Córdoba / DE UN BUFETE CORDOBÉS CONTRA LA AGENCIA DE INSTITUCIONES CULTURALES
La Fiscalía de Sevilla admite una nueva demanda contra el "funcionariazo"
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A.G.
Día 23/07/2011
Nuevo revés de la Fiscalía al proyecto de reordenación del sector público proyectado por la Junta de Andalucía, conocido popularmente por el «funcionariazo».
Si esta semana el Ministerio Público de Málaga estimaba la reclamación del bufete de abogados cordobés de Mariano Aguayo, en nombre de 5.000 funcionarios que plantearon recurso contra los estatutos de la Agencia de Servicios Sociales, ahora le ha tocado el turno a la Fiscalía de Sevilla que estima parcialmente la demanda interpuesta por dicho bufete contra el decreto 101/2011 por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
El Ministerio Fiscal de Sevilla admite el recurso presentado el pasado 16 de mayo por las asociaciones «Al Andalus» y «Defiendo mi derecho y la gestión pública» que alegaban la «vulneración del derecho fundamental a acceder a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria», el mismo motivo que se argumentó y admitió en la Fiscalía de Málaga esta semana.
Destaca el dictamen que hasta ahora las contrataciones de este instituto de la Junta estaban regladas por el derecho privado «lo que difiere notablemente del régimen de acceso y reglamentación del personal funcionario y laboral de la Administración». Este hecho, según el dictámen del fiscal, «es totalmente ajeno al concepto de empleado público».
La Fiscalía entiende que el decreto se aleja de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad «que sólo puede ser exceptuados por muy excepcionales razones objetivas», por lo que la integración laboral que promueve la Junta «transforma en empleados públicos» contrataciones basadas en el derecho privado, lo que repercute no sólo en las asociaciones recurrentes «sino en todos los ciudadanos» . Al igual que en su día planteó la Fiscalía malagueña, la de Sevilla abre la puerta a presentar un recurso de «inconstitucionalidad» contra la polémica medida.
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