Proceso judicial por la adjudicación de Aznalcóllar. Ecologistas personados en el 'caso Aznalcóllar' apuntan a Susana Díaz
- «No temeremos llevar a la presidenta de la Junta ante el Tribunal Supremo», avisan
- Ecologistas en Acción ya es parte en la investigación judicial por la adjudicación de la mina.
Concesión mina. La juez investiga más
concesiones a la adjudicataria de Aznalcóllar
- Ordena indagar otras adjudicaciones a Magtel tras la denuncia de un funcionario
Proceso judicial por la adjudicación de Aznalcóllar
Ecologistas
personados en el 'caso Aznalcóllar' apuntan a Susana Díaz
- «No temeremos llevar a la presidenta de la Junta ante el Tribunal Supremo», avisan
- Ecologistas en Acción ya es parte en la investigación judicial por la adjudicación de la mina
La adjudicación de la mina de
Aznalcóllar se le complica cada día más a Susana Díaz.
La presidenta del gobierno andaluz y gran impulsora
de la reapertura de la explotación minera en el municipio sevillano tras el
vertido de 1998 podría ser incluida en una próxima denuncia penal de los
ecologistas por las supuestas graves
irregularidades detectadas en el concurso que ganó Minorbis-Grupo México e
impugnó la perdedora, Emerita Resources.
La asociación Ecologistas en Acción, que se ha personado este
viernes en el proceso
abierto por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia
Fernández, y este lunes pedirá la documentación sobre el caso, advirtió ayer de que si
hallan indicios de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de
influencias y negociación ilegal que denunció Emerita ante la juez, no se
conformará con pedir responsabilidades a la directora general de Minas, sino
que acusarán también a sus superiores hasta
llegar hasta la presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces.
«No temeremos actuar
contra la presidenta de la Junta de Andalucía y llevarla ante el Tribunal
Supremo, porque ella ha sido la impulsora de la demencial política minera», dijo a EL MUNDO el responsable regional de
la sección sobre minería de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, avanzando así
la postura de máximos que llevará su organización como acusación popular en el
caso Aznalcóllar. Hipotéticamente,
si Ecologistas pidiera la imputación de Díaz y la jueza la admitiera, ésta
tendría que derivar el caso al Tribunal Supremo para que tomara declaración a
la líder socialista, aforada como diputada andaluza.
«Estaba enterada»
Ramos sostiene que si ha habido irregularidades o se han
cometido delitos en la adjudicación de la mine a la unión formada por Minorbis
(participada por la andaluza Magtel, perceptora de ayudas millonarias de la
Junta) y su socio internacional, Grupo México, tienen que responder de ello
la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, pero también el secretario general de Innovación,
Industria y Energía, Vicente Fernández;el consejero de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José
Sánchez Maldonado, y la presidenta.
Considera el responsable de minas de Ecologistas en Acción
que todos ellos estaban informados del concurso por su gran
relevancia,
pues Susana Díaz hizo de la reapertura de la mina
una de sus grandes apuestas políticas, como
exponente de la reactivación económica en una zona con alto índice de paro.
Díaz anunció el miércoles la paralización «temporal» y por «prudencia»
de la adjudicación de Aznalcóllar, tras el auto judicial (adelantado el lunes por este
periódico) que ordenaba a la Policía investigar y tomar declaraciones.
Díaz defendió que la adjudicación se había regido
bajo el criterio de los funcionarios técnicos de la mesa de contratación, sin, por tanto, intervención política suya en un sentido u
otro. Pero el responsable de Ecologistas en Acción sostiene que «la presidenta
estaba enterada» de los entresijos del pulso entre Minorbis-Grupo México y
Emerita.
El 25 de febrero la
Junta adjudicó la explotación a Grupo México, un mes antes de las elecciones
autonómicas que Susana Díaz adelantó para el 24 de marzo. El día siguiente, 26 de febrero, la
empresa perdedora, que acusa a la Junta de trato de favor a la ganadora,
presentó una denuncia penal. Díaz despachó entonces el nuevo pleito (no una impugnación administrativa ante la Junta por
cuestiones técnicas, sino una denuncia por delitos de corrupción) como una simple «peleíta entre empresas». La jueza,
en vez de archivar la grave denuncia, apreció en ella indicios de veracidad, y así el caso le ha explotado a la presidenta en funciones en su peor
momento, cuando negociaba esta semana su investidura. Ciudadanos y Podemos, de quienes depende que el PSOE siga
gobernando, suspendieron los contactos hasta que se aclare el asunto.
En la rueda de prensa en que informó de la paralización de
la adjudicación junto a su directora de Industria y el secretario general de la
Consejería, Díaz defendió la «total limpieza» del concurso y el rigor de la
mesa de contratación.
La directora de Minas reitera su 'máxima
colaboración' y niega haber ido ya a la Policía
La directora General de Industria, Energía y Minas de la
Junta, María José Asensio Coto, ha reiterado su disposición a ofrecer su
«máxima colaboración» con la Justicia en la actuación iniciada por la juez de
Instrucción 3 de Sevilla acerca de la adjudicación de la reserva minera de
Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México. Fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta dijeron ayer a Europa Press que la directora general
«aún no ha sido llamada a declarar» ante la Policía y «tampoco le ha llegado
aún la notificación para ello». Respondían
así a la información de ayer de EL MUNDO de que Asensio pasó el viernes por la
sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, algo que niegan en la
Consejería. Las mismas fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que la
citación está prevista según el auto emitido por la juez, quien ha pedido a la
Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la
Policía Nacional que tome declaración a Asensio Coto.
Concesión mina
La juez investiga más concesiones a la
adjudicataria de Aznalcóllar
- Ordena indagar otras adjudicaciones a Magtel tras la denuncia de un funcionario
La juez que instruye la causa por el supuesto amaño en el
concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar ha ampliado la investigación
más allá de la adjudicación concreta de los derechos mineros que la Junta de
Andalucía resolvió el pasado marzo, en plena precampaña electoral.
La magistrada
Patricia Fernández ha
dado instrucciones a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal
(Udef) del Cuerpo Nacional de Policía para que examine
detalladamente otras adjudicaciones por parte de los sucesivos gobiernos
socialistas en la comunidad a la empresa Magtel, que está detrás del consorcio que ha ganado el concurso de
Aznalcóllar y que tiene estrechos vínculos con la Administración andaluza,
incluyendo a
un ex alto cargo al que fichó como asesor externo tras su paso por varias
consejerías.
La decisión de la juez viene motivada por un escrito recibido en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla que
firma un funcionario de la propia Junta de Andalucía, que pone de manifiesto
otras supuestas irregularidades en concesiones al grupo cordobés Magtel.
El escrito de
este funcionario, al
que ha tenido acceso este periódico, pone el foco en las adjudicaciones que en
los últimos años le ha dado la Junta de Andalucía a Magtel a través del
conglomerado de empresas y agencias públicas que los sindicatos denominan la
'Administración paralela' y en la que los controles son menos rigurosos.
Empresas pantalla
Por ejemplo, este
funcionario señala
varios contratos otorgados por la empresa pública Sandetel a Magtel por
importes millonarios.
Asimismo, indica el denunciante,
que durante cuatro años estuvo destinado en la antigua
Consejería de Innovación -hoy englobada en el
departamento responsable del concurso de Aznalcóllar-, que Magtel podría haber
resultado beneficiada de concesiones a través de "empresas pantalla"
tras las que figurarían "hombres de paja" para despejar dudas y
evitar sospechas.
La magistrada ha tomado buena nota de todo esto, según se desprende de una providencia dictada
a finales del mes de abril en la que acuerda unir a las
actuaciones el escrito de este funcionario y ordena a la Udef que "se realicen las
averiguaciones oportunas".
Al mismo tiempo,
la Policía Nacional está cumpliendo la orden incluida en el auto del pasado día
7 y ha tomado esta semana
declaración -con lectura de derechos y abogado
incluidos- a los miembros de
la comisión técnica que participaron en el proceso de adjudicación de
Aznalcóllar.
Ayer mismo pasó por la
sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla la directora general de
Minas, María José Asensio, a la que la juez Fernández señala como una
de las principales responsables de las numerosas irregularidades detectadas en
el concurso.
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