POR SOBREFACTURAR LA LUZ A 400.000 ANDALUCES.
El Gobierno de Susana Díaz dejó caducar la sanción a la
multinacional, que el empleado público cifró en 6,6 millones de euros. Al
final, la compañía no pagará ni un euro
06.06.2016 – 05:00 H.
Santiago Ochoa Fernández, el funcionario de la Junta de Andalucía
que tramitaba el expediente de la multa contra Endesa por la sobrefacturación
de la luz a 400.000 andaluces, ha dimitido tras denunciar el acoso de sus superiores para que
rebajara la sanción. Así consta en un informe de 11
páginas, fechado el 19 de enero de 2016, al que ha tenido acceso El
Confidencial en exclusiva.
La Dirección General de Industria, Energía y
Minas, que depende del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez
Maldonado, ha dejado que caduque la sanción a Endesa que el empleado público
cifró en primer lugar en 600.000 euros “por una falta leve continuada”. Según el cálculo del ingeniero sevillano jubilado Antonio Moreno Alfaro, denunciante de este caso y
autor del blog www.estafaluz.com, la sanción total por las infracciones leves, graves y muy graves,
“imponiendo las multas mínimas”, sería de al menos 105 millones. El expediente informativo se abrió el 19 de julio de 2011 y fue el
10 de marzo de 2015 cuando Endesa empezó a devolver el dinero a sus clientes. La sobrefacturación se elevó a 20 millones deeuros.
Lea el documento de la
dimisión.
Ochoa Fernández,
con 15 años de experiencia en la Administración pública andaluza, intentó
incrementar al menos en seis millones de euros la sanción por la infracción
grave de “alterar los datos de la potencia contratada para poder facturar
incorrectamente”. El acoso, según el relato del instructor, no
tardó en llegar. Las autoras fueron la directora general de Industria, Energía y
Minas, María José Asensio Coto, que estuvo imputada en el caso Aznalcóllar aunque luego la jueza retiró la acusación, y la jefa de servicio de Energía de la
dirección general, María Isabel González Cuenca.
El 19 de enero de 2016, el funcionario de la
Junta presentó su dimisión irrevocable. Informó de los hechos, en documento escrito, a la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, y a Susana Díaz Calderón, secretaria
general técnica de la consejería. Ni la jefa del Ejecutivo andaluz ni Díaz Calderón contestaron al
instructor, quien no contó con la colaboración
interna ni de González Cuenca, ni de Asensio Coto.
La directora general llegó a estar imputada por presuntaprevaricación tras denuncias de
presuntas “presiones y amenazas” a técnicos de la Junta de Andalucía durante su
etapa de delegada provincial de la Consejería de Economía en Huelva para beneficiar a Minas de Aguas Teñidas (Matsa),
la empresa donde era apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del expresidente
Chaves. La causa contra Asensio Coto, protegida de Mario
Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, quedó archivada. El juez sostenía que
no hubo prevaricación, sino solamente “desavenencias laborales”.
“Resulta
obvio que un asunto como este no puede calificarse de expediente ordinario, ni
mucho menos. Siete meses de tramitación frente a otros expedientes
sancionadores que se completan hasta cinco en un día, en otras materias y
consejerías, y en el que como instructor he tenido que construir una Propuesta
de Resolución de 71 páginas con muy pocos datos”, argumenta Ochoa Fernández,
que resalta: "Considero que con este proceder se ha beneficiado
ilegalmente a la mercantil objeto del expediente sancionador al proponer solo
una infracción leve por importe de 600.000 euros y poder ahorrarle, en su caso,
una infracción grave añadida de seis millone de euros".
Un nuevo instructor
Todo se aclaró tras la
dimisión de este funcionario. El 15 de febrero de este año, Asensio Coto designa como nuevo instructor
a Emilio Jorge Bolívar Raya, quien el 31 de marzo de 2016, fecha en la que se
cumplía el plazo máximo de nueve meses para resolver el expediente sancionador,
propuso “declarar caducado el presente
procedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal para dictar y
notificar resolución expresa”. La propuesta
de Bolívar Raya fue admitida por la secretaria general técnica el 16 de mayo,
al declarar la “caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 10 de
junio de 2015 en el expediente sancionador número 12.4.1.24/01.15 contra Endesa
Distribución Eléctrica”.
Ochoa Fernández denuncia “obstrucción y perturbación grave a la
instrucción”, sufrida en el ejercicio de sus funciones públicas legalmente
atribuido. El funcionario explica las presiones de
sus dos superioras (Asensio Coto y González Cuenca) para rechazar “de forma
inusitadamente persistente e
inoportuna por los dos escalones jerárquicos superiores legos en Derecho
alegando motivos no jurídicos y cuestiones tangenciales de oportunidad”. A su juicio, es el instructor el
que debe tener “la última palabra jurídica” en el expediente sancionador por
habérsele encomendado “expresamente para ello a él y no a tercera persona y por
ser el responsable de su contenido hasta la salida del centro de trabajo y que
debe tener derecho a realizar todas las observaciones y mejoras que procedan”.
“Violencia psíquica”
El escrito abunda en una “invasión” de su “exclusivo espacio
competencial técnico”. A su juicio, la Secretaría General
Técnica lo trató como “un absoluto estafermo en un auténtico ejercicio de
tauromaquia”. Es más, hubo “violencia psíquica” al desobedecer “de forma grave
de palabra y obra las solicitudes de colaboración del instructor para completar
la propuesta de resolución”. Sus superiores podrían haber incurrido en un “abuso de autoridad”,
tipificado por la legislación de función pública “como infracción
disciplinaria”.
El instructor deja claro que si existen dudas
sobre las posturas y criterios del instructor, se le debe “cesar automáticamente pero no
aprovecharse de él, consultar al Gabinete jurídico o encargar su desempeño a
personas a las que no se les va a discutir el abecedario jurídico a cada
instante”.
Ahora, más de 78 meses después de que Moreno Alfaro, cuyas denuncias ya han costado a las
eléctricas más de 500 millones de euros, presentara la reclamación contra
Endesa por el incremento unilateral de la potencia, la Junta de
Andalucía carece de personal y los medios informáticos necesarios para analizar
el SIPS (Sistema de Información de Puntos de Suministro) en baja tensión de
Endesa en Andalucía, formado por 4,63 millones de puntos de suministros. La multinacional
se enfrentaba a una reclamación por incremento unilateral de la potencia
contratada a cambio de la tensión nominal de 220 voltios a 230 voltios en
suministros con contrato anterior al 18 de septiembre de 2003.
En el informe técnico, consta que en el expediente solo se
analizaron 464.126 puntos de SIPS, apenas un 10% del sistema en baja tensión de
Endesa en la comunidad andaluza. ¿Cómo se realizaron las modificaciones del contrato? Remitiendo un nuevo contrato al cliente, aprovechando la
desaparición de la tarifa nocturna y su sustitución por la tarifa de
discriminación horaria, las modificaciones en las condiciones generales de los
contratos y el plan de instalación de los interruptores de control de potencia
(ICP).
Existe un colectivo afectado por la
actuación de Endesa: los expulsados del Bono Social
Estos cambios en los acuerdos con los clientes
fueron calificados como “fraude de ley” por el Servicio de Legislación y
Recursos de la extinta Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
un documento del 20 de diciembre de 2013. En la Resolución del expediente informativo, firmado por Asensio Coto, el alto cargo ignora que existe un
colectivo afectado por la actuación de Endesa: los expulsados del Bono Social: los usuarios con potencia contratada menor de 3kW que, tras el
incremento unilateral de potencia, pasaron a tener más de 3kW, lo que implicó
la pérdida del bono. ¿Consecuencia? El incremento del 25% en
el precio de la factura.
Según destaca el ingeniero en declaraciones a este diario, “la Junta de Andalucía ignora el número total
de afectados a los que Endesa les ha devuelto el dinero y la cantidad”. Y añade que existen “numerosos
afectados” a los que la multinacional no solo no les ha devuelto nada, “sino
que además continúa aplicándoles el incremento unilateral de la potencia
contratada”.
Fuentes oficiales de Endesa señalaron a El Confidencial que les
habían notificado “hace poco” que el expediente de sanción había caducado. La multinacional cifra en 300.000 euros
la multa que estaba prevista. También
confirmó que los clientes
afectados eran 400.000 andaluces, “con una media de 50 euros por cliente
incluyendo intereses de demora”. “El 100% de
las devoluciones se ha realizado”, resaltó un portavoz de la compañía. La Junta no quiso contestar a El Confidencial a las reiteradas llamadas de teléfono tanto al departamento de
prensa de la consejería como a la Dirección General de Energía.
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