TRIBUNAPOLÍTICA.
OPINIÓN.
VICTORIO MARGARIÑOS
10 ENE. 2019 02:06
10 ENE. 2019 02:06
La cesión de competencia en materia de educación es un error
letal que conduce a la dilución del Estado.
- El autor explica que se ha forzado, recalcado y amplificado la especial identidad de las regiones en nuestro país potenciando el poder de las mismas, lo que ha repercutido negativamente en la estructura estatal.
El Estado es en esencia el Derecho que ampara a las personas que nacen bajo su manto o protección; las cuales a su vez, aunque de modo indirecto y muy filtrado, controlan el ejercicio del poder, ínsito a la organización estatal. Pero es la nación, es decir, las personas unidas al Estado por vínculo de nacimiento, base de la soberanía a la que alude el artículo 1 de la Constitución, la que da vida y emoción al Estado.
Dentro del territorio del Estado existen diferencias que
han podido ser importantes en otras épocas, en las que la realidad social y
económica era distinta y la comunicación difícil. Hoy, sin embargo, han quedado
reducidas a ciertas, pocas, peculiaridades, en especial la del idioma. Pese a
ello, en los últimos años, se ha forzado, recalcado y amplificado la especial
identidad de las regiones; potenciando,
paralelamente, el poder de las mismas. Hasta
tal punto que se habla de Estado plurinacional, Nación de naciones, Estado
federal; abandonado el término autonomía.
El origen de esta evolución política, terminológica y
conceptual, que es causa de incertidumbre para entender la estructura del
Estado, viene de lejos. Pero la causa inmediata está en la Constitución, cuando
habla de la indisoluble unidad de la nación española y a la vez reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran. Mezclando los términos
nacionalidad, autonomía y región, en
lugar de referir la nacionalidad a la cualidad de las personas que nacen bajo
la protección del Estado, como lo hace el Código Civil. La Constitución agrava
la confusión al no fijar claramente las competencias del Estado y permitir que
éste pueda transferir a las Comunidades Autónomas facultades relativas a
materias de titularidad estatal; dotándolas de instituciones equivalentes a las
de un Estado: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno, Presidente, Tribunal
Superior de Justicia.
Esta confusa y errónea regulación, unida a una ley electoral incompatible con una configuración
equilibrada del Estado, al permitir que
partidos que defienden los intereses de región, que no los generales,
contiendan al mismo nivel que los nacionales,
ha sido el origen de un proceso
de deterioro del Estado, que afecta
gravemente a la igualdad y libertad de sus ciudadanos.
Tal error inicial ha sido utilizado por los políticos,
que, en ocasiones, por su dificultad para sobresalir en el ámbito nacional, se
refugiaron en las regiones, haciendo de ellas verdaderos feudos y un campo
abierto para aumentar su cuota de poder. Los
políticos potenciaron el sistema autonómico. Lo
ensalzaron como un acierto y avance, alentaron su crecimiento, y se sirvieron
de él de modo interesado. La crítica del sistema autonómico se consideró
herejía.
Los políticos atrincherados en las Comunidades Autónomas,
aprovechando la dejación y complicidad de los gobiernos estatales, han
desarrollado una especial voracidad legislativa. A ciencia y paciencia de los
órganos de control, se han elaborado Estatutos que por su contenido son
verdaderas Constituciones. Se han saltado límites al desarrollar los derechos
forales, promulgando incluso Códigos
civiles, que son el más indicativo signo de
una nación. Como el de Cataluña que, sin perjuicio de su perfeccionamiento
técnico y su mayor adaptación al tiempo de hoy, ha recogido no sólo sus
instituciones peculiares, alguna por cierto inactual pero que marca
diferencias, sino también todas las relaciones civiles de carácter general.
Además, ante la pereza y desidia estatal, las Comunidades han regulado nuevas
situaciones, como las uniones de hecho, por ejemplo, que el Estado ha
desatendido, y que debería acoger para su generalización normativa, en aras de
una mayor seguridad jurídica.
De este modo, lo que se inició como una construcción
política artificial y novedosa en buena parte, ha ido penetrando en la sociedad
hasta provocar un sentimiento de nación en cada región. El Estado se ha ido
vaciando de competencias necesarias para una construcción armónica y justa de
la convivencia, y los ciudadanos perciben que la regulación de las relaciones
jurídicas importantes procede de su Comunidad. Con la cual se identifican hasta tal punto que cada vez
reconocen menos al Estado de España. Ente
que se va diluyendo y se ve en lontananza como algo distante, relacionado con
los poco empáticos Fisco, DGT y ejército. En la realidad se han ido forjando
pequeños Estados con un sustrato social cada vez más intenso. Por lo que no es
descabellado hablar hoy de Naciones para referirse a las Comunidades Autónomas,
y de Estado Federal o de Confederación de Estados, si aquel proceso se
consolida.
Esta evolución no es un cataclismo, pero sí un grave retroceso. A
la vista están ya los daños. Costo económico
desorbitado, a causa de la multiplicación de órganos públicos, funcionarios
adscritos y edificios oficiales, compitiendo en lujo entre sí y con el Estado;
que la economía española no puede soportar. Encerramiento en la propia región, incompatible con la
universalidad del saber y la cultura, a causa de una endogamia docente y
profesional, de una enseñanza peculiar y reducida. Dificultad para la
comunicación y, por tanto, para el entendimiento y la transferencia de saberes
y recursos. Amiguismo, clientelismo y un
nuevo estilo de caciquismo que aflora a
causa de un poder cercano excesivo y desequilibrado; y consecuentemente
corrupción. No es casualidad que los
casos de corrupción más escandalosos procedan de los gobiernos autonómicos.
La competencia normativa desgajada del Estado para
resolver problemas generales, en especial la educación, sobre todo en las
regiones con lengua propia, ha originado un desquiciamiento social y una lesión
de la libertad. La imposición de una lengua particular a todos los habitantes
de la región afecta a la dignidad de las personas, al impedir que los que han elegido un determinado
territorio de España para realizar su proyecto vital, puedan desarrollar su
personalidad a través de la lengua que han oído desde su nacimiento y que es la
de la nación. Imposición excluyente, inmersión forzosa que conduce a un sector de la
población a un estrechamiento cultural intolerable en una sociedad avanzada.
La cesión de competencia en materia de
educación es generalmente reconocida como
error letal que conduce a la dilución del Estado.
El proceso político de aislamiento regional llega al
colmo cuando se pretende la separación del Estado, como ha sucedido en
Cataluña, que ha iniciado un enfrentamiento conflictivo, con ímpetu y
caracteres de grave patología social;
dejando marginada parte de la población, extraña en
su propia tierra. Como si el hecho de habitar un trozo del territorio de España
desde hace tiempo pudiera ser fuente de un derecho autónomo y originario a
legislar, al modo medieval. En contra del proceso evolutivo de progreso hacia
la justicia que supone una ampliación constante de su espacio de aplicación.
El fenómeno catalán avisa de que el aislamiento entre las
diversas Comunidades y la autosuficiencia de éstas ante el Estado es un peligro
de evolución regresiva que se cierne sobre todo el territorio de España.
Más acusado en las regiones con idioma propio.
Si sigue este proceso y la dejación y parálisis del
Estado continúa, la dilución de éste podría consumarse. Quedando encerrados sus
habitantes en espacios reducidos de libertad y justicia, con grave dificultad
para el desarrollo de una convivencia solidaria, compatible y amistosa.
Es necesario y urgente que el Estado de España
recupere el timón y fije el rumbo, a fin de
restablecer un espacio amplio de justicia en su territorio. Lo que exige
reducir los órganos autonómicos y una regulación equilibrada de sus
competencias, limitándolas a las necesarias para una descentralización
eficiente. Conservando las particularidades civiles regionales de manera
ponderada; las cuales, dada la evolución social, son cada vez menores, y en
algunos casos más acordes con la realidad actual, y, por tanto, extensibles a
toda la nación española.
Esta reconstrucción corresponde en primer lugar a los
políticos. Pero también a la sociedad, a través de asociaciones, prensa y demás
medios de comunicación. A la espera de que, en su momento, pausada y
evolutivamente, se logre otro espacio convivencial de mayor amplitud, un
espacio de justicia más extenso, como el que se está gestando, desde hace algún
tiempo, en torno a Europa.
Victorio Margariños es notario y académico de la Real
Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.
https://www.elmundo.es/opinion/2019/01/10/5c35e2a221efa0196a8b4646.html
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