CURSOS DE FORMACIÓN. Procesan al exalcalde
socialista de Granada y otros; ex altos cargos de la Junta por prevaricación
- El juez Vilaplana dicta auto de continuación como procedimiento abreviado en esta causa, en la que se investiga la usurpación de funciones a los funcionarios en las inspecciones de los cursos de formación en Economía Social
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6
de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado
continuar por los trámites del procedimiento abreviado la causa seguida contra 19 investigados, entre
ellos varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía como el ex delegado
provincial de Economía e Innovación y exalcalde de Granada Francisco Cuenca, del PSOE,
por presuntos delitos de usurpación de funciones pública, prevaricación,
negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la
contratación administrativa y falsedad documental en
relación con la contratación de servicios para realizar labores de control e inspección de los cursos de
Formación Ocupacional en
Economía Social organizados por la Junta
durante 2010, 2011
y 2012.
En un auto dictado el día 2 de octubre y notificado este viernes a las partes personadas en el procedimiento, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas –acusación popular ejercida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF)-
…. el
juez procesa al socialista
Francisco Cuenca, por su gestión como delegado
provincial de la Consejería en Granada, así como a los ex delegadso provinciales en
Jaén, Málaga y Cádiz, la ex directora general de Economía Social y
Emprendendores o ex jefes de servicio en distintas delegaciones como Sevilla,
entre otros.
….. Así, «los correspondientes responsables
–investigados en la presente causa- de la Junta de Andalucía, vía contratación
de servicios a prestar por particulares, se habrían
valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo aquellas tareas pese a que la ejecución de las mismas formaría parte de
las potestades que se encuentran reservadas por el ordenamiento jurídico
a los funcionarios públicos».
….
De este modo, y según
manifiesta el juez, se
procedió «así de forma injusta y arbitraria a atribuir a
aquellos contratistas particulares la detentación de
funciones públicas, es decir, funciones que la Ley atribuye –con
carácter exclusivo y excluyente- a integrantes de la Función Pública», agregando
que «la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada
de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de actas e
informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las
funciones encomendadas y potestades atribuidas».
Según indica el
instructor, estos documentos «cuentan
con membrete o encabezamiento oficial de la “Junta de Andalucía» y del «Fondo
Social Europeo» y aparecen firmados por los propios contratistas bajo la
rúbrica oficial «Por la Administración (El
Inspector)», quedando así materializado por los contratistas el
ejercicio de las potestades
inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por
tanto, no ser inspectores oficiales de la
Administración autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente
expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino
incorporarse».
El juez precisa que «las potestades en tal
sentido usurpadas
consistirían en tareas de seguimiento, control y verificación de la ejecución
de cursos de Formación Profesional para la Economía Social y Jornadas Técnicas
de difusión en las ocho provincias andaluzas programados por la Dirección
General de Economía Social para los referidos ejercicios 2010, 2011 y 2012», lo
que «se materializaría en la presentación por parte del 'Inspector'
–contratista particular- de informes sobre el estado de la ejecución de las
actuaciones programadas, reflejando todas aquellas incidencias detectadas en
las visitas a los cursos y jornadas de difusión».
Todo ello, además,
«culminaría con la elaboración, por parte del contratista, de conclusiones e
informes de evaluación sobre los cursos y actuaciones formativas
inspeccionadas», pone de manifiesto el juez, que señala que «así consta
expresamente» en el contrato menor de servicios de seguimiento y verificación
de la ejecución de jornadas y cursos de Formación Profesional para la Economía
Social en la provincia de Sevilla
durante 2011, en el contrato menor de servicios de seguimiento y verificación
de los cursos en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Granada y Sevilla durante 2012, o en los
pliegos de prescripciones técnicas de los contratos concertados para el
seguimiento de los cursos en la provincia de Jaén durante 2012, 2011 y 2012.
El magistrado asevera,
asimismo, que en virtud de la contratación realizada «se atribuye a los
'Inspectores' contratados facultades para realizar requerimientos de
subsanación de deficiencias, bajo apercibimiento de que en caso de no ser
atendidos, es decir, en caso de corregirse las anomalías detectadas en un plazo
determinado (normalmente de diez días), podría procederse a la suspensión
cautelar, minoración económica o anulación del correspondiente curso o
actuación programada», haciéndose así constar expresamente en los informes de
visita de inspección a los cursos, firmados 'Por la Administración. El Inspector' y
extendidos por duplicado».
Al hilo, el juez subraya
que «los particulares contratados no podrían ejercitar tales potestades
administrativas, pues sólo las mismas podrían ser ejercitadas por funcionarios
públicos», quienes son los únicos que «pueden, en el marco de actuación de una
Administración pública, realizar actuaciones o desempeñar funciones de
evaluación, de control, de vigilancia e inspección, autorizatorias o de
propuesta de resolución, al tratarse de funciones netamente administrativas y
suponer su ejercicio una participación, directa o indirecta, en el ejercicio
del poder público».
…….
Así, se atribuyó «la
detentación de funciones públicas» a dos empresas contratistas «de forma
injusta y arbitraria», una detentación «que se habría materializado en el
empleo de documentación administrativa consistente en modelos de actas e
informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las
entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y
potestades atribuidas».
Texto Sentencia.
Ahora bien, no basta con que los actos finales sean dictados y firmados por el Presidente de la Agencia, que en este caso correspondería al Viceconsejero u órganos directivos que tienen expresamente atribuida la potestad administrativa, pues esa toma de decisión debe ir precedida de la instrucción de un procedimiento que incumbe exclusivamente a los funcionarios. Así lo hemos afirmado en numerosas sentencias respecto a encomiendas de gestión anuladas por esta Sala y confirmadas por el Tribunal Supremo," que no se pueden llevar a cabo por personal laboral, actuaciones o funciones de dación de fe pública y gestión de registros administrativos, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica financiera y presupuestaria,de evaluación, control, autorizatorias, de vigilancia e inspección, propuestas de resolución etc, de naturaleza indudablemente administrativa.
Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad.
TRIBUNALES. El juez 'resucita' el
escándalo de la formación y procesa a ex cargos del PSOE en la Junta y a su ex
alcalde en Granada
- Confirman los indicios de delito contra Francisco Cuenca y otras 18 personas por los contratos irregulares para supervisar los cursos
……. pieza independiente
en la que se investigan, tras la denuncia del Sindicato de Funcionarios, múltiples
irregularidades en la contratación de varias empresas que se encargaban de la
supervisión de los cursos de Formación Ocupacional que subvencionaba la
Consejería de Economía a través de la Dirección General de Economía Social,
cuyos responsables contrataron, entre otros, a personas de su confianza con las
que ya trabajaban y que crearon una cooperativa ad hoc.
….. Todo ello después de
que haya confirmado los indicios
de delito que señalan a los 19 imputados, investigados por los delitos
de usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades
prohibidas a funcionarios, fraude en la contratación administrativa y falsedad
documental.
Entre los imputados está la ex directora general Economía Social, Ana Barbeito y varios
ex delegados provinciales de la Consejería de Innovación, entre ellos Francisco
Cuenca que, cuando sucedieron los hechos desempeñaba ese cargo en
Granada.
Asimismo, el juez señala
a la ex delegada en Cádiz, Angelina Ortiz; al de
Almería, Manuel Gabriel Pérez; o a la de Jaén, Marta Rueda, así como a varios jefes de servicio y a los beneficiarios de los
contratos, todos ellos involucrados, dice el auto conocido ayer.
….
El
magistrado considera probado que las órdenes de realizar los contratos se
dieron desde «distintos organismos centrales y provinciales» dependientes de la
Dirección General de Economía Social de la Consejería de
Economía e Innovación los años 2010, 2011 y 2012.
Los
responsables, todos ellos imputados, se valieron de contratistas particulares
para llevar a cabo tareas -la inspección de los cursos-
que, en realidad, eran exclusiva competencia de funcionarios públicos.
De este modo, en lugar de
que fuesen funcionarios los que controlasen los cursos subvencionados, fueron empresas particulares, ligadas en no pocos
casos a los propios cargos políticos, los que vigilaron
el gasto del dinero. Incluso, se contrató a una empresa para que
vigilase los cursos que, además, se daban en sus instalaciones.
CURSOS DE FORMACIÓN
Procesan al exalcalde socialista de Granada y otros ex altos cargos de la
Junta por prevaricación.
- El juez Vilaplana dicta auto de continuación como procedimiento abreviado en esta causa, en la que se investiga la usurpación de funciones a los funcionarios en las inspecciones de los cursos de formación en Economía Social
El juez de
refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado continuar por los
trámites del procedimiento abreviado la
causa seguida contra 19 investigados, entre ellos varios ex altos cargos de la
Junta de Andalucía como el ex delegado provincial de Economía e Innovación y exalcalde de Granada
Francisco Cuenca, del PSOE, por
presuntos delitos de usurpación de funciones pública, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a
funcionarios públicos, fraude en la contratación
administrativa y falsedad documental en
relación con la contratación de servicios para realizar labores de control
e inspección de los cursos de
Formación Ocupacional en Economía Social organizados por la
Junta durante 2010, 2011 y 2012.
En
un auto dictado el día 2 de octubre y notificado este viernes a las partes
personadas en el procedimiento, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas
–acusación popular ejercida por el Sindicato Andaluz de
Funcionarios (SAF)- para que, en el plazo común de diez días,
soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de
la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias
indispensables para formular la acusación, según ha informado el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
De
esta manera, el juez procesa al socialista Francisco Cuenca, por su gestión como delegado provincial de la
Consejería en Granada, así como a los ex delegadso provinciales en Jaén, Málaga y Cádiz, la ex directora general de Economía Social y
Emprendendores o ex jefes de servicio en distintas delegaciones como Sevilla,
entre otros.
El
instructor, el mismo que está investigando actualmente la causa de los ERE por la baja de la juez Núñez Bolaoñs, relata en
su resolución que, de las diligencias practicadas, se deduce que desde
distintos organismos centrales y provinciales dependientes de la Dirección General de
Economía Social de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta «habrían procedido a la contratación
de servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección de los cursos
de Formación Ocupacional (FPO) en Economía Social
organizados por dicha entidad durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012».
«Injusta y arbitrariamente»
atribuyeron a los contratistas las funciones de los empleados públicos
De
este modo, y según manifiesta el juez, se procedió «así de forma injusta y arbitraria a atribuir a aquellos contratistas particulares
la detentación de funciones públicas, es decir, funciones que la Ley atribuye
–con carácter exclusivo y excluyente- a integrantes de la Función Pública»,
agregando que «la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido
acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos
de actas e informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el
ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».
Según
indica el instructor, estos documentos «cuentan con membrete o encabezamiento oficial
de la “Junta de Andalucía» y del «Fondo Social Europeo» y
aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica oficial «Por la
Administración (El Inspector)», quedando así materializado por los contratistas
el ejercicio de las potestades inspectoras
atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto,
no ser inspectores oficiales de la Administración autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente
expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino
incorporarse».
El
juez precisa que «las potestades en tal
sentido usurpadas consistirían en tareas de
seguimiento, control y verificación de la ejecución de cursos de Formación Profesional para la Economía
Social y Jornadas Técnicas de difusión en las ocho provincias andaluzas
programados por la Dirección General de Economía Social para los referidos
ejercicios 2010, 2011 y 2012», lo que «se materializaría en la presentación por
parte del 'Inspector' –contratista particular- de informes sobre el estado de
la ejecución de las actuaciones programadas, reflejando todas aquellas
incidencias detectadas en las visitas a los cursos y jornadas de difusión».
Todo
ello, además, «culminaría con la elaboración, por parte del contratista, de
conclusiones e informes de evaluación sobre los cursos y actuaciones formativas
inspeccionadas», pone de manifiesto el juez, que señala que «así consta
expresamente» en el contrato menor de servicios de seguimiento y verificación
de la ejecución de jornadas y cursos de Formación Profesional para la Economía
Social en la provincia de Sevilla durante
2011, en el contrato menor de servicios de seguimiento y verificación de los
cursos en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva,
Granada y Sevilla durante 2012, o en los pliegos de
prescripciones técnicas de los contratos concertados para el seguimiento de los
cursos en la provincia de Jaén durante
2012, 2011 y 2012.
El
magistrado asevera, asimismo, que en virtud de la contratación realizada «se
atribuye a los 'Inspectores' contratados facultades para realizar
requerimientos de subsanación de deficiencias, bajo apercibimiento de que en
caso de no ser atendidos, es decir, en caso de corregirse las anomalías
detectadas en un plazo determinado (normalmente de diez días), podría procederse
a la suspensión cautelar, minoración económica o anulación del correspondiente
curso o actuación programada», haciéndose así constar expresamente en los
informes de visita de inspección a los cursos, firmados 'Por la
Administración. El Inspector' y extendidos por
duplicado».
Al hilo, el juez
subraya que «los particulares contratados no podrían ejercitar tales potestades
administrativas, pues sólo las mismas podrían ser ejercitadas por funcionarios
públicos», quienes son los únicos que «pueden, en el marco de actuación de una
Administración pública, realizar actuaciones o desempeñar funciones de
evaluación, de control, de vigilancia e inspección, autorizatorias o de
propuesta de resolución, al tratarse de funciones netamente administrativas y
suponer su ejercicio una participación, directa o indirecta, en el ejercicio
del poder público».
Francisco Cuenca:
contratación ilícita
En
relación al ex alcalde de Granada, el
magistrado precisa que consta en autos que, en su calidad de delegado
provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta, «habría
efectuado la ilícita contratación de los servicios de
seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación
Profesional para la Economía Social en la provincia de Granada durante los
ejercicios 2010 y 2011».
El instructor añade
en este sentido que se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a
través de dos instrumentos calificados como «Memoria Justificativa»,
articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a
qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal
el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y
consecutiva, en concreto por el importe de 12.412 euros el contrato menor correspondiente
a 2010 y por el importe de 12.000 euros el contrato menor correspondiente a
2011.
Así, se atribuyó «la
detentación de funciones públicas» a dos empresas contratistas «de forma
injusta y arbitraria», una detentación «que se habría materializado en el
empleo de documentación administrativa consistente en modelos de actas e
informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las
entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y
potestades atribuidas».
tRIBUNALES
El
juez 'resucita' el escándalo de la formación y procesa a ex cargos del PSOE en
la Junta y a su ex alcalde en Granada
Sevilla
Viernes, 4 octubre 2019 - 21:18
- Confirman los indicios de delito contra Francisco Cuenca y otras 18 personas por los contratos irregulares para supervisar los cursos.
El escándalo del fraude de la formación resucita.
Después que la macrocausa abierta por los cursos de la Junta quedase archivada,
el juez de refuerzo del Juzgado 6 de Sevilla ha reactivado el escándalo con
el procesamiento de 19 personas, entre ellos varios ex altos
cargos socialistas de la Junta y
el ex alcalde de Granada, también del PSOE,
Francisco Cuenca.
Se trata de una pieza independiente en la que se
investigan, tras la denuncia del Sindicato de Funcionarios, múltiples
irregularidades en la contratación de varias
empresas que se encargaban de la supervisión de los cursos de Formación
Ocupacional que subvencionaba la Consejería de Economía a través de la
Dirección General de Economía Social, cuyos responsables contrataron, entre
otros, a personas de su confianza con las que ya trabajaban y que crearon una
cooperativa ad hoc.
En un auto dictado el pasado día 2, el magistrado José
Ignacio Vilaplana acuerda continuar el procedimiento judicial y transformar la
causa en procedimiento abreviado, un paso previo a la apertura de
juicio. El juez da ahora un plazo de diez días a las partes para que soliciten
o no la celebración de la vista y, en su caso, formulen sus conclusiones.
Todo ello después de que haya confirmado los indicios de
delito que señalan a los 19 imputados, investigados por los delitos de
usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades
prohibidas a funcionarios, fraude en la contratación administrativa y falsedad
documental.
Entre los imputados está la ex
directora general Economía Social, Ana Barbeito y varios ex delegados
provinciales de la Consejería de Innovación, entre ellos Francisco Cuenca que,
cuando sucedieron los hechos desempeñaba ese cargo en Granada.
Asimismo, el juez señala a la ex delegada en Cádiz,
Angelina Ortiz; al de Almería, Manuel Gabriel Pérez; o a la de Jaén, Marta
Rueda, así como a varios jefes de servicio y a los beneficiarios de
los contratos, todos ellos involucrados, dice el auto conocido ayer.
CONTRATISTAS PARTICULARES
El magistrado considera probado que las órdenes de
realizar los contratos se dieron desde «distintos organismos centrales y
provinciales» dependientes de la Dirección General de Economía Social de la
Consejería de Economía e Innovación los años 2010, 2011 y 2012.
Los responsables, todos ellos imputados, se valieron
de contratistas particulares para llevar a cabo tareas -la
inspección de los cursos- que, en realidad, eran exclusiva competencia de
funcionarios públicos.
De este modo, en lugar de que fuesen funcionarios los
que controlasen los cursos subvencionados, fueron empresas particulares, ligadas en
no pocos casos a los propios cargos políticos, los que vigilaron el gasto del
dinero. Incluso, se contrató a una empresa para que vigilase los cursos que,
además, se daban en sus instalaciones.
En lo que respecta al ex alcalde de
Granada, el juez Vilaplana señala que en su calidad de delegado provincial de
Economía e Innovación efectuó de forma supuestamente ilícita la contratación de
los servicios de seguimiento y verificación de la ejecución de los cursos a
través de dos contratos menores de forma irregular.
Se atribuyeron de esta forma, añade, a dos empresas
«funciones públicas» de «forma injusta y arbitraria», precisa.
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