La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía ha decidido incoar diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por la Federación Andaluza de Empresas de Formación (Cecap-A) acerca del uso de fondos públicos en la Comunidad que debían ir destinados a formación para el empleo, fondos cifrados por esta organización en unos 848,9 millones de euros. El meollo de la cuestión está en que desde 2012 a 2014, sólo tres años, 849 millones llegaron del Estado a la Junta pero no se han utilizado y no se sabe dónde han ido a parar. Tras la Operación Edu, la Edu Costa, la Edu Centro, el escándalo de UGT y la investigación de la juez Alaya sobre el destino de los cursos de formación, a Susana Díaz se le abre un nuevo frente, ahora promovido por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Desaparecen 849 millones para formación de
parados que llegaron del Estado a la Junta y no se aplicaron
La Fiscalía Superior de Justicia de
Andalucía ha decidido incoar diligencias de investigación penal a raíz de la
denuncia presentada por la Federación Andaluza de Empresas de Formación
(Cecap-A) acerca del uso de
fondos públicos en la Comunidad que debían ir destinados a formación para el
empleo, fondos cifrados por esta organización en unos 848,9 millones de euros. El meollo de la cuestión
está en que desde 2012 a 2014, sólo tres años,
849 millones llegaron del Estado a la Junta pero no se han utilizado y
no se sabe dónde han ido a parar. Tras
la Operación Edu, la Edu Costa, la Edu Centro, el escándalo de UGT y la
investigación de la juez Alaya sobre el destino de los cursos de formación, a
Susana Díaz se le abre un nuevo frente, ahora promovido por la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La denuncia fue formulada por la
patronal de las empresas privadas de formación de Andalucía (Cecap-A) el pasado
mes de enero. Las partidas por ese dinero fueron
transferidas desde la Secretaria General de Estado de Empleo de España a la
Junta de Andalucía para cursos de formación, pues iban destinadas a cubrir las
necesidades formativas de los desempleados y trabajadores en la Comunidad. Pero, denuncian los
empresarios: que no había rastro de ese
dinero que el consejero de Educación, Luciano Alonso, debía haber invertido en
Andalucía".
En
los años 2012, 2013 y 2014 no hubo ni una sola convocatoria pública para la
ejecución de acciones formativas, de trabajadores ocupados o desempleados, que
puedan servir de base para el gasto y justificación de las cantidades
transferidas a esta comunidad autónoma para tal fin". O sea,
848.997.477 euros para formación de
parados y ocupados han desaparecido.
Cecap-A
ha lamentado que, "tras años solicitando información sobre el destino de
estos fondos, no ha obtenido respuesta alguna por parte de la Administración
presidida por José Antonio Griñán, ni después por Susana Díaz", por ello
la directiva de la federación ha decidido ponerlo en conocimiento del Alto
Tribunal de Andalucía, para que "se investigue dónde está el dinero, qué
uso se ha hecho de él, y en su caso, para que se depuren responsabilidades si
se demuestra un mal uso de los fondos destinados a los desempleados".
La patronal de las empresas de formación se congratula que el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía proceda a la investigación de los hechos
denunciados, ya que "estos fondos públicos cuyo destino legal es la
formación como política de fomento del empleo, permite adaptar a las exigencias
del mercado a los desempleados, aumentando así las posibilidades de
empleabilidad".
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