TRIBUNALES. Tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
- El socialista Francisco Cuenca deberá declarar el próximo 12 de diciembre.
- La causa intenta aclarar por qué se contrató a particulares para inspeccionar los cursos de formación, una tarea exclusiva de funcionarios.
No sólo hay ex altos cargos del Gobierno andaluz imputados en el caso ERE o
el presunto fraude de los cursos de formación. El Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla investiga también a otra veintena de ex
altos cargos de la Junta por presuntos delitos de
usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación relacionados con una serie de contratos privados a
particulares que hizo la Consejería de Economía para que personal externo y sin competencias
inspeccionara cursos de formación en economía social, entre otras tareas encomendadas de forma
irregular.
....En esta investigación judicial se están analizando las contrataciones a particulares que se hicieron
desde la Consejería de Economía para realizar trabajos, atribuyendo
funciones y potestades que sólo pueden realizar funcionarios públicos.
.....Fuentes del Sindicato de Funcionarios indicaron a este diario que la investigación abarca contratos de todo tipo. Hay un sinfín de actos de la Administración andaluza que están bajo sospecha y con riesgo de ser declarados nulos, al no estar firmados por funcionarios. Los asuntos están relacionados con subvenciones, actas de infracción y sanciones.
.....El auto de ayer destaca que «la atribución ilegítima de funciones públicas» que se hizo en la Consejería de Economía habría venido «acompañada de la entrega de documentación administrativa, posteriormente utilizada por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».
Estos documentos cuentan con «membrete o encabezamiento
oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y aparecen firmados
por los propios contratistas bajo la rúbrica 'Por la Administración (El
Inspector)'; quedando así materializado por los contratistas el
ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de
funcionarios y, por tanto, no ser
inspectores oficiales de la Administración autonómica, figurando indebidamente
como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha
documentación tenía por destino incorporarse», describe el auto.
El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, está «absolutamente tranquilo» ante la investigación del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que le ha citado a declarar junto a otros diez ex delegados provinciales de la Junta. «Según las noticias que están ofreciendo los medios», dice Cuenca, «intuyo que estamos hablando de cuestiones técnicas y jurídicas de procedimiento».
¡¡¡Basta ya de impunidad!!!!
Con actuaciones judiciales y noticias como estas, seguimos avanzando.
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
TRIBUNALES
Tras
la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios
El alcalde de Granada y otra
veintena de ex altos cargos de la Junta, investigados
- El socialista Francisco Cuenca deberá declarar el próximo 12 de diciembre
- La causa intenta aclarar por qué se contrató a particulares para inspeccionar los cursos de formación, una tarea exclusiva de funcionarios
No sólo hay
ex altos cargos del Gobierno andaluz imputados en el caso ERE o el presunto fraude de los cursos de formación. El Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla investiga también a otra veintena de ex altos
cargos de la Junta por
presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación
relacionados con una serie de contratos privados a particulares que hizo la
Consejería de Economía para que personal externo y sin competencias
inspeccionara cursos de formación en economía social, entre otras tareas
encomendadas de forma irregular.
El juez de refuerzo de este juzgado, José Ignacio Vilaplana, acaba de
ampliar el número de investigados, con diez nuevas personas, entre las que está
el alcalde de Granada, el socialista Francisco
Cuenca, por su etapa como delegado provincial de la Consejería de Economía e
Innovación entre 2010 y 2011, como ayer informó el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. Cuenca ha sido citado por el juez para el próximo 12 de
diciembre.
Los diez nuevos investigados -antes imputados- se unen a los once que ya acumulaba una causa que comenzó a investigarse el 9 de
septiembre de 2013, tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
La denuncia inicial del sindicato, según ha podido constatar EL MUNDO, se
dirigía contra cuatro personas: el entonces viceconsejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Luis Nieto Ballesteros; la secretaria general
técnica de esta consejería, Ana María Robina; una jefa de servicio; y la
firmante de un documento administrativo como inspectora de la Administración,
sin ser funcionaria. Sin embargo, las pesquisas judiciales han terminado
salpicando a una veintena de ex altos cargos, entre los que están los delegados
provinciales de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, y a los
jefes de servicio de Huelva y Córdoba.
Entras las personas en el punto de mira de las pesquisas judiciales está
también Pilar Serrano Boigas, ex senadora, ex diputada
socialista en el Congreso de los Diputados y antigua delegada de Economía en
Málaga. El 5 de octubre de 2015, este diario publicó la implicación de la entonces senadora Serrano Boigas en esta investigación judicial. El 26 del mismo mes dejó su
escaño en el Senado.
En esta investigación judicial se están analizando las contrataciones a particulares que se hicieron desde
la Consejería de Economía para realizar trabajos, atribuyendo funciones y
potestades que sólo pueden realizar funcionarios públicos.
Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede
ser de adjudicación directa), alterando el procedimiento ordinario de
publicidad y libre concurrencia.
Fuentes del Sindicato de Funcionarios indicaron a este diario que la
investigación abarca contratos de todo tipo.
Hay un sinfín de actos de la Administración andaluza que están bajo sospecha y
con riesgo de ser declarados nulos, al no estar firmados por funcionarios. Los
asuntos están relacionados con subvenciones, actas de infracción y sanciones.
Con el nuevo auto, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla amplía el número de investigados, solicita que se
lleven a cabo nuevas diligencias, y archiva provisionalmente la investigación
que afecta a un contratista y una funcionaria.
El auto de ayer destaca que «la atribución ilegítima de funciones públicas»
que se hizo en la Consejería de Economía habría venido «acompañada de la
entrega de documentación administrativa, posteriormente utilizada por cada contratista en
el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».
Estos documentos cuentan con «membrete o encabezamiento oficial de la Junta
de Andalucía y del Fondo Social Europeo y aparecen firmados por los propios
contratistas bajo la rúbrica 'Por la Administración (El Inspector)'; quedando
así materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades
inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no
ser inspectores oficiales de la Administración autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente
expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse»,
describe el auto.
El alcalde confía en el archivo del caso
El alcalde
de Granada, el socialista Francisco Cuenca, está «absolutamente tranquilo» ante
la investigación del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que le ha citado a
declarar junto a otros diez ex delegados provinciales de la Junta. «Según las
noticias que están ofreciendo los medios», dice Cuenca, «intuyo que estamos hablando de cuestiones
técnicas y jurídicas de procedimiento». Por su parte, el grupo municipal
'popular' en el Ayuntamiento de Granada exigió al alcalde que «se aplique su
propia medicina», sea «coherente» y presente su dimisión, una vez que se ha
conocido que tendrá que declarará como investigado. Mientras, Ciudadanos, que
firmó la moción de censura en Granada contra el ex alcalde del PP José Torres
Hurtado tras su detención en el 'caso Serrallo', está ahora recabando
información sobre la imputación de Cuenca. «En caso de que haya vinculación con
el caso de los cursos de formación pediremos su dimisión», anunció este lunes
Ciudadanos. [Ramón Ramos]
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