Caso de los ERE. El régimen clientelar del PSOE
andaluz se sienta en el banquillo por el caso de los ERE
......qué grado de participación tuvieron los
acusados en la construcción de esa trama, para
la que se utilizó una herramienta
administrativa, un procedimiento específico, que permitió
eludir los rigores de la Ley General de Subvenciones en el reparto de al menos 855 millones de
euros en ayudas ....que sirvió para amparar el reparto indiscriminado de los
cuantiosos fondos del programa 31-L (primero fue el programa 22-E), una partida
de los presupuestos de la Junta de Andalucía generosamente alimentada año tras
año, y de la que salían las transferencias de
financiación con
destino a la Agencia Idea, el ente instrumental que abonaba las ayudas con
la más absoluta opacidad. No
hacía falta expediente, ni siquiera una solicitud de la empresa beneficiaria.
Bastaba la firma del que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero para que el dinero fluyera en la
dirección que él mismo señalara. Esas ayudas, que permitieron prejubilar a
unos 6.500 trabajadores, nunca se
publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) ni existía un procedimiento
establecido para acceder a ellas. O sí:
tener un contacto en las altas instancias del Gobierno andaluz que activara el
mecanismo.
Aquel procedimiento específico no era otro que
el "convenio marco" firmado
entre la Consejería de Empleo y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía, que después
se convertiría en la Agencia IDEA) en
2001, al que nunca se le dio publicidad....
En el banquillo; José Antonio Griñán, Manuel Chaves, y otros 20 ex altos cargos de la Junta de entre ellos tres ex ministros socialistas, Magdalena Álvarez, que en el momento de su imputación era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, y Gaspar Zarrías, ....También los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández que fueron los firmantes del citado "convenio marco" con el que se dio amparo a las presuntas ilegalidades eludiendo el control de la Intervención.
Entre los acusados se encuentran igualmente
los ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Caso
de los ERE
150 periodistas están acreditados para seguir,
en la Audiencia de Sevilla, la vista oral de la pieza clave de la macrocausa
que impulsó en enero de 2011 la juez Mercedes Alaya.
P. ¿Qué se juzga en la 'pieza política' de los ERE?
R. Se juzga la creación de un procedimiento específico
para burlar los controles de la Intervención General de la Junta en el reparto presuntamente ilegal y arbitrario de al
menos 855 millones de euros a empresas en crisis y prejubilados.
P. ¿Quién se sentará en
el banquillo de los acusados?
R. Los acusados
son 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José
Antonio Griñán, además de seis ex consejeros de sus gobiernos.
P. ¿Qué penas pide para
los acusados la Fiscalía?
R. Las penas más
elevadas solicitadas por la Fiscalía son los 8 años de cárcel y 30 de
inhabilitación para 12 de los acusados. Para José Antonio Griñán y otros dos acusados el Ministerio Público
solicita 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. Para Manuel Chaves y otros seis procesados se pide 10 años de
inhabilitación.
P. ¿Cuánto dinero se
malversó presuntamente en el caso ERE?
R. En el auto
de procesamiento, el juez Álvaro Martín habla de al menos
850 millones de euros. La Fiscalía fija
esa cantidad en su escrito de acusación en 741 millones
de euros.
P. ¿Qué es el fondo de reptiles de
los ERE?
R. El ex
director de Trabajo Javier Guerrero se refirió como 'fondo de reptiles' al programa 31L de los presupuestos de la Junta, una partida de fondos de la que se sacaba el
dinero para pagar las ayudas ilegales sin control de la Intervención.
P. ¿Cuánto está previsto
que dure la vista oral?
R. No hay un
plazo establecido, pero se confía en que el juicio quede visto para sentencia
en primavera. Se celebrarán tres sesiones para las cuestiones previas los días
13,14 y 15 de diciembre. Y se retomará la vista oral con el interrogatorio a
los acusados a la vuelta de las Navidades, el 9 de enero.
P. ¿Se agota con este
juicio la causa de los ERE?
R. Este no es
el único juicio que se celebrará por la macrocausa de los ERE, aunque sí se
considera el más importante. La juez Núñez Bolaños, que sucedió a la impulsora de la
causa, Mercedes Alaya, decidió trocear la investigación abriendo una pieza
separada por cada una de las empresas que recibieron ayudas ilegales.
P. ¿Por qué no siguió Mercedes Alaya al frente de la
instrucción?
R. La juez Mercedes Alaya obtuvo una plaza en la Audiencia
de Sevilla, pese a lo cual solicitó aplazar su incorporación para seguir al frente
de la instrucción, solicitud que le fue
denegada. La juez
que la sustituyó en el juzgado 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, troceó la macrocausa y dejó la pieza más importante en manos del juez de refuerzo, Álvaro
Martín.
Conclusión: ¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa; Junta de Andalucía, versus corrupción institucionalizada? ¡¡¡Dios mio, en manos de quien estamos!!!!
Caso de los ERE
El régimen clientelar del PSOE
andaluz se sienta en el banquillo por el caso de los ERE
Para cualquier trabajador por cuenta
ajena verse envuelto en un expediente de regulación de empleo (ERE) es una
pesadilla que acaba con la seguridad de una nómina y abre un océano de
incertidumbres laborales. Pero hubo un tiempo en Andalucía en el que un sofisticado entramado de cargos públicos, empresas, dirigentes
sindicales y mediadores convirtió ese proceso, el del despido masivo de
trabajadores, en una bicoca para los afectados.
La trama de los ERE se transformó en una productiva pseudoindustria local que se dedicó durante una década a fabricar parados
generosamente subvencionados, gracias a una fuente que parecía inagotable de
fondos públicos. Para que fuera posible sin que saltaran las alarmas, hubo que
desactivar expresamente los mecanismos de control de que dispone la
administración para vigilar el reparto y el destino del dinero público.
Es así como se gesta una de las mayores
operaciones orquestadas desde el poder para mantener una poderosa red
clientelar que ha contribuido, aún hoy, a la supervivencia del régimen
socialista andaluz en una comunidad autónoma que desconoce la alternancia
política. El objetivo primero de esa operación fue la desactivación de los
conflictos sociales que pudieran empañar la imagen del Gobierno socialista y de
su presidente Manuel Chaves. Pero, de
paso, un buen número de empresas, organizaciones sindicales y mediadores bien
conectados con el PSOE y la Junta se lucraron con una copiosa lluvia de ayudas ilegales.
A partir de este miércoles, toda esa
maquinaria será sometida a juicio. En el banquillo de los acusados, los ex
presidentes de la Junta Manuel Chaves -ex presidente del PSOE y ex ministro en
los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero- y José Antonio Griñán -también ex presidente del PSOE y también ex ministro en el gobierno de
Felipe González-, junto a una veintena de ex altos cargos de la administración
andaluza, acusados de haber diseñado el mecanismo para eludir los
controles de la Intervención General que permitió una distribución
arbitraria de los fondos públicos.
El juicio en la Sección Primera de la
Audiencia de Sevilla por la conocida
como pieza política de los ERE comienza tras una procelosa investigación
judicial instruida por la magistrada Mercedes Alaya y, tras su marcha del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla,
concluida por el juez de refuerzo Álvaro
Martín.
El tribunal, presidido por el
magistrado Juan Antonio Calle e integrado también por las juezas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, tendrá que determinar, a lo largo de los próximos meses, qué grado de participación
tuvieron los acusados en la construcción de esa trama, para la que se utilizó
una herramienta administrativa, un procedimiento específico, que permitió
eludir los rigores de la Ley General de Subvenciones en el reparto de al menos 855 millones de euros en ayudas a las empresas en
crisis y a los desempleados, muchos de ellos intrusos que nunca trabajaron para
esas compañías.
Ese procedimiento específico sirvió
para amparar el reparto indiscriminado de los cuantiosos fondos del programa
31-L (primero fue el programa 22-E), una partida de los presupuestos de la
Junta de Andalucía generosamente alimentada año tras año, y de la que salían
las transferencias de financiación con destino a la Agencia
Idea, el ente
instrumental que abonaba las ayudas con la más absoluta opacidad. No hacía
falta expediente, ni siquiera una solicitud de la empresa beneficiaria. Bastaba
la firma del que fuera director general de Trabajo Javier
Guerrero para que el dinero fluyera en la
dirección que él mismo señalara. Esas ayudas, que permitieron prejubilar a unos
6.500 trabajadores, nunca se publicaron en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ni existía un
procedimiento establecido para acceder a ellas. O sí: tener un contacto en las
altas instancias del Gobierno andaluz que activara el mecanismo.
Fue el propio Javier Guerrero el que,
durante una declaración ante la Policía Judicial en los primeros pasos de la
investigación de la juez Alaya, se refirió a aquella partida 31L como un "fondo de reptiles", aportando a la causa una de las descripciones más certeras sobre el
carácter de aquel desvío millonario de dinero público en beneficio de intereses
ajenos al general.
Aquel procedimiento específico no era
otro que el "convenio marco" firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía, que después se convertiría en la Agencia IDEA) en 2001, al que nunca se
le dio publicidad. Dos de los acusados, los ex consejeros José
Antonio Viera y Antonio Fernández (por aquel entonces presidente del IFA), rubricaron aquel convenio
que se considera como el origen del fondo de reptiles.
La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para José Antonio
Griñán, imputado en la causa por su actuación en su etapa de consejero de
Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009 y, desde abril de 2009, como
presidente de la Junta. Le imputa los delitos continuados de malversación y
prevaricación. Para Manuel Chaves, el Ministerio Público pide 10 años de
inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Hay otros 20 ex altos cargos de la
Junta que se sentarán a partir de este miércoles en el banquillo junto a los ex
presidentes. Entre ellos, la que también fue ministra en el gobierno de
Zapatero Magdalena Álvarez.
En el momento de su imputación era vicepresidenta del Banco Europeo de
Inversiones, cargo del que finalmente tuvo
que dimitir en junio de 2014. Son tres, por tanto, los ex ministros socialistas
que se sientan en este banquillo.
También está acusado el ex
consejero Gaspar Zarrías, quien durante aquellos años fue el brazo derecho de Manuel Chaves tanto en
la Junta de Andalucía, donde llegó a ser vicepresidente, y factótum del PSOE de
Jaén, epicentro del origen de la operación. Tras la marcha de Chaves en 2009
para incorporarse al gabinete de Zapatero como vicepresidente del Gobierno y
ministro de Administraciones Públicas, Zarrías fue nombrado secretario de
Estado de Cooperación Territorial.
Su papel se considera fundamental en la
creación del "convenio marco" como herramienta efectiva para
neutralizar la conflictividad social derivada de la situación de crisis de la
industria. A sus órdenes presuntamente, según la tesis que manejó durante la
investigación la Guardia Civil, estaba el ex sindicalista Juan Lanzas, el principal conseguidor de los ERE.
Los ex consejeros de Empleo José
Antonio Viera y Antonio Fernández fueron los firmantes del citado
"convenio marco" con el que se dio amparo a las presuntas
ilegalidades eludiendo el control de la Intervención.
Entre los acusados se encuentran
igualmente los ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y de Hacienda, Carmen
Martínez Aguayo.
Ante el tribunal se sentará también el
director general de Trabajo Javier Guerrero, convertido en el último eslabón de
la cadena del Gobierno andaluz y quien firmaba de su puño y letra todas las
ayudas pese a carecer de competencias para ello. El testimonio del chófer de
Guerrero en el transcurso de la investigación dio lugar a alguno de los
capítulos más sustanciosos de la causa, tras confesar que llegó a pagar fiestas
y cocaína para su jefe con dinero del fondo de reptiles.
El resto de acusados son el ex
viceconsejero de Innovación Jesús
R. Román, el ex director general
de Trabajo Juan
Márquez;
el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá,
el ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro,
el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, el ex secretario general de Trabajo Javier Aguado,
la ex secretaria general de Empleo Lourdes
Medina, el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, los ex directores generales de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, el ex secretario general de Empleo J.F. Sánchez y, por último, el ex interventor general de la Junta, Manuel
Gómez.
Cuando este miércoles todos ellos
accedan a la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla, reamueblada expresamente para la
ocasión, habrán pasado ya casi siete años
desde que Mercedes Alaya incoó, con fecha de 19 de enero de 2011, las
diligencias previas 174/2011 por la comisión de delitos de malversación,
prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Se había abierto lo que
enseguida se conocería como el caso ERE.
Cuatro semanas antes, el 27 de
diciembre de 2010, el periodista de EL MUNDO Sebastián Torres, firmaba una información con el siguiente titular: "La
Junta ha estado pagando prejubilaciones de forma ilegal durante casi una
década". Era la primera
gran exclusiva de una larga serie que este periódico fue publicando a lo largo
de los siguientes años en paralelo a la instrucción judicial, gracias al
trabajo del equipo que formaron el propio Sebastián Torres y Antonio Salvador, que se incorporó pronto a las tareas
de investigación tras revelarse la verdadera dimensión de un caso que,
inicialmente, era sólo una derivada de la causa abierta por el pago de
comisiones ilegales en la empresa Mercasevilla.
Muchos
fueron los intentos entonces por desacreditar tanto las informaciones de este
periódico como a la propia instructora Mercedes Alaya, que fue finalmente
apartada de la investigación.
El caso ERE no se agota en este juicio.
La juez que relevó a Alaya, María Núñez Bolaños, decidió trocear la macrocausa y
abrir piezas separadas por cada una de las ayudas bajo sospecha, pudiendo
resultar un número aún indeterminado de procedimientos.
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