Lo que todos saben.....alto y claro.
Andalucía libre de la mafia que la desangra
El sistema montado en 2001 por la Junta de Andalucía para ayudar a empresas y trabajadores en crisis laborales, que ha dado lugar al famoso caso ERE, era “ilegal”, impedía el control de la Intervención, no agilizaba la concesión de las ayudas y tampoco benefició mayoritariamente a personas que las necesitaban. Según el informe pericial aportado al juicio de la pieza política por los interventores del Estado, el Gobierno socialista mantuvo este procedimiento “perverso” durante diez años “engañando al Parlamento”.
Los peritos de la Intervención General del
Estado que participan desde la pasada semana en la fase de prueba del juicio de
los ERE, han sido contundentes a la hora de responsabilizar al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía del “perverso sistema” que permitió el
reparto de 855 millones de euros de “manera arbitraria”.
Con su testimonio, documentado en 275
informes elaborados a petición de la primera juez instructora del caso,
Mercedes Alaya, han vuelto a desmontar los argumentos que sustentaban la defensa
de los 22 ex altos cargos acusados de poner en marcha y mantener durante una
década un procedimiento ilegal. Entre ellos, los ex presidentes Manuel Chaves y
José Antonio Griñán.
En esta misma línea han declarado en fases
previas del juicio los interventores de la Junta y de la Cámara de Cuentas, así
como testigos fundamentales cuyas declaraciones se han publicado en este medio
de información en los últimos meses.
Desde la pasada semana, el tribunal que
juzga la llamada pieza política de los Expedientes de Regulación de Empleo
falsos ha vuelto a escuchar las siguientes conclusiones, esta vez del jefe del
equipo de peritos judiciales del Estado, Angel Turión:
- La financiación de las ayudas fue
«ilegal», porque iba contra la ley.
- El procedimiento (las transferencias de
financiación) era “fraudulento”, en el sentido que define la Real Academia
Española (RAE) de “engañoso y falaz”.
- Se trata de «subvenciones, radicalmente
sí, y para su concesión tiene que aplicarse la normativa de subvenciones».
- «¿Dónde están las bases reguladoras de
las subvenciones? ¿Quién comprobaba los requisitos? Nadie ¿Dónde está la
fiscalización que establece la Ley General de Subvenciones? En ningún sitio».
- La Junta de Andalucía tuvo en su mano
frenar el «perverso sistema» que «impedía» la fiscalización previa de las
ayudas.
- «Desde 2002 a 2009 cualquier órgano
gestor tuvo la posibilidad legal que no ejerció de modificar el presupuesto y
disponer de un sistema adecuado». «La Junta tuvo esa posibilidad pero no lo
hizo».
- «¿Para qué se estableció este sistema?
Ni se ganó en agilidad ni se permite la fiscalización de la concesión de la
subvención». «Ni se ha dado publicidad a la concesión de las ayudas».
- La falta de fiscalización pudo ser un
«efecto implícitamente buscado» porque, en el caso de que Empleo hubiese
enviado a fiscalización previa sus ayudas, éstas habrían sido devueltas por el
interventor por «prescindir del procedimiento legalmente establecido».
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- No había expediente de gasto en estas ayudas,
por lo que era «imposible» que el interventor las fiscalizara previamente, como
marca el procedimiento legal.
-
El 70 por ciento de las 270 ayudas concedidas fueron a empresas «que no tenían
la más mínima relación con la tramitación de un ERE o con un plan de
jubilación». «Sólo el 30% restante la tienen».
- El mayor montante de fondos repartidos
- El Consejo de Gobierno de la Junta
«indujo a error» a la Cámara autonómica, a la que elevó, para su aprobación,
unos «presupuestos fraudulentamente elaborados».
- «Nunca hemos ninguneado al Parlamento de
Andalucía».
Esta última afirmación del interventor del
Estado respondía a las protestas de algunos abogados defensores de los acusados
que han intentado, entre otras artimañas, derivar la responsabilidad política
del caso hacia el Parlamento y que, en las sesiones celebradas esta semana “se
han enfadado muchísimo” ante la contundencia del informe pericial que no han
logrado rebatir. Ni siquiera con los contrainformes de “reputados” peritos de
parte contratados por Griñán y Magdalena Álvarez*.
*En próximas entradas informaremos sobre quién pagará, finalmente, a tanto perito de renombre y a los prestigiosos despachos de abogados que defienden a los ex altos cargos acusados de no velar por el buen uso del dinero público que gestionaban.
Por qué maniobró la Junta para controlar a los peritos judiciales
- La demoledora pericial de los interventores del Estado sobre los ERE desmonta los argumentos de los 22 ex altos cargos enjuiciados.
La tramitación de esta norma se prolongó durante más de tres años hasta que finalmente el Consejo Consultivo de Andalucía le dio el visto bueno en el dictamen 721, fechado el 12 de diciembre de 2017. Es muy revelador el voto particular incluido en ese documento. "Parece evidente que si es la Administración de la Junta de Andalucía quien designa al perito judicial o perito independiente (no de parte) en los procedimientos que le afecten, la independencia de dicha pericial puede quedar francamente en entredicho. Y con ella la imparcialidad del órgano judicial", remarca el voto particular firmado por Francisco Gutiérrez.
Las personas que van a intervenir como peritos "independientes" son "seleccionadas por la propia Administración entre el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia, otros empleados públicos y por las entidades instrumentales (de cualquier tipo) u organismos de la Junta de Andalucía. Por lo que se comprenderá que acabe siendo designada como perito en cada caso la persona que más convenga a los intereses de la Administración", afirma Gutiérrez, el consejero del Consultivo nombrado a propuesta del PP que cayó fulminado un mes después de firmar este voto particular en una renovación por sorpresa de este órgano en la que fue colocada Mar Moreno, ex consejera de la Presidencia y ex 'número 2' del PSOE andaluz.
- La demoledora pericial de los interventores del Estado sobre los ERE desmonta los argumentos de los 22 ex altos cargos enjuiciados.
El demoledor
testimonio sobre el fraude millonario de los ERE que están ofreciendo
en la Audiencia de Sevilla los peritos del Estado está desmontando todas las
tesis exculpatorias de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía
enjuiciados, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Esta
pericial concluye que el procedimiento diseñado por el Gobierno de Chaves para conceder las ayudas de la partida 31-L (la conocida como 'fondo de
reptiles') no dotó de más agilidad al sistema. Y tampoco sirvió para dar prioridad a
los trabajadores de empresas en crisis, ya que el 70% de las subvenciones
acabaron destinándose a cuestiones que nada tenían que ver con conflictos
laborales.
La
contundencia del relato incriminatorio de los funcionarios de la Administración
General de la Intervención de Estado (IGAE), ajenos a la Junta, en el 'caso ERE' explica por qué ha
maniobrado el Gobierno de Susana Díaz para controlar a los
peritos que ilustran a los tribunales sobre los asuntos que están en
instrucción.
Sus periciales son claves en las investigaciones
judiciales para mantener o no las acusaciones y para marcar el ritmo de las
pesquisas. El caso de la presunta trama de la federación andaluza de UGT para desviar subvenciones, por ejemplo, lleva casi dos años
atascado por la ausencia de este informe. El perito, un interventor de la
Junta, detalla, en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 9 de
Sevilla que investiga el caso, que está sufriendo todo tipo de trabas, ya que
ni tiene ayuda de otro experto ni tampoco se ha liberado de sus quehaceres en
la Administración andaluza.
En
los ERE, la pericial de estos
funcionarios del Estado es uno de los pilares sobre los que sustenta la acusación de
una de las mayores causas de corrupción que se han investigado en España por
número de imputados en toda la macrocausa -rondan los tres centenares- y por la
suma presuntamente malversada, que se eleva a 741 millones de euros, según la
Fiscalía Anticorrupción.
Los
manejos del Gobierno andaluz desembocaron en el Decreto 4/2018, de 16 de enero,
por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del
Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes. Con esta norma, la
Administración andaluza, que tiene las competencias en materia judicial, puede nombrar 'a dedo' a los expertos que
auxilian a los órganos judiciales, incluso en los casos de corrupción que le
salpiquen.
La
cronología sobre el caso ERE y la tramitación del
decreto sobre los peritos judiciales es de lo más elocuente. En diciembre de
2013, los peritos de la Intervención entregaron a la juez Mercedes Alaya un voluminoso informe de unos 8.000 folios en
el que aportan todo lujo de detalles sobre las irregularidades de las ayudas
sociolaborales que salieron del 'fondo de reptiles'. En el juicio, el portavoz
de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión, ha mantenido que las transferencias
de financiación que empleó la Junta para financiar los ERE "se utilizaron
indebidamente". "Por qué no decirlo, se utilizó ilegalmente, porque fue en contra de lo que la ley dice y todo lo
que va contra la ley es ilegal", ha subrayado.
Cuatro meses después de que se presentara
la pericial de los interventores del Estado en el juzgado de Alaya, la
Consejería de Justicia, entonces dirigida por el fiscal en excedencia Emilio Llera, comenzó
la tramitación del decreto sobre los peritos judiciales, concretamente el 11 de
abril de 2014, según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
La
tramitación de esta norma se prolongó durante más de tres años hasta que
finalmente el Consejo Consultivo de Andalucía le dio el visto bueno en el
dictamen 721, fechado el 12 de diciembre de 2017. Es muy revelador el voto
particular incluido en ese documento. "Parece evidente que si es la
Administración de la Junta de Andalucía quien designa al perito judicial o
perito independiente (no de parte) en los procedimientos que le afecten, la independencia de dicha
pericial puede quedar francamente en entredicho. Y con ella la
imparcialidad del órgano judicial", remarca el voto particular firmado por Francisco Gutiérrez.
Las
personas que van a intervenir como peritos "independientes" son
"seleccionadas por la propia Administración entre el personal técnico adscrito
a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia, otros empleados
públicos y por las entidades instrumentales (de cualquier tipo) u organismos de
la Junta de Andalucía. Por lo que se comprenderá que acabe siendo designada
como perito en cada caso la persona que más convenga a los intereses de la Administración",
afirma Gutiérrez, el consejero del Consultivo nombrado a propuesta del PP que cayó fulminado un mes después de firmar este voto particular en
una renovación por sorpresa de este órgano en la que fue colocada Mar Moreno, ex
consejera de la Presidencia y ex 'número 2' del PSOE andaluz.
Apartados de los cursos.
Finalmente,
el decreto que da vía libre a la Junta para nombrar 'a dedo' a los peritos
judiciales fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) el pasado 23
de enero. Antes de esta fecha, María Núñez Bolaños, la juez de Sevilla que paró maquinas en varias investigaciones sobre la corrupción en el Gobierno
andaluz, fue pionera en mayo de 2016, al apartar a los interventores del Estado
que ahora están declarando en el juicio de los ERE de las pesquisas sobre
el fraude de los cursos de formación.
Como
informó este diario, Núñez Bolaños relevó entonces a los interventores del Estado, a los que su antecesora Mercedes Alaya había pedido que investigaran el presunto fraude de
la formación e hicieran las correspondientes periciales, y colocó en su puesto
a los interventores de la Administración andaluz. Aprovechando que los peritos
del Estado se habían dirigido a la juez para informarle de que estaban
ultimando varios informes sobre los ERE y de que, en cuanto
los terminaran, analizarían las subvenciones de la Junta para los cursos, Núñez
Bolaños los apartó del caso en 2016.
La
juez Núñez le dio carpetazo a este asunto, pero el Partido Popular, personado
como acusación, recurrió a la Audiencia de Sevilla, que aún no se ha
pronunciado sobre este asunto.
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