El TSJA investiga si la Junta sigue procurando evitar controles administrativos en la Agencia IDEA

"La Administración instrumental y paralela"

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El TSJA investiga si la Junta está legislando para saltarse controles

La Intervención señala a los auditores en el fraude de formación. + CASO ERE. La Junta también desoyó a sus abogados en las ayudas de los ERE .

El TSJA investiga si la Junta sigue procurando evitar controles administrativos en la Agencia IDEA

El TSJA investiga si la Junta sigue procurando evitar controles administrativos en la Agencia IDEA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está investigando si el Gobierno andaluz está dictando normas que traspasan competencias clave a agencias públicas "paralelas", donde pueden evitarse los controles derivados de la Intervención General y sus interventores y del Derecho Administrativo en general. Una modificación de 2014  atribuye a la Agencia pública IDEA potestades públicas reservadas a personal funcionario.

La denuncia fue formulada por la Asociación de Funcionarios de la Junta de Andalucía que tiene el nombre Defiendo mi derecho y la gestión pública. una asociación que pertenece a la "resistencia" civil y social ante el régimen andaluz. Tras ella,  el TSJA analiza una demanda interpuesta mediante la recaudación voluntaria para sufragar el procedimiento judicial entablado contra la modificación de los Estatutos de la Agencia IDEA.

La denuncia y demanda se refieren al decreto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el consejero en funciones José Sánchez Maldonado. El decreto modificalos estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), implicada en casi todas las salsas de corrupción que se dirimen en los tribunales, por ejemplo, el caso ERE e Invercaria.

El Mundo relata que el decreto de la Junta pone como excusa la adaptación de la Agencia IDEA a la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo. Recuérdese que esa ley del gobierno Griñán, apoyada incluso por Izquierda Unida, supuso la integración en la Administración, sin cumplir los requisitos oficiales exigidos, de entre 25.000 y 35.000 trabajadores del entramado "paralelo" de agencias, empresas y fundaciones públicas.

Aunque uno de los motivos aducidos en el decreto aprobado  el 26 de agosto de 2014 que modificaba los estatutos de IDEA. era un avance en la transparencia y el control en la gestión, se introdujo la atribución al Consejo Rector de la Agencia IDEA de autorizar y aprobar las actuaciones y las inversiones cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo. fuese superior a 450.000 euros e inferior a 3.0005.060,52 euros. Hasta ahora, su límite estaba fijado en los 1,2 millones de euros.

Textualmente se dice así: "2. Se modifica el apartado g), que queda redactado de la siguiente forma:

«g) Aprobar, a propuesta de la Dirección General, las actuaciones e inversiones de la Agencia y sus empresas cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 euros) e inferior o igual a tres millones cinco mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 euros).»

3. Se modifica el apartado h), que queda redactado de la siguiente forma:

«h) Proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a instancias de la Dirección General, la autorización de actuaciones e inversiones de la Agencia y sus empresas cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a tres millones cinco mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 euros). La autorización del Consejo de Gobierno llevará implícita, en su caso, la aprobación del gasto correspondiente."

También puede intervenir  y autorizar mayores sumas de dinero pero en ese caso el  Consejo de Gobierno de la Junta tiene que ratificarlo.

Ahora, corresponde asimismo a la Agencia IDEA la gestión de los denominados «fondos  sin personalidad jurídica, o fondos reembolsables, once instrumentos de ayuda, por ahora, con una dotación de más de 1.000 millones de euros que "cubren todas las «fases del desarrollo empresarial», según la Junta.

La "resistencia" de la asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, sostiene que los controles en esta Agencia y en general en todo el entramado de la conocida como administración paralela son menores que en una consejería y que eso es precisamente lo que se busca. Este procedimiento es el generalmente perseguido por la Junta de Andalucía y el PSOE para eludir controles administrativos y la fiscalización previa de la Intervención General.

Según Luis Escribano, impulsor de El Demócrata Liberal además miembro de la Asociación demandante, la fiscalización de la Intervención constituye «uno de los pilares del control férreo al que están sometidos los expedientes de gastos en la Administración General, y que impide un uso indebido del dinero público".

Incluso la Agencia IDEA podría tramita subvenciones, algo que el decreto recurrido ante el TSJA le permite. Pero en ese caso, sería un personal sujeto al Derecho Laboral, que no Administrativo, el que las tramitase a sabiendas de que tal hecho incumple  el ordenamiento jurídico y hará crecer la inseguridad jurídica.

Según Defiendo mi Derecho, la Junta sigue "empeñada en vaciar a la Administración general, con las consejerías y las agencias administrativas, de las funciones administrativas que implican el ejercicio de potestades públicas de la misma» y que deben ser ejercidas por funcionarios"

Guillermina Bermejo y la lucha contra el régimen

Guillermina Bermejo, funcionaria de la Junta de Andalucía, es una de las fundadoras de este movimiento asociación que ha resistido en Andalucía oponiéndose, incluso jurídicamente, al intervencionismo de la Junta y su derivación irregular en una administración paralela descontrolada. Junto con otras asociaciones y sindicatos, impulsó las importantes manifestaciones de 2010 y 2011 contra la Ley del enchufismo del gobierno Griñán. Alrededor de 40.000 funcionarios y empleados públicos de la Junta salieron a la calle para manifiestar su desacuerdo con el hecho de que entre 25.000 y 35.000 empleados en el entramado de agencias, fundaciones y empresas públicas pasaran a ser considerados empleados públicos de la Junta sin mediar las pruebas regladas de acceso que se exigen para todo el personal dependiente de las Administraciones Públicas.

La funcionaria Guillermina Bermejo, presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, estuvo «abandonada» y sin trabajo durante meses en la Casa Rosa de Sevilla, antigua sede la Consejería de Medio Ambiente, un edificio que quedó vacío por el traslado de los empleados públicos a otro inmueble de la nueva Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Guillermina fue una de las impulsoras de las manifestaciones contra la ley del enchufismo que promulgó el gobierno Griñán y que logró que decenas de miles de empleados se manifestaran en Sevilla y otras ciudades andaluzas.

Tuvo que llegar al extremo de presentar una denuncia en el juzgado por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores y contar públicamente su caso. En una entrevista con El Mundo explicó que la Junta no le dio ninguna explicación por su situación: "Ni una palabra. Antes y verbalmente, me indicaron que la coordinación administrativa se iba a trasladar a la sede de la calle Tabladilla porque así se había ordenado. En otra ocasión, alguien me dijo que no contaban conmigo, pero sin aportarme ninguna razón. Y la última vez alegaron que no hay sitio donde está el resto de mis compañeros..."

En dicha entrevista aseguró que había muchos funcionarios como ella que habían sido despojados de su trabajo. "La sumisión, el ver, oír y callar, y el 'sí, mi amo' es el emblema de nuestra institución. La Junta y lo de su reordenación es un ejemplo...La Junta, para consolidar el régimen, necesita una Administración clientelar y sumisa, que es todo lo contrario a una profesional. No quieren servidores públicos de verdad que apliquen la legalidad o sean imparciales, sino que buscan el interés partidista."