Importante: Noticia prensa e Informativo SAF marzo 2022: El “Gobierno del cambio” maniobra para atribuir potestades púbicas al personal de la FAFFE pese a reconocer que cualquiera puede ser un enchufado y comentario de la compañera para todos = El gobierno del PP y Cs nos mienten a todos, incumplen la ley y las sentencias de los tribunales. Casi ha terminado la legislatura y no han revertido la Ley de Reordenación del Sector Público, Ley del Enchufismo. Los hechos ya han hablado: no se devuelto a la Administración General de la Junta de Andalucía, ni a los funcionarios de las mismas, el ejercicio de las potestades públicas que legalmente les corresponde. Como hizo el PSOE, estos también ¿ le roban a los funcionarios por “ingeniería jurídica ad hoc” y por la vía de los hechos sus funciones?

El Gobierno de Moreno Bonilla maniobra para «atribuir potestades públicas» al personal de Faffe

Así lo ha denunciado el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF): «Estamos ante un ejercicio de ingeniería jurídica de los máximos responsables de personal del Servicio Andaluz de Empleo dirigida a amparar la atribución de potestades públicas al personal procedente de la extinta Fundación Faffe, entre otros, con el fin de justificar el mantenimiento de todo este personal»

 Comentario de la Compañera sobre la noticia y sobre el Informativo del SAF del mes de marzo 

Deja en evidencia el doble juego del Gobierno del Cambio. Por un lado, de cara a la galería, el Pp y C,s utilizan la Comisión para engañar a los ciudadanos haciéndonos creer que son contundentes con la corrupción y dicen que la Faffe sirvió para desviar dinero público y que el personal entró como entró. 

Por otro, en la "cocina" de verdad, encargan auditorías externas para que defiendan la "cualificación" de la esposa del Sr. Espadas y de los que en la Comisión llamaron enchufados.

Como en la mafia

"Cosen" en la Comisión lo que luego, por la noche y a escondidas, "descosen"

EL “GOBIERNO DEL CAMBIO” MANIOBRA PARA ATRIBUIR POTESTADES PÚBLICAS AL PERSONAL DE FAFFE PESE A RECONOCER QUE CUALQUIERA PUEDE SER UN ENCHUFADO.

La cúpula del SAE emite un informe basado en un desconocido informe jurídico de una auditora externa para justificar la atribución de potestades públicas al personal de FAFFE Menos de 1 de cada 4 trabajadores del SAE son personal funcionario (804 de 3365), más de la mitad proceden de la FAFFE

 Ayer se publicaba en prensa un extracto del borrador de las conclusiones de la Comisión de InvestigaciónParlamentaria sobre la FAFFE. En el mismo el Presidente de esta Comisión (miembro de Cs) expresa sin tapujos lo que muchos venimos años denunciando:

 

- "La Fundación Faffe fue una herramienta para el desvío de dinero público". "Nunca debió existir".

- Las irregularidades de la Faffe " no fueron puntuales, sino consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado".

- La plantilla de la FAFFE se conformó "sin respetar los principios constitucionales en el acceso al empleo público de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Y que la fuente de reclutamiento mayoritaria fue una base de datos de la fundación sin control y no existió ningún sistema de selección fiable".

- Dada la arbitrariedad de sus contrataciones, "cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado". 

Esta contundencia contrasta radicalmente con el informe de “SITUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO” a cuyo contenido el SAF ha tenido acceso. Informe sin fecha ni firma cuya procedencia parece ser la Jefatura de Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos del SAE y que habría sido elaborado a mediados del pasado mes de febrero. 

Según los datos del propio informe, el personal funcionario apenas representa el 23 % de la plantilla del SAE, siendo el origen de la mayoría de la plantilla la FAFFE, que todos sabemos la situación jurídica en que se encuentra (y de investigación en la jurisdicción penal). 

Es evidente que si no quieren proceder a amortizar dichos puestos o sacar a cobertura reglamentaria (como le exige a la Administración la jurisprudencia del Tribunal Supremo) se ven obligados a recurrir a la “ingeniería jurídica” para amparar el mantenimiento de dicho personal y facilitar la usurpación de potestades públicas. 

Especialmente “curiosa” nos resulta la mención directa que en el informe se hace al SAF a la hora de hablar de potestades públicas: 

““Dicha heterogeneidad entre los convenios, unida a la manera en que se produjeron las integraciones de estos colectivos en el SAE, ha ido dibujando un panorama muy judicializado, agravado por el conflicto que deriva de la interpretación que se hace de las potestades públicas por parte, fundamentalmente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), y que venía dificultando el desempeño de determinadas tareas y actuaciones al personal laboral propio. En muchas ocasiones, se identifican como potestades públicas actuaciones para las que no existe ninguna dificultad en que la desarrollen proveedores externos, es decir son funciones externalizadas en muchas de las entidades instrumentales y, por tanto, podrían ser desempeñadas por el personal laboral propio del SAE, en tanto son empleados públicos de la Junta de Andalucía”. 

También en este contexto, se han venido interpretando como potestades públicas una gran cantidad de actuaciones de soporte técnico, especializado y administrativo a la gestión, cuando la potestad pública debería centrarse en el resultado de esas actuaciones (registro, notificación, resolución, etc.) y no en las que es necesario realizar para llegar a dichos resultados”. 

De la afirmación vertida sobre el SAF deberán respondernos desde el SAE, pues la Consejería de Empleo, la Consejería de la Presidencia, la SGAP y la DGRHFP, así como el gabinete jurídico, tienen perfecto conocimiento de que no es una “interpretación” del SAF sino que siempre nos hemos limitado a informar y exigir el cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las numerosas STSJA que desmienten la afirmación vertida de que la potestad pública debería centrarse en el resultado de esas actuaciones, siendo de una gravedad absoluta y que bien pudiera derivar en la exigencia de responsabilidades penales por prevaricación y usurpación de funciones. Tienen conocimiento, no sólo porque estaba la representación letrada de la Junta en dichos procedimientos sino porque desde el SAF se las hemos remitido en numerosas ocasiones (un mero ejemplo es la Sentencia firme de TSJA de 18 de febrero de 2016, recurso 229/2014: 

“Cierto que como denuncia el Sindicato en abril de 2014 no existía aún adscripción de funcionario alguno, y una vez iniciado este proceso contencioso administrativo se adscribió temporalmente 10 funcionarios interinos, por lo que resulta ciertamente inexplicable cómo se han podido llevar a cabo el ejercicio de esas potestades administrativas, ya que no basta la firma en el acto administrativo final de la Dirección Gerencia que expresamente tiene atribuida la potestad administrativa, porque esa toma de decisión debe ir precedida de la instrucción de un procedimiento que incumbe exclusivamente a los funcionarios. Así lo hemos afirmado en numerosas sentencias respecto a encomiendas de gestión anuladas por esta Sala y confirmadas por el Tribunal Supremo, “que no se pueden llevar a cabo por personal laboral, actuaciones o funciones de dación de fe pública y gestión de registros administrativos, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria de evaluación, control, autorizatorias, de vigilancia e inspección, propuestas de resolución etc, de naturaleza indudablemente administrativa”). 

Por otro lado, consideramos de de extrema gravedad que teniendo la Consejería de Empleo y la DGRRHHFP una estructura de más de 30 funcionarios licenciados en Derecho y especializados en materia de personal (sin contar con los letrados del Gabinete Jurídico) se encargue a una consultora externa realizar auditoria jurídica del personal integrado en el SAE y se sigan a pies juntillas sus recomendaciones. ¿Quizás es que saben que el personal funcionario especializado no ampararía lo que pretenden hacer dando potestades públicas al personal laboral dado sus claros visos de ilegalidad? ¿No será que han destinado fondos públicos a una empresa privada para la emisión de un informe “ad hoc” en el que las conclusiones ya estaban redactadas de antemano y con el que pretenden justificar la culminación de la desfuncionarización del SAE?

En conclusión, estamos ante un ejercicio de ingeniería jurídica de los máximos responsables de personal del SAE dirigida a amparar la atribución de potestades públicas al personal procedente de FAFFE (entre otros) con el fin de justificar el mantenimiento de todo este personal. Todo ello pese a que el TSJA y el TS ya sentenciaron que las atribuciones de potestades públicas en estos ámbitos corresponden en exclusiva a personal funcionario. 

De esta manera el autodenomidado “Gobierno del Cambio” consolida la grave desdotación de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, donde sólo 1 de cada 4 trabajadores es personal funcionario, pese a tener un cuerpo funcionarial altamente especializado (Ciencias Sociales y del Trabajo).

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