Criptocomuniscas venezolánicos (¿20 o 21 escaños?) = La Andalucía de locos y cuesta abajo....
El nuevo "Régimen andaluz"- ¿Los nuevos "psociolistos" bolivarianos?
¿La nueva casta gobernante? = Danos tu dinero; nosotros lo repartimos........
¿Los salvadores de Andalucía? = Predicando con el ejemplo.
Podemos
pide todo el poder de la Junta para "okupar", expropiar, e impagar
las hipotecas, la luz y el agua
La "suspensión temporal de
todos los desahucios", legalizar de facto la okupación y abrir la
posibilidad a expropiar fincas privadas. Éstas son tres de las medidas estrella del programa de
Podemos para Andalucía. Teresa Rodríguez, la candidata de Podemos para las
próximas Elecciones Andaluzas, ha presentado este miércoles las propuestas que
aplicará su partido en el caso de que logre el gobierno de la Junta el próximo
22 de marzo.
Destaca una por encima de las demás. Es una de las medida a
la que más espacio se dedica en el programa y recoge una de las viejas
aspiraciones de la formación. Es un tema en el que la sección andaluza ha
puesto especial énfasis: los derechos humanos habitacionales. ¿Qué significa?
Pues garantizar a todos los andaluces una vivienda gratuita y
la provisión de los suministros básicos.
Esto, que a algunos les puede sonar bien, no tiene
que ver sólo ni principalmente con la ayuda a familias en problemas. Consiste
en garantizar que si alguien no quiere pagar su hipoteca o la renta del
alquiler, pueda no hacerlo; asegurar a los okupas derechos sobre las casas en las
que se instalen; y poner en peligro cualquier vivienda vacía que exista en la
comunidad.
De esta forma, la formación asegura que su prioridad es
poner "todos los recursos de la Junta de Andalucía al objeto de proceder a
la suspensión temporal de todos los desahucios y garantizar los suministros
básicos en Andalucía". Para ello, quieren aprobar "un plan ciudadano
de rescate habitacional", con el que crearán "un servicio público
habitacional de Andalucía para la garantía efectiva del derecho a la vivienda,
impulsando y mejorando el patrimonio público de viviendas y suelo existente en
la actualidad, cesando la privatización de vivienda y suelos públicos y
garantizando el acceso a la vivienda a los colectivos sociales con menos
ingresos y auditando la cuantía y calidad de las viviendas públicas".
Es decir, el Gobierno regional, con el dinero de los
contribuyentes andaluces, pagará una vivienda a todas las familias que lo
soliciten. No sólo eso, también "garantizará los suministros básicos de
agua, luz y gas". Claro, lo que no explica el programa es qué entiende Podemos por
una vivienda digna; quién pagará el nuevo programa de construcción de viviendas
o alquiler; o qué derechos tendrán los moradores de estas casas (serán en propiedad o sólo tendrán derecho a permanecer en
ellas por un tiempo).
Tampoco se aclara si habrá alguna medida para evitar los
peores efectos de estos programas y que se derivan de los perversos incentivos
que generan. Por un lado, los propietarios se sienten inseguros, porque no
saben si la familia a la que alquilan puede okupar su casa con el
consentimiento de la Junta. Por otro lado, los que se esfuerzan mes a mes por
pagar su hipoteca o renta empiezan a preguntarse si no estarán haciendo el
idiota, al ver a su vecino disfrutar de su casa gratis. Porque no hablamos de
una ley de segunda oportunidad o un programa social de ayuda a las familias
desfavorecidas. Lo que Podemos plantea es un cambio radical en la consideración de la vivida:
la propiedad
privada pasa a estar subordinada a los intereses del político de turno y la
mera ocupación de un inmueble otorga más derechos que los que posea su legítimo
propietario.
De hecho, Podemos también se acuerda de los Okupas, con K.
Por un lado, habla de establecer "medidas "especiales de protección a
los andaluces que prohíban el corte de suministros básicos de agua, luz y gas
en condiciones adversas". Pero no sólo eso. Además, promete
que"reformarán los reglamentos de suministro de agua y electricidad de
forma que su contratación no exija la acreditación de un título de posesión
legítimo sobre la vivienda objeto de suministro".
Vamos, que
obligarán a las compañías a dar agua, luz y gas gratis a los Okupas, por el
mero hecho de que estos estén en un inmueble.
El programa no se queda ahí.
También hay espacio para las amenazas. Podemos pide fijar "fuertes sanciones" para las
compañías públicas o privadas de suministros que contemplen "cláusulas
abusivas o falta de transparencia" en la gestión de los servicios
esenciales de luz, agua y gas. La pregunta es si estas empresas seguirán
invirtiendo y dando sus servicios en Andalucía. Si dentro de unos años empieza
a haber problemas de suministro, ¿alguién se acordará de estas promesas
electorales?
Expropiaciones
La polémica no acaba con el "derecho humano
habitacional". También es llamativo el capítulo de la política agraria.
Podemos incluye la siguiente promesa electoral: "Integrar los fondos del
Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA, antiguo PER) dentro de las
estrategias territoriales de creación de empleo, orientándolos principalmente a
apoyar proyectos productivos de puesta en valor de recursos agrarios infrautilizados
en fincas públicas o privadas que no cumplan con la función social de la
propiedad".
Es decir, abre la puerta a la
expropiación de las fincas privadas que según el criterio de la Junta "no
cumplan con la función social de la propiedad". ¿Cuál es esta función? Pues no se
aclara. Pero no hay que olvidar que Sánchez Gordillo y su Sindicato Andaluz de
Trabajadores es un fuerte apoyo de Podemos en la región. Y el historial de
ataques a la propiedad privada del alcalde de Marinaleda y sus huestes es bien
conocido.
Control de la actividad económica
Podemos Andalucía también plantea un control absoluto de la
actividad económica. No de forma directa, porque saben que no tienen
competencias para ello. Pero sí mediante la presión y
las amezanas a empresas y agricultores. Así,
en el capítulo dedicado al mundo rural, la formación anuncia que la Junta
comenzará un programa de compra de productos "agroalimentarios y
procedentes de pesca local".
¿Y qué habrá que hacer para
acceder a ese programa? Pues ajustar la empresa a los requerimientos
burocráticos de Podemos. Como
además estos son lo suficientemente ambiguos y abiertos a la interpretación,
los empresarios del campo andaluz ya saben que si quieren vender sus alimentos
a colegios, hospitales u otras instituciones públicas (o a empresas que
trabajen para estos organismos) tendrán que pasar por el aro de las exigencias
del partido. No es tan extraño. En realidad, es algo parecido a lo que el
Gobierno venezolano ha intendado poner en marcha en aquel país: organizar la compra y distribución de productos alimentarios
a través de organismos públicos. Las consecuencias en el país caribeño (colas,
carestía, cierre de comercios,...) son bien conocidas.
Esto se complementa con otra de las medidas propuestas.
Podemos exigirá un "certificado de solvencia laboral que limite o impida
la contratación con la administración andaluza con aquellas empresas que no
respeten los derechos de las personas trabajadoras o impongan a estas
condiciones precarias de trabajo, garantizando a su vez empleos públicos
estables con condiciones de acceso transparentes que dan lugar a mejores
resultados".
La redacción es tan abierta que abre claramente la puerta a
que cualquier político de la Junta decida con qué empresas se puede o no
contratar. Evidentemente, esto puede ser el inicio de un importante foco de
corrupción. Pero no sólo eso, ¿qué significa "impongan
condiciones precarias de trabajo"? Si la Junta amezana a cualquier empresa
con excluirla de ningún tipo de relación con la contratación pública
(y en Andalucía hablamos de casi un tercio del PIB
manejado desde la administración regional) en realidad se puede plantear la cuestión como una
amenaza.
O pasas por el aro o estás fuera de cualquier posibilidad de realizar
negocios en esta región. Como además las condiciones no están tasadas, sino que se
articulan a través de conceptos genéricos, el margen de arbitrariedad, al menos
tal y como está redactado el programa, es altísimo.
Más gasto
En el resto de las medidas propuestas, el protragonista es
el aumento de gasto público. Leyendo el programa de Podemos se adivinan todo
tipo de subvenciones y ayudas concedidas desde la Junta. El Gobierno regional
intervendrá aún más en la economía regional. Y decidirá quién es merecedor (de
nuevo, aún más que ahora) de las dádivas de los Presupuestos.
De esta forma, Podemos propone:
"Fomentar de la acción cooperativa y de
la economía social": sólo este tipo de empresas se podrán beneficiar de
las ayudas
"Profundizar en las políticas de regeneración y conservación
de los centros históricos, persiguiendo un equilibrio de usos y población
tradicional, limitando los procesos de terciarización, gentrificación,
privatización y abandono": otro Plan E
"Impulsar la recuperación de la memoria histórica
andaluza desde la base, dándole voz y recursos a la ciudadanía para impulsar
actuaciones en la materia": dinero para las asociaciones de Memoria
Histórica
Todo el poder para la Junta
Además, Podemos pide centralizar el poder en la Junta. Y aún
más, en la Consejería de Presidencia. Es decir, si ganan las elecciones se
intuye que podrían estar abiertos a pactos. Pero con una condición: que la
decisión final o buena parte de la misma esté bajo el control del presidente
regional.
De esta forma, Podemos busca "considerar la ordenación
del territorio como política troncal de las políticas de la Junta de Andalucía,
de manera que sus competencias residan en la Consejería de Presidencia". La palabrería
sobre descentralizar, dar poder a las asociaciones locales o la estructura asamblearia
se estrella con la realidad de una organización que pide que sea la Junta (y
Presidencia) la que decida sobre todos estos temas.
Pero no sólo eso. También hay una provisión
para que las políticas de "Igualdad" dependan también de la
Presidencia. Puede parecer un tema menor. Pero no. Porque el texto afirma que
todos los departamentos tendrán que articularse alrededor de este concepto de
igualdad. Es decir, que cada programa o política de cada consejería tendrá que
contar con el visto bueno de Presidencia para poder recibir fondos y ser
aprobado.
POLÍTICATiene abierto un expediente disciplinario
Proponen inhabilitar a
Errejón para volver a trabajar para la UMA
El expediente disciplinario abierto al
secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, para ver si incumplió su
obligación laboral y vulneró la Ley de Incompatibilidades al actuar en un
proyecto investigador,
propone inhabilitarlo para contratos futuros con la Universidad de Málaga.
Fuentes cercanas al caso han informado este
viernes de que la propuesta de sanción para contratos de estas características
deriva de considerarse como falta
presuntamente cometida un incumplimiento del horario laboral, como consta en el
pliego de cargos que le fue remitido el pasado 3 de marzo por la Universidad
malagueña.
El documento recoge los hechos que se le imputan, la falta presuntamente
cometida y la sanción propuesta, tras lo que dispone de un plazo de diez días
hábiles para alegaciones. En caso de que se formularan, la Inspección de
Servicios de la Universidad las estudiará y trasladará a la rectora de la
institución académica una propuesta definitiva al respecto, a partir de lo que
ella dispondría de un mes para la aplicación de sanciones o pedir nuevas
pruebas
Infracción de Ley de Incompatbilidades
Iñigo Errejón recurrirá la decisión de
inhabilitarle de la UMA
- En una entrevista a LaSexta reconoce que cometió un error
El secretario Político y 'número dos' de Podemos, Íñigo Errejón,
va a recurrir la propuesta de la Universidad de Málaga (UMA) de inhabilitarle
para contraer futuros contratos en este centro, tras determinar el instructor
del expediente disciplinario abierto contra él que habría inclumplido sus
obligaciones laborales y vulnerado la Ley de Incompatibilidades, según han
informado a Europa Press fuentes de la formación.
Así lo ha confirmado también Errejón en una entrevista en La
Sexta, recogidas por Europa Press, en la que también ha asegurado que la
resolución de la UMA dice algo que él ya reconoció, y que es
que cometió "un error" al no haber solicitado "por
escrito", sólo "verbalmente", la autorización de llevar a cabo
su trabajo desde Madrid.
"Voy a recurrir
la decisión de la Universidad de Málaga", ha confirmado, al tiempo que ha
celebrado que en esta resolución "no se ponga en cuestión" que
realizó su trabajo en la investigación 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico,
análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la
vivienda', financiado por la Consejería de Fomento de la Junta, "ni la
calidad" de este trabajo.
Asimismo, Errejón ha manifestado que prefiere pensar que las
decisiones adoptadas por las instituciones públicas involucradas en este asunto
no se han visto influidas por "intereses políticos". En esta línea,
el secretario de Organización de Podemos, Sergio Pacual, ha asegurado también
en declaraciones a La Sexta que le "sorprende" que se haya filtrado a
los medios "el contenido de un expediente que es privado".
Errejón tiene 10 días hábiles para presentar alegaciones a
esta resolución, en la que el instructor del expediente informa de los hechos
que se le imputan y las faltas presuntamente cometidas, haciendo hincapié en el
supuesto incumplimiento del horario laboral, y la sanción propuesta. Una vez
terminado este plazo, si Errejón presenta alegaciones, se estudiarán y se
elevará a la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, una propuesta definitiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...