluyó un párrafo de
énfasis en el que no sólo advertía de menoscabo de fondos públicos sino también
de circunstancias que justificaban «la necesidad de plantear la exigencia de
posibles responsabilidades» de naturaleza administrativa.
Concretamente,
invocaba la concurrencia de hasta tres de los seis supuestos que el Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
tipifica en su artículo 109 como infracción: «Administrar los recursos y demás
derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía sin sujetarse a las
disposiciones que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en la
Tesorería», «dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al
expedir documentos en virtud de funciones encomendadas» y «no rendir las
cuentas reglamentarias exigidas, rendirlas con notable retraso o presentarlas
con graves defectos».
Según la citada
norma, las autoridades y el personal funcionario y laboral al servicio de la
Junta de Andalucía que, «por dolo, culpa o negligencia graves, ocasionen
menoscabo en los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones
contrarias a las disposiciones» legales estarán obligados a «la indemnización
de daños y perjuicios». Y ello con independencia de las responsabilidades penal
o disciplinaria que pudieran corresponder.
Las conclusiones
del informe de la Intervención provincial en Huelva son demoledoras. De
entrada, pone de manifiesto «una falta de rigor en la adjudicación y gestión de
las subvenciones y, especialmente, en su posterior control del cumplimiento de
la finalidad de las mismas».
También detectó la
«práctica generalizada» de que se impartieran los cursos para desempleados por
parte de «entidades locales y empresas privadas», cuando la orden reguladora
reservaba esa actividad a organizaciones empresariales y sindicales.
Igualmente, la
Intervención constató «un importante retraso» por parte del SAE en el examen de
la documentación justificativa, lo que explicaba la ausencia de justificación
en el 62 por ciento de los expedientes seleccionados en la muestra.
Hubo una
«deficiente verificación» de la documentación justificativa entregada por el
beneficiario de la subvención y se dieron subvenciones a entidades que tenían
otras anteriores por justificar.
Entre las
irregularidades, también llamaba la atención sobre la «práctica reiterada» por
parte del SAE de «iniciar expedientes de reintegro sin darle continuidad al
procedimiento», lo que posibilita «su caducidad y posterior prescripción».
Y, como última
conclusión, el interventor en Huelva ponía de manifiesto que ninguno de los
expedientes con compromiso de recolocación incluido en la muestra analizada
derivó en contrato para los trabajadores «en las condiciones establecidas en la
resolución».
El informe de
actuación por las irregularidades en los cursos de formación es al menos el
tercero que emite la Intervención General desde que la socialista Susana Díaz
asumió la presidencia de la Junta en septiembre de 2013, si bien todos vienen
motivado por decisiones adoptadas antes de que la actual inquilina de San Telmo
alcanzase la jefatura del Ejecutivo autonómico.
El 26 de febrero de
2014, la Intervención emitió dos de una tacada: uno por sendos avales de 1,5
millones cada uno concedidos a las empresas A Novo Comlink y Dolmen Consulting
Inmobiliario en 2009 y otro tras alterarse un convenio que posibilitó convertir
en una ayuda a fondo perdido un crédito reembolsable de 36,1 millones a
Santana.
Como la Consejería
de Empleo ha aceptado las recomendaciones formuladas por la Intervención, la
Consejería de Hacienda no tendrá que elevar el informe de actuación al Consejo
de Gobierno. Es lo que hubiera tenido que hacer en caso de disconformidad para
que se resolviera la eventual discrepancia.
Regulado desde el
año 1999, el informe de actuación es un mecanismo legal con escasos precedentes
en la Administración autonómica que ha cobrado una notable notoriedad pública a
raíz de estallar el caso de los ERE fraudulentos.
El ex presidente
José Antonio Griñán se escuda en que el interventor no llegó a emitirlo, es
decir, que no llegó hasta el último extremo en sus advertencias y que, por
ello, ni conoció los informes que aquél remitió a su departamento ni sus
subordinados creyeron que hubiera nada a lo que poner remedio. Es el pretexto
para justificar su pasividad ante las sucesivas alertas de la Intervención.
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