TRIBUNALES. El caso Mercasevilla salpica de lleno a la ejecutiva de Susana Díaz
- La juez Núñez acusa al secretario de Formación del PSOE andaluz, Carmelo Gómez, de cobrar ilegalmente del mercado central sevillano.
- Pide al TSJA que le investigue por prevaricación, malversación y falsedad al ser, además, parlamentario autonómico.
La larga sombra de la corrupción en Andalucía ha terminado por alcanzar a la actual presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. A su círculo político más cercano....
.....Los contratos tanto de Gómez como del resto de los implicados con la empresa de Lanzas, Maginae Solutions SL, fueron, en opinión de la magistrada y así lo dice en su exposición razonada al TSJA, simulados.
El dinero que cobraba el miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz no respondía a trabajo alguno y procedía, añade, de las arcas de Mercasevilla.
Núñez pide al TSJA que investigue al parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez por Mercasevilla
- Por el «supuesto pago» por la lonja de nóminas por valor de 8.390,55 euros que percibió cuando trabajó para sociedades vinculadas a Lanzas
TRIBUNALES
El caso Mercasevilla salpica de lleno a la
ejecutiva de Susana Díaz
- La juez Núñez acusa al secretario de Formación del PSOE andaluz, Carmelo Gómez, de cobrar ilegalmente del mercado central sevillano.
- Pide al TSJA que le investigue por prevaricación, malversación y falsedad al ser, además, parlamentario autonómico.
La larga sombra de la corrupción en Andalucía ha
terminado por alcanzar a la actual presidenta de la Junta de Andalucía y
secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. A su círculo político más cercano.
La juez de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez
Bolaños, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que
abra una investigación contra uno de los miembros de la ejecutiva del PSOE
andaluz que encabeza Díaz. Se trata de Carmelo
Gómez, secretario de Formación y Nuevos Afiliados y que, además, es
parlamentario autonómico, razón por la cual la magistrada no puede imputarle.
La magistrada ha encontrado indicios más que
suficientes de que Gómez cobró irregularmente más
de 70.000 euros procedentes de Mercasevilla, el mercado central de
abastos de Sevilla que fue epicentro del caso de los ERE y cuyos máximos
responsables fueron juzgados por cobrar comisiones ilegales a cambio de
contratos.
Precisamente, el parlamentario socialista cobró el
dinero de una empresa propiedad de Juan Lanzas, el considerado conseguidor de
los ERE, y ésta lo recibió de Mercasevilla en virtud, dice la juez, de los
contratos que tenía suscritos con la lonja y justificándolo con facturas falsas por trabajos que no se habían
realizado.
A falta de que sea el Alto Tribunal andaluz el que
concrete las imputaciones, la juez de Instrucción 6 ve en la actuación de
Carmelo Gómez presuntos delitos de prevaricación, malversación de
caudales públicos (Mercasevilla es una empresa de capital
municipal y estatal) y un tercer delito de falsificación de documento
mercantil.
Los contratos tanto de Gómez como del resto de los
implicados con la empresa de Lanzas, Maginae Solutions SL, fueron, en opinión
de la magistrada y así lo dice en su exposición
razonada al TSJA, simulados.
El dinero que cobraba el miembro
de la ejecutiva del PSOE andaluz no respondía a trabajo alguno y
procedía, añade, de las arcas de Mercasevilla.
Junto a Gómez, la juez Núñez señala a otras seis
personas, entre ellas el que fuera director de Mercasevilla, Fernando Mellet -ya condenado por las
comisiones ilegales-; el
propio Juan Lanzas o su cuñado, Ismael Sierra, además del ex concejal
socialista José Antonio García, que habría recibido igualmente dinero de forma
irregular y María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo en
Sevilla Antonio Rivas.
A pesar de que estos últimos no son aforados, la
magistrada pide al TSJA que asuma también la causa en lo que a ellos corresponde
al entender que no es factible separar el procedimiento en dos piezas
distintas.
Núñez pide al TSJA que investigue al parlamentario
andaluz del PSOE Carmelo Gómez por Mercasevilla
- Por el «supuesto pago» por la lonja de nóminas por valor de 8.390,55 euros que percibió cuando trabajó para sociedades vinculadas a Lanzas
La juez María Núñez Bolaños ha elevado al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una exposición razonada para que investigue
al parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez en relación al delito
societario de Mercasevilla por el «supuesto pago» por parte de esta empresa
pública de las nóminas por un valor total de 8.390,55 euros que percibió cuando
trabajó para sociedades vinculadas al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.
En la exposición razonada, la juez pide al TSJA que
investigue tanto a Carmelo Gómez, dada su condición de aforado, como a otras
seis personas no aforadas ya imputadas en la causa, en concreto a Lanzas; a su
cuñado, Ismael Sierra; al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet;
al exconcejal José Antonio García (PSOE); a María del Carmen Rodríguez, nuera
del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y al asesor fiscal de
Lanzas, José Rodríguez López.
La juez, que atiende de este modo la petición
realizada a tal efecto por la Fiscalía de Sevilla, considera que los hechos
podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación «derivado de la firma
de contratos», de un delito de malversación de caudales públicos, «derivado de
los distintos actos de disposición realizados sin control ni causa legítima», y
de un delito de falsificación de documento mercantil, «derivados de la
confección, presentación y pago de las facturas».
La competencia recae en el TSJA por la condición de
aforado Gómez
Al hilo de ello, la instructora argumenta que «no
parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada
con separación» de las seis personas no aforadas «por órganos distintos en procedimientos
diferentes, imponiéndose en principio, como consecuencia del principio de
continencia de la causa, la vis atractiva a favor de la competencia» del TSJA
«con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias».
La magistrada recuerda que, por medio de un auto
dictado el 9 de junio de 2015, la juez Mercedes Alaya acordó librar mandamiento
a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informase
sobre el «supuesto pago» por parte de Mercasevilla de las nóminas de Carmelo
Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, «aprovechando el
entramado empresarial de Juan Lanzas», pues «aparecen dados de alta el primero
en 'Maginae Solutions', en 'Al Andalus Mass Media Channel el segundo, y la
tercera en dicha entidad y en 'Consulting Social Siemur'».
Al hilo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla
alude a un oficio de la UCO donde «se hace constar» la existencia de distintos
contratos y retribuciones a Carmelo Gómez, José Antonio García y María del
Carmen Rodríguez.
Contratos «simulados»
La instructora señala que, según se recoge en dicho
oficio, «existen indicios suficientes para considerar que Fernando Mellet, en
connivencia con Juan Lanzas e Ismael Sierra, con cargo a los fondos de
Mercasevilla, abonó 70.024 euros (33.024 más 37.000), importe que prácticamente
coincidiría con el importe total de las retribuciones percibidas, en concepto
de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de
Seguridad Social», ascendente a 69.751,41 euros, «de los trabajadores José
Antonio García, Carmelo Gómez y María del Carmen Rodríguez».
En concreto, la magistrada precisa que, desde que
fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador de Maginae Solutions el
día 22 de marzo de 2007 y hasta su baja el 1 de agosto de ese mismo año -figuró
dado de alta en esta sociedad durante 133 días-, el importe total de las
retribuciones percibidas por Carmelo Gómez ascendió a 8.390,55 euros (4.705,85
euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros en
concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen).
«Este importe, 8.390,55 euros, coincidiría
prácticamente con el importe de los pagos en concepto de abono de nóminas
detectados a favor de Carmelo Gómez, 7.846,19 euros», explica la instructora.
En este sentido, considera que «existen indicios»
de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como de los otros investigados
«pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y
abonados con fondos procedentes de Mercasevilla, mediante el pago de facturas
por trabajos no realizados», unos «indicios» que «han sido refrendados por la
documentación aportada, la actividad objeto de la contratación y pago del
salario, habiendo guardado silencio en sus declaraciones en sede judicial los
investigados en este concreto asunto, en especial los responsables de las
empresas en las que se supone estuvo trabajando».
Elaboraron dos facturas falsas
La juez considera que «para comprender y entender
indiciariamente la existencia de los hechos» habría que remontarse al atestado
de la Guardia Civil de junio de 2015, donde se pone de manifiesto «la
existencia de un entramado de empresas controladas por Juan Lanzas e Ismael
Sierra, su cuñado», entre las que se encuentran Maginae Solutions, Consulting
Social Seimur, Al Andalus Mass Media Channel y Bureau Magenio, señalando que
tanto Carmelo Gómez como el exconcejal y la nuera de Rivas «fueron contratados
por estas entidades».
La juez considera que «existen indicios razonables»
para concluir que Juan Lanzas, «en connivencia» con Fernando Mellet, «habrían
instrumentalizado el pago de los servicios presuntamente prestados» mediante la
emisión de cuatro facturas «amparadas en los dos contratos de servicios
firmados» por Maginae Solutions y Mercasevilla.
«Así, se obtendrían los fondos necesarios para
luego realizar los pagos a los trabajadores contratados indiciariamente de
forma simulada en las empresas dirigidas por Juan Lanzas e Ismael Sierra»,
asevera la magistrada en la exposición razonada, añadiendo que «no existe
indicio alguno que acredite que se desarrollara trabajo efectivo por las
personas contratadas».
Para finalizar, resalta «la connivencia» entre el
asesor fiscal de Lanzas, Ismael Sierra y Fernando Mellet «en la elaboración y
cargo de dos facturas falsas a Mercasevilla, habiendo utilizado para ello los
datos fiscales de dos clientes, sin su consentimiento», como son Promociones y
Construcciones Castellsur 2015 S.L. y Ángel Francisco López Gálvez.
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