Máxima difusión, de lectura indispensable. Cómplices a la fuerza, por José Márquez, gracias compañero; lamentablemente muchos de nosotros sabemos de que nos hablas.....

Les presento a Don Manuel Jiménez Barrios, actual Consejero de Presidencia y Viceconsejero, en funciones, de la Junta de Andalucía y a D. Ángel María Prados Ruiz, Presidente, en la primera decena del presente siglo al menos, de una asociación denominada Asociación Profesional de Derecho Deportivo. 

 Esta es una historia más de piratas. Sin islas caribeñas, ni arriesgados abordajes, ni feroces saqueos, ni tesoros escondidos, sino de piratas de traje y corbata, sin glamour ni exotismo, metiendo la mano en el tesoro, no precisamente escondido aunque si técnicamente cifrado en unos papeles denominados “Presupuestos”, ajeno a la vista del común de los mortales. Es un episodio más del saqueo, desde las mismísimas entrañas de la oficialidad de nuestra Comunidad Autónoma.

                   

Cómplice a la fuerza me sentí entonces. Y ahora pienso que, en cierta manera, todos seguimos siendo cómplices a la fuerza. Rehenes de una casta política, amparada en las siglas de un partido que tal vez en otro tiempo pudo mirarse en el espejo de la historia sin sonrojarse. Todos los que trabajamos en la Junta somos peones, en mayor o menor medida, de un juego en el que se mezcla y confunde, con demasiada frecuencia, la gestión limpia de los asuntos públicos con la gestión de intereses de partido, o incluso personales. Cómplices, a la vez que víctimas, de un secuestro. El de una administración por un partido político. La diferencia estriba simplemente en sentirse cómodo con esa complicidad o no, en “colaborar” o no.

http://ereseunavez.blogspot.com.es/

CÓMPLICES A LA FUERZA

              

Les presento a Don Manuel Jiménez Barrios, actual Consejero de Presidencia y Viceconsejero, en funciones, de la Junta de Andalucía y a D. Ángel María Prados Ruiz, Presidente, en la primera decena del presente siglo al menos, de una asociación denominada Asociación Profesional de Derecho Deportivo. 

 Esta es una historia más de piratas. Sin islas caribeñas, ni arriesgados abordajes, ni feroces saqueos, ni tesoros escondidos, sino de piratas de traje y corbata, sin glamour ni exotismo, metiendo la mano en el tesoro, no precisamente escondido aunque si técnicamente cifrado en unos papeles denominados “Presupuestos”, ajeno a la vista del común de los mortales. Es un episodio más del saqueo, desde las mismísimas entrañas de la oficialidad de nuestra Comunidad Autónoma.

Esta historia podría comenzar así: Érese una vez un Secretario General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, durante los años 2004 a 2011, el de la izquierda, el de las banderas detrás; y un presidente de un chiringuito alimentado por el PSOE de Andalucía denominado Asociación Profesional de Derecho Deportivo. El primero, cuya cara les resultará más familiar, aunque sólo sea de verlo en la tele al lado de Susana, era, allá por el año 2007, mi jefe. En ese año me incorporé, como funcionario, a un puesto en la Secretaría General para el Deporte y Manuel Jiménez Barrios era un jefe simpático, educado y con apariencia de honrado. Al otro, el que “redondea” la historia, apenas le conocí, cosa que no lamento porque debía ser un tipo prepotente a juzgar por la manera en que se movía por los despachos y por alguna referencia que me llegaría con el tiempo. En cuanto al primero, cómo iba yo a imaginar entonces que se convertiría en el Consejero de la Presidencia de un Gobierno presidido por una tal Susana, o incluso en Vicepresidente de la Junta; como tampoco podía imaginar que no era sino un elemento más del tropel de saqueadores que bajo la bandera del socialismo, en sustitución de la de la calavera, se dedicaron al abordaje desaforado de nuestros caudales públicos. Pero como la inocencia en la Junta dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio, no tardó en estallar, ante mis propias narices, un pequeño escándalo que terminaría arrojando por la borda la poca que pudiera quedarme. Nada en comparación con lo que vendría después con la ley que consagraría el enchufismo en la Junta, con los ERE, Invercarias, cursos de formación y la interminable retahila que ya nos aburre. Apenas un primer aviso, pero un aviso meridianamente claro de lo que sucedía y podía suceder en el lugar al que había ido a parar tras superar unas oposiciones. Claro que este “pequeño escándalo” sólo estalló en el acotado y reducido ámbito de nuestro Servicio. No cruzó ninguna frontera más allá de ese recinto profesional. Hasta este momento, lector, en que estás siendo alcanzado por su retardada onda expansiva.

¡Hostias que es esto!, o algo parecido, exclamaba uno de mis compañeros llamando nuestra atención. ¡Qué pasa!, inquirimos levantando las cabezas.

En ese momento, se tramitaban en mi Servicio unas subvenciones que se concedían anualmente. Servicio de Formación e Inspección Deportiva, creo que se llamaba, perteneciente a la Secretaria General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Eran subvenciones destinadas a entidades o particulares que realizaran actividades relacionadas con la formación deportiva y que, como cualquier otra subvención, tuvieran un interés social.

“Aquí aparece el Secretario General para el Deporte”, suelta mi compañero, que andaba revisando las solicitudes de ese año.

¿Cómo que aparece?. “Si, si, Manuel Jiménez Barrios, el Secretario General”. Aparecía como director de una actividad para la que se solicitaba la concesión de la citada subvención. No puede ser. “¿Que no?, y entonces aquí que dice”.

Se trataba de subvenciones regladas en régimen competitivo. Se concedían, mediante la firma del Sr. Secretario General para el Deporte, ayudas para la realización de cursos, para edición de material de formación o investigación deportiva, para celebración de congresos, jornadas o encuentros relacionados con el deporte, etc.. Alguien, en nombre de una asociación, solicitaba una subvención para dos actividades concretas: La primera de ellas se refería a la elaboración y edición de una revista deportiva y la otra para la celebración de una reunión de una comisión relacionada con el mundo del deporte. La revista se denominaba “Revista Andaluza de Derecho del Deporte”. En ese momento sólo conocíamos el nombre. Después no enteraríamos que esa revista la editaba la propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, como puede verse en el enlace http://www.ctcd.junta-andalucia.es/publicaciones/22303_02.pdf.

¡Cómo va a pedir una subvención para él mismo!. Pero, vamos a ver, ¿quién pide la subvención?. Bueno, la piden los de la asociación esta de derecho deportivo..., pero aquí se habla de una revista de la que es director el Secretario General. También aparecía, en el consejo de redacción de la revista, algún que otro cargo de la Secretaría. En los presupuestos de elaboración de la revista, para los que se solicitaba la ayuda económica, figuraban también, como no, los honorarios de los miembros de dicho consejo.

La subvención para estas dos actividades la solicitaba una tal “Asociación Profesional de Derecho Deportivo”. La solicitud la firmaba su presidente: Ángel María Prados Ruiz, también miembro del consejo de redacción de la revista. Más tarde me enteraría que este tipo, o bien su hermano, no recuerdo bien, había sido el antecesor en el cargo de mi jefe.

Tenemos que hacer algo. No sé..Y qué vamos a hacer.. Pues por lo menos que no nos tomen por tontos, que vean que nos damos cuenta de lo que pasa. No era el primer año que esa asociación solicitaba la subvención y además se la concedían año tras año. Encima era de las más cuantiosas económicamente; en torno a los treinta mil euros. Sólo que otras veces quizás se había presentado la solicitud con más cuidado en cuanto a los nombres que aparecían, pero ese año, se ve que confiados en la impunidad acostumbrada se les había deslizado algún dato de más. O quizás mi compañero indagó más que otras veces. No lo sé. Más difícil era justificar a la Intervención Delegada que en teoría debía fiscalizar las actividades subvencionadas. En fín, hoy todo esto me parece un despropósito, pero entonces, recién llegado a ese Servicio no me hacía una idea muy clara de donde estaban o debían estar los controles, pero desde luego no me olía todo aquello, como al resto de mis compañeros, nada bien.

Puede ser que no sea muy correcto lo que se ha hecho, pero ¡aquí no hay nada ilegal!, decía mi Jefa de Servicio, intentando reconducir la situación y nos repitió, ya en un tono de mayor irritación no exento de una pizca de desafío o de provocación amenazadora: ¡es que me vais a decir que aquí hay alguna ilegalidad!, ¿alguien puede decir que hay ilegalidad?.

Eso dio resultado. Nos achantamos. Un silencio bastante incómodo se hizo entre nosotros. En una oficina pequeña. Todos de pié. Nadie dijo nada. Yo me mordí la lengua. Todavía me arrepiento. Aún no había llegado el tsunami de la Reordenación ni el descomunal afloramiento de la corrupción que vivimos hoy. Ahora ya no me hubiera callado.

Como poco, y sin mayores indagaciones, se infringían nada menos que dos normas, contenidas en dos leyes: La ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La primera en lo referente a la abstención: Artículo 28.2. “Son motivos de abstención los siguientes: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate...". La segunda en lo que se refiere a la llamada “concurrencia competitiva”: Artículo 22.1. “...la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios”. Una mirada algo más pausada y experta en Derecho que la mía sin duda podría añadir algunas normas más.

Pero, además, no hacía falta conocer la legislación para darse cuenta de que no puede ser admisible, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista legal, que la misma persona que conceda las subvenciones, el Secretario General, sea un beneficiario directo o indirecto de las mismas. Y esta cuestión es inescamoteable desde el momento que aparecía como el director de la revista a subvencionar.

Tampoco hacia falta conocer la legislación para darse cuenta que no es jugar limpio, y por tanto ya debe ser contrario a Derecho, quebrar el principio de concurrencia competitiva, habida cuenta de que la actividad, al tratarse de elaborar y editar una revista “de la propia Secretaria General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte” tenía garantizada su realización año tras año, independientemente de valoración alguna de criterios para la concesión o no de la subvención, como ocurría con el resto de solicitudes, de las que muchas quedaban fuera del listado de las concedidas por falta de presupuesto, como es lógico y habitual.

En cuanto a la segunda actividad para la que también se solicitaba subvención, ¿creen ustedes que se trataba de algo más limpio, más “normal”?. Pues no. Estamos hablando de la Junta de Andalucía. Brevemente diré que se solicitaba una subvención para realizar la convocatoria de una reunión de un órgano perteneciente a la propia Secretaría General para el Deporte, al igual que la revista. Creo que se llamaba Comisión o Comité de Disciplina Deportiva. Al parecer esta Asociación, la Asociación Profesional de Derecho Deportivo, presidida por el señor de mayor amplitud corporal de los retratados, se dedicaba a convocar esas reuniones e invitar a personalidades del mundo del deporte, para lo cual solicitaba la ayuda económica. Sin comentarios. Valgan aquí los mismos argumentos anteriormente expuestos y seguramente algunos otros que para qué mencionar.

Sobra decir que la Consejería, para la edición de la revista, debería disponer en sus presupuestos de los recursos necesarios para hacerlo, por sí misma o mediante un contrato de servicios con alguna empresa del sector, o mediante contratos de servicios con colaboradores particulares ajenos a la administración, pero nunca a través de una subvención reglada en régimen de concurrencia competitiva, quebrando así este mismo principio de concurrencia y perjudicando a alguna otra entidad, ajena a la administración, que se quedaba sin opción a la subvención. Y no digamos, respecto a la comisión o comité mencionado, que siendo un órgano de la propia administración tenga que venir a convocarlo una Asociación ajena por completo a la misma. Bueno, en realidad, y fraudulentamente, no era tan ajena a ella.

Esto pasaba y tal vez siga pasando en la Junta. Una más de tantas cosas que no han saltado fuera de los muros de esta administración podrida. Algo más que el tiempo se llevó, dejando sin embargo el recuerdo en algunos de nosotros y la desagradable sensación de haber sido utilizados, de ser cómplices a la fuerza de la falta de ética y honestidad de nuestros dirigentes.

Cada vez que alguno de nosotros hablábamos de que lo sucedido trascendiera fuera, que llegara a conocimiento de la Inspección, por ejemplo, alguno de los compañeros más antiguos nos desalentaban con argumentos relativos a la inutilidad de tal medida, con el añadido del más que previsible perjuicio para nuestra carrera profesional e incluso para nuestro bienestar personal, que meternos en un lío semejante supondría. Esto además era apoyado con el relato de algún caso similar o parecido que alguien había vivido o conocido con anterioridad en la Junta.

Nuestro indignado y semifrustrado motín consiguió algunas cosas: El ocultamiento del expediente en cuestión, al menos por un tiempo, el enfado de Jefes de Servicio y Coordinador, alguna tonta represalia referida al cumplimiento mas estricto de horarios y la redacción por parte del presidente de la asociación de marras de una cartita que nos hicieron llegar, en la que este buen hombre decía que el Secretario General para el Deporte era un ser inmaculado porque ejercía de director de la revista pero a “título honorífico” y no cobraba nada. Como si eso, independientemente de que fuera cierto o no, zanjara la cuestión. Fue patético. Por otra parte, e incomprensiblemente, todo se centró en el asunto de la revista. El tema de la comisión quedó como olvidado, como si no hubiera existido. Fue como si el impacto de la cuestión de la revista fuera ya de por sí tan insoportable que no quedara resquicio alguno para otro impacto más.

Cómplice a la fuerza me sentí entonces. Y ahora pienso que, en cierta manera, todos seguimos siendo cómplices a la fuerza. Rehenes de una casta política, amparada en las siglas de un partido que tal vez en otro tiempo pudo mirarse en el espejo de la historia sin sonrojarse. Todos los que trabajamos en la Junta somos peones, en mayor o menor medida, de un juego en el que se mezcla y confunde, con demasiada frecuencia, la gestión limpia de los asuntos públicos con la gestión de intereses de partido, o incluso personales. Cómplices, a la vez que víctimas, de un secuestro. El de una administración por un partido político. La diferencia estriba simplemente en sentirse cómodo con esa complicidad o no, en “colaborar” o no.