La Junta pide el archivo de la pieza de los ERE en la que están Chaves,
Griñán y otros 24 ex altos cargo.
- Pese a ser acusación, el Gobierno andaluz descarta la "trama criminal" que aprecia Anticorrupción
- La Fiscalía pide 6 años de prisión para Griñán y 10 de inhabilitación paraChaves por el caso ERE
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TRIBUNALES
El
Gobierno andaluz, que es acusación, no quiere que haya juicio
La Junta pide el archivo de la pieza de los ERE en la que
están Chaves, Griñán y otros 24 ex altos cargo
- Pese a ser acusación, el Gobierno andaluz descarta la "trama criminal" que aprecia Anticorrupción
15/10/2016 12:39
La Junta de Andalucía,
que preside la socialista Susana Díaz, ha pedido al juez que archive la causa
contra los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán
y otros 24 ex altos cargos por el caso ERE.
A pesar de que la Fiscalía
Anticorrupción pide seis años de cárcel para Griñán, por prevaricación y malversación,
y 10 de inhabilitación para Chaves, por prevaricación, la
Junta reclama que ni siquiera se celebre juicio porque no se cometió delito
alguno.
Según
el escrito de 69 páginas al que ha tenido acceso este diario, para la acusación
popular que ejerce el Gobierno andaluz, en este asunto ni hay «trama criminal»
ni «existe prueba alguna» de que Chaves, Griñán y los otros 24 acusados
tuvieran conocimiento «de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la
concesión de ayudas y subvenciones».
El
PP andaluz, que está personado en este caso, considera que al pedir el archivo Susana Díaz «devuelve en el último minuto el favor»
que le hicieron Chaves y Griñán al «ponerla al frente de la Junta». Acosado por
el escándalo de los ERE, Griñán presentó su dimisión como presidente del
Gobierno andaluz y designó sucesora a Susana Díaz. De la Junta pasó al Senado.
Dos años después, Chaves y Griñán se vieron forzados a dejar sus actas. Entre
las condiciones de Ciudadanos al PSOE para apoyar la investidura de Susana Díaz
como presidenta de la Junta tras los comicios de 2015, estuvo que Griñán dejara
su escaño en el Senado y
Chaves en el Congreso.
Frente
al relato de la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a Griñán y Chaves -ambos en
su calidad de presidentes de la Junta y el primero también durante su etapa
como consejero de Economía- de conocer las irregularidades en el reparto
millonario, opaco y arbitrario de las ayudas a empresas y trabajadores en
crisis y de no tomar ninguna decisión para frenarlas, la Junta mantiene todo lo
contrario. «No existen pruebas que avalen el presunto conocimiento que los
encausados pudieran tener de las irregularidades que se venían cometiendo en la
concesión de ayudas», destaca la Junta.
Junto
a Chaves y Griñán, en la conocida como pieza política por el
procedimiento específico de los ERE -una de las causas en las que se ha desgajado
el macrocaso que acumula más de 200 imputados- están acusados también por
Anticorrupción otros 24 ex altos cargos del Gobierno regional. La Fiscalía estima que se repartieron de
forma ilegal 741 millones gracias a que se diseñó un
«procedimiento específico» para eludir los controles en el reparto de los
fondos públicos.
La Junta los absuelve a todos, ya que
pide el sobreseimiento de la causa para todos y que no se celebre el juicio. Sin embargo, hay algunos matices, ya que sí
señala a los directores generales de Empleo que repartieron de forma
«discrecional, arbitraria e incluso con fines ajenos a los intereses generales
a los que estaban destinados» los 741 millones de euros en ayudas para
prejubilar trabajadores.
Cuatro Golfos.
Siguiendo la teoría de los «cuatro golfos»
que en su día formuló el ex presidente Chaves para señalar a los presuntos
culpables del escándalo de los ERE, la Junta también apunta a los ex directores
generales Francisco
Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Dice que, indiciariamente, su conducta
se puede calificar de prevaricación administrativa y malversación. Sin embargo,
esos hechos «escapan del objeto de este procedimiento» y deberían analizarse en
otra pieza separada, según la Junta.
También señala a los
«responsables» de la Consejería de Empleo, entre los que estarían los ex
consejeros, al admitir que hay indicios delictivos en que no hicieran nada «a
lo largo de los años» para corregir las deficiencias detectadas por la
Intervención en la tramitación de los expedientes de ayudas.
Sin embargo, los
letrados de la Junta puntualizan que estos indicios delictivos «no constituyen
objeto del presente procedimiento» contra Chaves y Griñán y otros 24 ex cargos, sino de otras piezas separadas en las que se ha dividido la macrocausa de
los ERE.
Aunque señala a los ex
consejeros de Empleo, entre los que están Antonio
Fernández y José Antonio Viera, la Junta salva al segundo. Así, subraya que el primer
informe de la Intervención que alerta de irregularidades fue el entregado en el
ejercicio de 2005. «No fue posible que Viera tuviera conocimiento del mismo al
haber cesado de sus cargos en abril de 2004», remata la Junta. Viera fue uno de
los primeros padrinos de Susana Díaz en el PSOE andaluz.
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