¿Todo sea por dar de comer a la familía?
Tras la
investidura fallida
La ley impide la paralización de la Junta
con la que amenaza Díaz
- No peligran ni la organización del curso escolar ni la cobertura de bajas en el SAS
Contra los temores que quieren extender la Junta y el PSOE
andaluz entre la ciudadanía, el bloqueo temporal o incluso
definitivo de la investidura de la presidenta del Gobierno autonómico aún en
funciones, la socialista Susana Díaz, no debería tener influencia sobre el
normal desarrollo de la vida regional. Mantener
lo contrario, hasta el punto de llegar a vincular la organización del próximo
curso escolar o la cobertura sanitaria del verano a la proclamación de Díaz
como presidenta hasta 2019 por parte del pleno del Parlamento andaluz, es
amenazar
directamente con hacer dejación de funciones, lo que supondría una vulneración
flagrante de la legislación regional.
Coincidiendo con el
primer día de la campaña electoral de las municipales de dentro de dos semanas,
la líder autonómica socialista ha sorprendido con unas declaraciones en las que
alerta de los graves efectos prácticos que supone o podría acarrear en el
futuro inmediato la negativa de los cuatro partidos de la oposición andaluza
(PP, Podemos, Ciudadanos e IU) a apoyarla o abstenerse en las dos primeras
votaciones ya celebradas para que el PSOE comience a gobernar en minoría.
«La gente no puede entender que pase un día, otro, y los
jóvenes esperando para las becas del B1 [ayudas a los estudiantes
universitarios para el título de idiomas obligatorio para terminar el grado], y
los mayores esperando para los ascensores, y teniendo que programar el curso
escolar 2015-2016 o el período estival en la sanidad andaluza. Nadie entiende
que, con todo eso por delante, estemos pasando un día tras otro», aseguró Susana
Díaz el viernes durante una entrevista que concedió al programa televisivo Al
rojo vivo de La Sexta.
Es un
salto cualitativo: por primera vez desde que los andaluces votaron el pasado 22
de marzo, la presidenta en funciones condiciona directa y expresamente
al desbloqueo de su investidura el normal desenvolvimiento de servicios
públicos esenciales de la Junta de Andalucía como la sanidad y la educación.
Y lo hace conociendo que el
artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía imposibilita ese supuesto desamparo administrativo
de los estudiantes y enfermos andaluces por el que
urge al resto de formaciones a apoyarla parlamentariamente.
Según el tercer epígrafe de la ley mencionada, el Ejecutivo en
funciones que preside Susana Díaz está obligado «al despacho ordinario de los
asuntos públicos de su competencia», pudiendo incluso adoptar decisiones
extraordinarias en «casos de urgencia o interés general debidamente
acreditados». Nadie
duda de que tanto la preparación del curso escolar como la cobertura médica de
verano son, a estas alturas del año, las actividades ordinarias de las
consejerías de Educación y Salud, respectivamente, así que ni Luciano Alonso ni
María José Sánchez Rubio pueden aducir que estén a la espera de que el
Parlamento dé luz verde a la presidenta para iniciar unas planificaciones muy
modulables conforme al interés general.
El dramatismo de Díaz, por tanto, cuanto menos resulta muy
exagerado. Lo que real y únicamente no
se puede hacer desde el Palacio de San Telmo a día de hoy está tasado en los
puntos cuarto y quinto del mismo artículo 37 de la Ley del Gobierno de la
Comunidad Autónoma: así, la presidenta
en funciones no puede crear, suprimir o modificar consejerías de la Junta ni
designar o separar a sus titulares o a los viceconsejeros; no puede disolver el
Parlamento; y tampoco puede plantear una cuestión de confianza. Por su parte,
el Consejo de Gobierno no puede aprobar un nuevo presupuesto para la Junta ni
presentar proyectos de ley a la Cámara autonómica.
No hay, por tanto, ninguna
cortapisa legal o parlamentaria para que la Junta otorgue becas universitarias
y apruebe el próximo martes un decreto con las ayudas para cumplir la vieja
promesa que arrastra desde tiempos de Chaves de contribuir a la instalación de
ascensores, ni para que la Consejería de Educación programe el curso escolar o
la de Salud cubra las bajas vacacionales de los profesionales sanitarios y
hasta mejore la cobertura estival del SAS.
La propia actuación del Gobierno andaluz deja en evidencia el
discurso tremendista de Susana Díaz
tras perder la segunda votación en el pleno de la Cámara autonómica. Basta simplemente con
recordar los motivos esgrimidos el pasado 31 de marzo por el consejero de
Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para mantener en el cargo a la delegada
provincial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, la socialista Manuela
Gómez, la misma que tras el 22-M envió vía correo electrónico una carta de
felicitación, con membrete y sello de la Administración autonómica, a
funcionarios de su cargo por la victoria del PSOE-A.
«Ella ha reconocido su error públicamente, ha puesto su
cargo a disposición y ha dicho que no quería repetir en el mismo. Y como en
estos momentos la prioridad y lo que nos ocupa es un proceso de matriculación y
puesta en marcha del próximo ejercicio educativo, no creemos oportuno que la delegada provincial sea cesada
en estos momentos, aunque no volverá a repetir en el cargo», justificó el número dos del Gobierno andaluz,
ratificando la importancia de la labor de los cargos en funciones que ahora
niega el mismo Ejecutivo.
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