La
Junta de Andalucía tiene más puestos «a dedo» que la suma de Cataluña, Galicia
y Baleares
- El Gobierno andaluz oculta en un documento los puestos de libre designación en sanidad, educación, justicia y el personal laboral.
Susana
Díaz admite ahora que hay 3.405 enchufados en la Junta de Andalucía
- Tras años de opacidad, afloran 3.405 empleados no contabilizados y 148 contratos de alta dirección en empresas y agencias públicas.
UN
DOCUMENTO DE 57 PÁGINAS. La Junta de Andalucía desvela ahora que tiene 3.400
empleados más en la administración paralela
- En el informe filtrado reconoce que hay empresas participadas por la Junta con cero empleados
Los chiringuitos
En Andalucía, cuando sea investido Moreno Bonilla como presidente y acabe la hegemonía de treintantos años de Régimen del PSOE, volverá a revivir la España de Larra, pues reaparecerá una figura de la Restauración: el cesante. Según la propia Junta de Susana, que antes del traspaso de poderes está haciendo fijo de plantilla a todo el enchufado adicto que puede, quedarán 600 cesantes, con una mano detrás y otra delante. Y eso sólo en la Administración oficial, donde hay 242.797 empleados. Pero no se sabe los cesantes que puede haber en la Administración paralela, en los llamados "chiringuitos" que el Gobierno del Cambio promete suprimir, donde hay empleadas 27.304 personas.
Hay que agradecer a Susana Díaz que con estos organismos, fantasmas en muchos casos, ha enriquecido la lengua española. La política andaluza siempre enriquece la lengua española. Cuando el felipismo, recordarán la acuñación del famoso "pelotazo". Ahora Susana Díaz, con el entramado administrativo que ha creado para fomentar su clientelismo, da una nueva acepción a la voz "chiringuito". Cuyo origen por cierto, el del verdadereo chiringuito, no los del PSOE en Andalucía, es muy curioso. La voz proviene de los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar en Cuba durante el siglo XIX. En los descansos de sus jornadas de trabajo solían tomar café, que preparaban presionando una media llena de dicha sustancia, de la que salía un chorro fino de líquido al que llamaban "chiringo". Con el tiempo crearon su diminutivo, que terminó designando a los quioscos improvisados con cañas y hojas en los que tomaban su descanso y su café: «Vamos al chiringuito». En 1913 abrió en España "El Chiringuito", un bar de playa en Sitges. César González Ruano, que escribía a diario su artículo para "La Vanguardia" en una de sus mesas, fue quien lo bautizó con tal nombre, en homenaje a sus viajes por Cuba; por allí pasaron Chesterton, Díaz Plaja, Masoliver, D'Ors o Ignacio Agustí. De allí se extendió el uso de la palabra hasta la actualidad. Y en esto llegó Fidel, digo el PSOE a la Junta de Andalucía, que le añadió una acepción, que en el DRAE diría: "Organismo burocrático absolutamente prescindible e inútil y a menudo repetido con otro de la Administración, donde el PSOE hace fijos de plantilla a sus enchufados".
Punto en el cual Susana le ha echado la pata a Georgie Dann. En el verano de 1988, el cantante Georgie Dann puso en boca de todos los españoles la palabra chiringuito: "Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa,/lo tengo muy bonito y espero que tú vayas". En el invierno de 2019, el PP y Ciudadanos, que han de gobernar en Andalucía con los votos de investidura de Vox, han puesto en boca de todos los españoles la nueva acepción de chiringuito: "Desmonto un chiringuito que lo creó Susana/más gente que en la guerra había allí colocada". En la Junta de Andalucía hay más chiringuitos de enchufados que chiringuitos de playa de Ayamonte a Almería. Ojalá los coja a todos la Ley de Costas (y de costos innecesarios) del presidente Moreno Bonilla y los desmonten. Hay en total 60 entidades repartidas de la siguiente manera: 18 agencias públicas empresariales, 10 consorcios, 15 fundaciones y 17 sociedades mercantiles. Hay algunos que son no de la Junta, sino del TBO. Aguanten la risa o saquen el pañuelo para llorar, como prefieran, pero miren lo que ojalá desmonten cuanto antes: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Fundación Andalucía Olímpica, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Consorcio Fernando de los Ríos, Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz, Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía. ¿De Andalucía? No, de cachondeo, como lo de Dann: "El chiringuito, el chiringuito".
La Junta de Andalucía tiene más puestos
«a dedo» que la suma de Cataluña, Galicia y Baleares.
- El Gobierno andaluz oculta en un documento los puestos de libre designación en sanidad, educación, justicia y el personal laboral
La Junta de Andalucía tiene más puestos «a dedo» que la
Generalitat de Cataluña y las comunidades de Galicia y Baleares juntas. Los
datos están extraídos de un documento difundido por el propio Gobierno andaluz,
en el que reconoce que en su plantilla cuenta con 1.459 puestos de libre designación encuadrados en los escalones superiores
de su Administración General, que engloba a
todos los empleados que no pertenecen a la sanidad, la educación y la justicia.
Si incluye todos los niveles de la función pública, el
número de puestos de libre designación —más conocidos por sus siglas PLD—
asciende a 2.137. Los llamados PLD son cargos de responsabilidad ocupados por funcionarios bajo la designación directa del político, porque están basados en una relación de confianza.
Según el análisis comparativo que recoge este documento,
entre los niveles 30 y 27 de los funcionarios,
donde la Junta de Andalucía reconoce tener a 1.459
PLD, Cataluña cuenta con muchos menos, sólo 122. Galicia suma la mitad de
puestos de libre designación que la Administración andaluza; 1.170; Baleares,
144; la Comunidad Valenciana, 61, y Cantabria, por último, 43. Según estos
datos, la Junta de Andalucía tiene una tercera parte de los puestos «a dedo» de
la Administración del Estado, que contabiliza 6.387.
El nivel 30 es la élite de la función pública. Está
ocupado por subdirectores y
coordinadores, mientras los jefes de servicio pertenecen,
en su mayor parte, a los niveles 29, 28 y 27. El Gobierno andaluz esgrime estos
datos para defender que Andalucía «tiene unos datos que se sitúan en la media
de las comunidades autónomas».
El documento se olvida de la legión de
puestos de libre designación que hay en la sanidad, como los directores de las
unidades clínicas de gestión.
En el informe, destaca que ha reducido el número de
plazas identificadas como de libre designación al pasar de 2.425 computados en
abril del año 2016 a los 2.137 actuales ocupados por el método de libre
designación, «lo que evidencia el importante esfuerzo en el ajuste de los perfiles a estos puestos».
Sin embargo, la transparencia que promueve la Junta de
Andalucía con la difusión de este informe sobre los puestos «a dedo» y la
conocida como «administración paralela» se quedado en un «striptease» parcial.
El documento «se olvida» de la legión de puestos de libre designación que existen
en la sanidad, como los directores de las
denominadas Unidades de Gestión Clínica en los hospitales, los jefes de
distintos servicios facultativo o los coordinadores. De hecho, entre el 2 y el
8 de enero, con el Gobierno en funciones, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta quince procesos
para la cobertura de estos cargos intermedios.
En el documento no aparecen tampoco los numerosos puestos
de libre designación ocupados por personal laboral, los denominados SNL (Según
Normativa Laboral). Los conserjes, los chóferes de los altos cargos o los
auxiliares de cocina del Palacio de San Telmo son puestos de confianza. Tampoco se cuantifican los
puestos de libre designación en la educación, como los directores de escuelas
infantiles, colegios e instituto
Susana Díaz
admite ahora que hay 3.405 enchufados en la Junta de Andalucía
- Tras años de opacidad, afloran
3.405 empleados no contabilizados y 148 contratos de alta dirección en empresas
y agencias públicas.
El Gobierno en funciones de la socialista Susana Díaz ha
desvelado ahora los secretos que lleva
años guardando sobre el sector público andaluz
y la conocida como 'administración paralela', compuesta por la tupida red de
empresas públicas, fundaciones y agencias que han servido a los socialistas
para colocar afines y enchufados.
Precisamente el PP y
Ciudadanos
pretenden poner en marcha una gran auditoría sobre este asunto en cuanto formen
el gobierno que finiquitará los 36 años y medio del PSOE en el poder.
Después de años
de opacidad, la Oficina del Portavoz del
Gobierno andaluz ha difundido un documento de 57 páginas en el que se analizan
los puntos más polémicos sobre la gigantesca función pública andaluza. El
informe revela que hay 270.101
empleados a sueldo de la Junta, entre ellos
43.641 adscritos a la Administración general, 96.451 docentes no
universitarios, 95.184 en instituciones sanitarias, 7.521 de la administración
de justicia y 27.304 en el sector instrumental o 'administración paralela' (el 10,1% del total).
Finalmente, en el conglomerado de empresa públicas y
fundaciones hay más trabajadores de los que inicialmente se creía. Los
sindicatos barajaban la cifra de 24.000 empleados y los presupuestos del año
2018 de la Junta de Andalucía recogían que había 23.899 empleados en nómina.
Ahora, el Gobierno en funciones de Susana Díaz afirma que en realidad son
27.304, exactamente 3.405 más de los
consignados en las cuentas públicas.
El documento también detalla que hay 2.137 funcionarios en puestos de libre designación,
también conocidos como 'a dedo', en la
Administración general, 148 contratos
de alta dirección en el sector público
instrumental, 239 eventuales y 273 altos cargos. Sumados estos tres últimos
resultan los 660 que cesarán de forma automática con el nuevo gobierno, como
explicó Manuel Jiménez
Barrios, vicepresidente de la Junta en
funciones.
Estas cifras han sido el secreto mejor guardado de los
sucesivos gobiernos socialistas. El Sindicato Andaluz de Funcionarios tuvo que
ir a los tribunales y litigar durante años
para que le facilitaran el listado de efectivos
reales que había en la Junta. Pretendía poner al descubierto a los posibles
enchufados, los privilegios de los que disfrutan y otras situaciones anómalas,
como por ejemplo los conocidos como empleados'fantasma' con nómina de la administración
andaluza, pero que nunca acudieron a su puesto.
Trabajadores 'fantasma'
Ejemplos ya conocidos de trabajadores 'fantasma' son Luis Guerrero, miembro
de la ejecutiva del PSOE de Málaga que durante tres años figuró y cobró como
director del Centro Andaluz de Flamenco sin pisar el despacho, y el histórico
ex alcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija Antonio Torres, que
cobró durante 11 años 535.000 euros de una fundación de la Junta sin ir a
trabajar. Fue en la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),
ahora objeto de investigación judicial en el Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla por los desvíos de fondos públicos en clubes de alterne.
Ahora, y a pocos días del desalojo del PSOE del Palacio
de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, Susana Díaz se anticipa y
revela las verdaderas
cifras sobre la "mastodóntica" -en
palabras de Juan Marín, líder de Cs y futuro vicepresidente de la Junta- función
pública andaluza que, sin duda, habrían dado munición contra ella y su equipo
al nuevo gobierno del PP y Cs. La estrategia es clara y se asemeja a la seguida
por el PSOE en los ERE o el pufo de la Faffe. Cuando afloren los datos más
escandalosos, Díaz podrá decir que fue ella quien los puso sobre la mesa.
"Yo denuncié primero", es el mantra que repite en los ERE y la Faffe.
Con independencia de la
estrategia que inicie Susana Díaz, el gobierno del cambio que impulsan el PP de
Juan Manuel Moreno y la formación 'naranja' de Marín pretende poner orden en
la función pública andaluza y terminar con los "chiringuitos" que han
servido al PSOE para colocar afines y enchufados.
Pero antes de eso tienen que saber a qué se enfrentan. El
segundo punto de las medidas acordadas días atrás por el PP y Cs para los cien
primeros días de gobierno recoge encargar "una
auditoría integral" a la Cámara de
Cuentas de Andalucía sobre "todo el gasto" de la Junta, "incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la
Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de
reducir y reorientar el gasto superfluo".
El punto 3 de las medidas del futuro bipartito de PP-Cs
prevé aprobar un decreto ley para "centralizar la dirección, supervisión y
evaluación" de todas las entidades "dispersas" de la
'administración paralela', con el doble objetivo de "eliminar" todos
los entes que se consideren "innecesarios" o que se hayan visto "expuestos a la corrupción", así como para garantizar su "despolitización"
Los casos de corrupción ya conocidos también se
abordarán. Las medidas para los cien primeros días incluyen la presentación
"conjunta", por parte del PP y Cs, en el Parlamento de Andalucía de
la solicitud de creación de una comisión
de investigación de la
Faffe. "Igualmente estableceremos los
mecanismos necesarios para garantizar la
recuperación del dinero defraudado con los ERE", dice el punto 7 del
acuerdo.
Otra medida relacionada con la función pública es que el
PP y Cs pretenden aprobar un proyecto de
ley de "despolitización" de la
Junta de Andalucía que garantice la "profesionalidad, imparcialidad,
responsabilidad y honestidad" de todas las personas al servicio de las
instituciones públicas andaluzas. Para ello, restringirán el sistema de libre designación, "generalizando el sistema de concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza".
También pretenden "definir" una figura de los
directivos públicos, de carácter técnico, que serán elegidos siempre por
concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre
personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo y
estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño. Ahora hay 148 directivos en el sector instrumental con contratos de alta dirección y sueldos fuera de convenio.En el documento difundido por
el Gobierno de Susana Díaz se precisa el listado de entes de la 'administración
paralela' y el número exacto de trabajadores que hay en cada una de ellos. La
cifra más abultada es la de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, donde hay
4.868 empleados. La Fundación Andalucía Emprende cuenta con 936; la RTVA,
1.458; y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, 1.538.
Libre designación.
El gobierno socialista en funciones justifica que haya 2.137 empleados públicos en puestos de libre designación, también conocidos como
'a dedo', que ocupan funcionarios de la confianza del político de turno.
"No se ajusta a la realidad la imagen social que se
pretende dar de que se trata de puestos ocupados de manera arbitraria
o por personas ajenas al cuerpo de funcionarios", ya que "se procura
la cobertura de estos puestos especiales" con los funcionarios "más
preparados para cada uno de los perfiles", dice el documento, que destaca
cómo este tipo de puestos se han ido reduciendo en los últimos años. En 2016
había 2.425.
Se cubren por este sistema tanto puestos de coordinación
como las subdirecciones (niveles 30), jefaturas de servicio y puestos de
especial responsabilidad (niveles 28, 27 y 26), y también puestos de especial
confianza, como los de secretaría de altos cargos (nivel 18). Sin embargo, hay
puestos de libre designación hasta en los niveles más bajos del escalafón administrativo, ya que hay 18 puestos 'a dedo' en nivel 16 y 51 en el
nivel 17.
Cesantías
para 141 altos cargos
El ejercicio de transparencia que ha hecho el Gobierno en
funciones de la socialista Susana Díaz, al difundir un informe de 57 páginas
sobre la función pública y la extensa red de empresas públicas, fundaciones y
otros entes, no es total porque falta por conocer a cuánto ascienden los
contratos de alta dirección del sector instrumental o cuánto cobrarán los 141
altos cargos que tienen derecho a cesantías al dejar el cargo. Sin embargo,
incluye algunas perlas que el PSOE ha ocultado celosamente durante años, a
pesar de que la oposición y los sindicatos han reclamado esta información de
forma reiterada y hasta en los tribunales. Estos son los datos más llamativos.
El documento incluye un apartado titulado «concepto de
personas asimiladas a altos cargos», en el que detalla que hay 268, de los que
141 «tienen derecho a una asignación económica con motivo del cese» siempre que
acrediten como mínimo un año en el «desempeño como personal alto cargo».
Tienen derecho a cesantías Susana Díaz y sus trece
consejeros, otros 100 altos cargos adscritos a las viceconsejerías, secretarías
generales y técnicas y direcciones generales, 19 de las agencias y 8 de las
delegaciones del gobierno de la Junta en las provincias. No aclara qué cantidad
percibirán al abandonar sus puestos. Las cesantías son incompatibles con
cualquier otro sueldo. Los ex consejeros que sean diputados en el Parlamento
andaluz, en teoría, tendrán que elegir entre el sueldo de parlamentario o las
cesantías.
La Junta de Andalucía incluye en la Ley de Presupuestos
de cada año un artículo para que las retribuciones íntegras anuales de los
altos cargos sean inferiores a las de la presidenta de la Junta, con un sueldo
de 65.184,20 euros anuales. Sin embargo, los directivos de Canal Sur disfrutan
de «un régimen singular» y cobran más que la presidenta. El documento elaborado
por la Junta no lo precisa, pero perciben sueldos de hasta 78.522 euros
anuales.
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuenta con una
plantilla formada por 2.020 trabajadores. Esta agencia tuvo que absorber en
2011 al millar de empleados procedente de la polémica Faffe (Fundación Andaluza
Fondo de Formación y Empleo), entre los que había ex alcaldes socialistas y
todo tipo de allegados al PSOE. En el documento elaborado por la Junta destacan
las agencias con las plantillas más abultadas y también otros entes con 1, 2, 7
o 9 trabajadores, como la Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de
Granada con un único empleado, la Fundación Andalucía Olímpica (1), Venture
Invercaria (9), el parque tecnológico de Huelva (2) y la Fundación Doñana (7).
La Junta cuenta con una participación mayoritaria en 69
entes, entre los que hay 12 agencias administrativas, 3 agencias de régimen
especial, 18 agencias empresariales, 21 sociedades mercantiles, 15 fundaciones
y 12 consorcios. No obstante, el inventario de entes de la comunidad incluye
otros 144 en los que el Gobierno andaluz tiene partipación, pero minoritaria.
Figuran en los listados porque existe obligación de suministro de información a
efectos de control de déficit en el contexto del Sistema Europeo de Cuentas.
UN
DOCUMENTO DE 57 PÁGINAS.La Junta de Andalucía desvela ahora que tiene 3.400 empleados más en la
administración paralela
- En el informe filtrado reconoce que hay empresas participadas por la Junta con cero empleados.
Tras
36 años al frente de la Junta de Andalucía, el PSOE ha conseguido crear una
administración que tanto el PP de Juanma
Moreno como el líder de Ciudadanos, Juan Marín, han calificado estos
días de «mastodóntica». Sin embargo nunca se ha conocido la envergadura real de
cómo es la estructura real con la que los socialistas han manejado Andalucía
estas cuatro décadas. Las sociedades, fundaciones y personal a los que la Junta
sostenía eran un misterio.
El
único dato que se manejaba sobre este apartado vino en un epígrafe enterrado en
la maraña que es el Presupuesto de la comunidad. Ahí
se desveló en el año 2018 que Andalucía tenía en nómina en su administración
paralela a 23.899 empleados. Ahora se sabe que hay 3.400 más.
Esa
cifra se quedó muy corta, porque en realidad para esta cara B de la Junta hay empleadas 27.304 personas. A eso hay que
sumar quienes cobran como empleados de la administración general, que son 242.797. En total, la Junta tiene en plantilla a
270.101 trabajadores.
Hasta
ahora, cuando se ha filtrado un documento de 57 folios de la propia Junta donde
se da a conocer el número real de empleados de la administración andaluza. Hasta ahora solo se informaba de quienes trabajaban
para la estructura «ordinaria» de la Junta, pero nunca de quienes cobraban de la administración paralela.
Igual
de curioso es conocer por fin cuántas sociedades, fundaciones y organismos
mantiene la estructura del Gobierno de la comunidad. En el documento —que se
muestra especialmente enrevesado a la hora de explicar cuestiones peliagudas
como los salarios o los organismos dependientes del Presupuesto— se muestra que
la Junta tiene 295 entes inventariados. De
esos, 69 pertenecen al sector público (12 agencias administrativas, 3 agencias
de régimen especial, 18 agencias públicas empresariales, 21 sociedades
mercantiles, 15 fundaciones y 12 consorcios); 75 entes que no pertenecen
al sector público (23 consorcios, 57 fundaciones y 28 sociedades mercantiles)
y, por último, en el apartado «otros» hay 77 consorcios, 4 entidades en proceso
de extinción, 10 universidades, 4 entidades sin ánimo de lucro, 8
multicomunidades, 2 instituciones de autogobierno y una administración de la
Junta.
Bajo
estas denominaciones abstractas caben organismos tan variopintos como la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Fundación Andalucía Olímpica,
la Fundación Cámara, la Fundación Madeca o la
Marin de Siles, la Agregación de fundaciones benéfico-particulares de la
provincia de Jaén o la Fundación Centro de Excelencia en al investigación sobre
aceite de oliva y salud (Ceas).
Igual
de llamativo es conocer gracias a este documento que hay organismos de la Junta
de Andalucía que la propia administración reconoce que no tiene personal. Son
Innova 24H S. L. , Inverseed (Inversión y gestión
en Capital Semilla SCR de Régimen Común S. A. o Promonevada S. A. Yluego
hay otros con miles de empleados, como es el caso de Verificaciones
Industriales de Andalucía (Veiasa), o el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que
tiene 2.20 empleados.
Todos
estos datos, que se han ocultado durante cuatro décadas, se conocen a pocos
días de que el PSOE deba abandonar la Junta de Andalucía y, sobre todo, cuando se sabe que tanto el PP como
Ciudadanos, quienes están llamados a gobernar en la comunidad los próximos
años gracias al pacto que han alcanzado en los últimos días tienen previsto
realizar una auditoría completa de toda la administración.
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