EL FRAUDE DE LOS CURSOS. La investigación parlamentaria. Colosal descontrol en formación
- Los interventores han ratificado esta semana en el Parlamento las irregularidades en las ayudas de la Junta
- Dan por hecho que las anteriores a 2009 han prescrito ya y no podrá recuperarse el dinero.
- "100% de irregularidades"
- El boicot de la Junta lleva a la juez a parar la investigación al ex 'número 2' del PSOE-A
Sobran las palabras.
- Artículo de opinión. Aquel gran bulo contra Andalucía; .....una trama perfectamente diseñada desde la Junta y el PSOE para garantizarse la paz social y el respaldo clientelar de amplias capas de la sociedad andaluza.
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/03/13/56e46095268e3eac5a8b4610.html
EL FRAUDE DE LOS CURSOS. La investigación parlamentaria.
Colosal descontrol en formación
- Los interventores han ratificado esta semana en el Parlamento las irregularidades en las ayudas de la Junta
- Dan por hecho que las anteriores a 2009 han prescrito ya y no podrá recuperarse el dinero.
- "100% de irregularidades"
El paso de los
interventores ante la comisión de investigación que trata de dirimir responsabilidades
políticas por el fraude de la formación ha sido clarificador.
Han ratificado de manera detallada lo que ya pusieron en sus informes: el
colosal descontrol y las graves irregularidades en la gestión de estas ayudas,
bajo investigación judicial. EL MUNDO de Andalucía
repasa algunos aspectos sobre los que estos funcionarios han arrojado luz.
¿HUBO MENOSCABO DE FONDOS?
La Junta y el PSOE tratan
de minimizar la dimensión del escándalo de los cursos de formación con el
argumento de que no hay menoscabo de fondos públicos. Y no lo hay, argumentan,
por el hecho de que aún no ha prescrito el plazo para poder reclamar el reintegro
del dinero en aquellos casos que han puesto de manifiesto los interventores
provinciales en sus informes especiales sobre el periodo 2009-2012. Es el
último mantra del Gobierno de Susana Díaz. Esta tesis la combatió el
pasado lunes durante su comparecencia ante la comisión de investigación el
interventor de Huelva, Miguel Ángel García, quien sostiene que la mera
infracción de la ley -como es el caso- ya supone un daño y de ello se deriva
responsabilidad contable. Es el único interventor que se ha expresado en estos
términos, lo que le llevó a proponer a la Intervención General la emisión de un
informe de actuación. El resto se ha abonado a la tesis de que, para que haya
menoscabo, debe haber un daño real, individualizado y cuantificable económicamente.
Y mientras no hayan pasado cuatro años hay tiempo para reclamar ese dinero.
¿Y LAS AYUDAS DE 2002-2008?
Los expedientes de
reintegro que ha puesto en marcha la Junta tras las graves irregularidades detectadas
por los interventores provinciales corresponden a ayudas concedidas exclusivamente
entre los años 2009 y 2012, el periodo objeto de control especial. Las
subvenciones concedidas con anterioridad habrían prescrito ya, debido al tiempo
transcurrido. La Administración dispone de cuatro años, a contar desde la
finalización del plazo de justificación, para iniciar un expediente de reintegro.
«Estamos ya en 2016...», contestó el interventor de Córdoba, Antonio Escudero,
cuando el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe le preguntó si se
podría recuperar aún fondos relativos a las ayudas anteriores a 2009. «Lo veo
complicado», zanjó.
LA MUESTRA... Y EL UNIVERSO
La cantidad de
irregularidades constatadas en la muestra de expedientes de ayudas correspondientes
al periodo 2009-2012 ha llevado a algunos interventores a defender la
conveniencia de que se amplíe la revisión de las cuentas justificativas de
todas las subvenciones, no sólo las incluidas en la muestra (una minúscula
cantidad respecto a las otorgadas). Así lo expuso el titular de la Intervención
provincial de Málaga, Juan José Delgado, quien advirtió de que ello requeriría
un «ingente volumen de personal» en las intervenciones del que no se dispone.
También lo había dejado escrito el interventor de Huelva en su informe, emitido
en junio de 2014: «La importancia de las debilidades puestas de manifiesto en
la gestión de los procedimientos a través de la muestra analizada aconsejan estas
recomendaciones a la totalidad de los expedientes tramitados durante el periodo
controlado en aras de resarcir a la Hacienda de la Junta de Andalucía del
posible quebranto económico producido».
¿CERTIFICACIÓN REAL?
Ha quedado al descubierto
que muchos de los certificados que emitió la Junta ante la Intervención acreditando
que el beneficiario de la ayuda había destinado el dinero al fin para el que se
concedió -trámite necesario para que se pudiera pagar el 25 por ciento
restante- presentaban serias debilidades, lo que arroja dudas sobre el resto de
subvenciones a las que los interventores no le han puesto la lupa al no formar
parte de la muestra analizada. «¿Podrían funcionar esos certificados, al
descubrirse cuando han hecho el informe que no se corresponde con la realidad,
como un engaño a la Intervención?», lanzó sin rodeos la parlamentaria de IU
Elena Cortés al interventor de Málaga. «No lo sé, no tengo
opinión», dijo.
INFORMES DE AUDITORES
Han sido recurrentes las
preguntas de los comisionados a los comparecientes sobre el papel de los
auditores en el control de estas ayudas. La orden de 23 de octubre de 2009 por
la que se regulaba la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en
Andalucía y se establecían las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones establecía que el beneficiario estaba obligado a presentar una
cuenta justificativa de la ayuda con aportación de un informe de auditor de
cuentas, gasto que se podía imputar a la ayuda. En sus informes, los interventores
son muy críticos con la labor realizada por los auditores y cuestionan abiertamente
la rigurosidad de sus trabajos, de los que llegan a decir que se limitan a
ajustarse «a los parámetros de la subvención para que el beneficiario cumplan
con las normas establecidas». En pocos casos constataron, por ejemplo, el
cumplimiento de contratación de los alumnos tras el desarrollo de las acciones
formativas cuando era una obligación del beneficiario. ¿Pudieron haber activado
las alarmas o, con la información que tenían, era imposible detectar
irregularidades?
INFORMES DE INSERCIÓN
Entre los reproches que han
realizado a la Junta se incluye que no elaborara informes para determinar qué
eficacia tuvieron los cursos a la hora de propiciar la inserción laboral de los
alumnos. Esos informes no aparecen en los expedientes administrativos fiscalizados,
según han puesto de manifiesto los interventores. Los diputados del PSOE
aseguran tener pantallazos que acreditan que se hizo ese seguimiento.
EXCEPTUACIONES
En los interrogatorios a
los interventores han salido también a relucir las exceptuaciones excepcionales
masivas que firmaron al menos cuatro consejeros por las que se eximió a cientos
de entidades a justificar en plazo las ayudas concedidas y poder recibir otras
con posterioridad. Para el interventor de Córdoba, el órgano gestor aplicó
«incorrectamente» el artículo 124.1 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía en ayudas de 2012.
FALTA DE MEDIOS
Si ha habido un reproche
común entre los comparecientes ha sido el de la falta de medios materiales y
humanos existente en las intervenciones provinciales, que vieron incrementadas
de forma notable sus cargas de trabajo cuando se les pidió la realización del
informe especial sobre las subvenciones en formación profesional para el empleo
a raíz de las importantes irregularidades que habían puesto de manifiesto los
distintos informes provinciales de control financiero permanente del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) correspondiente a 2012. Todos han coincidido en la falta de
cualificación técnica de muchos de los funcionarios adscritos para desarrollar
la tarea encomendada.
VINCULACIONES SOCIETARIAS
Han sido numerosos los
casos en los que se ha detectado vinculaciones entre beneficiarios y algunos
proveedores de bienes y servicios necesarios para las actividades
subvencionadas. No es algo ilegal cuando se solicita la correspondiente
autorización y apenas hay rastro de que ello haya sucedido. La Junta no lo
detectó, sí los interventores.
PAPEL DEL PSOE
No está pasando
desapercibido cómo los diputados del PSOE se están desenvolviendo en la comisión
de investigación, hasta el punto de que un interventor llegó a decirle al
parlamentario Rodrigo Sánchez que parecía más interesado en defender los
intereses de las entidades beneficiarias que el de la Administración en su
intento de recuperar el dinero desviado. También hubo risotadas en la sala de
comisiones a raíz de que el mismo diputado, pese al rosario de irregularidades
que los interventores iban exponiendo, preguntó a un compareciente si pudo
haber un «exceso de rigor» por parte del órgano gestor con las facturas.
«IRSE DE ROSITAS»
La frase corresponde al
interventor de Granada Miguel Gutiérrez, que la pronunció cuando lo interrogaba
la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet. Vino a decir que no sólo debe exigirse
la responsabilidad a los beneficiarios de las ayudas, sino que la Junta tampoco
puede «irse de rositas». Los primeros tienen «nombre y apellidos» pero la
Administración «es una cosa muy abstracta», añadió. El de Córdoba, por su
parte, también ha defendido que la Junta tendría que haber tenido una actuación
«más proactiva» para averigurar si los beneficios dedicaron íntegramente el
dinero recibido a la acción subvencionada.
Aquel gran bulo contra Andalucía
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