miércoles, 1 de abril de 2015

La línea, recomendado. Lo que pide la sociedad civil andaluza; un pacto de investidura cuatripartito; ir a lo sustancial y dejar lo accidental; un pacto de mínimos deontológicos; no se roba, no se miente, lo que se dice se hace, se asumen responsabilidades en la gestión.......

Lo que han expresado los Andaluces en las Urnas, hay una autentica mayoría  77, 57 % del censo que no está en manos del PSOE = la obligación de nuestros representantes,  PP, Podemos, Ciudadanos e IU, forjar un pacto de mínimos deontológico que conlleva, que la investidura tiene que subordinarse a principios éticos, lo primero no son los intereses partidistas sino lo de la sociedad civil;  lo que importa es Andalucía y los andaluces ......




Los ciudadanos quieren una nueva forma de hacer política, basada en el interés general de todos  ¿¿¿Es que los políticos elegidos no defienden los intereses de los ciudadanos a los que les piden el voto...??? por sus hechos y acciones  los conocerás.....¿¿¿Mienten....????





Se impone absolutamente un pacto de investidura cuatripartito que trace una línea clara entre lo sustancial y lo accidental. Impulsar semejante pacto sería el primer cometido de las fuerzas políticas emergentes. Lograrlo se convertiría en el primer éxito de la nueva política. No sería, por supuesto, un pacto de máximos ideológicos, sino de mínimos deontológicos. Lo imagino, por supuesto, incluyendo medidas mucho más ambiciosas que la dimisión de este o aquel imputado. En primer lugar, es preciso acabar con la opacidad administrativa y contable de las empresas públicas, según el principio de que todo lo público es público. Se habla mucho por ejemplo, de las mangancias cometidas por presuntos y poco del modo arbitrario y clientelar en que se producen muchos contratos laborales en el seno de estas empresas, estupendamente ejemplificado en la célebre grabación de Irene Sabalete.

En segundo lugar, es preciso despolitizar tanto el Tribunal de Cuentas como la función auditora de las administraciones públicas en Andalucía, incluidas las locales. La última palabra en la firma de un documento que implique un gasto debe tenerla un funcionario de Hacienda, no un pretoriano.

En tercer lugar, se debe acabar, a la hora de confeccionar los presupuestos generales de la comunidad, con el sistema de partidas generales transferidas a las agencias paralelas. Este sistema es opaco y claramente sospechoso. Los presupuestos han de ser detallistas hasta lo infinitesimal. Es la manera de saber en qué se gasta (y en qué no se gasta) el dinero de los contribuyentes.

Last but not least, sería preciso modificar el funcionamiento mismo del parlamento. Hasta ahora, ha sido una impúdica prolongación del Gobierno autonómico. Está en manos de la mayoría que ha ganado aunque no haya ganado que el gobierno se convierta en una prolongación del Parlamento.


Elecciones Andalucía los números hablan.


Ver enlace:

Máxima difusión. Firma y comparte, que se oiga tu voz. Más del 64% de los que hemos votado en las elecciones andaluzas estamos en contra de que el régimen continúe 4 años mas.





Elecciones andalucía, los números hablan.




La línea

SE NOTA que los nuevos diputados autonómicos son bastante bisoños en materia parlamentaria. Han aireado públicamente, por ejemplo, sus condiciones para abstenerse en la votación de investidura. A Ciudadanos le basta el cese de Griñán o Chaves y a Podemos una batería de medidas de auxilio social, amén de la exclusión de los presuntos de todo cargo público. Es un error estratégico que deberían corregir de inmediato. Parece que se hubieran creído las peroratas susanescas sobre la «estabilidad» y la «gobernabilidad» en Andalucía, dos términos que Díaz utiliza en su propio beneficio político. De hecho, lo más sensato habría sido ignorar por completo a la presidenta y dirigir sus esfuerzos hacia la auténtica mayoría parlamentaria, que no es la del PSOE. Se trataría de forzar una investidura donde las diferencias ideológicas se subordinaran a principios éticos, es decir, a la erradicación de la podredumbre política. Uno de los rasgos de la nueva política consiste en un cambio radical en el orden de prioridades. Lo primero no son los intereses partidistas, el toma y daca táctico y repulsivo, sino los de la sociedad civil, sometida últimamente a todo tipo de sevicias por parte de la clase política. Lo primero, por tanto, es limpiar la política antes de hacer política.

Se impone absolutamente un pacto de investidura cuatripartito que trace una línea clara entre lo sustancial y lo accidental. Impulsar semejante pacto sería el primer cometido de las fuerzas políticas emergentes. Lograrlo se convertiría en el primer éxito de la nueva política. No sería, por supuesto, un pacto de máximos ideológicos, sino de mínimos deontológicos. Lo imagino, por supuesto, incluyendo medidas mucho más ambiciosas que la dimisión de este o aquel imputado. En primer lugar, es preciso acabar con la opacidad administrativa y contable de las empresas públicas, según el principio de que todo lo público es público. Se habla mucho por ejemplo, de las mangancias cometidas por presuntos y poco del modo arbitrario y clientelar en que se producen muchos contratos laborales en el seno de estas empresas, estupendamente ejemplificado en la célebre grabación de Irene Sabalete.

En segundo lugar, es preciso despolitizar tanto el Tribunal de Cuentas como la función auditora de las administraciones públicas en Andalucía, incluidas las locales. La última palabra en la firma de un documento que implique un gasto debe tenerla un funcionario de Hacienda, no un pretoriano.

En tercer lugar, se debe acabar, a la hora de confeccionar los presupuestos generales de la comunidad, con el sistema de partidas generales transferidas a las agencias paralelas. Este sistema es opaco y claramente sospechoso. Los presupuestos han de ser detallistas hasta lo infinitesimal. Es la manera de saber en qué se gasta (y en qué no se gasta) el dinero de los contribuyentes.

Last but not least, sería preciso modificar el funcionamiento mismo del parlamento. Hasta ahora, ha sido una impúdica prolongación del Gobierno autonómico. Está en manos de la mayoría que ha ganado aunque no haya ganado que el gobierno se convierta en una prolongación del Parlamento.


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