domingo, 18 de mayo de 2014

La Andalucía inadmisible....CASO ERE La instrucción judicial El 'caso ERE' implica ya a medio centenar de cargos y asesores de la Junta....¿..OCURRE POR CASUALIDAD....?

Desde los presidentes al chófer pasando por consejeros, directores, delegados... 



....no es que la alarma no saltara sino que fue el propio Gobierno andaluz el que la desconectó de forma intencionada para poder repartir dinero a capricho.






La Junta de Andalucía está personada en la causa como perjudicada, pero la juez Alaya implica por el momento a medio centenar de cargos públicos o funcionarios por haber ideado, alimentado o permitido la trama de corrupción. 


Los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán; los consejeros Antonio Fernández -éste con ingreso temporal en prisión incluido-, Magdalena Álvarez,

Los viceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas Alcón, Juan Carlos Soriano, Juan Paniagua, Jesús Rodríguez Román,Gonzalo Suárez y José Salgueiro. Todos ellos están señalados por la juez, que considera que o bien idearon un burdo sistema para eludir los controles o bien lo alimentaron o bien lo consintieron o bien trataron de ocultarlo. Los secretarios generales Rafael Herrera, Francisco García, Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado, Lourdes Medina, Antonio Estepa, Isabel de Haro, Ángel Garijo, Ana María Peña, Pilar Rodríguez y José Domínguez Abascal están también encausados. Al igual que los directores generales de Trabajo Javier Guerrero,Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, que tenían a su disposición la partida 31.L o fondo de reptiles, y los de Presupuestos Antonio Lozano -luego viceconsejero de Presidencia y 'número dos' de Susana Díaz en esa consejería- 

....y hay  mucho mas....






... la Andalucia inadmisible.......


Queda pendiente el símil que todos vemosel diseño INSTITUCIONAL Y JUNTERO DE LA ADMINISTRACIÓN PARALELA....No es sólo el sistema digital de acceso, detras  del vaciamiento progresivo de la Administración legal y legítima....hay mucho mas.....




.....por eso compañeros  es   NECESARIO ACUDIR DE NUEVO a vía judicial....




.... PACIENCIA Y PERSEVERANCIA,  los hechos terminaran  hablando  .....







CASO ERE La instrucción judicial

El 'caso ERE' implica ya a medio centenar de cargos y asesores de la Junta

  • Desde los presidentes al chófer pasando por consejeros, directores, delegados...









Dos presidentes de la Junta de Andalucía, siete miembros de sus gobiernos, otros siete viceconsejeros, once secretarios generales, cinco directores generales, dos delegados provinciales, siete directores de la agencia pública, dosinterventores, un jefe de los servicios jurídicos, tres asesores, dos secretarias y un chófer. La juez Mercedes Alaya ha implicado ya en el caso ERE a cincuenta personas entre cargos públicos y funcionarios, 43 de ellos imputados formalmente y otros siete «preimputados», a la espera de que la investigación o una parte de ella recaiga, previsiblemente, en manos del Tribunal Supremo.
Cuando el 19 de enero de 2011 la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla decidió abrir las diligencias previas 174/2011 pocos podían sospechar el alcance de la investigación que se avecinaba. Un inocente informe firmado por un alto cargo de la Consejería de Empleo en junio de 2010 con el que pretendía quitarse de encima cualquier responsabilidad de pago de las prejubilaciones del segundo ERE de Mercasevilla acabó destapando una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles.
La juez Alaya investigaba un presunto delito societario en el mercado de mayoristas de Sevilla y necesitaba saber si era real el apunte de nueve millones de euros que aparecían en las cuentas de la empresa como pendientes de cobrar a la Junta de Andalucía.
El entonces director general de Trabajo, Daniel Rivera, remitió un escrito contestando a la magistrada que su departamento no reconocía esa deuda con Mercasevilla, porque el dinero se concedió con un simple folio, sin que mediara expediente ni tramitación conforme a los requisitos que marca la ley.
En diciembre de ese año, y tras más de un mes esperando una respuesta de la Consejería de Empleo que nunca llegó, EL MUNDO publicó que la Junta llevaba diez años concediendo y pagando dinero para prejubilaciones en condiciones idénticas a la de Mercasevilla, de la que ahora renegaba.
Tres semanas después, la juez Alaya abrió el caso ERE y días después este periódico desveló que los fondos usados de manera presuntamente ilegal para pagar prejubilaciones ascendían a 700 millones de euros en una década.
De negar el caso, la Junta pasó a decir que era una cuestión decuatro golfos y, finalmente, a reconocer que fallaron los controles, aunque sin admitir nunca que el dinero se empleó de forma ilegal.

Alarma desconectada

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla va más allá y apunta que no es que la alarma no saltara sino que fue el propio Gobierno andaluz el que la desconectó de forma intencionada para poderrepartir dinero a capricho. Así, dio pie a un doble negocio: uno, político o «clientelar», prejubilando por sistema a trabajadores de toda la geografía andaluza para garantizarse la paz social al tiempo que tejía una red de afinidades partidistas; otro, económico, mediante el desvío de parte de esos fondos públicos a conseguidores, comisionistas e intrusos o falsos prejubilados, todos ellos normalmente bien conectados con el PSOE o con los sindicatos UGT y CCOO.
La Junta de Andalucía está personada en la causa como perjudicada, pero la juez Alaya implica por el momento a medio centenar de cargos públicos o funcionarios por haber ideado, alimentado o permitido la trama de corrupción.
Los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán; los consejeros Antonio Fernández -éste con ingreso temporal en prisión incluido-, Magdalena Álvarez, José Antonio VieraFrancisco VallejoCarmen Martínez AguayoAntonio Ávila y Manuel Recio. Los viceconsejeros Agustín BarberáJusto Mañas AlcónJuan Carlos SorianoJuan PaniaguaJesús Rodríguez Román,Gonzalo Suárez y José Salgueiro. Todos ellos están señalados por la juez, que considera que o bien idearon un burdo sistema para eludir los controles o bien lo alimentaron o bien lo consintieron o bien trataron de ocultarlo.
Los secretarios generales Rafael HerreraFrancisco GarcíaJuan Francisco SánchezJavier AguadoLourdes MedinaAntonio EstepaIsabel de HaroÁngel GarijoAna María PeñaPilar Rodríguez y José Domínguez Abascal están también encausados. Al igual que los directores generales de Trabajo Javier Guerrero,Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, que tenían a su disposición la partida 31.L o fondo de reptiles, y los de Presupuestos Antonio Lozano -luego viceconsejero de Presidencia y 'número dos' de Susana Díaz en esa consejería-Buenaventura Aguilera.

Ayudas para la familia

También están imputados los delegados provinciales de Empleo Antonio Rivas, algunos de cuyos familiares se prejubilaron ilegalmente, y Juan Rodríguez Cordobés, que recibió una ayuda.
Por pagar las ayudas la magistrada implica a los directores de la Agencia IDEA o del antiguo IFA Antonio LaraFrancisco Mencía,Miguel Ángel SerranoJacinto CañeteAntonio ValverdePablo Millán y Juan Vela.
Dos altos funcionarios de la Junta se han visto salpicados por el caso, como el jefe de los servicios jurídicos de la Junta de 2001 a 2008,Francisco del Río, y el interventor general de 2000 a 2010, Manuel Gómez, además del interventor delegado en la Consejería de EmpleoJuan Luque.
Las secretarias María Ángeles Gala y Rocío Sayago, cuyo marido tenía una empresa beneficiada por el fondo de reptiles, completan el listado de imputados, junto a los asesores Ramón Díaz -después fue diputado por el PSOE-, María José Rofa y Antonio Diz-Lois.
El colofón a este rosario de implicaciones dentro de la Junta lo poneJuan Francisco Trujillo, el chófer que declaró que iba a comprar cocaína en el coche oficial.

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