- “Conviene no olvidar que en el presente año España necesita de los mercados 48.000 millones de euros para pagar pensiones, desempleo, hospitales, colegios, funcionarios y demás gastos del sostenimiento del Estado de bienestar”
- “El periodista que quiere expulsar a quienes no piensan como él, llamándoles invasores, debe aprender, con la rigurosa aplicación de la ley, que el Estado, o sea España, esa nación a la que pertenece, no está en funciones”
- “Que la democracia formal, los votos, no es suficiente para incumplir la ley, se puso de manifiesto en el Ayuntamiento de Marbella, donde por incumplir las normas de general aplicación, devastando sus arcas públicas, fue intervenido y desposeídos sus concejales de la gestión municipal”
Según las agencias canalizadoras de las grandes
inversiones, la incertidumbre política en
España, agravada con el desafío secesionista catalán, ha paralizado la inversión directa, que ha bajado de golpe un 50 %,
advirtiendo los grandes Fondos de Inversión que “el deterioro económico ya ha
comenzado” y que “los españoles parecen
no saber que no se puede jugar con las cosas de comer”.
Dirigidos por políticos del más ínfimo nivel desde
la restauración democrática, el español medio no comprende el repetitivo argumentario
de unos y otros, tan banal como retrógrado, que termina
anteponiendo sus intereses sectarios y de partido al interés general de España
y de sus ciudadanos. Goldman
Sachs y otras agencias advierten de los riesgos que, incluso para el euro,
supone la inestabilidad política española, mientras
la patronal hispana manifiesta no temer a ningún tipo de coaliciones, incluso
de izquierdas, sino a la inestabilidad que puedan generar las mismas.
Si nuestros políticos no son capaces de llegar, como
mínimo, a un pacto de Estado que aborde los graves desafíos del momento
presente, la ciudadanía española le dará definitivamente la espalda a tanto
incompetente como pulula por los despachos enmoquetados de las distintas
administraciones. Pacto de Estado que todo el mundo sabe que debe girar
sobre cuatro ejes fundamentales: Garantía de la
unidad nacional; política económica orientada a la creación de empleo; agenda
social para combatir la desigualdad y vigencia del pacto antiterrorista.
Sobre los cuatro ejes indicados
debe girar un acuerdo, al menos de los partidos constitucionalistas, sin líneas
rojas, donde
se incorpore lo mejor de cada uno de los distintos programas, en
pro del interés general del país. Desde la
sinceridad, la oportunidad y la capacidad financiera y presupuestaria de cada
planteamiento. Porque conviene no
olvidar que en el
presente año España necesita de los mercados 48.000 millones de euros
para pagar pensiones, desempleo, hospitales,
colegios, funcionarios y demás gastos
del sostenimiento del Estado de bienestar.
Que los desafíos son reales lo pone de
manifiesto lo acontecido en Cataluña el pasado fin de semana. Circunstancia que
no debe sorprendernos porque en el nordeste hace tiempo que la racionalidad
dejó paso a la visceralidad más heterodoxa. El tal Puigdemont, encumbrado a la
presidencia de la Generalitat en el último minuto, para evitar unas elecciones
que cavarían, según las previsiones, la fosa del proceso independentista, se ha
descolgado menospreciando las advertencias sobre la ilegalidad de sus
pretensiones con el argumento
infantil de que Rajoy es un presidente en funciones.
El periodista que quiere expulsar
a quienes no piensan como él, llamándoles invasores, debe aprender, con la rigurosa aplicación de la ley, que el Estado, o sea España, esa nación a la que pertenece, no está en funciones. Y
lo debe aprender en el mismo instante en que pase de la fanfarronería a los
hechos concretos. Es decir, en el preciso momento en que realice un acto
puntual de desarrollo de esa proclamación independentista de desconexión,
declarada nula por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, queremos ver
los españoles a tanto valiente bullicioso y atrevido.
Porque es llegada la hora de tratar al desafío secesionista catalán con la
misma contundencia que en su día se ilegalizó al brazo político del separatismo
etarra: aplicando el Código Penal sin
ambigüedades de ningún tipo. En primer
lugar, como reos de desobediencia de quienes incumplan la sentencia
anulatoria. En segundo lugar, de
persistir en su afán delictivo, como reos de
sedición por evitar o tratar de
impedir la aplicación de las leyes y de las resoluciones judiciales.
Y en última instancia, como reos del delito de rebelión, por pretender derogar, suspender o modificar la
Constitución, sin atenerse a las normas previstas para ello.
El periodista segregacionista debe saber, además,
que el Gobierno de España en funciones está plenamente facultado, por razones
de interés general o de urgencia, para impedir o paralizar cualquier iniciativa
que pretenda ignorar la nulidad del llamado proceso de desconexión, y así están
advertidos 21 altos cargos del Parlamento y la Generalitat catalanes.
Por todo ello, el conjunto de la nación española debe tener muy claro que las instituciones no pueden
ser soporte de actos delictivos, como está
ocurriendo en Cataluña, donde se apela a la democracia formal, es decir al
voto, para soliviantar las reglas del juego democrático que a todos nos
obligan, convirtiendo a las
instituciones catalanas en auténticos instrumentos criminales.
Los ciudadanos estamos cansados de
aguantar a tanto político incompetente, mientras
desde sus poltronas nos imponen obligaciones de todo tipo y nos sangran a
impuestos que luego utilizan con demasiada frecuencia en gastos superfluos e
irresponsables, cuando
no en pagar a sus amigos y compañeros enchufados en los distintos organismos
inventados para ellos.
La democracia formal, es decir, el
hecho de que algo se apruebe por votación, no legitima la corrección de los
actos políticos, por la misma razón que una sociedad de cazadores no puede
aprobar que sus miembros utilicen sus rifles para actos cuya licencia no
contempla. Ni un club automovilista puede aprobar normas que permitan a sus
miembros transgredir el Código de circulación. En ambos casos, por mucho que se
haya votado para ello, a los cazadores se les quita el permiso de armas y a los
automovilistas el carnet de conducir.
Que la democracia formal, los votos,
no es suficiente para incumplir la ley, se puso de
manifiesto en el Ayuntamiento de Marbella, donde por incumplir las normas de
general aplicación, devastando sus arcas públicas, fue intervenido y
desposeídos sus concejales de la gestión municipal. Por la misma razón es intolerable que algunos catalanes utilicen las instituciones
para incumplir la legalidad.
Si el desafío catalán sigue en sus trece, los
españoles, entre ellos la mayor parte de los catalanes, exigiremos que se intervengan las instituciones catalanas, por la misma razón que se intervino el Ayuntamiento de
Marbella, o que se priva de permisos de conducir y de armas a quien no se
atiene en su uso a la normativa aplicable.
Inspirado en su homóloga alemana, nuestro
artículo 155 de la Constitución prevé la intervención de una comunidad autónoma
por incumplimiento de las obligaciones legales o por atentar gravemente al
interés general de España, precisando para
ello el voto de la mayoría del Senado, por lo que el Presidente en funciones,
Mariano Rajoy, ese al que el periodista-presidente menosprecia, cuenta con el
respaldo mayoritario en la segunda Cámara que, en contra de lo que se pensaba,
va a tener una enorme importancia en esta Legislatura.
Un país serio no puede permitir
que sus instituciones sirvan como instrumento para delinquir. Por ello, a
los sediciosos habrá que aplicar el Código penal por los delitos de
desobediencia y, según su conducta, de sedición y rebelión. Y a las instituciones que le sirven de
instrumento para perpetrar los desafueros, habrá que intervenirlas y, de cara a
la posible reforma de la Constitución, con la lección aprendida, llegar más
lejos, como tiene prevista la
Constitución alemana: suspender
a la autonomía rebelde. Todo
menos que nos sigan tomando el pelo a las personas decentes, mientras aprueban
leyes, dictan normas e imponen tasas y tributos que son los primeros en burlar
o incumplir.
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