Mientras el ex consejero José Antonio Viera declaraba ante
el Tribunal Supremo que no sabía nada del caso ERE y que la culpa fue de sus
subordinados, el interventor adjunto de Control Financiero de la Junta y de las
grandes empresas autonómicas, Ignacio
García Revilla, dijo a la juez Alaya que
la finalidad de la Junta de Andalucía en el caso de la formación era «favorecer
a determinadas empresas o determinados grupos y el seguir dando subvenciones
como sea» si bien reconoció no disponer de
datos concretos sobre el tema. Esta declaración, que se une a las del ex Interventor
General Manuel Gómez, contrasta con el guión oficial de las defensas de los ex
presidentes, ex consejeros y altos cargos de la Junta en los dos escándalos más
graves de la historia de la democraxcia española.
Los Interventores
de la Junta censuran el descontrol sobre los fondos de formación
Mientras el ex consejero José Antonio Viera declaraba ante
el Tribunal Supremo que no sabía nada del caso ERE y que la culpa fue de sus
subordinados, el interventor adjunto de Control Financiero de la Junta y de las
grandes empresas autonómicas, Ignacio
García Revilla, dijo a la juez Alaya que
la finalidad de la Junta de Andalucía en el caso de la formación era «favorecer
a determinadas empresas o determinados grupos y el seguir dando subvenciones
como sea» si bien reconoció no disponer de
datos concretos sobre el tema. Esta declaración, que se une a las del ex Interventor
General Manuel Gómez, contrasta con el guión oficial de las defensas de los ex
presidentes, ex consejeros y altos cargos de la Junta en los dos escándalos más
graves de la historia de la democraxcia española.
El País considera la declaración de la Intervención como una dura
censura a la falta de vigilancia del
consejo de gobierno, que han presidido Manuel Chaves, José Antonio Griñán y
Susana Díaz, sobre los fondos destinados a la formación entre 2005 y 2013.
ABC recoge que Revilla, en calidad de testigo ante la
magistrada, aludió a la «desidia» de la Administración y señaló que «los
certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la
realidad» y que la mayoría «presentaban problemas de justificación».
Además, la Guardia Civil, en un atestado de 39 páginas
entregado el 17 de marzo pasado a la titular del juzgado de instrucción número
6 de Sevilla, bajo secreto sumarial
hasta la pasada semana confirma que "sin la actuación concertada del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) —un organismo dependiente de la Consejería de
Empleo— en los dos niveles, central y provincial, esta grave situación de
irregularidad no podría haberse mantenido durante tantos años, al menos en el
período 2005-2012".
Por si fuera poco, todos los interventores de diferente
nivel criticaron en sus declaraciones que el Gobierno andaluz concediera fondos
millonarios año tras año, sin destinar un cuerpo de funcionarios a revisar cada
ayuda, lo que propició un fraude de momento sin cuantificar. Pero Ignacio García, incluso acusó al Ejecutivo de actuar
“deliberadamente” para “beneficiar a determinadas empresas o a determinados
grupos de beneficiarios”. Entre estos beneficiados está el exconsejero andaluz
Ángel Ojeda, imputado en la causa.
Estas críticas, recogidas en el procedimiento sumarial,
fueron proporcionadas ayer por Mercedes Alaya a las partes. En esta última
parte del sumario, aparece el informe que otro de los interventores adjuntos,
Luis Hinojosa, envió hace un mes a la Guardia Civil. En el informe hay un listado con los fondos “pendientes de
justificar”, que sumaban 3.015 millone sumando todos los de cada ejercicio.
Sólo en 2013, la Cámara de Cuentas fijó en 733 millones los fondos pendientes de
justificar en los cursos de formación.
Tras años de descontrol
cais absolkuto, la Junta está revisando las 8.505 subvenciones concedidas entre
2007 y 2013. Tras haber analizado la mitad de las ayudas, los
funcionarios estiman que las entidades —empresas, Ayuntamientos, Diputaciones—
deben devolver 17,4 millones por 581 expedientes que ya cuentan con
resoluciones de reintegro.
¿Por qué los perceptores de las
subvenciones pudieron recibir nuevas partidas para formación de la Junta sin
haber justificado las recibidas hasta el momento? Por el procedimiento de las exoneraciones autorizadas por la
Consejería de Empleo, que permitía aplazar la revisión de la justificación de
gastos. El
Ejecutivo andaluz defiende la legalidad de estas exoneraciones pero ocho
interventores ante la Guardia Civil y uno ante la juez Alaya, han considerado
impropias las exoneraciones.
Otras derivadas del caso: yeguas, hijos, cava y cuñados
La juez Alaya acusa a la exdirectora del centro de formación
Formades de Almonte(Huelva), Ana María
Orihuela de conceder fondos irregulares por 1,7 millones, entre ellos gastos
ajenos a la formación como regalos y caramelos de la cabalgata de Reyes,
barajas de cartas o cava para un campeonato de doma. Alaya acusa a Orihuela de
otorgar subvenciones con “fraccionamientos fraudulentos” a su hijo por 275.776
euros y a un sobrino por 22.743 euros en servicios de guardería.
Tras su detención ( junto a otros doce altos cargos de la
Junta) ante la Guardia Civil y la juez instructora del caso de formación,
Mercedes Alaya, María Teresa Florido, ex directora general de Formación
profesional y cuñada del ex consejero Ojeda, beneficiado ingentemente por el
dinero de la formación durante su mandato,
declaró cuando fue nombrada halló 15.000 expedientes sobre cursos
pendientes de justificar desde el año 2005. Florido, que reconoció que las
exoneraciones no tenían justificación y eran contrarias a la ley, dijo
que creó la Unidad de Justificación que antes no existía pero ese
"equipo" lo formaba una sola funcionaria y siete u ocho contratados
que "tenían muchas dificultades de trabajo".
Por si fuera poco un informe del inspector de Trabajo de la
Seguridad Social concluyó, tras realizar un muestreo, que los cursos no
consiguieron su objetivo: «no se
proporcionó ni un solo empleo estable y de calidad». Solo unos pocos empleos
precarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...