Los hechos hablan =
El “Régimen andaluz”
La 'sondeocracia' se ha impuesto. Es decir, gobernar o interpretar
la realidad a la luz de encuestas hechas con escasos medios y dudosa fiabilidad. Los
adelantos electorales tienen mucho que ver.
La realidad de las encuestas no
tendría mayor importancia si no fuera porque, incluso, influyen de forma
decisiva en la acción de Gobierno. Hasta el punto de que determinadas decisiones -como el adelanto
electoral en Andalucía- se adoptan en función de simples expectativas
demoscópicas.
Trias y Mas, en un acto de la campaña electoral para las
municipales. (Efe)Ya Montesquieu advirtió de ello cuando afirmaba que “una experiencia eterna nos ha enseñado que
todo hombre investido de poder abusa de él. No hay poder que no incite al
abuso, a la extralimitación”. Y eso es, precisamente, lo que hizo Susana Díaz
cuando decidió el adelanto electoral por razones de oportunismo político. No hizo otra cosa que comportarse como un monarca absolutista
simplemente por un cálculo electoral basado en las encuestas
Sólo en los regímenes
autoritarios se convocan elecciones para sacar réditos electorales.
La ‘sondeocracia’
y el honor perdido de Susana Díaz
CARLOS SÁNCHEZ
La 'sondeocracia' se
ha impuesto. Es decir,
gobernar o interpretar
la realidad a la luz de encuestas hechas con escasos medios y dudosa fiabilidad.
Los adelantos electorales tienen mucho que ver
Lleva razón Cayo Lara cuando sostiene -con fino análisis de
la realidad- que España se está convirtiendo en una ‘sondeocracia’.
Detrás del palabro se esconde una evidencia. Pese a
que el rigor de la mayoría de las encuestas es cercano al cero -por falta de
medios económicos y por la ausencia de antecedentes históricos sobre el
comportamiento de los votantes de Podemos y Ciudadanos o de otras fuerzas
recién creadas-, el debate político y
mediático gira alrededor de los sondeos.
Los periódicos y alguna emisora de radio llenan páginas y
páginas y horas de programación con presuntos resultados pergeñados simplemente
a partir de unos centenares de encuestas telefónicas dirigidas a un vasto
territorio (con estructuras socioeconómicas muy distintas) y en el que están
llamados a votar casi 35 millones de electores.
El resultado se traduce en una democracia imperfecta
construida a partir de supuestas expectativas electorales a las que se concede
un rigor del que carecen, y que en muchos casos parecen estar inspiradas por
algunos ejecutivos del Ibex. El problema no hubiera ido a mayores, si no fuera
porque, precisamente, esas encuestas determinan y condicionan el voto de forma
significativa. Hasta el punto de que el
elector (que como el Tribunal Constitucional ha dictaminado es distinto al votante)
se siente influido de forma determinante por el resultado de las encuestas. Los propios partidos
políticos utilizan sus resultados de forma pueril en beneficio propio. E
incluso, llaman al voto útil, como ha hecho recientemente Pedro Sánchez, a la
luz de encuestas de dudosa reputación intelectual, lo cual es de aurora boreal.
Los periódicos llenan
páginas con presuntos resultados pergeñados simplemente a partir de unos
centenares de encuestas telefónicas
Detrás de este comportamiento se encuentra, sin duda, la existencia de
una democracia todavía poco consolidada que se deja arrastrar por modas o por
tendencias mayoritarias. Algo que explica que,
al contrario de lo que sucede en otros países del centro y del norte de Europa, no existan en
España partidos medianos o pequeños (salvo IU y
ERC) que respondan
a un perfil ideológico claro, y que en las democracias parlamentarias cumplen un papel
esencial como partidos bisagra. Es decir,
partidos vinculados, por ejemplo, al mundo agrario, a las clases profesionales
urbanas o al liberalismo en el sentido clásico del término. Por lo tanto,
partidos que responden a grupos de presión afines nacidos con el legítimo
interés de influir en la cosa pública.
En España, por el contrario, las corrientes del voto se construyen
a partir de modas, lo que revela un hecho verdaderamente inusual. La
proliferación de amplias mayorías parlamentarias, lo que en principio es
incoherente con un sistema electoral que el legislador constituyente quiso que
fuera cercano a la proporcionalidad.
Vientos de cambio
Es sorprendente, en este sentido, que de las 11 elecciones
generales celebradas en España desde 1977, en cuatro de ellas el partido ganador obtuviera una clara
mayoría absoluta, mientras que en otra -las elecciones celebradas en 1989- le
faltó a Felipe González apenas un escaño que fue compensado con la ausencia de
los diputados de Herri Batasuna del hemiciclo. Es decir, que casi en la mitad de las
elecciones generales ha habido mayorías absolutas, lo que explica la consolidación
del bipartidismo. Hay una expresión en
castellano que resume bien este fenómeno: ‘Donde va la gente, va Vicente’.
A partir de esta evidencia empírica (las modas políticas) se
puede entender la importancia que tienen las encuestas, sobre todo en momentos de
transformación como los actuales, en
los que el hartazgo de muchos ciudadanos con los partidos mayoritarios hace
pensar que el ciclo electoral traerá vientos de cambio.
España debe ser el único país del mundo en el que entre marzo
y diciembre se vayan a celebrar cuatro elecciones, algo que contamina la vida
política
La realidad de las encuestas no
tendría mayor importancia si no fuera porque, incluso, influyen de forma
decisiva en la acción de Gobierno. Hasta el punto de que determinadas decisiones -como el adelanto
electoral en Andalucía- se adoptan en función de simples expectativas
demoscópicas.
No es un asunto baladí. Cualquier adelanto
electoral es un fracaso del gobernante de turno y en ocasiones del resto de
partidos, y ese escenario necesariamente retrotrae a la época del absolutismo
monárquico, cuando el rey disolvía de
forma caprichosa el parlamento para cimentar su poder a costa de la soberanía
popular.
Es por eso, precisamente, por lo que en los sistemas democráticos la
convocatoria de elecciones está ciertamente tasada y sólo caben adelantos
electorales en circunstancias excepcionales. De lo contrario, sería como dar una ventaja de salida a
quienes detentan el poder respecto de sus adversarios, lo cual es incompatible
con el parlamentarismo democrático. Como han puesto de relieve muchos estudios,
durante la Monarquía isabelina, tanto los moderados como los progresistas
aceptaron que la formación y el cese del
Gobierno era una prerrogativa que la Corona -ahora los jefes de Gobierno autonómicos-
debía ejercer libremente.
Trias y Mas, en un acto de la campaña electoral para las
municipales. (Efe)Ya Montesquieu advirtió de ello cuando afirmaba que “una experiencia eterna nos ha enseñado que
todo hombre investido de poder abusa de él. No hay poder que no incite al
abuso, a la extralimitación”. Y eso es, precisamente, lo que hizo Susana Díaz
cuando decidió el adelanto electoral por razones de oportunismo político. No hizo otra cosa que comportarse como un monarca absolutista
simplemente por un cálculo electoral basado en las encuestas.
No es, desde luego, la única que ha cometido esa tropelía. El hecho de que en Cataluña se vayan a celebrar
este año las terceras elecciones en cinco años revela la fragilidad del sistema
político. Y lo que es peor, pone de
manifiesto la utilización de un mecanismo extraordinario con fines de
supervivencia política. En Galicia o en
el País Vasco, en el pasado, han sucedido cosas parecidas.
Así es como, de
manera tan torticera, se ha llegado a una situación verdaderamente
incomprensible en términos democráticos: el encadenamiento de elecciones, lo cual dificulta por
razones obvias la gobernabilidad del país.
España debe ser el único país del mundo en el que entre marzo
y diciembre se vayan a celebrar cuatro elecciones (andaluzas, autonómicas y
locales, catalanas y generales). Algo que necesariamente contamina la vida política. El tacticismo es tan acendrado y hasta
descomunal que, incluso, en algunos partidos las elecciones primarias -en vez
de estar tasadas con fechas cerradas para salvar la neutralidad política- se
convocan sólo cuando mejor conviene al líder, algo que va contra la propia
esencial del sistema de elección de los dirigentes.
Es por eso que no parece desencaminada la idea que circula ya en
algunos cenáculos de alcanzar un pacto constitucional entre todos los partidos
políticos para evitar el encadenamiento de elecciones. O al menos, hacer algo que se realiza en los países
civilizados políticamente, donde se celebran comicios a mitad de mandato, como
EEUU, que algo sabe de democracia. Precisamente, como un instrumento de control
del Ejecutivo.
¿Alguien cree que el PP hubiera hecho la misma política si
en 2013 se hubieran celebrado las elecciones territoriales? ¿Tiene algún
sentido bloquear el funcionamiento de las instituciones simplemente por un
electoralismo barato? Sólo en los regímenes autoritarios se convocan elecciones
para sacar réditos electorales.
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