La defensa del ex presidente andaluz cambia de estrategia
- El ex presidente andaluz trata de demostrar que el Parlamento validó el sistema de los ERE
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Prioridad uno; evitar la responsabilidad penal; ¿es personal?
Junta de Andalucía = La Casa del Coño de la Bernarda; donde todos daban puntada y nada tenían que ver con lo que se tejía....¿¿???
La defensa del
ex presidente andaluz cambia de estrategia
Griñán pasa al
contraataque en el Tribunal Supremo
- El ex presidente andaluz trata de demostrar que el Parlamento validó el sistema de los ERE
La defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José
Antonio Griñán ha pedido al magistrado que instruye la causa especial de los
ERE en el Tribunal Supremo que reclame a la juez Alaya
documentos que acreditan que los parlamentarios contaban con toda la
información necesaria cuando aprobaban las leyes de presupuestos, en las que
figuraban la partida presupuestaria para el pago de prejubilaciones.
En el alto tribunal se libra una batalla crucial que
determinará el futuro procesal de los cinco aforados -los ex presidentes Manuel
Chaves y José Antonio Griñán, y los antiguos consejeros José Antonio Viera,
Gaspar Zarrías y Mar Moreno- contra los que abrió causa por su presunta
responsabilidad en los hechos que investiga la titular del Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla desde 2011.
En un escrito de 54 páginas presentado el pasado martes, la
defensa de Griñán trata de combatir algunos de los postulados que mantienen los
peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y en
los que se basa la tesis incriminatoria de Alaya.
Así,
los interventores sostienen que el Parlamento fue inducido a error al
elaborar las leyes de presupuestos y que la documentación que se le adjuntaba
«no permitía detectar con claridad cuál era el órgano concedente de las
subvenciones y, en consecuencia, cuál era la partida presupuestaria adecuada a
utilizar».
Días después de que los peritos de la IGAE se ratificaran en
sus conclusiones ante el Supremo, el abogado de Griñán
trata de desacreditar las acusaciones de los interventores y demostrar que la
Cámara autonómica validó el sistema de los ERE año tras año.
Miles de
documentos sin aportar
Para ello, solicita al magistrado Alberto Jorge Barreiro que
reclame a Alaya el envío de miles de folios que se encuentran a disposición de
las partes en Sevilla pero que no han sido aportados a la causa especial que
instruye el alto tribunal.
La defensa sostiene que esa
documentación demuestra que el destino de cada partida presupuestaria destinada
a ayudas sociolaborales estaba establecido desde el principio y eran conocidas
y aprobadas por la Cámara autonómica en la Ley de Presupuestos. «No es posible
tachar una partida presupuestaria aprobada por ley en el Parlamento de
arbitraria o irregular», se defiende el
ex presidente andaluz.
Mohedano recuerda que, a través
de la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la
memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la Cámara de
Cuentas, quedaba delimitado el proceso de transferencias de financiación [el mecanismo presupuestario por el que se
traspasaban fondos a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
para el pago de las ayudas concedidas previamente por la Consejería de Empleo] con las que buscaba sufragar «la política de ayudas a
prejubilaciones en empresas con dificultades» y favorecer el «mantenimiento del
empleo y del tejido productivo andaluz».
En su escrito, la defensa de Griñán solicita también que el
instructor del Supremo reclame a Mercedes Alaya el informe firmado por la
letrada jefe de la Cámara de Cuentas sobre fiscalización de las ayudas
sociolaborales, en el que ésta defendió un criterio contrario al que mantienen
los interventores de la IGAE y «absolutamente coincidente» con el de los
peritos de parte. Los catedráticos de Derecho
Tributario y Financiero Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lago
consideran ajustados a derecho los procedimientos seguidos para la
autorización, ejecución y control de los gastos financiados con cargo al
programa de ayudas sociolaborales.
Por su parte, la defensa del ex consejero Gaspar Zarrías también ha
reclamado que se incorpore a la causa que se ve en el Supremo la misma
documentación que pide Griñán. En el
escrito, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda desvincula a su cliente de
cualquier «entramado corrupto» y se desmarca de la tesis exculpatoria de que la
Junta lo hiciera «todo bien».
«Es evidente que la Junta, visto lo sucedido, pudo haber
extremado sus cautelas, prevenciones y controles», mantiene el escrito. Y
añade: «[Zarrías] no fue cómplice de las eventuales desviaciones de fondos que
pudieron cometerse en la gestión de ayudas, ni participó en el montaje de
ningún sistema a promover dichas desviaciones de fondos públicos».
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