TRAMA DE LOS ERE
- Ascendió a 21,6 millones de euros
TRAMA DE LOS ERE
Ascendió a 21,6 millones de euros
Viera señala a Guerrero como responsable del ERE de Egmasa
El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha rechazado hoy, en su declaración como imputado por prevaricación y
malversación por un ERE de 21,6 millones de euros, que tuviera responsabilidad en ese expediente y ha señalado
al exdirector general de Empleo Javier Guerrero.
Durante los 25 minutos que ha comparecido ante la
juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, Viera ha reiterado que las
competencias para la concesión de ayudas a empresas en crisis correspondían a
Guerrero, uno de los principales imputados en la causa de los ERE, han
informado a Efe fuentes judiciales.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Viera ha
dicho que sólo estaba al tanto de las ayudas de más importancia y de empresas
relevantes, como las concedidas a Santana Motor o a las compañías mineras de la
Faja Pirítica de Huelva.
Respecto a la ayuda concedida a la
empresa pública Egmasa para un ERE que afectó a 373 trabajadores y costó 21,6
millones a la Junta de Andalucía, el exconsejero andaluz ha dicho que no
conocía esa ayuda y que no participó en su expediente.
Ese desconocimiento, ha añadido, fue
extensivo durante el periodo que presidió, como consejero, el IFA, la empresa
pública pagadora de los ERE. Sólo la Fiscalía
Anticorrupción ha hecho preguntas a Viera durante su comparecencia, la primera
que el exconsejero presta en los juzgados de Sevilla después de que declarara
en el Tribunal Supremo porque era aforado debido a su cargo de diputado
nacional del PSOE.
El interrogatorio a Viera es uno de los seis que la
juez ha programado hoy en relación con el ERE de Egmasa, cuyo horario se ha
retrasado durante dos horas porque antes declararon seis testigos por la pieza
del caso relativa al procedimiento específico creado por la
Junta para pagar las ayudas sociolaborales.
La juez investiga el presunto desvío
de fondos públicos en el expediente de regulación de empleo de 2003 de la
Empresa de Gestión Medioambiental S.A.(EGMASA), ahora denominada Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
En la indagación de este expediente, la juez ha
incluido a quince investigados, nuevo término que sustituye al de imputado, y a
dos testigos.
La juez entiende que en la concesión de esta ayuda se
pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales
públicos, y añade que en la concesión de esta subvención "se
ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido", lo que
puede ser "causa de nulidad de pleno derecho".
Así se recoge en un informe de la Intervención
General de la Administración del Estado, en el que se asegura que "no se han publicado por la Junta
de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de
subvención concedidas por la Consejería de Empleo".
La Junta tampoco hizo un
análisis económico para ver si eran procedentes estas ayudas, ni se han
acreditado su carácter excepcional, así como tampoco solicitud formal por parte
de los beneficiarios, ni resolución motivada de las ayudas, según la Intervención.
En el auto, la juez cita a un "intruso" que se incluyó en el ERE sin
trabajar en la empresa, Antonio Márquez García, un liberado sindical
que cuando cesó en el cargo en el sindicato en el año 2004 no fue readmitido,
por lo que después de dos años, los directivos de la compañía, junto con un
líder, le buscaron una salida y simularon un despido improcedente.
Para ello, pactaron en el CEMAC una indemnización
por despido de más de 120.000 euros que se articuló mediante la indebida
inclusión del trabajador como asegurado en una póliza colectiva,
"indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que
fue pagada no por la empresa sino por la Junta de Andalucía", según la
juez.
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