SUBVENCIÓN
Una fundación de la Junta de Andalucía, incapaz de justificar el trabajo de su personal
- La Consejería de Empleo renuncia a pagar 7,3 millones el gasto con fondos europeos al no poder documentarlo
La Junta de Andalucía ha renunciado a financiar con fondos europeos nóminas del personal vinculado a su antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). El consejero andaluz de Empleo, José Sánchez Maldonado, argumenta que ha tenido que «descertificar» hasta 7,32 millones de euros de una subvención que concedió a su ente público, que ya no existe, porque «no aporta justificación sobre el trabajo desarrollado en el proyecto por el personal incluido en la declaración de gastos».
«No hemos podido verificar si los gastos de personal
imputados están directamente relacionados con el proyecto subvencionado», según explica el consejero en una respuesta por escrito que
ha enviado a Marifrán Carazo, portavoz adjunta del PP. Su contestación fue
publicada ayer en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
Más de 134 millones
Entre 2007 y 2009, la Junta de Andalucía
subvencionó con un total de 134,3 millones de euros a Faffe, que ha tenido a sueldo a
numerosos familiares de dirigentes y cargos del PSOE durante los ocho años en que estuvo funcionando hasta su
liquidación en 2011. Los más de 1.500 laborales que tenía en plantilla fueron
integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde durante años no han tenido unas funciones definidas.
Faffe ha tenido a sueldo a numerosos familiares de cargos
del PSOE
El PP
preguntó al consejero acerca de cuatro subvenciones concedidas a Faffe entre
2008 y 2010 por un montante de 67,1 millones. Sánchez contesta que se ha podido financiar con cargo
al Fondo Social Europeo el 89 por ciento del
dinero recibido por esta fundación, a la que la Junta encargó precisamente «la
asistencia técnica de apoyo a la gestión del Programa Operativo Fondo Social
Europeo (FSE) 2007-2013 de Andalucía, en materia de Formación Profesional para
el Empleo» dirigida a desempleados. Además de costes de personal, hay gastos
generales que tampoco se han documentado.
La falta
de justificación del dinero ha obligado a la Consejería a proponer la
«descertificación» de un total de 7,32
millones, lo que significa que dicho importe ha tenido que
ser asumido con fondos propios de la Administración.
El
personal «justificaba su
actividad a través de un sistema informático», pero
que éste no ha sido revisado en la auditoría realizada a esta entidad, alega.
Según denunció el PP, la auditoría, que no ha
sido publicada, desveló irregularidades en 8.844 contratos realizados por Faffe entre
2009 y 2011.
POLÍTICA. El Gobierno de Susana Díaz se salta otra vez su Ley de Transparencia
- El Consejo Consultivo advierte que no publicó en Internet la Ley de Emprendimiento, como exige la legislación
POLÍTICA
El Gobierno de Susana Díaz se
salta otra vez su Ley de Transparencia
- El Consejo Consultivo advierte que no publicó en Internet la Ley de Emprendimiento, como exige la legislación
El Gobierno andaluz, que preside la
socialista Susana
Díaz, se ha vuelto a saltar su propia Ley de Transparencia y también la legislación nacional que
regula esta materia. El Consejo Consultivo de Andalucía ha alertado sobre el
incumplimiento del precepto que regula la «información de relevancia jurídica»
que las administraciones públicas están obligadas a publicar, al no colgar la
Junta en su Portal de Transparencia el proyecto de Ley
Andaluza de Fomento del Emprendimiento, que acaba de ser
aprobado por el Consejo de Gobierno.
No es la primera vez que el Gobierno
andaluz incurre en un incumplimiento de este tipo. También se saltó la Ley de
Transparencia cuando aprobó el anteproyecto
de Ley de Presupuestos de 2017, lo que motivó que el
Consejo de Transparencia, tras la denuncia del PP, censurase a la Consejería de Hacienda por incumplir la «obligación de
publicidad activa» que marca la ley, y la requiriese «expresamente» para que «en lo sucesivo» publicara los anteproyectos de ley en el Portal
de Transparencia en el momento en que se solicitase el dictamen al Consejo
Consultivo.
Sin embargo, lejos de dar cumplimiento
a la resolución
del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, conocida el pasado enero, el Gobierno
de Susana Díaz es «reincidente» con el mismo incumplimiento, como
denunció el PP andaluz este miércoles.
Oscurantismo.
La portavoz del Grupo Parlamentario del
PP-A, Carmen Crespo, criticó la «falta de transparencia» y el «oscurantismo» del Gobierno
andaluz en torno al proyecto de Ley de Fomento del
Emprendimiento, aprobado por el Consejo de
Gobierno el pasado lunes, lo que ha motivado que el PP presente una denuncia
ante el Consejo de Transparencia, la segunda después de la relativa al
anteproyecto de presupuestos andaluces de 2017.
«A Díaz se le llena la boca de
transparencia, pero al final todo es papel
mojado», dijo la portavoz
popular, quien lamentó que «a la primera oportunidad» el Ejecutivo andaluz haya
vuelto a incumplir el mandato. «La Junta tiene que ser la primera en cumplir la
ley», añadió.
Para la portavoz 'popular', esta «falta
grave» responde al deseo de Susana Díaz «de que la información de la Junta llegue
lo más tarde posible», así como al «descontrol» que
han provocado «los dos años que ha pasado en el lío de las primarias»
del PSOE.
En concreto, la Junta no ha publicado
el anteproyecto de Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento en el Portal de
Transparencia al enviarlo al Consejo Consultivo, tal y como le obliga el
artículo 13.1b de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de
Andalucía; hecho que ha sido destacado por el Consultivo en su dictamen sobre este proyecto de
ley.
El PP presentó este miércoles una nueva denuncia por «incumplimiento de las
exigencias de publicidad activa» ante el Consejo de Transparencia, en la que
pide que se adopten las
«medidas necesarias» para evitar que en posteriores ocasiones la Junta no publique los
anteproyectos o proyectos de ley.
También solicita que, conforme al régimen
sancionador, se incoe un procedimiento para fijar
los responsables, las infracciones y, en su caso, las sanciones oportunas por
el «reiterado» incumplimiento de la Ley de Transparencia.
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