TRIBUNALES. La Junta suspende al
funcionario que provocó la imputación de la cúpula de Medio Ambiente
- El empleado dice que es una «represalia» tras ser imputada la cúpula de Medio Ambiente, pero la Junta lo niega
Las denuncias de este funcionario del servicio
de Contratación de la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente han
provocado la apertura de la investigación que tramita el Juzgado de Instrucción
8 de Sevilla en la que está imputada la cúpula de la Consejería...
...Según las fuentes de Medio Ambiente, el
funcionario se encuentra desde este viernes suspendido de empleo, pero no de
sueldo, de manera cautelar mientras se resuelve el expediente
disciplinario abierto.
Se da la circunstancia de que, en el marco de
las pesquisas del Juzgado de Instrucción 8, este trabajador avisó del presunto
acoso que estaba sufriendo en Medio Ambiente, tras negarse a firmar ciertos documentos y
destapar las irregularidades de los contratos del Plan Infoca. Ello provocó que
la juez abriera otras diligencias para indagar las posibles presiones y
represalias contra el funcionario dentro de la Junta.
La jefa de servicio de Personal y
Administración General de la Consejería de Medio Ambiente, Carmen Fuertes, informa al
funcionario de la apertura del expediente disciplinario y la "imposición
de la medida provisional consistente en la suspensión provisional", dice un escrito al
que tuvo acceso este diario que está fechado el pasado 19 de octubre.
En las pesquisas del Juzgado de Instrucción 8
de Sevilla iniciadas tras las denuncia del funcionario están imputados el jefe de Contratación, Antonio Martínez; el director general de Gestión del Medio Natural,
Javier Madrid Rojo, de
cuya área depende orgánicamente el Plan Infoca; quien fuera máximo responsable del
operativo de extinción de incendios de la Junta, Ernesto Esteso; el actual número dos del mismo, Manuel Delgado Calderón; el interventor delegado, Ángel Francisco Pérez, y una asesora técnica en extinción de
incendios de la Consejería, Dolores López.
La magistrada considera que hay indicios de que todos estos cargos de la Consejería
de Medio Ambiente pudieran haber cometido un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del último contrato de fletamento de
medios aéreos del Plan Infoca, por un importe global de 70 millones, que se repartió entre las empresas Inaer, Faasa, Sociedad
Aeronáutica Peninsular o Trabajos Aéreos Espejo.
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TRIBUNALES
La Junta suspende al
funcionario que provocó la imputación de la cúpula de Medio Ambiente
- El empleado dice que es una «represalia» tras ser imputada la cúpula de Medio Ambiente, pero la Junta lo niega
La Consejería de Medio Ambiente, que
dirige el consejero José Fiscal, ha abierto expediente disciplinario y ha suspendido al funcionario Jaime González, el mismo que alertó de amaños en varias consejerías y de la adjudicación
irregular del contrato millonario
de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca.
Las denuncias de este funcionario del
servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente han
provocado la apertura de la investigación que tramita el Juzgado de Instrucción
8 de Sevilla en la que está imputada la cúpula de la Consejería.
El funcionario ha indicado a ELMUNDO.es
que el expediente disciplinario es una "clara represalia", tras destapar un sinfín de irregularidades, a la que se han prestado
"algunas compañeras", que habrían alertado de un supuesto acoso por parte de
Jaime González.
Sin embargo, fuentes de la Consejería
de Medio Ambiente indicaron a este diario que el expediente disciplinario
abierto al funcionario «nada tiene que ver» con
sus denuncias en los tribunales sobre el
presunto amaño de contratos del Infoca. Puntualizaron que la Administración ha
intervenido tras la petición de «auxilio»de
una trabajadora ante la que no se pueden quedar de
«brazos cruzados».
Según las fuentes de Medio Ambiente, el
funcionario se encuentra desde este viernes suspendido de empleo, pero
no de sueldo,
de manera cautelar mientras se resuelve el expediente
disciplinario abierto.
Se da la circunstancia de que, en el
marco de las pesquisas del Juzgado de Instrucción 8, este trabajador avisó del
presunto acoso que estaba sufriendo en Medio Ambiente, tras negarse a firmar
ciertos documentos y destapar las irregularidades de los contratos del Plan Infoca. Ello provocó que la juez abriera otras diligencias para
indagar las posibles presiones y represalias contra el funcionario dentro de la
Junta.
La jefa de servicio de Personal y
Administración General de la Consejería de Medio Ambiente, Carmen Fuertes, informa al funcionario de la
apertura del expediente disciplinario y la "imposición de la medida
provisional consistente en la suspensión provisional", dice un escrito al que tuvo acceso este diario que está fechado el pasado
19 de octubre.
En las pesquisas del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla
iniciadas tras las denuncia del funcionario están imputados el jefe de Contratación, Antonio Martínez; el director general
de Gestión del Medio Natural, Javier Madrid Rojo,
de cuya área depende orgánicamente el Plan Infoca;
quien fuera
máximo responsable del operativo de extinción de incendios de la Junta, Ernesto Esteso; el actual número dos del mismo, Manuel Delgado Calderón; el interventor delegado, Ángel Francisco Pérez, y una asesora técnica en extinción de
incendios de la Consejería, Dolores López.
La
magistrada considera que hay indicios de que todos estos cargos de la
Consejería de Medio Ambiente pudieran haber cometido un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del
último contrato de fletamento de medios aéreos del Plan Infoca, por un importe
global de 70 millones, que se repartió entre
las empresas Inaer, Faasa, Sociedad Aeronáutica Peninsular o Trabajos Aéreos
Espejo.
Agresión Física.
El expediente de suspensión incoado por Medio
Ambiente al funcionario considera que «la agresión física y verbal» y las
«declaraciones vejatorias» de Jaime González hacia dos compañeras «pudieran ser
faltas disciplinarias graves o muy graves tales como acoso laboral y moral,
sexual y por razón de sexo, grave desconsideración con las compañeras y
atentado grave a la dignidad de las funcionarias».
Una funcionaria denunció un
incidente en el que, al encontrarse a la entrada del despacho que comparten,
presuntamente Jaime González la empujó y le dijo «quítate coño», ante lo que
ésta le recriminó su falta de educación y éste le contestó «ya me has visto».
La
funcionaria presentó una queja al tiempo que Jaime González, en sus alegaciones
a ésta y escritos anteriores a sus superiores, alertó de que la misma buscaba
enfrentamientos con él. El funcionario acusó a su compañera de «acoso laboral»
e injuriarlo a sus espaldas.
Jaime González lleva «desde 2015» alertando en
varios escritos a sus superiores que las funcionarias que lo han acusado y han
provocado la apertura del expediente disciplinario «planeaban algo contra él»
y, «no sólo no han hecho nada, sino que me trasladaron junto a ellas» para
facilitarles que pudieran acusarlo.
Este trabajador, que recurrirá su
suspensión, se queja de las «represalias» que han adoptado contra él por sus
denuncias sobre el Infoca y también por destapar irregularidades en contratos
de prestación de servicios informáticos.
Amaños en Salud.
No sólo hay una investigación en marcha. Las
denuncias de este funcionario sobre posibles amaños en varias consejerías de la
Junta provocaron que la juez abriera las diligencias previas 1.662/17 por un
presunto delito de prevaricación relacionado con las adjudicaciones de los
helicópteros del 061 en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de
la Consejería de Salud, como informó este diario el pasado julio.
La magistrada
decidió abrir una nueva causa sobre los contratos en la Consejería de Salud después
de que un informe de la Policía Judicial encontrara «base indiciaria» e
«indicios delictivos» en la ampliación de la denuncia formulada por el
funcionario Jaime González.
El funcionario, en la ampliación de su denuncia,
dice que la colusión de empresas -los pactos entre las adjudicatarias para
repartirse los contratos y manipular la libre competencia del mercado- se han
dado en contratos de la Consejería de Medio Ambiente y también en la de Salud y
se remontan a bastante más atrás en el tiempo que al periodo que está
investigando el juzgado (desde 2003) y que sistemáticamente la Junta ha hecho
la vista gorda, permitiendo de facto esta práctica irregular y prohibida por la
ley.
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