- Abona con fondos propios expedientes a cargo de la UE gestionados por su antigua fundación de Empleo bajo sospecha.
- No usará fondos europeos para saldar expedientes que no superen su investigación
- La cantidad que se examina desde 2007 a 2011 ronda los 140 millones de euros
- Entre Bruselas y la juez Alaya.
El problema político de fondo es mucho más grave.....¿se trataría de un fraude institucional? .
Faffe = ente instrumental = Admón. paralela de la Junta de Andalucía.
¿"Ingeniería jurídica a la andaluza al descubierto"?......En el caso de la Faffe, la Junta no podría presentarse como víctima de un fraude o una mala gestión, ya que sería la propia autora de los mismos.
La Faffe es una de las entidades que todos los años recibía decenas de millones de euros de la Junta de Andalucía para acometer cursos de formación. Como la UGT, CCOO, Forja XXI o la CEA, la Faffe recibió esas ayudas 'a dedo', es decir, sin concurrencia competitiva, una fórmula cuestionada por la Fiscalía del TSJA.
La diferencia entre la Fundación y el resto de entidades beneficiadas es que ésta es un ente instrumental de la propia Junta, es decir, es la propia Administración la que cometería irregularidades o incluso fraude, y ése es el escándalo que se quiere ocultar.
.......o una mala gestión, ya que sería la propia autora de los mismos.....
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo tenía la «consideración de medio propio instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias a los efectos de la ejecución de obras, trabajos, asistencias técnicas y presentación de servicios, en virtud de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía Ley 9/2007 (LAJA)». En este caso, no valdría la justificación de que terceras personas se habrían aprovechado de la Administración, como hasta ahora se ha intentado asegurar en el caso de los ERE o en de academias fraudulentas, sino que se trataría de un fraude institucional.
La UE exige 250 millones a España por sobrecostes en una obra durante la etapa de Magdalena . Un mes. 
Ése es el plazo que tiene el Ministerio de Hacienda para responder a la Oficina Antifraude de la UE (Olaf). El motivo es un informe de este organismo acerca de las obras del puerto de Gijón, realizadas durante la etapa de Magdalena Álvarez al frente de Fomento. Según los técnicos comunitarios, existe "una seria sospecha de irregularidades y/o corrupción, en el procedimiento de contratación pública y en la adjudicación del contrato del proyecto".
La Oficina reclama 250 millones a España por el mal uso de las ayudas europeas, según informa este sábado El Mundo. De esta forma, el organismo le concede al Gobierno hasta el próximo 11 de junio para que le informe de si pagará la multa o acudirá al Tribunal de Luxemburgo.
La acusación de la Oficina Antifraude es contundente. El documento remitido al Gobierno español apunta a que "los hechos constatados podrían ser constitutivos de infracciones penales". Se habla de "malversación de fondos y fraude a los intereses de la UE". Según esta información, la Fiscalía Anticorrupción española ya ha abierto diligencias tras recibir la documentación del Gobierno.
"Antes partía que dobla"
La Junta cubre ayudas europeas para que Bruselas no se entere del fraude. Paga ayudas de la Faffe con fondos propios para tapar irregularidades ante la UE...
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-05-17/la-ue-exige-250-millones-a-espana-por-sobrecostes-en-una-obra-durante-la-etapa-de-magdalena-alvarez-1276518804/
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-05-17/la-ue-exige-250-millones-a-espana-por-sobrecostes-en-una-obra-durante-la-etapa-de-magdalena-alvarez-1276518804/
EN EL PUERTO DE GIJÓN
La UE exige 250 millones a España por sobrecostes en una obra durante la etapa de Magdalena Álvarez
Un informe de la Oficina Antifraude advierte de "una seria sospecha de irregularidades, incluso un posible fraude".
IBERTAD DIGITAL
Un mes. Ése es el plazo que tiene el Ministerio de Hacienda para responder a la Oficina Antifraude de la UE (Olaf). El motivo es un informe de este organismo acerca de las obras del puerto de Gijón, realizadas durante la etapa de Magdalena Álvarez al frente de Fomento. Según los técnicos comunitarios, existe "una seria sospecha de irregularidades y/o corrupción, en el procedimiento de contratación pública y en la adjudicación del contrato del proyecto".
El problema es que la advertencia no se queda en un mero tirón de orejas. La Oficina reclama 250 millones a España por el mal uso de las ayudas europeas, según informa este sábado El Mundo. De esta forma, el organismo le concede al Gobierno hasta el próximo 11 de junio para que le informe de si pagará la multa o acudirá al Tribunal de Luxemburgo.
La acusación de la Oficina Antifraude es contundente. El documento remitido al Gobierno español apunta a que "los hechos constatados podrían ser constitutivos de infracciones penales". Se habla de "malversación de fondos y fraude a los intereses de la UE". Según esta información, la Fiscalía Anticorrupción española ya ha abierto diligencias tras recibir la documentación del Gobierno.
La obra en cuestión fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas Dique Torres, en la que estaban integradas Dragados, FCC y Sato (Grupo Villar Mir). En su momento, recibió el encargo de realizar los trabajos, a cambio de 580 millones de euros, por parte de Autoridad Portuaria, un organismo dependiente de Fomento pero en el que es el Principado de Asturias (en aquel momento presidido por el socialista Vicente Álvarez Areces) el que nombra al máximo responsable. La Olaf apunta a "graves" irregularidades por parte o bien de la Autoridad Portuaria o de la UTE, que han provocado que se haya disparado el sobre coste, hasta un total cercano a los 1.200 millones de euros.
FORMACIÓN Es escándalo de las subvenciones
La Junta paga ayudas de la Faffe con fondos propios para tapar irregularidades ante la UE
No usará fondos europeos para saldar expedientes que no superen su investigación
La cantidad que se examina desde 2007 a 2011 ronda los 140 millones de euros
El consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, en el Pleno del Parlamento. ESTHER LOBATO
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha encontrado una fórmula para intentar tapar un escándalo mayúsculo que amenaza con estallarle en sus manos: la gestión de los 330 millones de euros que ha gestionado la Fundación para el Empleo y la Formación (Faffe) de la Junta de Andalucía desde su creación en 2003 hasta su liquidación en 2011.
Para evitar que salgan a la luz las irregularidades detectadas por la investigación interna sobre los cursos de formación, la Junta ha decidido que los expedientes que no presenten todas las garantías, especialmente los de la Faffe, no sean enviados a Europa para recibir la subvención prevista, y que ese dinero salga de los fondos propios de la Administración andaluza.
Según ha podido saber este periódico, los certificadores privados contratados por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Empleo están revisando la justificación del dinero destinado a Faffe para cursos de formación con los mismos mecanismos de control que usan los verificadores europeos.
Intenta evitar que Bruselas rechace expedientes y pueda sancionar a Andalucía
Con ese alto nivel de exigencia, cualquier expediente que no supere todos los controles no será remitido a la Unión Europea para que ésta desembolse los fondos previstos. En vez de imputar esos programas a las ayudas europeas, la Junta los pagará de su propio bolsillo e intentará captar esos fondos con otras actuaciones más 'limpias'.
La Junta de Andalucía trabaja con unos marcos europeos de ayuda de siete años. El actual tiene plazo de ejecución hasta diciembre de 2015. La fórmula habitual de trabajo es que la Administración impute a esas ayudas una serie de programas, para los que la Junta adelanta el dinero. Una vez que el proyecto está finalizado y justificado, el expediente se envía a la Unión Europea, que desembolsa los fondos.
Para evitar que la UE rechace algunos de los expedientes y que incluso sancione a la Junta por posibles irregularidades, el equipo de Susana Díaz ha decidido enviar a Europa sólo los expedientes inmaculados, y el resto pagarlos con el propio presupuesto de la Junta. Esto no significa necesariamente que Andalucía pierda esos fondos europeos, sólo que se cambian sus usos, ya que se intentarán imputar otros programas a esas ayudas que no sean utilizadas por la formación.
Aunque en principio, el problema de irregularidades de la Faffe se solventarían así con meras modificaciones presupuestarias, en el equipo de la presidenta existe una profunda preocupación. De modo más inmediato, se desconoce cuál es la cuantía total que habría que afrontar con fondos propios, ya que la revisión general iniciada todavía no ha dado sus frutos. Sólo se sabe que la Fundación gestionó unos 140 millones de euros entre 2007 (antes habrían prescrito las irregularidades) y 2011.
El problema político de fondo es mucho más grave. La Faffe es una de las entidades que todos los años recibía decenas de millones de euros de la Junta de Andalucía para acometer cursos de formación. Como la UGT, CCOO, Forja XXI o la CEA, la Faffe recibió esas ayudas 'a dedo', es decir, sin concurrencia competitiva, una fórmula cuestionada por la Fiscalía del TSJA. La diferencia entre la Fundación y el resto de entidades beneficiadas es que ésta es un ente instrumental de la propia Junta, es decir, es la propia Administración la que cometería irregularidades o incluso fraude, y ése es el escándalo que se quiere ocultar.
En el caso de la Faffe, la Junta no podría presentarse como víctima de un fraude
En el caso de la Faffe, la Junta no podría presentarse como víctima de un fraude o una mala gestión, ya que sería la propia autora de los mismos.
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo tenía la «consideración de medio propio instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias a los efectos de la ejecución de obras, trabajos, asistencias técnicas y presentación de servicios, en virtud de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía Ley 9/2007 (LAJA)». En este caso, no valdría la justificación de que terceras personas se habrían aprovechado de la Administración, como hasta ahora se ha intentado asegurar en el caso de los ERE o en de academias fraudulentas, sino que se trataría de un fraude institucional.
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