EMPLEO PÚBLICO. La Junta se plantea ahora dar marcha atrás con la jornada de 35 horas
- La consejera de Hacienda dice que se acatará la resolución del Tribunal Constitucional sin despedir trabajadores «ni perjudicar sus derechos»
EN PLENA INVESTIGACIÓN JUDICIAL. La Junta suspende al funcionario que denunció ‘el cartel del fuego’ andaluz
- El trabajador que llevó la trama a los tribunales, con un ex alto cargo y cinco funcionarios imputados, tiene un expediente disciplinario tras la denuncia por acoso de una compañera.
El funcionario andaluz denunció irregularidades en el Plan Infoca en noviembre de 2015
EMPLEO PÚBLICO
La Junta se plantea ahora dar marcha
atrás con la jornada de 35 horas
- La consejera de Hacienda dice que se acatará la resolución del Tribunal Constitucional sin despedir trabajadores «ni perjudicar sus derechos»
El Gobierno andaluz lleva casi cuatro meses ya
retrasando la suspensión de su decreto de 35 horas a la espera de que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy dé algún paso que le evite tener que modificar la jornada de
trabajo de todos sus funcionarios en cumplimiento de las medidas cautelares
dictadas por el Tribunal Constitucional (TC) en el mes de julio, y que tendrían que
haber surtido efecto de inmediato. Sin embargo, la consejera de Hacienda y
Administración Pública, María Jesús Montero, se planteaba ayer la posibilidad
de dar marcha atrás con la reducción horaria a la vista de que no hay
perspectiva alguna a corto plazo de que se levanten esas medidas cautelares.
La Junta confiaba al respecto en que el Gobierno
trasladara al Tribunal Constitucional un pronunciamiento contrario al
mantenimiento de la suspensión. Pero, dado que no hay noticias del mismo, de
momento, la consejera anunciaba este jueves la posibilidad de reunir a las
organizaciones sindicales para restablecer las 37,5 horas semanales, aunque sin
que ello suponga rescindir los contratos realizados al amparo de la reducción
horaria «ni tampoco -añadió- perjudicar los derechos de los trabajadores en
Andalucía».
«Hablaremos de las fórmulas que se pueden poner en
marcha», afirmó al respecto preguntada por los periodistas durante la apertura
de la I Jornada de Evaluación de Políticas Públicas organizada por el Instituto
Andaluz de Administración Pública (IAAP).
De alguna forma, el conflicto
catalán podría estar también detrás de este periodo de impás en las negociaciones
entre el Gobierno y la Junta de Andalucía a este respeto. De un lado, porque la
recuperación de las 35 horas para los funcionarios de toda España depende en
parte de que sea posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo cual
parece cada día más improbable en la medida en que la situación en Cataluña ha
dejado ya al PP sin apoyos parlamentarios de momento. Y depende también de la
negociación del Gobierno del PP con los sindicatos, que en estos momentos se
encuentra estancada.
Por otro lado, y pese a la situación de 'insumisión'
en que claramente se encuentra desde julio la Junta de Andalucía con respecto a
la orden del Constitucional -Podemos así se lo ha recordado en el Parlamento-,
al Ejecutivo de Mariano Rajoy no le interesa en estos días elevar el tono de la
confrontación con la Junta de Andalucía, cuya presidenta, Susana Díaz,
manifiesta prácticamente a diario su apoyo a la gestión del Gobierno y la defensa
del Estado de Derecho en la crisis catalana.
Así las cosas y pese a que los meses avanzan sin que
se desbloquee la situación, fuentes del Gobierno sostienen que «todavía hay
plazo», sin concretar si tiene intención de retirar el recurso de
inconstitucionalidad presentado ante el TC pero, sobre todo, evitando valorar
el evidente desacato en que incurre la Junta de Andalucía aplazando sine die la
recuperación de la jornada de 37,5 horas para sus empleados públicos.
Con acuerdo o sin él, el Constitucional deberá
volver a valorar si mantiene o prorroga las medidas cautelares dictadas en
relación al decreto de la Junta antes del 14 de enero de 2018, cuando se
cumplen los cinco meses -sin contar el mes de agosto, que es inhábil- de los
que dispone el tribunal para tomar esa decisión desde la fecha -14 de julio- de
la presentación del recurso por parte del Gobierno de la Nación.
Todo eso, si antes no resuelve el fondo del asunto,
que no es otro que dictaminar si la Junta se excedió o no en sus competencias
al modificar (reducir) la jornada laboral de los empleados públicos andaluces
en contra de lo dispuesto a tal efecto por el Ejecutivo central en el contexto
de los recortes del gasto público decretado en los peores años de
la crisis. Dada la experiencia, no parece probable que el Tribunal
Constitucional vaya a resolver a corto o medio plazo la cuestión. Es más, lo
habitual es que se apuren los plazos.
EN PLENA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La Junta suspende al funcionario que denunció ‘el
cartel del fuego’ andaluz
- El trabajador que llevó la trama a los tribunales, con un ex alto cargo y cinco funcionarios imputados, tiene un expediente disciplinario tras la denuncia por acoso de una compañera.
La Junta ha explicado que el “expediente
disciplinario” abierto a este empleado público es una “medida cautelar”
adoptada tras la denuncia de acoso de una compañera. Esta elevó además un
escrito reclamando al Gobierno andaluz que “se actuara lo antes posible”,
confirman fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. No acudirá a su puesto de
trabajo hasta que no se resuelva el caso y no está suspendido de sueldo, añaden
desde el Ejecutivo.
La instrucción en el juzgado número 8 de Sevilla es
la encargada de la vertiente andaluza de una trama que afecta a empresas
aéreas acusadas de amañar concursos de lucha contra los incendios en España. Otro
juzgado de Valencia investigaba y se inhibió ante
la Audiencia Nacional.
España y Portugal
Además
de en Andalucía y Valencia, hay presuntos concursos amañados en Baleares, Extremadura,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia,
Canarias, Cataluña y
Aragón. La supuesta
mafia empresarial podría extenderse también a Portugal.
Hay 14 empresas investigadas por supuestamente alterar los precios de
aviones y helicópteros en contratos con
las administraciones públicas que habían privatizado los servicios de extinción
de incendios. Según una investigación publicada por CTXT, hay cuatro grandes
empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos
Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a
estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios SA
(Cegisa), que incluía el conglomerado de Inaer, ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos
Extremeños SL. Estas
formaban el llamado 'Grupo 6' y sumarían hasta un
total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA).
El
conglomerado empresarial tuvo su origen en la localidad cordobesa de Palma del Río, donde estas empresas podrían haber firmado una especie
acuerdo de colaboración, según investigan los tribunales, con el que se repartían el mapa de
España y los concursos públicos acordando
precios con grave perjuicio para las arcas públicas.
El
funcionario andaluz denunció irregularidades en el Plan Infoca en noviembre de
2015
El
Gobierno andaluz insiste en que el expediente disciplinario abierto al
trabajador, que denunció el caso el 9 de noviembre de 2015, “no tiene nada que
ver con su suspensión” y sí sigue “el protocolo de acoso” que rige en la
Administración cuando hay denuncias.
El
funcionario que este jueves fue apartado de sus funciones, Jaime González Díaz,
trabajaba en el servicio de contratación de la
Consejería de Medio Ambiente. Su denuncia apuntó a una serie de irregularidades
en los contratos del Plan Infoca de extinción de incendios 2015-2018.
En la
Junta de Andalucía están imputados el jefe de contratación de la Consejería de
Medio Ambiente, Antonio
Martínez, el director general de Medio
Natural, Javier Madrid, el director del Infoca, Ernesto Esteso,
que dimitió, el subdirector del Infoca, Manuel Delgado, una asesora de este
organismo, Dolores López, y el interventor de la
consejería, Ángel
Francisco Pérez. Entre los empresarios
figuran Miguel Ángel Tamarit y el
vicepresidente de Faasa, Gustavo
Almagro.
El
funcionario suspendido no ha querido hacer declaraciones a este medio porque la
asociación de Ecologistas en Acción es
la que dirige su comunicación y estos emplazan a una rueda de prensa, según
explicó a este periódico. Fuentes de la consejería confirmaron que el
trabajador recibió el aviso esa misma mañana y fue invitado a no volver a
ocupar su puesto de trabajo al día siguiente. La Junta de Andalucía no ofreció
más detalles sobre el tipo de acoso denunciado y se limitó a confirmar que
había una denuncia de una compañera de la Consejería de Medio Ambiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...