¿El contrato se inició por selección digital; " a dedo"?
- Un funcionario sancionado con 27.000 euros por absentismo afirma que sufrió 'mobbing'
- El funcionario en cuestión, ingeniero, había sido el director técnico del área de Medioambiente del consistorio
Catorce años cobrando sin trabajar en Cádiz
- Un funcionario sancionado con 27.000 euros por absentismo afirma que sufrió 'mobbing'
- El funcionario en cuestión, ingeniero, había sido el director técnico del área de Medioambiente del consistorio
Sede de la empresa municipal Aguas de Cádiz.
Si la historia del funcionario fantasma del Ayuntamiento de Cádiz hubiera trascendido unos días antes habría acabado en las coplillas del Carnaval. La letra hablaría de un ingeniero que durante seis años no acude a su puesto de trabajo y nadie lo echa en falta, de modo que todos los meses cobra la nómina correspondiente a los 37.000 euros brutos anuales de su salario sin hacer nada.
Hasta que en 2010 alguien en el Ayuntamiento pregunta por Joaquín y el funcionario es expedientado por absentismo laboral y sancionado con 26.920,93 euros, el equivalente a un año de su salario neto, lo máximo reclamable legalmente. El último capítulo del sainete es la sentencia de este 20 de enero del Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Cádiz que, ante la denuncia del funcionario en contra de la medida, se pronunciaba a favor del Consistorio y refrendando la sanción.
El funcionario en cuestión se llama Joaquín García, tiene 69 años, lleva ya unos años jubilado y, según ha sabido EL MUNDO de fuentes cercanas a su entorno, niega tajantemente las acusaciones. Se considera víctima de un caso de mobbing; asegura que el Ayuntamiento le envió a un puesto vacío de contenido a sabiendas; que, pese a ello, él acudió periódicamente a cumplir con su trabajo fantasma, y que la juez que sentenció su caso ni siquiera le dejó declarar para explicarse. En lo que coinciden ambas versiones es en que el Ayuntamiento estaba pagando un salario por no hacer nada.
La historia arranca en 1990, cuando Joaquín García, cuñado de quien fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz, Fermín Moral, entró en la plantilla del Consistorio. Venía de la empresa privada Dragados, con la que había estado en Argelia y Venezuela. El Ayuntamiento, entonces bajo batuta socialista, lo nombró director técnico de Medio Ambiente, puesto que ejerció hasta 1996.
«Lo enviamos a Aguas de Cádiz, que es de titularidad municipal, para que desde allí se encargara de supervisar las obras de La Martona, el centro donde van las aguas fecales y pluviales de la ciudad», explica Jorge Blas Fernández, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz entre 1995 y 2015, actual senador por el PP y el hombre que inició el expediente contra Joaquín García.
«Se le puso un despacho en el edificio de Aguas de Cádiz y allí se quedó. Hasta que un día [más de una década después] me acordé de él y pensé: '¿Dónde estará este hombre? ¿Seguirá allí? ¿Se habrá jubilado?, ¿Habrá fallecido?'. Como me constaba que seguía cobrando la nómina, me puse a hacer gestiones. Llamé a Aguas de Cádiz y me dijeron que allí no sabían nada, que pensaban que había vuelto al Ayuntamiento... Lo llamé a él y me dijo que estaba de días de asuntos propios y le pedí que viniera a verme. '¿Usted qué hace? ¿Qué hizo ayer? ¿Y el mes anterior?'. No supo responder».
El expediente que se le abrió incluía el informe del entonces gerente de Aguas de Cádiz, Aurelio Vélez (ya fallecido), quien tenía su despacho enfrente del de Joaquín y aseguraba que llevaba años sin verle.
La versión que recoge EL MUNDO en el entorno de Joaquín García -quien ha escrito al actual alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, contándole el caso, con la esperanza de que el actual Consistorio no le cobre la sanción- es otra. Aseguran que fue víctima de un caso de mobbing por parte del equipo del PP, que, al acceder al Ayuntamiento en 1995, decidió «quitárselo de encima». Un año después, según estas fuentes, le habrían encargado no la supervisión de La Martona, sino de la depuradora de Cádiz-San Fernando, que entonces estaba en fase de construcción y tardaría años en terminarse, con lo que «no había nada que hacer».
El tiempo en el que el funcionario estuvo sin trabajo definido, según esta versión, no sería de seis años, sino de 14, entre 1996 y 2010, cuando el Ayuntamiento emprendió acciones. Casi tres lustros en los que el Consistorio abonó más de medio millón de euros por sus nóminas.
Joaquín García, asegura su entorno, ocupó su despacho -«no de 8.00 a 15.00, pero todos los días iba»- y se dedicó a la lectura sobre todo, hasta hacerse experto en el filósofo Spinoza, por ejemplo. La situación laboral, aseguran, lejos de ser para él una bicoca, le llevó al psiquiatra. ¿Por qué no denunció? Tenía «una familia que mantener» y, a su edad, «temía no encontrar otro trabajo», dicen.
- ¿Cómo es posible que un trabajador del Ayuntamiento no estuviera bajo ningún tipo de control?, preguntamos a Jorge Blas Fernández.
- Pensábamos que el gerente de Aguas de Cádiz lo supervisaba, pero no era así. Y lo descubrimos cuando estábamos a punto de entregarle al funcionario una placa por los 20 años de servicio.
- Un funcionario sancionado con 27.000 euros por absentismo afirma que sufrió 'mobbing'
- El funcionario en cuestión, ingeniero, había sido el director técnico del área de Medioambiente del consistorio
Catorce años cobrando sin trabajar en Cádiz
- Un funcionario sancionado con 27.000 euros por absentismo afirma que sufrió 'mobbing'
- El funcionario en cuestión, ingeniero, había sido el director técnico del área de Medioambiente del consistorio
Sede de la empresa municipal Aguas de Cádiz.
Si la historia del funcionario
fantasma del Ayuntamiento de Cádiz hubiera trascendido unos días antes habría
acabado en las coplillas del Carnaval. La letra hablaría de un ingeniero que
durante seis años no acude a su puesto de trabajo y nadie lo echa en falta, de
modo que todos los meses cobra la nómina correspondiente a los 37.000 euros
brutos anuales de su salario sin hacer nada.
Hasta que en 2010 alguien en el Ayuntamiento
pregunta por Joaquín y el funcionario es expedientado por absentismo laboral y
sancionado con 26.920,93 euros, el equivalente a un año de su salario neto, lo
máximo reclamable legalmente. El último capítulo del sainete es la sentencia de
este 20 de enero del Juzgado
Contencioso-Administrativo 1 de Cádiz que, ante
la denuncia del funcionario en contra de la medida, se pronunciaba a favor del
Consistorio y refrendando la sanción.
El funcionario en cuestión se
llama Joaquín García, tiene 69 años, lleva ya unos años jubilado y, según ha sabido EL MUNDO de fuentes cercanas a su entorno, niega tajantemente las
acusaciones. Se considera
víctima de un caso de mobbing; asegura que el Ayuntamiento le envió a un puesto
vacío de contenido a sabiendas; que, pese a
ello, él acudió periódicamente a cumplir con su trabajo fantasma, y que la juez que sentenció su caso ni
siquiera le dejó declarar para explicarse. En
lo que coinciden ambas versiones es en que el Ayuntamiento estaba pagando un salario por no hacer nada.
La historia arranca en 1990, cuando Joaquín
García, cuñado de quien fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de
Cádiz, Fermín Moral, entró en la plantilla del Consistorio. Venía de la empresa privada
Dragados, con la que había estado en Argelia y Venezuela. El Ayuntamiento, entonces bajo batuta socialista, lo nombró director
técnico de Medio Ambiente, puesto que ejerció hasta 1996.
«Lo enviamos a Aguas de Cádiz, que es de
titularidad municipal, para que desde allí se encargara de supervisar las obras
de La Martona, el centro donde van las aguas fecales y pluviales de la ciudad», explica Jorge
Blas Fernández, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz entre 1995 y 2015,
actual senador por el PP y el hombre que inició el expediente contra Joaquín
García.
«Se le puso un despacho en el
edificio de Aguas de Cádiz y allí se quedó. Hasta que un día [más de una década
después] me acordé de él y pensé: '¿Dónde estará este hombre? ¿Seguirá allí?
¿Se habrá jubilado?, ¿Habrá fallecido?'. Como me constaba que seguía cobrando
la nómina, me puse a hacer gestiones. Llamé a Aguas de
Cádiz y me dijeron que allí no sabían nada, que pensaban que había vuelto al
Ayuntamiento... Lo llamé a él y me dijo que
estaba de días de asuntos propios y le pedí que viniera a verme. '¿Usted qué
hace? ¿Qué hizo ayer? ¿Y el mes anterior?'. No supo responder».
El expediente que se le abrió incluía el informe del
entonces gerente de Aguas de Cádiz, Aurelio Vélez (ya fallecido), quien tenía su despacho
enfrente del de Joaquín y aseguraba que llevaba años sin verle.
La versión que recoge EL MUNDO en el entorno de
Joaquín García -quien ha escrito al actual alcalde de Cádiz, José María
González, Kichi, contándole el caso, con la esperanza de que el actual
Consistorio no le cobre la sanción- es
otra. Aseguran que fue
víctima de un caso de mobbing por parte del equipo del PP, que, al acceder al
Ayuntamiento en 1995, decidió «quitárselo de encima». Un año después, según estas
fuentes, le habrían
encargado no la supervisión de La Martona, sino de la depuradora de Cádiz-San
Fernando, que entonces estaba en fase de construcción y tardaría años en
terminarse, con lo que «no había nada que hacer».
El tiempo en el que el funcionario estuvo sin
trabajo definido, según esta versión, no sería de seis años, sino de 14, entre 1996 y 2010, cuando el
Ayuntamiento emprendió acciones. Casi tres lustros en los que el Consistorio
abonó más de medio millón de euros por sus nóminas.
Joaquín García, asegura su
entorno, ocupó su despacho -«no de 8.00 a 15.00, pero todos los
días iba»- y se dedicó a la lectura sobre todo, hasta hacerse experto
en el filósofo Spinoza, por ejemplo. La
situación laboral, aseguran, lejos de ser para
él una bicoca, le llevó al psiquiatra. ¿Por qué no denunció? Tenía «una familia que mantener» y, a su edad, «temía
no encontrar otro trabajo», dicen.
- ¿Cómo es posible que un trabajador del
Ayuntamiento no estuviera bajo ningún tipo de control?, preguntamos a Jorge
Blas Fernández.
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