- La Sección Séptima ordena reabrir la causa por la adjudicación de la mina al grupo Magtel y sus socios de Grupo México.
- El tribunal, con la magistrada Mercedes Alaya como ponente, ve indicios de prevaricación.
- La ganadora, dicen los jueces, no debió pasar de la primera fase del concurso por incumplir los requisitos.
En un durísimo auto del que
ha sido ponente la magistrada Mercedes Alaya, la sala afirma que en el
procedimiento se han cometido «ilegalidades severas y arbitrarias» por parte de
los responsables de la Junta que lo promovieron y llevaron a cabo.
No sólo no se respetó la
legalidad, dice el tribunal, sino que ni siquiera cumplió la Junta de Andalucía
las bases del concurso que ella misma estableció de forma discrecional y
haciendo uso de sus competencias. Hubo, señala el auto al que ha tenido acceso
EL MUNDO de Andalucía, un «elevado número de omisiones e incumplimientos»,
hasta el punto de que no se puede en absoluto, añade, descartar un delito de
prevaricación.
Las irregularidades se
extienden, en opinión de los magistrados de la Audiencia sevillana, a todas las
fases del concurso, desde la admisión de las ofertas hasta la adjudicación
final.
Independientemente de que la
licitadora fuese la empresa Minorbis (filial del grupo cordobés Magtel) o
Minorbis-Grupo México, como figuraba en los papeles, la Audiencia entiende que
nunca debió pasar de la primera fase del concurso, ya que incumplía las bases y
no reunía los requisitos exigidos para hacerse con los derechos mineros.
La Sección Séptima ordena reabrir la causa por la adjudicación de la mina al grupo Magtel y sus socios de Grupo México
La Sección Séptima ordena reabrir la causa por la adjudicación de la mina al grupo Magtel y sus socios de Grupo México
El tribunal, con la magistrada Mercedes Alaya como ponente, ve indicios de
prevaricación
La ganadora, dicen los jueces, no debió pasar de la primera fase del
concurso por incumplir los requisitos.
La jueza Alaya: "La corrupción política se ha consentido"
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-03-16/alaya-se-ha-permitido-que-la-corrupcion-politica-exista-con-conocimiento-de-mucha-gente_1169895/
TRIBUNALES
La Audiencia ve «ilegalidades
severas» en el concurso de la mina de Aznalcóllar
19/10/2016 21:27
- La Sección Séptima ordena reabrir la causa por la adjudicación de la mina al grupo Magtel y sus socios de Grupo México
- El tribunal, con la magistrada Mercedes Alaya como ponente, ve indicios de prevaricación.
- La ganadora, dicen los jueces, no debió pasar de la primera fase del concurso por incumplir los requisitos.
El concurso
de adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar no fue limpio. Ésa es la
conclusión a la que ha llegado la Audiencia provincial de Sevilla tras examinar
el procedimiento por el cual la Junta de Andalucía entregó el yacimiento al
grupo cordobés Magtel y a sus socios de Grupo México. Y, por ese motivo, ordena que se reabra la
investigación que en su día archivó el Juzgado de Instrucción 3, al entender
que hay indicios evidentes de que se pudo cometer un delito de prevaricación.
En un durísimo auto del que ha sido ponente la magistrada Mercedes Alaya,
la sala afirma que en el procedimiento se han cometido «ilegalidades severas y arbitrarias» por parte de los responsables de la
Junta que lo promovieron y llevaron a cabo.
No sólo no
se respetó la legalidad, dice el tribunal, sino que ni siquiera cumplió la
Junta de Andalucía las bases del
concurso que ella misma estableció de forma discrecional y haciendo uso de sus
competencias. Hubo, señala el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO de
Andalucía, un «elevado número de omisiones e incumplimientos», hasta el punto
de que no se puede en absoluto, añade, descartar un delito de prevaricación.
Las irregularidades se extienden, en opinión de los magistrados de la
Audiencia sevillana, a todas las fases del concurso, desde la admisión de las
ofertas hasta la adjudicación final.
Independientemente de que la licitadora fuese la empresa Minorbis (filial
del grupo cordobés Magtel) o Minorbis-Grupo México, como figuraba en los
papeles, la Audiencia entiende que nunca debió pasar de la primera fase del
concurso, ya que incumplía las bases y no reunía los requisitos exigidos para hacerse con los derechos
mineros.
Destaca el auto que los ganadores finales del concurso no acreditaron
convenientemente ni la solvencia técnica ni la económica y recuerda cómo esta
última la justificaron con un «pantallazo» de la página web de una filial de
Grupo México, mientras que a los medios se aludió de forma muy vaga.
Más aún, los magistrados ponen en duda que existiera un compromiso real
entre Minorbis y Grupo México y rechazan el denominado «memorándum de
entendimiento» que presentó la filial de Magtel.
En lugar de eso, creen que no había compromiso económico concreto y que sólo ha existido una
vez que se adjudicó el concurso a pesar de que las bases lo exigían
previamente.
Ni Minorbis ni Minorbis-Grupo México cumplían según la Audiencia con los
requisitos establecidos en el concurso internacional promovido por el gobierno
de Susana Díaz, a pesar de lo cual la Dirección General de Industria y Minas
-de la que dependía el proceso directamente- hizo la vista gorda y no sólo
permitió que pasaran la primera fase, sino que finalmente la eligió como
ganadora.
A esto hay que sumar las apreciaciones del tribunal en lo que se refiere a
la valoración de las
ofertas presentadas por Minorbis-GrupoMéxico y Emerita Resources, la otra
aspirante que denunció el presunto amaño del concurso y que ha promovido el
recurso contra el archivo de la causa. Los encargados de puntuar los proyectos,
dicen los magistrados, podrían haberse dejado llevar por motivos que pueden no
responder ni a la legalidad ni «al sentido común» y la aritmética.
Tanto es así, que dice la Audiencia que el procedimiento podría llegar a ser anulable porque
no se respetó el principio de igualdad de condiciones.
Una mera intermediaria.
Las
sospechas, el cúmulo de irregularidades, se extiende igualmente a la adjudicación,
ya que los derechos de explotación de Aznalcóllar no fueron, en última
instancia, otorgados ni a Minorbis ni a Grupo México, sino a una tercera
empresa, Minera Los Frailes, que Grupo México había comprado poco antes y que
no participó en el concurso.
Sin embargo, en el pliego de condiciones se establecía explícitamente que
la aceptación de los derechos mineros la tenía que llevar a cabo el
adjudicatario, lo que significa que se habría producido un «torcimiento del
derecho» en el concurso a beneficio,
«injusto», de Minera Los Frailes.
Todo lo anterior conduce a los magistrados a pensar que Magtel y su filial
Minorbis no actuaron sino como mero «intermediario» en el concurso para que la
mina acabara en manos de Grupo México.
La Audiencia estima por todo ello el recurso y señala a la juez instructora
la «relevancia» que tendría llamar a declarar a los miembros de la comisión
técnica y a los dueños de Magtel, aunque, eso sí, como investigados.
Tras conocerse el auto, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aseguró
que la decisión de la Audiencia de reabrir la investigación «no afecta a la
adjudicación de la mina, manteniéndose la actividad y el empleo». Por su parte,
el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, calificó la resolución como un «jarro de agua fría».
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...