La Junta de Moreno Bonilla margina a los funcionarios de la reforma de la Administración.
Pedro de Tena (Sevilla)2021-02-19
- Se traga la "tela de araña" del PSOE y reduce la "potestad pública" de los funcionarios.
Es casi un axioma confirmado por los años
que, cuando gobierna la izquierda, PSOE o PSOE + IU o los nacionalismos, PNV,
CiU u otros con o sin el PSOE, se afrontan reformas decisivas que los
benefician sectariamente y se "siembra" (expresión de Íñigo Errejón)
de empleados afines la Administración Pública por procedimientos sin control o
sencillamente a dedo. Y también lo es que cuando
gobierna el centro derecha es incapaz de revertir tales reformas y se traga los hechos
consumados, por antidemocrática que sea su esencia.
Igualmente es una evidencia que cuando el
centro derecha logra aprobar alguna ley relevante, véase las leyes de educación
de la etapa de José María Aznar y algún intento del gobierno Rajoy, en cuanto
llega al poder la izquierda, con o sin nacionalismos, sus gobiernos sí son
capaces de revertir lo que haga falta sin complejo ni pudor alguno.
En Andalucía, en estos días, se está
viviendo una nueva edición de lo mismo. El gobierno de Juan Manuel Moreno y
Juan Marín, heredó una administración pública inflada por décadas
de enchufismo descarado y partidista que logró incluso componer toda una
"administración paralela". Además de albergar a amigos, familiares,
simpatizantes o ex cargos de PSOE, IU y UGT y CCOO, se permitía a los gobiernos
socialistas desde 1982 eludir los controles y el rigor de los verdaderos
funcionarios públicos.
Habrá que recordar que la situación fue de
tal envergadura que los funcionarios y buena parte del personal laboral se
rebelaron contra la impunidad de la Junta en "colocar" sin pruebas
homologadas y legales a miles de personas en diferentes entes, organismos,
empresas públicas, fundaciones y consorcios varios.
No eran pocos. Se cifró su montante en más de
25.000 personas, cantidad que sigue
vigente, en 2010, fecha en que se produjo la gran manifestación en Sevilla de
decenas de miles de personas contra el enchufismo con el apoyo entonces
de Javier Arenas,
líder de un PP en alza que, con estos y otros apoyos, estuvo a punto de
gobernar en Andalucía en 2012.
Pero el presidente socialista José Antonio Griñán, luego condenado en la pieza política del caso ERE, logró con el apoyo de la izquierda comunista y UGT y CCOO, imponer inicialmente por decreto (el "decretazo" del enchufismo) una operación que consistía básicamente en convertir en personal oficial de la Administración pública andaluza a todo este ejército de colocados. Y lo consiguió mediante una ley posterior con el apoyo de IU.
De este modo, Griñán blanqueó todo el empleo público negro reordenando el sector público de modo que cada vez se convocaban menos oposiciones para funcionarios, para desesperación de los opositores, mientras que entraban a raudales en la Junta personas "amigas" sin tener en cuenta su capacitación técnica y sin pruebas serias de acceso.
Se traga el enchufismo
El gobierno de Juan Manuel Moreno y Juan Marín aprobó hace dos días el Anteproyecto de Ley de Función Pública ignorando por completo al Sindicato Andaluz de Funcionarios que es el sindicato más representativo de los funcionarios andaluces desde el año 2011. En su lugar, ha contado con el apoyo de UGT, CCOO y CSIF para perpetrar lo que más que un cambio es un "cambiazo".
Con ello incumple su propio programa político. El propósito inicial del nuevo gobierno era el desmontaje de esta administración paralela. De hecho, en el punto 3 de su proyecto para los primeros 100 días de gobierno de PP y Ciudadanos se decía:
3.
Aprobaremos un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y
evaluación de todas las entidades dispersas de la "Administración
paralela" con el doble objetivo de eliminar todos los entes que se
consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción, así
como para garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones
públicas andaluzas y mejorar la profesionalidad y eficiencia en su gestión.
Es más, es que en su programa de gobierno conjunto se escribió en su punto I.3
"Desmontar la "Administración paralela" y racionalizar el gasto".
8.- Encargaremos una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales.
Pero la Junta, más que nada el PP porque Ciudadanos nunca fue partidario de medidas drásticas, atendiendo a la repercusión política de miles de despidos y de las demandas laborales en los juzgados de lo social con probables sentencias contrarias y sus correspondientes indemnizaciones, ha preferido "tragarse" la administración paralela y encajarla de algún modo para que hagan algo útil.
Según han contado portavoces del SAF a Libertad Digital, a estas alturas, con todo el personal
enchufado dentro ya sin apenas discusión porque el riesgo de poner orden y
justicia en la herencia recibida podría tener consecuencias económicas
(indemnizaciones por despidos) y electorales que asustan a PP y Ciudadanos, lo
que más preocupaba a los funcionarios era este "encaje" esto es, la
consideración que se le da a las potestades públicas de los funcionarios.
Hasta tal punto ha sido grave la
"invasión" de la administración andaluza por personas que no han
superado pruebas de acceso adecuadas que hoy por hoy en la Junta de Andalucía hay menos funcionarios de
carrera y personal con oposición que este otro personal de origen
incierto colocado de manera irregular por los sucesivos gobiernos socialistas.
Según el Sindicato Andaluz de
Funcionarios, aunque el anteproyecto de Ley rige en exclusiva para
el Personal Funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía y
únicamente de manera supletoria para el resto, "en ningún momento del
proceso de elaboración de este anteproyecto de Ley se ha escuchado, invitado a
participar, ni oídas las sugerencias que podía aportar la organización sindical
más representativa en los últimos 10 años en Andalucía, el Sindicato Andaluz de
Funcionarios" que fue impulsor de las manifestaciones antienchufistas de
2010.
Añaden que "desde que se inició el
gobierno del PP y Ciudadanos hemos asistido a un incumplimiento tras otro de
sus promesas electorales con respecto a la Administración.
Especialmente se ha marginado a los funcionarios del nuevo enfoque de las "Potestades administrativas", esto es, sobre qué funciones puede hacer, o no, el personal laboral de las Agencias que incluye la "administración paralela" sin invadir potestades públicas. Tampoco se han tenido en cuenta "las numerosas sentencias ganadas por nuestra organización sindical a este respecto".
Esto es y para que sea comprensible, el gobierno del "cambio" no sólo se traga de un bocado décadas de irregularidades en la contratación de una administración paralela sin intentar siquiera una reforma justa que contemple los derechos de quienes nunca pudieron acceder legalmente a la administración andaluza y la legalidad constitucional sino que, para que puedan dejar, como muchos estaban, de estar mano sobre mano (algo que denuncio incluso un miembro del gobierno de Susana Díaz), se van a invadir las potestades de los funcionarios.
Ya se ha comprobado cómo en el Anteproyecto de Ley, artículo 14, el concepto de
"potestad pública" sufre un ataque directo y la hace accesible a
quienes entraron en la Junta de un modo desconocido o, cuando menos, no reglado. La clave, el artículo 14, que se
refiere a las "Funciones de las diferentes clases de personal empleado
público" en la Junta de Andalucía.
https://www.libertaddigital.com/andalucia/2021-02-18/la-junta-de-moreno-bonilla-margina-a-los-funcionarios-de-la-reforma-de-la-administracion-6711047/
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