POLÍTICA
Un clima de presiones y amenazas reinaba en la Gerencia Municipal de Urbanismo
(GMU) de Granada, donde técnicos y funcionarios fueron marginados, trasladados o directamente
privados de sus funciones cuando emitían informes contrarios a la interpretación y
pretensiones de la concejal responsable respecto a licencias o concesiones a un
grupo de empresarios del sector de la construcción.
Manuel Navarrete, jefe de la Asesoría Jurídica, protagonizaría otro de los episodios de tensiones y presiones. Cuando informó reiteradamente en defensa de la legalidad fue separado de la defensa letrada de los intereses municipales en procedimientos judiciales de reclamación de deudas a Julián y disuelta la Asesoría Jurídica de Urbanismo, que funcionaba desde 1981, lo que motivó una recogida de firmas entre personal de la Gerencia. Parecida suerte corrió José Antonio Romero,técnico urbanista, quien a la vuelta de unas vacaciones de verano se encontró su mesa y funciones ocupadas por otro funcionario. Sin explicaciones.
POLÍTICA
El sumario de la 'operación
nazarí' describe un clima de presiones y amenazas a técnicos y funcionarios
- Una trama para beneficiar a los constructores investigados
- La investigación judicial imputa al ex alcalde ocho delitos
Un clima de presiones y
amenazas reinaba en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de
Granada, donde técnicos y funcionarios
fueron marginados, trasladados o directamente privados de sus funciones cuando
emitían informes contrarios a la interpretación y pretensiones de la concejal
responsable respecto a licencias o concesiones a un grupo de empresarios del
sector de la construcción.
Así se desprende de distintas declaraciones prestadas
ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía que aparecen en el sumario abierto por el Juzgado de Instrucción número
2 de Granada, que investiga una presunta trama de
corrupción en el área
de Urbanismo, por la que el pasado 13 de abril fueron detenidos durante algunas
horas los entonces alcalde, José Torres Hurtado, y la concejal Isabel
Nieto, ambos del PP, que
dimitieron a los pocos días, junto a un total de 18 personas entre funcionarios
municipales y empresarios, mientras se registraban domicilios particulares y
sedes de empresas del sector.
Como principales 'actores' de las presiones aparecen
la concejal de Urbanismo y el director-gerente de la GMU, Manuel Lorente, otro
de los detenidos, quien en 2008 dimitió de su cargo para eludir la obligación
legal de presentar declaración de bienes -así lo ha admitido en su declaración
ante la juez que lo investiga- y pasó a desempeñar un cargo nominalmente
técnico, aunque los declarantes lo señalan como el hombre que habría controlado
el urbanismo de Granada en los
últimos 25 años.
Las
presiones alcanzaron al propio director de Urbanismo, el arquitecto municipal
Jacobo de la Rosa, enfrentado posteriormente con Isabel Nieto, quien le ha
denunciado públicamente por un abultado patrimonio de bienes que no
se corrresponderían con su volumen de ingresos salariales. El testimonio de De
la Rosa es contundente: afirma que informó de las irregularidades al alcalde
Torres Hurtado, quien en su declaración judicial se mostró ajeno al
funcionamiento del urbanismo municipal. De la Rosa, tachado de
"traidor" por la concejal, solicitó el traslado a la Diputación Provincial, pero años después Nieto habría
reclamado su regreso a la Administración municipal con el fin de presionarle y
condicionar sus declaraciones cuando determinadas informaciones relativas a la
GMU comenzaron a salir a la luz pública.
Es De la Rosa el primer denunciante que habla de un "puenteo" en
la Gerencia que habría afectado incluso al concejal antecesor de Nieto, Luis
Gerardo García-Royo -dejó la política activa en 2007-, quien también manifestó
a la UDEF que empezó a sentirse marginado cuando dejó se despachar a diario con
el alcalde porque Torres Hurtado pasó a hacerlo directamente con Lorente.
En la mayoría de los casos descritos aparece como principal beneficiario JJ
Consulting, empresa de José Julián Romero, quien
es dibujado como un empresario que transitaba prácticamente a diario las
dependencias de la GMU con "prepotencia", actitud de la que habría
sido corolario y víctima Beatriz Sánchez Galiana -una de las presionadas-, a la
que llegó a colocar las dos manos en el cuello.
Casería de San Jerónimo
Entre los casos apuntados figura una
promoción de 300 viviendas en la Casería de San Jerónimo, cuya licencia de
primera ocupación fue denegada por informes jurídicos y técnicos ya que Julián
había incumplido la obligación de urbanizar la zona ni el aval presentado
cumplía los requisitos. Al informe desfavorable de De la Rosa replicó la GMU
convirtiendo la Subdirección de Licencias, hasta entonces dependiente de la de
Urbanismo, como dirección independiente, a cuyo frente se situó a Emilio
Martín, capacitado a
juicio de los declarantes solo para emitir informes técnicos pero no jurídicos,
también imputado y hombre cercano a Lorente, con lo que se orillaba el trámite
por la mesa de De la Rosa, quien dejó de ser convocado a las reuniones
semanales de la concejalía.
La relación de amistad
Lorente-Julián es descrita como "pública y notoria" por los declarantes,
plasmada en la concesión administrativa de la
mayoría de los 'parkings' públicos de la ciudad, operación de la que habría sido
"ideólogo" el propio Lorente, pese a que correspondería al área
municipal de Contratación.
Julián en principal medida,
pero también otros empresarios también investigados, disfrutaban de la 'vista
gorda' de las autoridades municipales ya que no hacía frente al pago firmado en
convenios, impagados y no suficientemente garantizados de cobro. Un montante
que Carmen Cabrera, jefa del servicio de Licencias, otra de las declarantes,
cuantificó en 24 millones de euros, para lo que puso en marcha una operaciónd e reclamación de las cantidades.
Recibió descalificaciones, presiones y amenazas por parte de Lorente y otros
significados altos cargos de la Gerencia que negaron las cifras de una
situación financiera "desconocida" hasta entonces en el seno de la
GMU.
La promoción de viviendas en
Casería de San Jerónimo sería otra muestra del irregular funcionamiento: cuando
en 2011 se trató de regularizar la situación, Julián entregó al Ayuntamiento
como compensación por la deuda un terreno vendido en 2005 por la propia corporación
y valorado -en plena crisis- en el doble
de lo pagado seis años antes.
Manuel Navarrete, jefe de la Asesoría Jurídica, protagonizaría otro de los episodios de tensiones y presiones. Cuando informó
reiteradamente en defensa de la legalidad fue separado de la defensa letrada de
los intereses municipales en procedimientos judiciales de reclamación de deudas
a Julián y disuelta la Asesoría Jurídica de Urbanismo, que funcionaba desde 1981, lo que motivó una recogida de firmas entre
personal de la Gerencia. Parecida suerte corrió José Antonio
Romero,técnico urbanista, quien a la vuelta de unas vacaciones de verano se
encontró su mesa y funciones ocupadas por otro funcionario. Sin explicaciones.
Cuando la crisis empezó a
golpear con crudeza a las empresas del sector, el constructor García Arrabal
sustituyó a Julián en las 'preferencias' de la GMU. Arrabal es promotor de la sala de fiestas del Serrallo, donde el PGOU preveía un parque infantil y también aparece en el cambio
de uso deportivo a residencial -expresamente prohibido en el Plan de Urbanismo-
o de apartamentos turísticos (uso singular hostelero) a viviendas colectivas,
lo que requería de un plan especial
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