Invercaria se saltó la ley para intentar desacreditar al denunciante del caso
Para tratar de desacreditar al denunciante del caso, Invercaria hizo dos
encargos a la compañía KPMG Asesores S.L.: un informe pericial sobre las
inversiones efectuadas por Invercaria, «con el objeto de ser presentado, si
fuera necesario, en el juicio de demanda por despido de Cristóbal Can-tos» y un
análisis sobre los correos electrónicos proporcionados por la empresa de
capital riesgo relativos a la participación de Cantos en «determinadas
inversiones».
Invercaria pretendía utilizar el informe sobre los correos electrónicos
«como prueba documental en el procedimiento laboral seguido en el Juzgado de lo
Social 2 de Sevilla», en el que se vio el despido de Cristóbal Cantos en la
empresa pública de capital riesgo.
El primer informe encargado a KPMG Asesores le costó a Invercaria 17.500
euros sin IVA y el ex-pediente de contratación está fechado el 30 de enero de
2012. El segundo, de 1 de marzo de 2012, tuvo un coste de 17.000 euros.
La Intervención de la Junta, en el informe definitivo de control financiero
de Invercaria sobre el ejercicio de 2012 del que viene informando EL MUNDO, advierte
que «puede existir un fraccionamiento en el objeto del contrato» en los dos
encargos de la empresa pública de la Junta a KPMG relativos a Cristóbal Cantos.
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CASO INVERCARIA. Corrupción política
Invercaria se saltó la ley para intentar desacreditar al denunciante del
caso
Crecen las
irregularidades en la empresa pública de capital riesgo de la Junta,
Invercaria, que está investigando un juzgado de Sevilla por presuntos delitos
de malversación, tráfico de influencias y falsedad relacionados con las inversiones más ruinosas que emprendió.
La empresa de capital riesgo
se saltó, presuntamente, la Ley de Contratos para reunir pruebas contra uno de sus ex trabajadores,
Cristóbal Cantos, quien destapó este caso de corrupción, ya que denunció que
había sido despedido por negarse a hacer informes falsos de empresas que habían
recibido préstamos y aportó las grabaciones en las que la entonces presidenta
de Invercaria, Laura Gómiz, le da órdenes, presuntamente, para que falsee expedientes.
En esas grabaciones, Laura
Gómiz llega a decir que, «si me comprometiera con la ética, no trabajaría aquí»
y, ante la negativa de Cantos a hacer los informes falsos le responde:
«entonces, no me sirves como trabajador de Invercaria».
Para tratar de desacreditar al denunciante del caso, Invercaria hizo dos encargos
a la compañía KPMG Asesores S.L.: un informe pericial sobre las inversiones
efectuadas por Invercaria, «con el objeto de ser presentado, si fuera
necesario, en el juicio de demanda por despido de Cristóbal Cantos» y un
análisis sobre los correos electrónicos proporcionados por la empresa de
capital riesgo relativos a la participación de Cantos en «determinadas
inversiones».
Invercaria pretendía
utilizar el informe sobre los correos electrónicos «como prueba documental en el procedimiento laboral seguido en
el Juzgado de lo Social 2 de Sevilla», en el que se vio el despido de Cristóbal
Cantos en la empresa pública de capital riesgo.
El primer informe encargado
a KPMG Asesores le costó a Invercaria 17.500 euros sin
IVA y el expediente de contratación está fechado el 30 de enero de 2012. El
segundo, de 1 de marzo de 2012, tuvo un coste de 17.000 euros.
La Intervención de la Junta,
en el informe definitivo de control financiero de Invercaria sobre el ejercicio
de 2012 del que viene informando EL MUNDO, advierte que «puede existir un fraccionamiento en el objeto del contrato» en los
dos encargos de la empresa pública de la Junta a KPMG relativos a Cristóbal
Cantos.
La Ley de Contratos del
Sector Público dice en su artículo 74.2 que «no podrá fraccionarse un contrato
con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicación que correspondan».
Los contratos menores, que
son los inferiores a 18.000 euros, se pueden adjudicar de forma directa, sin
solicitud de ofertas, sin publicidad y sin concurrencia. Por eso, la Ley de
Contratos prohíbe fraccionar un expediente en varios menores, como pudo hacer Invercaria,
precisamente, para desacreditar a la persona
que había destapado el caso.
«Se trata de contratos
referidos al análisis de los mismos expedientes (9 expedientes solicitados como
prueba documental por Cantos) realizados por el mismo adjudicatario en fechas
muy próximas, por importes justo en el límite para la
contratación menor. Esta Intervención considera que nada habría
impedido tramitar un único expediente», recoge el informe.
De hecho, dentro del objeto
del primero de los expedientes, en la propuesta presentada por KPMG figura «'análisis de las comunicaciones que se
conserven y que hayan tenido lugar entre Cantos y la dirección de Invercaria,
en relación con los expedientes analizados y con la carga de datos en la
herramienta Trewa', coincidente con el objeto del segundo de los expedientes»,
destaca la Intervención.
La interventora de la Junta
llega a la conclusión de que «es habitual la contratación menor» en Invercaria «justo en el límite legal para
no licitar» los contratos, «adjudicándose sin publicidad, sin
solicitud de ofertas y, por tanto, sin concurrencia». Además, existe «evidencia
de la reiteración en la adjudicación de los contratos menores a las mismas
empresas», subraya.
Los hermanos Pérez Sauquillo, en el pufo de FIVA
tuvieron que
declarar aEl ex presidente de la empresa de capital riesgo Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y su hermano Marianoyer como investigados -antes imputados- en el Juzgado de Instrucción
16 de Sevilla por la inversión que hicieron en el portal de Ferias Virtuales de
Andalucía (FIVA), un proyecto fallido en el que el Gobierno andaluz inyectó
casi dos millones de euros, a pesar de que nunca llegó a estar operativo. Tomás
Pérez-Sauquillo, su hermano Mariano y su cuñada figuran en una polémica
operación de adquisición de 52.500 participaciones de un euro de valor
nominal del portal FIVA en julio del año 2008. El ex presidente de Invercaria
subrayó que su hermano entró en FIVA después de que Invercaria aprobara
una adicional aportación de capital de 200.000 euros y no antes, como
sostiene un auto del titular del Juzgado de Instrucción 16, Juan Gutiérrez Casillas,
que investiga el 'caso Invercaria'. El acta del consejo de administración de
Invercaria que aprueba el último préstamo participativo a FIVA es de marzo de
2008, fecha en la que todavía no se había constituido la empresa de
Mariano Pérez-Sauquillo. Ayer también testificó otro de los socios de FIVA
Juan Antonio Bardón Rafael, de la empresa Innovaes, que es hermano de
una alto cargo de Hacienda y Administración Pública.
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