Es hora de relexionar; "De aquellos barros estos lodos"
La gangrena, por Manuel Arias Maldonado.
Andábamos pensando en posibles combinaciones de gobierno, la mayoría imposibles, cuando las rotativas se pararon a cuenta del enésimo escándalo de corrupción protagonizado por el PP valenciano: siguió un cambio inmediato de pantalla y por tanto de lenguaje. Pocos creen ahora que Mariano Rajoy pueda seguir al frente de su partido y ninguno que vaya a convertirse en el próximo presidente. Y siendo la democracia un régimen de percepciones públicas, parece difícil concebir otro desenlace. La gangrena de la corrupción ha infectado el cuerpo del Partido Popular y las justificaciones se van acabando. Porque están los ERE y está Pujol, como estuvieron Filesa y el GIL, así como miles de contrataciones públicas fraudulentas y oposiciones amañadas, licitaciones adjudicadas a dedo y subvenciones encubiertas. ¡París era una fiesta! Pero en algún momento habrá que empezar a amputar, antes de que la democracia española se convierta, toda ella, en un zombie purulento.
En Spotlight, el director Tom McCarthy relata la investigación que permitió al Boston Globe denunciar el ocultamiento sistemático, por parte de las autoridades eclesiásticas, de los casos de pederastia protagonizados por sacerdotes católicos del estado de Massachusets. A medida que avanzan en sus pesquisas, los reporteros comprenden que el problema estaba a la vista de todos y nadie hizo nada por impedirlo: todos los sabían, ninguno lo denunció. «Como buenos alemanes», comenta uno de ellos en referencia al hitlerismo. Y lo mismo vale para España. Todos sabíamos que la corrupción era una triste norma de funcionamiento social, porque resultaba imposible hacerse una vida sin verse atrapado en alguna medida en su telaraña. Desde los falsos empadronamientos para elegir colegio a las facturas sin IVA, pasando por el enchufe en la administración del hijo del gerifalte, hasta llegar al peronismo clientelar de los ERE y las redes mafiosas de Valencia. Nótese que uso el pretérito porque soy un optimista.
Boston, subraya la película, es una comunidad pequeña donde las presiones de los jefes locales bastaban para que nadie se fuera de la lengua. Mientras el editor del periódico que impulsa la investigación acaba de llegar de Miami, ejerciendo así de outsider y agente provocador al mismo tiempo, sus reporteros son bostonianos que sufrirán las consecuencias de sus revelaciones. «¿A dónde vas a ir después?», preguntan a uno de ellos para presionarlo suavemente. La técnica no nos es desconocida. Pensemos en el deprimente ejemplo de Isabel Carrasco en la Diputación de León. Pero hay que extrapolarlo a la Marbella del GIL, a la Sevilla de los ERE, a la Cataluña del 3%, a la Valencia de Gürtel. Y es que al efecto omertá se ha sumado, en España, el efecto western: una corrupción autonómica y local cuyo control correspondía a los beneficiarios mismos de la corrupción. Sin un James Stewart en lontananza, sólo el periodismo se oponía ocasionalmente al avance de la infección.
Más aún, recordemos que un tango lo bailan dos. La financiación ilegal de los partidos, a cuya sombra han crecido los buscadores de rentas fraudulentas, se alimenta de empresas y no de fantasmas. Cuando corría el champán y el tonto era quien no había firmado un crédito hipotecario, nadie hacía preguntas. Pero ahora las hacemos y, sin dejar de subrayar la hipocresía retrospectiva que esto comporta, está bien que así sea. ¡Nos acostamos cómplices y nos hemos despertado como testigos de la acusación! A ser posible, de los pecados de los demás; o del partido que detestamos. De ahí que a Rajoy le queden defensores. Pero no hay sistema de gobierno capaz de sostenerse sin un mínimo de legitimidad. Y la legitimidad es una creencia: una vez disipada, no puede recuperarse con frases hechas. Otros, de profesión, populistas, ocuparán ese vacío.
Acusados dos técnicos de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 5.000 euros de 'mordida' por hacer la vista gorda con los pozos ilegales
- El fiscal solicita cuatro años y medio de cárcel para los dos acusados por pedir dinero a cambio de retrasar sanciones
- Están acusados de un delito de cohecho y se enfrentan también a inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez años
¿Inspección con vehículo todoterreno con el logotipo de la Junta + el segundo imputado prestaba funciones como auxiliar de guardería fluvial para la Empresa Pública de Gestión Ambiental?......
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Acusados dos técnicos de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
5.000 euros de 'mordida' por hacer la vista gorda con los pozos ilegales
- El fiscal solicita cuatro años y medio de cárcel para los dos acusados por pedir dinero a cambio de retrasar sanciones
- Están acusados de un delito de cohecho y se enfrentan también a inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez años
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cuatro
años y medio de cárcel para dos técnicos de la Junta de Andalucía y de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), respectivamente, que solicitaron
5.000 euros al propietario de dos pozos ilegales ubicados en la localidad de
Marchena para retrasar el expediente sancionador que se debía incoar.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso
Europa Press, el Ministerio Público pide para cada acusado cuatro años y seis
meses de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de
cohecho, así como inhabilitación especial para empleo o cargo
público por espacio de diez años.
Los hechos tuvieron lugar el 18 de abril de 2012,
cuando los encausados contactaron telefónicamente con el afectado,
identificándose como representantes de la CHG, con el objeto de concertar una
cita para realizar la inspección de dos pozos que poseía en el término
municipal de Marchena, los cuales se encontraban pendientes de legalizar.
La Fiscalía relata que, concertada la cita el 19 de
abril de 2012, ambos acusados acudieron a la finca conduciendo un vehículo
todoterreno con el logotipo de la Junta, comenzando la inspección de los pozos
referidos.
Inspección
En el transcurso de dicha inspección, los encausados
manifestaron al propietario de la finca que los pozos eran ilegales y
que ello podría conllevar una sanción de 60.000 euros, tras lo que, «a sabiendas
de su ilegalidad», le solicitaron 4.000 euros «para un abogado que ellos
conocían y que recurría con éxito dichas sanciones», así como 1.000 euros «a
cambio de que se retrasase la incoación del expediente sancionador».
Uno de los acusados ejercía funciones en la CHG como
técnico superior de Actividades Técnicas y Profesionales, encontrándose al
tiempo de los hechos en situación de servicio activo, si bien a la espera de un
nuevo destino acorde a la enfermedad que presenta. Según el fiscal, «entre sus
funciones no se hallaban las tareas de vigilancia ni salidas a campo».
El segundo imputado, de su lado, prestaba funciones
como auxiliar de guardería fluvial para la Empresa Pública de Gestión
Ambiental.
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