TRIBUNALES.La
juez envía al banquillo al líder del PSOE en Huelva y abre una crisis interna
en plena precampaña
- Confirma los indicios que apuntan a que el también presidente de la Diputación de Huelva conoció y orquestó el presunto soborno a dos concejales para frustrar una moción de censura en el Ayuntamiento de Aljaraque para desalojar a la alcaldesa del PSOE.
TRIBUNALES
La
juez envía al banquillo al líder del PSOE en Huelva y abre una crisis interna
en plena precampaña
- Confirma los indicios que apuntan a que el también presidente de la Diputación de Huelva conoció y orquestó el presunto soborno a dos concejales para frustrar una moción de censura en el Ayuntamiento de Aljaraque para desalojar a la alcaldesa del PSOE
Una juez le ha estropeado al PSOE andaluz de Susana
Díaz la precampaña electoral para el 10N cuando apenas había empezado. La
magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva ha abierto una crisis en el
PSOE de esa provincia tras enviar al banquillo a su secretario general,
Ignacio Caraballo, que es también el presidente de la Diputación y, al menos hasta hace
poco, uno de los dirigentes socialistas andaluces fieles a Díaz.
Caraballo será juzgado por su supuesta implicación en el presunto soborno a
dos concejales de Aljaraque Sí Se Puede -la marca blanca de
Podemos en ese municipio onubense- que iban a suscribir una moción de censura contra la alcaldesa,
del PSOE, y que finalmente se echaron atrás. Según la investigación de la
Guardia Civil, no desistieron por la presión política o por una decisión
personal, sino
por el compromiso de obtener, a cambio, una recompensa. En concreto, la entrada en la junta de gobierno
de uno de los ediles y la contratación en la empresa de aguas de la capital de
la esposa del otro.
Y todo ello, según recoge el auto dictado este martes
y al que ha tenido acceso EL MUNDO, con el conocimiento y el impulso del propio Caraballo, de
cuya implicación está convencida la magistrada por las escuchas telefónicas a
los implicados y las declaraciones de los testigos.
En su resolución, la juez María José Fernández acuerda
continuar el procedimiento para celebrar juicio con jurado contra Caraballo y el resto de los
imputados, entre ellos los dos concejales supuestamente sobornados, Pedro
Escalante y Francisco Martín; José Luis Rodríguez, sindicalista de CCOO;y el director
de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva, J.M.M.R., a los que suma un
nuevo investigado, el director de Cliente de Aguas de Huelva, J.A.F.M., que
tendrá que declarar como imputado.
Todos, incluido el líder del PSOE onubense, están
imputados por un presunto delito de cohecho del artículo 419 o 420
del Código Penal, castigados con penas de prisión de entre dos y seis años.
"Lo que me han trasladado es que Caraballo ha
dicho que adelante con lo que propusimos anoche", se escucha en una de las grabaciones realizadas con los pinchazos telefónicos a los principales
protagonistas del supuesto soborno.
Señala la juez Fernández que aunque el secretario
general del PSOE de Huelva no estuvo directamente implicado en las
negociaciones, sí estuvo "al corriente" y añade además como prueba de
cargo las frecuentes conversaciones telefónicas que
durante esos días recibió e hizo al teléfono móvil del miembro de CCOO que las
dirigió, según los denunciantes en su nombre. Solamente el día en el que se
produjo la reunión clave para abortar la moción, hablaron tres veces y otra más
el día siguiente a la votación de la citada moción de censura.
El auto del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva coloca
a Caraballo en un callejón sin salida, ya que tiene pocas opciones teniendo en
cuenta el código ético del PSOE, que obliga a dimitir cuando se produce la
apertura de juicio oral en un caso como el del soborno de Aljaraque. Pero es
que, además del escándalo político en plena precampaña, agita las turbulentas
aguas del PSOE andaluz al forzar, más pronto que tarde, a abrir un proceso
de renovación en Huelva que podría
mermar los ya menguantes apoyos de Díaz.
De hecho, son insistentes los rumores que apuntan a
que el defenestrado portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, estaría preparando una candidatura con
la que controlar el partido en Huelva, lo que sería un golpe serio para el
liderazgo de Susana Díaz.
LA
MOCIÓN
El escándalo, y la consiguiente investigación judicial, tienen su raíz en las
grabaciones que de las negociaciones entre los concejales de Aljaraque Sí Se
Puede y el PSOE hizo el asesor de comunicación de la primera formación.
Registró, a partir de cierto momento, todas las conversaciones a las que él
mismo asistía y las puso a disposición del juzgado.
En una de esas grabaciones se escucha decir al
representante del PSOE: El partido «mete a tu mujer, pero no se firma. Es
ilegal y me meten en la cárcel». El autor sería José Luis Rodríguez y su
interlocutor, el denunciante a quien le explica cómo se iba a pagar a Francisco
Martín, cuya esposa fue llamada al poco tiempo por la empresa de aguas que le
ofreció un contrato de obras y servicio
para realizar tareas administrativas.
Rodríguez acudía a las reuniones como el «enviado político de Ignacio Caraballo», según decía en su
denuncia el asesor que destapó el caso y grabó a sus protagonistas. Aunque el
papel del presidente de la Diputación no sólo fue secreto. Igualmente, él fue
el que presidió la firma del acuerdo que desactivó la moción de censura y alabó
públicamente la labor que había desarrollado el dirigente local de CCOO. «La
buena relación entre nosotros y CCOO nos ha servido para limar todas las
asperezas que había entre los distintos grupos», destacó Caraballo el 12 de
enero de 2017.
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