La Junta de Andalucía se niega a abrir una investigación sobre el desvío de fondos de formación de parados por parte de UGT Andalucía

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, el socialista Antonio Ávila, se niega a revisar todos los expedientes de las ayudas de formación para el empleo gestionadas durante los últimos años por UGT Andalucía pese a las contundentes pruebas documentales aportadas durante dos meses por Libertad Digital, desde hace dos días, por el diario El Mundo.Todas esas pruebas demuestran que se está ante un desvío sistemático de fondos destinados a la formación profesional de los parados andaluces y otras ayudas que son empleados en gastos sindicales varios, desde la organización de elecciones sindicales y congresos ordinarios a publicidad de las huelgas.

Según la mano derecha de José Antonio Griñán, "hay unas reglas de comportamiento por parte de los empleados públicos que garantizan el buen uso de estas partidas, de modo que, en función de una noticia, no se puede abrir una investigación». Como saben los lectores de Libertad Digital, no es una sola noticia sino 12 reportajes documentados con pruebas contundentes que muestran dichos desvíos de manera clara. Al parecer, tampoco la fiscalía general de Andalucía, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, considera necesaria la investigación.

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La Junta de Andalucía se niega a abrir una investigación sobre el desvío de fondos de formación de parados por parte de UGT Andalucía

• Miércoles, 31 de Julio de 2013 07:12
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El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, el socialista Antonio Ávila, se niega a revisar todos los expedientes de las ayudas de formación para el empleo gestionadas durante los últimos años por UGT Andalucía pese a las contundentes pruebas documentales aportadas durante dos meses por Libertad Digitaly, desde hace dos días, por el diario El Mundo. Todas esas pruebas demuestran que se está ante un desvío sistemático de fondos destinados a la formación  profesional de los parados andaluces y otras ayudas que son empleados en gastos sindicales varios, desde la organización de elecciones sindicales y congresos ordinarios a publicidad de las huelgas.

Según la mano derecha de José Antonio Griñán, "hay unas reglas de comportamiento por parte de los empleados públicos que garantizan el buen uso de estas partidas, de modo que, en función de una noticia, no se puede abrir una investigación». Como saben los lectores de Libertad Digital, no es una sola noticia sino 12 reportajes documentados con pruebas contundentes que muestran dichos desvíos de manera clara. Al parecer, tampoco la fiscalía general de Andalucía, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, considera necesaria la investigación.

 Ávila, que no quiso comentar la noticia, afirmó sin embargo que no le consta «en absoluto» que se haya utilizado dinero de los fondos de formación de empleo para pagar publicidad del manifiesto sindical de la huelga general de 2010 contra la reforma laboral del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Habrá que esperar a la demostración», añadió Ávila, obviando la documentación contable, incluido el expediente 98/2009/J/217 con el membrete oficial del Servicio Andaluz de Empleo donde se contemplan los pagos de publicidad abonados a los medios del Grupo Prisa.

Anteriormente, el portavoz del Ejecutivo, el también socialista Miguel Ángel Vázquez, aseguró en abril que estas ayudas «están perfectamente fiscalizadas» y que «se mira por el último euro que se pone al servicio de la formación profesional». «Existe un cumplimiento estricto y taxativo de la ley», subrayó.

UGT Andalucía anunció ayer que no hará declaraciones sobre el escándalo del pago de campañas de publicidad con cargo a las subvenciones para formación de desempleados. Tampoco parece estar dispuesta a abrir una investigación interna. 

UGT-A avaló el desvío de los fondos de la Junta con la ayuda de una auditora ‘amiga’ 

Informa hoy El Mundo, insistiendo en lo que ya publicó Libertad Digital el pasado dos de julio que la sociedad limitada Gabinete Interaudit, una auditora madrileña que suele revisar las cuentas de UGT Andalucía, no mostró el menor reparo a la hora de validar que fondos de una ayuda concedida por la Junta al sindicato para la formación de desempleados se desviaran para el pago de publicidad ugetista en el diario El País y la Cadena Ser en vísperas de una huelga general. Los auditores, tras dar con su visto bueno apariencia de legalidad al desvío, cobraron por esta labor 240.654,69 euros.

En la factura remitida el 26 de octubre de 2011 al sindicato por Gabinete Interaudit SL, se señalaba que el importe era por los trabajos de fiscalización del expediente 98/2009/J/217, donde figuraba el polémico recibo que prueba que el periódico y la radio del Grupo Prisa facturaron expresamente la publicidad del manifiesto sindical previo a la huelga de 2010 (contra la reforma laboral del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) con cargo a las partidas de los planes MEMTA I y II destinadas a formación profesional para desempleados, que están subvencionados por la Junta de Andalucía con fondos europeos.

En concreto, se trata de una factura de 2.061,70 euros (IVA incluido) por un contrato firmado ocho días antes de la huelga general del 29 de septiembre de 2010 para la publicación y la radiodifusión del manifiesto ‘Así no’, factura que UGT-A terminó endosando como gasto del curso de formación dirigido a desempleados para especializarlos en el cuidado de enfermos de Alzheimer. El curso en cuestión es el del expediente revisado por Interaudit, que encima contiene otros pagos publicitarios a favor de la Ser que hacen más evidente si cabe el desvío de fondos.

Y es que, con base en contratos firmados directamente por el actual secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla (en su época de responsable de Organización del sindicato), se cargaron al curso formativo para cuidadores de enfermos de Alzheimer al menos otras cuatro facturas por un importe cercano a los 65.000 euros para abonar la emisión, dos veces al día, de microespacios simultáneos en todas las emisoras andaluzas de la cadena de radio de Prisa donde se abordaban cuestiones relativas a la defensa legal de los trabajadores, la negociación colectiva y otros servicios ofertados por el sindicato. 

Aparentemente los auditores de Gabinete Interaudit no se percataron de ninguno de estos recibos extravagantes, que debían figurar necesariamente en el expediente revisado como demuestra el hecho de que, en la factura emitida por la Ser tras la huelga general –que ayer reprodujo este diario–, figurara el sello de entrada de la antigua Consejería de Empleo que acredita que fue presentada como «documento original en justificación de subvención».

 Interaudit es considerada en  ámbitos ugetistas como «la auditora amiga» de UGT Andalucía. De hecho, los dueños y administradores de esta firma mantendrían una relación cercana con la cúpula del sindicato, en especial con el responsable de Recursos Humanos, Federico Fresneda –quien contrató los anuncios de la huelga general de 2010–, y con el sucesor de Manuel Pastrana al frente de la organización, el ya mencionado Fernández Sevilla. 

 Francisco Briones, uno de los responsables de Interaudit, dijo ayer que ellos se limitan a elaborar unos informes a los que se remiten para cualquier aclaración y que no iba a contestar a nada más, "y menos en estas fechas".

Recuereda El Mundo que, en plena investigación judicial por el caso de los ERE fraudulentos de la Junta, UGT-A ha estado presumiendo de la transparencia en la gestión de sus cuentas precisamente apelando a informes como el realizado por Interaudit sobre los fondos cedidos por el Gobierno andaluz que debieron destinarse a formar a parados en el cuidado de enfermos de Alzheimer. 

«Las cuentas de UGT Andalucía son transparentes, en lo externo y en lo interno. Contamos con un órgano de control económico que revisa nuestras cuentas periódicamente y que elabora un informe que lleva a los órganos de control del sindicato. Además, esta organización encarga adicionalmente auditorías externas, tanto anualmente como en periodos de fin de mandato», subrayó en rueda de prensa Fernández Sevilla después de conocerse el auto de la juez Mercedes Alaya donde advertía del cobro de sobrecomisiones por parte de los sindicatos mayoritarios, algo que siguen desmintiendo tanto UGT-A como CCOO-A.