domingo, 13 de marzo de 2016

Máxima difusión. Los funcionarios temen que la Junta cuele a los 30.000 trabajadores externos que tiene en el limbo legal; el SAF informa, ahora tramitan una ¿proposición de Ley; que no es recurrible directamente por los interesados, como ya pasó con la Ley de Reordenación del Sector Público? El Grupo Socialista la propone, y el POSE e IU ¿estarían a favor? = Simple y claro, como los laborales "subrogados", de selección digital, ni antes ni ahora pueden realizar competencias y funciones públicas reservadas a personal funcionario -potestades públicas-; versus "delito de usurpación de funciones públicas", algo que los junteros saben, pero que el TSJA con la Sentencia de la Agencia IDEA, les recuerda. La solución ¿una proposición de ley?; el "modus operandi", se repite: ¿hacer todo lo posible para burlar la ley sin que se note? ; el objetivo ¿robar institucionalmente a los funcionarios su trabajo para darselo a su clientela? y conseguir consolidar a la ¿"Administración paralela, brazo ejecutor del Régimen "con funcionarios por ingeniería jurídica "ad hoc", "un traje a medida" por concurso-oposición?

  • La «ley del enchufismo» no ha normalizado la situación laboral del personal de la administración paralela

El SAF dispone de motivos fundados para sostener que la Junta tiene trazado un plan para que el personal procedente de la administración paralela sustituya progresivamente a la plantilla de funcionarios en las consejerías con todas las atribuciones.


Manifestación de funcionarios en 2012 contra el enchufismo en la Junta de Andalucía



La puesta en práctica de la Ley de Reordenación de la Administración andaluza, conocida también como «ley del en chufismo», que data de 2011, permitió que alrededor de 30.000 trabajadores de la Junta, pertenecientes a diferentes empresas y fundaciones, entraran a forma parte de una nueva estructura formada por agencias. Los empleados de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), se integraron en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua: los de la Fundación Faffe en la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y así sucesivamente. Son gran parte de los trabajadores de la denominada administración paralela, que teóricamente ni disponían ni disponen de potestades públicas para realizar tareas propias de los funcionarios, por lo que muchos de ellos se encuentran en una especie de laberinto legal, sin ocupación determinada....

........Se trata de la proposición por la que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. El texto se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria, y es a través de las enmiendas de los diferentes grupos políticos cuando se puede producir el cambio que teme el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Según el SAF, tanto el PSOE como IU estarían a favor de la modificación por las «presiones» de los sindicatos UGT y CC.OO., firmes defensores de la «ley del enchufismo».


«La modificación de la ley permitiría crear el marco para que las convocatorias de oferta de empleo público vuelvan a tener como sistema preferente el concurso oposición», afirma un portavoz del SAF. Y en ese concurso oposición, añade, «si se permite que la valoración de la antigüedad sea en cualquier condición previa a la de funcionario –laboral, interino o contratado administrativo–, automáticamente todo ese personal que ha prestado servicio en el sector público se lo llevará de calle porque tendrá más puntos».



La conclusión que «han metido a 30.000 personas en la Administración y ahora tienen que darles trabajo y para ello excluyen a una plantilla de funcionarios que se ha ido mermando. Y es que se se pretende suplantar por estos nuevos empleados. La tesitura en la que se encuentra la Junta es que o les dan los trabajos que tienen que realizar los funcionarios o los tienen cruzados de brazos y cobrando».




¿La Junta ha optado por una Administración instrumental, de selección digital y control financiero, en detrimento de la Administración de base constitucional y funcionarial y fiscalización previa?




Y  no la han conseguido consolidar  hasta la fecha, gracias  a vuestras aportaciones económicas, para  poder acudir a los tribunales; un largo camino, compañeros que comenzo, en la manifestación  de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010;  y  desde entonces  llevamos 6 largo y tortuosos años de lucha judicial; pero lo que está ocurriendo en Andalucía,   ya muchos más lo ven..... 


[foto de la noticia]


Máxima difusión: Enlace: Iuslexblog Blog de derecho administrativo, sin descuidar los ámbitos constitucional, civil y penal = compañeros entre todos seguimos sumando.


Máxima difusión. Blog de Derecho administrativo. Iuslexblog. Análisis Sentencia del T.Constitucional sobre determinados artículos de la Ley 1/2011 de 17 de febrero de Reordenación del sector público Andaluz= Lo dice alto y claro; es grave la reinterpretación que hace el Tribunal sobre el petitum del recurrente. El altamente didáctico voto particular merece la pena ser leído ...Cinco páginas de conceptos claros y sencillos, en el que se realiza una recopilación del acervo administrativo en el campo de vaciamiento competencial de las funciones administrativas, huida del derecho administrativo incluida, cuyo punto álgido se encuentra en la página 4, cuya transcripción realizamos " El propio legislador andaluz parece, por otra parte, contradecirse a si mismo....en el mismo ordenamiento andaluz.... "


Blanco y en Botella ¿No? y  mientras en la Andalucía de los junteros, seguimos degenerando 





Y advierte el SAF el Plan de los "Einstenis" psocilistos" , prosigue....= Siguen como siempre ERE, que ERE, su premisa, siempre la misma:  ¿Como hacer todo lo posible  para burlar la ley y  que no se note?; en este caso, ¿La norma a burlar es la Constitución, eliminando el derecho de los ciudadanos al acceso al empleo público en condiciones de igualdad, artículo 23.2 de la Constitución? Preparan ¿una proposición de ley para establecer las bases de oposiciones a la carta, mediante un concurso-oposición, versus ingeniería jurídica "ad hoc" para convertir a los "subrogados laborales" en funcionarios?





Recordatorio  enlaces: 

CONOCEMOS EN CARNE PROPIA A ESTOS JUNTEROS.


  

De lectura imprescindible. La prescripción de la vergüenza, por Carlos Marmol. “Lo peor no es el fraude de los cursos. Es la imposibilidad de perseguirlo = Las verdades del Régimen instaurado por los einsteins psociolistos y sus adlateres; ¿Prescripción por larga posesión de fodos? o ¿como hacer todo lo posible para burlar la ley sin que se note? el resultado de esta farsa lo pagamos todos.Las consecuencias inasumibles : "La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia con su ejemplo". Eduardo Galeano.






De Lectura inexcusable. Los interventores, por José Antonio Gómez Marín. “Una Administración sin el control de una Administración eficaz es una huerta sin vallar. Y la Junta no tiene vallas” = ¿Y para que han creado la Administración paralela, brazo ejecutor del Régimen, sin funcionarios y sin fiscalización previa -control previo del dinero, con documentación justificativa, antes de permitir su salida del erario público- ? ¿Por que han sustituido a los funcionarios por laborales de selección digital y la fiscalización previa, por control a posteriori, de eficacia, una vez que el dinero sale de las arcas públicas?Las cosas no ocurren por casualidad, sino por causalidad.





Gracias ESPA, por el envío y comentario:

Lo que el SAF teme no es cuestión baladí y nos lleva acuciando a los funcionarios de verdad, los de oposiciones, mermados y postergados. Teme un coladero para 30.000 "paralelos" nacidos a la sombra de "Ley del Enchufismo".


  


  http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-funcionarios-temen-junta-cuele-30000-trabajadores-externos-tiene-limbo-legal-201603120747_noticia.html

Los funcionarios temen que la Junta cuele a los 30.000 trabajadores externos que tiene en el limbo legal.

  • La «ley del enchufismo» no ha normalizado la situación laboral del personal de la administración paralela


Manifestación de funcionarios en 2012 contra el enchufismo en la Junta de Andalucía

La puesta en práctica de la Ley de Reordenación de la Administración andaluza, conocida también como «ley del en chufismo», que data de 2011, permitió que alrededor de 30.000 trabajadores de la Junta, pertenecientes a diferentes empresas y fundaciones, entraran a forma parte de una nueva estructura formada por agencias. Los empleados de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), se integraron en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua: los de la Fundación Faffe en la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y así sucesivamente. Son gran parte de los trabajadores de la denominada administración paralela, que teóricamente ni disponían ni disponen de potestades públicas para realizar tareas propias de los funcionarios, por lo que muchos de ellos se encuentran en una especie de laberinto legal, sin ocupación determinada.
Ahora, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), según sus responsables y su servicio jurídico con los que ha hablado ABC, teme que la Junta, que anteriormente sorteaba las normas con encomiendas de gestión al personal externo, (recurridas pero sin consecuencias prácticas), utilice la tramitación de la modificación de una ley en el Parlamento para sentar las bases de unas futuras oposiciones a la carta, el concurso-oposición, que beneficie de forma preferente a este colectivo de empleados y convertirlos oficial y legalmente en funcionarios.
El SAF dispone de motivos fundados para sostener que la Junta tiene trazado un plan para que el personal procedente de la administración paralela sustituya progresivamente a la plantilla de funcionarios en las consejerías con todas las atribuciones.
Fuentes de esta organización sindical recuerdan los sucesivos intentos de la Junta por incluir como valor en los concursos de traslado y de promoción interna de los funcionarios el tiempo que hayan permanecido como interinos. En una primera instancia las bases de los exámenes (rebaremación) fueron tumbadas por los tribunales de justicia a raíz de los recursos del SAF. Con posterioridad, el pasado verano el Gobierno andaluz elaboró un decreto que tuvo la virtud de convertirse en el primero que no convalida el Parlamento. Y más recientemente no es la Junta, sino el Grupo Parlamentario Socialista, el que ha presentado una proposición de ley que viene a ser casi un calco exacto del mencionado decreto.
Se trata de la proposición por la que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. El texto se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria, y es a través de las enmiendas de los diferentes grupos políticos cuando se puede producir el cambio que teme el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Según el SAF, tanto el PSOE como IU estarían a favor de la modificación por las «presiones» de los sindicatos UGT y CC.OO., firmes defensores de la «ley del enchufismo».
«La modificación de la ley permitiría crear el marco para que las convocatorias de oferta de empleo público vuelvan a tener como sistema preferente el concurso oposición», afirma un portavoz del SAF. Y en ese concurso oposición, añade, «si se permite que la valoración de la antigüedad sea en cualquier condición previa a la de funcionario –laboral, interino o contratado administrativo–, automáticamente todo ese personal que ha prestado servicio en el sector público se lo llevará de calle porque tendrá más puntos».
Se confirme o no este temor, la Junta de Andalucía sigue dando pasos para buscar el encaje del personal externo en las nuevas Agencias, proceso en el que nuevamente vuelve a encontrarse con el rechazo del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
Así ha ocurrido con la integración de los trabajadores de la antigua Faffe en el SAE en diferentes provincias. La organización sindical está utilizando en principio la vía administrativa y una vez agotada ésta prevé recurrir a los tribunales.
Las objeciones del SAF son dos. Por un lado, denuncia que el Servicio Andaluz de Empleo, a nivel provincial, elabore una relación de puestos de trabajo con unas condiciones que debe establecer el Consejo de Gobierno de la Junta y la presidencia del SAE. Y por otra parte, se impugnan las atribuciones que se le dan a ese personal, usurpando supuestamente el trabajo de los funcionarios.
La conclusión que «han metido a 30.000 personas en la Administración y ahora tienen que darles trabajo y para ello excluyen a una plantilla de funcionarios que se ha ido mermando. Y es que se se pretende suplantar por estos nuevos empleados. La tesitura en la que se encuentra la Junta es que o les dan los trabajos que tienen que realizar los funcionarios o los tienen cruzados de brazos y cobrando».

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