Los hechos ya han hablado....
¿Por qué existe y para que se crea la Administración
paralela? = 3 grabaciones: La Junta
colabora con quien colabora; sistema Sabelete- Invercaria: los limites se han
roto, no existe estado de Derecho, ni legalidad; esto es jauja, en Andalucía
¿todo vale....? ¿Qué dirá el TS y el TSJA? ¿Las Sentencias
sobre la Reordenación del Sector Público, “son de contenido imposible” = sin procesos selectivos no hay Empleados
Públicos; nuestro ordenamiento jurídico- constitucional
no permite el “acceso digital” al Empleo público = “Aunque la mona la
vistan de seda, mona se queda”
Tres grabaciones que desenmascaran el clientelismo de la Junta de Andalucía; los hechos han hablado y las piezas ya encajan; no actuar y permitir la continuidad del Régimen; hará cómplice al partido, que lo permita ¿¿???
De lectura inexcusable.
- Artículo “Dame pan y dime tonto” : A mi entender, si algo demuestran los resultados de las recientes elecciones andaluzas es que la red clientelar tan cuidadosamente construida por el partido en el poder basta para mantener cautivos un tercio de los votos, lo que unido a la ley d'Hont asegura, si no la mayoría absoluta, sí una mayoría suficiente para gobernar con una más o menos disimulada connivencia de cualquier partido que pretenda participar de los beneficios del sistema........ Todo esto no se ha producido por casualidad ....... Habrá que ver lo que sucede en un futuro próximo, cuando la Unión Europea exija el reintegro de los fondos para formación defraudados y empiece a escasear el dinero público con que se engrasa el sistema. Yo preveo.....
- Recordando: Artículo “Empleados Públicos.” De un tiempo a esta parte, los responsables políticos de la Junta de Andalucía han dejado de utilizar en sus declaraciones el claro y preciso término «funcionarios» sustituyéndolo por el mucho más vago de «empleados públicos». .......... aclarar el significado de uno y otro y señalar lo que puede haber detrás de esa aparentemente inocente innovación lingüística..... ¿discriminaciones y trato de favor para la administración paralela? ......... Por otra parte, la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha aprovechado recientemente la turbiedad del término «empleados públicos» para disimular el trato de favor que reciben los integrantes de la administración paralela. Así, ha declarado que «todos los empleados públicos recuperarán en 2015 parte del dinero congelado en ejercicios presupuestarios anteriores, incluidos los trabajadores de entes instrumentales». La declaración es tendenciosamente inexacta; los «trabajadores de los entes instrumentales», es decir, los nombrados a dedo por los políticos, recuperarán el 5% que les bajó, es decir, que recuperarán la totalidad de los recortes salariales que han sufrido. Y es preciso insistir en que sus sueldos son absolutamente opacos. Los funcionarios, no. Los funcionarios recuperarán tan sólo la parte de sus pagas extraordinarias que, según los tribunales de justicia, la Junta de Andalucía les arrebató de forma ilegal. Es decir, tan sólo un 24,04% de los recortes que han sufrido desde el comienzo de la crisis. .......... Detrás de esos términos tan innovadores, tan inclusivos y tan igualitarios que tanto les gustan, casi siempre se esconden antiquísimas discriminaciones que benefician a unos enchufados sin cuya colaboración no podrían sacar adelante sus corruptelas por culpa de los funcionarios.
Dame pan y dime
tonto.
GONZALO
GUIJARRO. 09/04/2015
La red clientelar basta
para mantener cautivos los votos que aseguran una mayoría suficiente
A mi entender, si algo demuestran los resultados de las
recientes elecciones andaluzas es que la red clientelar tan cuidadosamente
construida por el partido en el poder basta para mantener cautivos un tercio de
los votos, lo que unido a la ley d'Hont asegura, si no la mayoría absoluta, sí
una mayoría suficiente para gobernar con una más o menos disimulada connivencia
de cualquier partido que pretenda participar de los beneficios del sistema.
La ley d'Hont, que favorece al
partido más votado, tuvo inicialmente el sentido de facilitar la gobernabilidad
de un país que comenzaba entre grandes dificultades y riesgos una andadura
democrática. Al
cabo de más de treinta años, sin
embargo, su
aplicación en la ley electoral andaluza
sólo sirve para mejorar el rendimiento
político de la red clientelar de la Junta.
De la eficacia del funcionamiento de esa red no cabe duda, pues resulta sorprendente que, al mismo tiempo que la corrupción aparece en
las encuestas como uno de los
principales motivos de preocupación de los ciudadanos andaluces, un tercio de los votos de esos mismos ciudadanos
vayan a un partido que tiene imputados en gravísimos casos de corrupción a un
número escalofriante de sus dirigentes. A un partido que, además,
continúa haciendo todo lo posible por dificultar la
instrucción de los sumarios y que ha blindado con aforamientos a los máximos
responsables de esa corrupción.
La red clientelar basta
para mantener cautivos los votos que aseguran una mayoría suficiente
Evidentemente, a buena
parte de esos ciudadanos la corrupción no les preocupa más que de boquilla;
en realidad, se sienten beneficiados por el tinglado, aunque de forma poco confesable. Los
más de treinta mil enchufados de la administración paralela, los
seudoempresarios receptores de subvenciones sin control, los beneficiarios de
los ERE fraudulentos, los sindicalistas que se gastan el dinero público en
comilonas, los organizadores de cursillos inexistentes, los perceptores
vitalicios de subsidios y los funcionarios que se pliegan a la arbitrariedad
de los políticos a cambio de injustificables ventajas, más buena parte de
las familias de todos ellos, son los interesados en mantener el corrupto régimen
imperante.
Todo esto no se ha producido por casualidad; al 'cliente' de la
red andaluza se le cría desde su más tierna infancia para ese fin, sometiéndolo a un sistema de enseñanza que le
impide adquirir, por un lado, la capacidad de pensamiento abstracto necesaria
para desarrollar un espíritu crítico, y por otro, los conocimientos precisos
para competir con eficacia e independencia en un mercado de trabajo libre. Para
lograr esto, previamente se ha colonizado el sistema de enseñanza con una turba de asesores y pedagogos que, blindando
sus perniciosas maquinaciones con palabras como 'integración', 'solidaridad' o
'igualitarismo', impiden su normal funcionamiento. El igualitarismo y la supuesta solidaridad con los más
incapaces o haraganes son la coartada bajo la que se impide a los capaces y a
los voluntariosos desarrollar sus talentos. El acoso a los maestros y profesores que todavía intentan
mantener en sus clases los principios constitucionales de mérito y capacidad
completa la eficacia del sistema.
El triste fruto de esas
políticas perversas es un porcentaje suficiente de individuos convencidos de su
derecho a recibir unas titulaciones que, de hecho, no acreditan formación real
alguna; un porcentaje suficiente de individuos que, después, acostumbrados
como están a
recibirlo todo sin mérito ni esfuerzo, ingresarán con naturalidad, sin sombra de
remordimiento, en la vasta red de amiguismos, subsidios y fingimientos que
mantiene el régimen andaluz. Para eso
basta con que hayan aprendido las machaconas y vacías consignas de lo
políticamente correcto, que es con lo que se les ha bombardeado en las aulas, y
digan públicamente lo correcto al tiempo que votan secretamente a los que los
han convertido en 'clientes', a los untuosos defensores de los incapaces
titulados que ellos mismos producen.
El sistema clientelar lleva funcionando más de treinta años, pero con
rendimientos decrecientes. Estos
últimos años ha funcionado gracias a miles
de millones de euros dilapidados en las hueras instituciones de la
administración paralela y en la fraudulenta subvención de ERE y cursos de
formación ilusorios cuya inexistencia
no parece haber escandalizado a muchos de sus supuestos beneficiarios. Habrá que ver
lo que sucede en un futuro próximo, cuando la Unión Europea exija el reintegro
de los fondos para formación defraudados y empiece a escasear el dinero público
con que se engrasa el sistema. Yo preveo multitudinarias manifestaciones callejeras,
orquestadas desde el poder político y los sindicatos, en las que se clamará contra
la cicatería de Bruselas y en defensa de la dignidad de los ciudadanos
andaluces.
* Gonzalo Guijarro es
profesor jubilado y escritor
Empleados
públicos.
Tras esos términos tan innovadores casi siempre se esconden
discriminaciones.
GONZALO GUIJARRO . 22/11/2014
De un tiempo a esta
parte, los responsables políticos de la Junta de Andalucía han dejado de
utilizar en sus declaraciones el claro y preciso término
«funcionarios» sustituyéndolo por el mucho más vago de «empleados públicos». La finalidad del presente artículo es
aclarar el significado de uno y otro y señalar lo que puede haber detrás de esa
aparentemente inocente innovación lingüística.
Los funcionarios acceden a sus puestos mediante un proceso de
selección pública, abierta a todos los ciudadanos y basada en los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, mediante un proceso de selección igualitario y transparente. Sus atribuciones y sueldos
están claramente regulados y aparecen cada año
reflejados en el BOE. Los funcionarios están al
servicio de los ciudadanos y su independencia de los responsables políticos de turno (a los que no deben nada) garantiza su escrupuloso
cumplimiento de la ley, al margen de los intereses partidarios.
El borroso concepto de
«empleados públicos» incluye a los funcionarios, pero también a todo aquél que
perciba un sueldo del Estado, sea cual sea el procedimiento por el que ha
llegado a percibirlo. Es
decir que, con este turbio concepto, se pretende disimular el hecho de que los
asesores, cargos de confianza y demás integrantes de la llamada administración
paralela han sido contratados a dedo por los políticos intentando así asimilarlos
de matute a la transparente condición de los funcionarios. Sin embargo, nada más lejos de
la realidad: todos esos «empleados públicos» han sido contratados de manera
absolutamente opaca, sin concurso público alguno, con lo que sólo aquéllos que
forman parte de los círculos más próximos a los políticos pueden acceder a esos
puestos. Debido precisamente a esa
opacidad, no existe control alguno sobre los sueldos que perciben ni sobre sus
actuaciones. Unas actuaciones en las que, dada su directa dependencia del
político de turno, nada garantiza la sujeción a la ley.
Así las cosas, la
predilección de los políticos andaluces por la expresión «empleados públicos»
resulta de lo más sospechosa, sobre todo si tenemos en cuenta el acoso laboral sufrido a lo largo de años por el funcionario
jefe del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro
Montes, ahora testigo clave en el
presunto fraude de los cursos de formación. Y es necesario recordar que los responsables
políticos del control del dinero público destinado a formación impidieron
presuntamente la labor de este funcionario,
traspasando el trabajo que le correspondía a algunos de esos «empleados
públicos» de los entes instrumentales de la Junta. Unos «empleados públicos»
que, al parecer, no se ciñeron en lo más mínimo a la legalidad vigente
permitiendo con ello la subvención de cursos inexistentes.
Por otra parte, la propia presidenta de la Junta, Susana
Díaz, ha aprovechado recientemente la turbiedad del término «empleados públicos»
para disimular el trato de favor que reciben los
integrantes de la administración paralela. Así, ha declarado que «todos los
empleados públicos recuperarán en 2015 parte del dinero congelado en ejercicios
presupuestarios anteriores, incluidos los trabajadores de entes
instrumentales». La declaración es
tendenciosamente inexacta; los «trabajadores de los entes instrumentales»,
es decir, los nombrados a dedo por los políticos,
recuperarán el 5% que les bajó, es decir,
que recuperarán la totalidad de los recortes salariales que han sufrido.
Y es preciso insistir en que sus sueldos son
absolutamente opacos. Los funcionarios,
no. Los funcionarios recuperarán tan sólo
la parte de sus pagas extraordinarias que,
según los tribunales de justicia, la Junta de Andalucía les arrebató de forma
ilegal. Es decir, tan sólo un 24,04% de los recortes que han sufrido desde el
comienzo de la crisis.
Además, dentro de la ya habitual postura favorable de los llamados
sindicatos mayoritarios a la opacidad de los entes
instrumentales de la Junta, resulta de lo más significativo que la máxima dirigente del
sindicato UGT en Andalucía (sí, el sindicato de los ERE y los cursillos de
formación ilusorios y demás) se haya mostrado
públicamente satisfecha por esta supuesta igualdad de trato a todos los
«empleados públicos».
En resumen, la lección útil que
podemos extraer de esto es que las innovaciones lingüísticas de los políticos
prácticamente nunca son inocentes. Detrás de esos términos tan innovadores, tan inclusivos y tan
igualitarios que tanto les gustan, casi siempre se esconden antiquísimas discriminaciones
que benefician a unos enchufados sin cuya colaboración no podrían sacar
adelante sus corruptelas por culpa de los funcionarios.
Gonzalo Guijarro es miembro de la Asociación de Profesores
de Instituto de Andalucía (APIA)
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