La
Junta intenta blindarse tras no cumplir fallos del Tribunal Supremo
- No acata sentencias de hace un año de despidos nulos de agentes locales de empleo
- Un juez ordenó que se diera de alta en la Seguridad Social a varios despedidos
El origen, la ley de Reordenación del Sector Público; menudo dislate "político y juntero"
¿El coste lo pagamos con dinero público de todos?
Estrategia
del Gobierno andaluz en los tribunales
La Junta intenta blindarse tras no cumplir
fallos del Tribunal Supremo
- No acata sentencias de hace un año de despidos nulos de agentes locales de empleo
- Un juez ordenó que se diera de alta en la Seguridad Social a varios despedidos
La Junta de Andalucía trata de
blindarse penalmente, después
de no
dar cumplimiento a las sentencias firmes del Tribunal Supremo, con más de un
año de antigüedad, y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que
han declarado nulos los despidos de más de 500 agentes locales de promoción de
empleo (Alpe), que
trabajaban en los consorcios llamados Unidades Territoriales de Empleo,
Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), ahora liquidados.
Las sentencias firmes del
Supremo y del TSJA ordenan a la Junta la readmisión de los trabajadores, que
fueron despedidos en octubre de 2012. En la fase de ejecución de estos fallos, hubo jueces en
Cádiz que el pasado diciembre dieron un ultimátum a la Administración andaluza
para que en un «plazo máximo» de cinco días readmitieran a seis Alpe
despedidos. Pero la Junta ha ido haciendo oídos sordos a todos estos a mandatos
judiciales.
Ahora, ante
la amenaza de que los Alpe despedidos denuncien por la vía penal a la Junta por
desobedecer las resoluciones judiciales, la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige en funciones
el consejero José Sánchez Maldonado, está enviando nuevos escritos a los
juzgados de lo social en los que solicita que se requiera a los trabajadores
afectados para que manifiesten en qué entidad desean incorporarse.
Según indicó la Consejería, las sentencias sobre los
despidos nulos de los Alpe no sólo afectan al Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) y a los consorcios Utedlt, sino que en ocasiones también se condena a
los ayuntamientos consorciados y a la Consejería de Economía.
Y por eso está preguntado ahora, a través del
juzgado, por la entidad a la que se quieren incorporar.
«Es indignante que se atrevan a intentar engañarnos con estos
juegos», dijo a EL MUNDO
Javier Urbano,
portavoz del colectivo de 787 Alpe que fueron al paro en octubre de 2012, de
los que más de 500 cuentan ya con sentencias firmes de despidos nulos.
Para los Alpe consultados por este diario, el nuevo escrito
de la Junta tan sólo persigue dilatar aún más el cumplimiento de las sentencias
y su readmisión. También pretende dar la
impresión de que está haciendo algo para acatar los fallos cuando no es así,
denunciaron.
Mientras la Junta sigue con su estrategia dilatoria, ya hay al menos dos Alpe que están dados
de alta en la Seguridad Social por orden de un juzgado de Cádiz. La Administración
andaluza es la que debe pagar estas cotizaciones, además de los salarios de
tramitación que los agentes locales de promoción de empleo dejaron de percibir
desde que fueron despedidos hasta ahora.
Pese a las nuevas promesas de la
Junta, el colectivo Alpe prevé manifestarse los próximos 4 y 5 de mayo a las
puertas del Parlamento, coincidiendo con el debate de investidura.
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